Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 40033-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal a fs. 66/69 y, por ende, hacer lugar al planteo de nulidad de la notificación formulado por la parte actora y declarar que su recurso fue interpuesto en debido tiempo y forma.
2Reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, de conformidad a lo indicado en el presente fallo.
3Imponer las costas de ambas instancias por su orden en atención a las particularidades del caso y al modo en que se resuelve (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
4Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados de la representación fiscal, y remitir las actuaciones a la anterior instancia a sus efectos.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
41836/2023 REFINERIA DEL NORTE SA (TF 40033-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Jorge F. Alemany y Pablo Gallegos Fedriani dicen:
I. Que mediante la sentencia obrante a fs. 66/69 el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el planteo de nulidad efectuado por la parte actora, sin costas y; asimismo, hizo lugar al planteo de cosa juzgada propuesto por la representación fiscal, con costas a la parte actora.
En primer término, expresó que en el caso, había sido apelada la Resolución-Fallo n° 230/16 y la Disposición n° 31/17 dictadas por el Administrador de la Aduana de Pocitos. Mediante la primera, la firma había sido condenada por la presunta comisión de la infracción prevista por el artículo 970 del Código Aduanero al pago de 273.259,01 pesos en concepto de multa y le habían sido exigidos 42.431 ,52 dólares estadounidenses en concepto de tributos y; por la segunda, había sido denegado el planteo de condonación de la multa.
Puso de manifiesto que, como consecuencia de haberse constatado el vencimiento del plazo de admisión temporal de la mercadería documentada en el despacho de importación temporal n° 12 045 IT11 000039 C (el 9 de enero de 2014) se había formulado denuncia a la firma importadora por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero. En el marco de tales actuaciones, se había presentado el despachante de aduanas de la empresa y había presentado documentación tendiente a acreditar el cumplimiento del régimen.
En tales condiciones, se había dispuesto la instrucción del sumario y se había corrido vista a la firma importadora y a la compañía aseguradora. Dicha vista fue contestada por la firma actora, presentación en la cual constituyó domicilio en “Av. San Martín N° 496 CPA4568XAB – Profesor Salvador Mazza – Pocitos, Salta”. En esa oportunidad se tuvo por presentada a la representación letrada y por constituido el referido domicilio. Como consecuencia de los planteos efectuados, había sido ordenada la suspensión de los plazos.
Posteriormente, se confeccionó una nueva liquidación de los tributos y de la multa presuntamente adeudados y se dispuso correr una nueva vista a la firma importadora que fue notificada al aludido domicilio constituido, el 22 de octubre de 2014, y debidamente contestada (cfr. fs. 199/200). Refirió que a continuación obraba agregado el Fallo n° 230/2016, dictado el 30 de mayo de 2016 por el Administrador de la Aduana de Pocitos, mediante el cual se dispuso condenarla por la comisión de la infracción prevista por el artículo 970 del Código Aduanero al pago de 273.259,01 pesos en concepto de multa y 42.431,52 dólares estadounidenses, en concepto de tributos.
Indicó que inmediatamente después se hallaba agregada una presentación efectuada por la parte actora, del 23 de diciembre de 2016, titulada “Solicita condonación de multa en los términos del art. 56 de la Ley 27.260”.
Como consecuencia de dicha presentación, el servicio aduanero había dictado la Nota n° 46/17 (DV RJU1), el 22 de febrero de 2017, mediante la cual el Jefe de la División Regional Jurídica 1 Noroeste (DE ACJI) informó que la firma adeudaba tributos correspondientes a la importación definitiva de la mercadería comprometida en el sumario, de modo que, a entender de ese organismo, no resultaba de aplicación lo previsto en el artículo 55 de la Ley n° 27.260. Hizo alusión a que al pie de la referida nota obraba una notificación personal con firma ilegible del 8 de marzo de 2017 (que a su entender, se advertía idéntica a la plasmada por el despachante de aduanas a fs. 4 de las actuaciones administrativas).
Contra dicha nota la actora había efectuado una presentación titulada “Plantea revocatoria. Aclara. Solicita”. Fue con posterioridad a ello que el Administrador de la Aduana de Pocitos dictó la Disposición n° 31/2017, el 12 de abril de 2017, por medio de la cual rechazó expresamente el pedido de condonación de la multa y ordenó la anulación de la Liquidación Manual 17 045 LMAN 001832 E.
El 8 de agosto de 2017 la parte actora insistió en que los derechos de importación se hallaban pagos y formuló manifestaciones relacionadas con la supuesta anulación de oficio de la destinación de importación.
En orden al planteo de nulidad formulado por la parte actora, el Tribunal Fiscal destacó las siguientes circunstancias: en primer término, que la resolución condenatoria, Fallo n° 230/16, había sido dictada por el Administrador de la Aduana de Pocitos el 30 de mayo de 2016 y, con posterioridad a ese acto, la firma actora había requerido la condonación de la multa, el 23 de diciembre de 2016. Consideró que el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V despachante de aduanas se había notificado de las objeciones formuladas por el servicio aduanero a esa solicitud (Nota n° 46/17 DV RJU1) el 8 de marzo de 2017 y la firma había planteado un recurso de revocatoria contra esa providencia. Además, el 12 de abril de 2017, el Administrador de la Aduana de Pocitos había dictado la Disposición n° 31/2017 mediante la cual rechazó el pedido de condonación, respecto de lo cual la actora formuló una nueva presentación mediante la cual insistía en su postura.
En tales condiciones, expresó que del recurso presentado ante ese Tribunal resultaba que la parte actora no desconocía haber recibido una notificación del Correo Argentino el 8 de noviembre de 2018, más circunscribía sus agravios a manifestar que se había practicado una notificación “…con un procedimiento combinado de cédula de notificación y correo, pues en la misma no se adjuntaron copias de las Resoluciones notificadas y, además, se menciona otro sumario (que se encuentra en pleno trámite en la Aduana) y menciona que debió haberse notificado por el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA)”.
Al respecto, expresó que con posterioridad a la recepción de la aludida notificación, el despachante de aduanas recién se había presentado el 25 de marzo de 2019 a solicitar copias en las actuaciones administrativas y que en aquél pedido se había expresado que las requería a partir de “…la resolución del fallo que ordena abonar los tributos en adelante, incluyendo la notificación del mismo”. Aquella solicitud fue proveída por el servicio aduanero y notificada de manera personal al despachante de aduanas.
Expresó que si bien es cierto que el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) fue implementado mediante la Resolución General AFIP n° 3474/2013 (BO 10/04/2013) que se hallaba vigente, ocurría que en los presentes autos “…la firma ha consentido los medios de notificación empleados por la Aduana de Pocitos. Nótese que al contestar la vista en su presentación indica ‘con domicilio constituido en Avenida San Martín 496 –CPA4568XAB – Profesor Salvador Maza, Pocitos, Provincia de Salta (favor notificar indicando ‘avisar al Dr. Juan Patricio Cotter – Fax 011 -4327-2777) y en forma electrónica en ‘[email protected]’”.
Por ello, concluyó que los actos administrativos que impugnó ante su sede se hallaban consentidos ya que no había articulado ningún recurso de nulidad contra la notificación cursada por el servicio aduanero. Con cita de lo establecido en el artículo 1.051 del Código Aduanero, estimó que correspondía tener por convalidados “…los actos defectuosos, si ellos alcanzan los fines que estaban previstos y el administrado afectado no reclama su nulidad dentro del plazo de cinco días hábiles”.
Finalmente, agregó que “…la firma importadora pudo recurrir la resolución aduanera definitiva por ante este Tribunal Fiscal siendo que también durante la tramitación de las actuaciones, en esta instancia, se pueden ofrecer todas las pruebas que se estiman pertinentes y aquellas que fueron ofrecidas en sede administrativa”. Luego, examinó el planteo de cosa juzgada formulado por el Fisco con fundamento en que el Fallo n° 230/2016 fue notificado el 8 de noviembre de 2018, de modo que el tiempo de interponer el recurso ante ese Tribunal el plazo previsto había expirado, y ese acto tenía autoridad de cosa juzgada administrativa.
Refirió a lo establecido en los artículos 1132 y 1133 del Código Aduanero en orden a que, contra el referido acto, puede interponerse recurso ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente dentro de los 15 días de notificada la resolución. Agregó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1139 del Código Aduanero, en caso de no ser interpuesto el recurso ante el Tribunal Fiscal ni la demanda contenciosa, la resolución “…se tendrá por firme y pasará en autoridad de cosa juzgada”.
En tales condiciones, y de conformidad con los antecedentes del caso a los que hizo referencia al dar tratamiento al planteo de nulidad, concluyó que “…la firma importadora debe considerarse notificada del Fallo N° 230/16 (AD POCI) el 23/12/16 y de la Disposición N° 31/17 (AD POCI) el 09/08/17. Toda vez que la actora interpuso el recurso de apelación ante este Tribunal el 28/03/19, es decir, cuando el plazo para apelar se encontraba ampliamente vencido, el Fallo N° 230/16 (AD POCI), y la Disposición N° 31/17, dictadas en la Actuación SIGEA N° 12739-46-2014, apeladas en autos, han quedado firme[s] y pasad[as] en autoridad de cosa juzgada (arts. 1139 y 1183 del C.A.)” (el destacado no es del original).
Asimismo, a fs. 95 y vta. fueron regulados los honorarios de la representación fiscal, por la única etapa cumplida, en 53 ,75 UMA.
II. Que, contra ese pronunciamiento apeló la parte actora y expresó agravios a fs. 76/85, los que fueron contestados a fs.
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90/92. Asimismo, a fs. 98 y vta. la parte actora apeló los honorarios regulados por considerarlos altos y; por su parte, a fs. 105, el Fisco los apeló al considerarlos bajos.
Los agravios de la parte actora se desarrollan sobre la base de tres fundamentos: a) los vicios en la notificación que le fue cursada el 8 de noviembre de 2018 (cfr. fs. 221/222 de las actuaciones administrativas); b) los cuestionamientos que le caben a la omisión de utilización de la notificación electrónica (SICNEA) y; c) subsidiariamente, la falta de consideración de los argumentos tendientes a señalar que el recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el LNPA. En orden al primero de los aspectos, expresa que el servicio aduanero pretendió notificar el Fallo n° 230/16 (AD POCI), la Disposición n° 31/17 –que rechazó el pedido de condonación de la multay una providencia del 19 de octubre de 2018, mediante una cédula de notificación que menciona esas tres piezas procesales (fs. 221 de las actuaciones administrativas) mas la diligenció por vía de correo oficial (cfr. fs. 222 de las actuaciones administrativas). Agrega que en la constancia de fs. 222 se indica como referencia de la notificación cursada dos sumarios: “142-2014/9 y 143-2014/7”. Pone de manifiesto que el último de los sumarios es el que da origen a esta causa, mientras que el primero es otro que se halla en pleno trámite ante la Aduana de Pocitos. Destaca que sin perjuicio de haberse indicado en la cédula que se adjuntaban tales actos, ello no fue así. Refiere que eso resulta acreditado en la medida en que “…sólo figura como confrontada ante el Correo la mencionada cédula (ver número de Carta inserto a fs. 221 “CU606058773”), pero no así las piezas procesales que allí se indican como objeto de notificación”. Afirma que en tales condiciones, y al haberse pretendido notificar tanto la resolución condenatoria como la Disposición n° 31/17 por vía postal, resulta indispensable que se acredite de manera indubitable que en el sobre remitido se incorporaron las copias de los actos a los que se hace referencia y que ello no ocurrió en autos.
Insiste en que su planteo de nulidad no es solicitado por la nulidad misma como expuso el Tribunal Fiscal, ya que su parte tiene legítimo interés en la prosecución del trámite del procedimiento sumarial y la revisión de las conclusiones del acto, a su entender, indebidamente notificado. Refiere a la transcendencia de la debida notificación y cita jurisprudencia y doctrina para fundar su postura. Alude a la necesidad de que sean transcriptas íntegramente las disposiciones que se pretenden notificar a modo de permitir el debido ejercicio de su derecho de defensa.
Sostiene que en las condiciones descriptas, y ante la nulidad de la pretendida notificación del 8 de noviembre de 2018, su parte debe tenerse por notificada el 26 de marzo de 2019 –cfr. fs. 230/231 de las actuaciones administrativas- en la oportunidad en que se presentó el despachante de aduanas a tomar vista y pedir copias de lo actuado.
Considera que no puede construirse un “consentimiento tácito ni expreso” respecto a una forma irregular de notificación, en desmedro de los métodos legales y obligatorios establecidos, “…echando mano a presentaciones efectuadas a lo largo del sumario por mi parte”.
En segundo orden de ideas, además de los vicios que señala respecto de la notificación efectuada en noviembre de 2018, pone de manifiesto que al tiempo de los hechos se hallaba vigente la Resolución General AFIP n° 3474/13 que estableció el sistema de comunicación de los actos administrativos por medios electrónicos denominado SICNEA, que fue implementado de modo paulatino y en reemplazo de los métodos comunes de notificación para los procesos de gestión y control y, asimismo, para los procesos contenciosos. Afirma que al tiempo de resolver, el Tribunal Fiscal no examinó la trascendencia de ese mecanismo de comunicación que ya se hallaba vigente y se omitió indicar que aquél también resultaba aplicable a los procesos contenciosos, habiendo referido únicamente a la utilización de ese sistema en los procesos de gestión y control.
Explica que el sistema de notificaciones SICNEA cuenta con dos módulos. Uno, de las denominadas “Comunicaciones” relacionadas con los procesos de gestión y control y que corresponden a actos de alcance general; otro, de las llamadas “Notificaciones” que se refiere a las cuestiones de carácter individual de cada operador. Destaca que a partir del dictado de la Resolución General AFIP n° 4070/17 ese sistema de notificaciones es asignado de manera automática tanto a los importadores y exportadores como a los abogados que los representan en los diversos procedimientos. Agrega que, ese sistema permite la notificación de una serie de actos entre los que se encuentran los dictados en el marco de los procedimientos de impugnación, de repetición, para las infracciones, de ejecución y disciplinarios “…aún cuando los sujetos hayan constituido domicilio procesal en el radio urbano de la respectiva oficina aduanera” (cfme. artículo 4° de la Resolución General AFIP n° 3600/14).
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Destaca que, pese a hallarse vigente el referido régimen, no le fue cursada ninguna comunicación ni notificación electrónica.
Afirma que en la actualidad la mayoría de las dependencias aduaneras sustituyeron los métodos de notificación físicos tradicionales por los informáticos, mientras que sólo algunas mantienen, en forma paralela, la notificación vía SICNEA y el envío de una notificación vía cédula.
Destaca que en el caso la pretendida notificación “física tradicional” fue inválida al no haber incluido los actos que pretendía notificar y su parte quedó a la espera de la remisión de la notificación por vía SICNEA, en el convencimiento de que mediante ese medio se le harían llegar las resoluciones pertinentes.
Considera que si bien no existen dudas de que la Aduana puede elegir el modo de notificación, lo cierto es que la jurisprudencia expresó en reiteradas oportunidades que dada la trascendencia que revisten ciertos actos para el administrado, siempre debe estarse al medio más eficaz, a fin de no vulnerar el derecho de defensa.
Por último, expresa que en la sentencia apelada no se formularon consideraciones en orden al planteo subsidiario relacionado con que, de considerarse válida la notificación cursada el 8 de noviembre de 2018, al no haberse indicado allí la vía recursiva ni tampoco haberlo expresado el propio acto condenatorio ni la disposición que denegó el planteo de condonación, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.017 del Código Aduanero, debió tenerse en consideración lo establecido en el artículo 40 del decreto reglamentario de la LNPA en tanto establece que “…en los procedimientos especiales en los que se prevean recursos judiciales directos, si en el instrumento de notificación respectivo se omite indicarlos, a partir del día siguiente al de la notificación, se iniciará el plazo de sesenta (60) días hábiles judiciales para deducir el recurso previsto en la norma especial”. Agrega que en el cómputo del referido plazo, debe tenerse en consideración la suspensión de plazos procesales dispuesta por la Acordada 13/18 del TFN y los feriados de los días 19/11/18 y 05/03/19 “…y que la notificación no se realizó en el Estudio Jurídico que representa a la Empresa”.
III. Que, de manera preliminar, corresponde señalar que la interpretación efectuada por el Tribunal Fiscal, en el sentido de haber considerado notificada a la firma actora, de la resolución condenatoria (Fallo n° 230/16) el 23 de diciembre de 2016 y de la Disposición n° 31/2017 el 9 de agosto de 2017, se aparta de los términos en que quedó trabada la Litis y; además, es contraria a lo actuado en sede administrativa.
En tal sentido, corresponde recordar que en el caso la cuestión en debate se hallaba circunscripta a determinar si resultó válida la notificación de tales actos, cursada por el servicio aduanero, el 8 de noviembre de 2018, a partir de la utilización de un medio notificatorio que combinó el uso de una cédula remitida por vía postal.
La decisión adoptada por el Tribunal Fiscal al haber tenido por notificada a la parte actora con anterioridad, el 23 de diciembre de 2016 (Fallo n° 230/16) y el 9 de agosto de 2017 (Disposición n° 30/2017), tomando en consideración las presentaciones de aquella que fueron ingresadas por la Mesa General de Entradas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (cfr. Alcance Nro. 13289-41706-2014/1 y 13289-41706-2014/3 agregados en folio sin numerar, a continuación de fs. 205 y 215-refoliado-), se contrapone con lo actuado con posterioridad en el marco del referido sumario.
Al respecto, corresponde destacar que la orden de notificación de tales actos fue dispuesta el 19 de octubre de 2018 (cfr. fs. 220 –refoliado- de las actuaciones administrativas). Allí, expresamente se indicó “VISTO, la presentación que antecede registrada en alcance 13289 -41706-2014/3, y el estado de las presentes actuaciones, SE PROVEE:
1. A lo solicitado [reiteración del pedido de condonación de la multa], ESTESE a lo Resuelto mediante DISPOSICIÓN N° 31/2017 (AD POCI), de fecha 12-04-2017 [allí se resolvió rechazar el primer pedido de condonación].- 2.- Procédase a la notificación conforme lo ordenado en el Artículo 3° de la mentada Disposición, por Cédula de Notificación al Domicilio procesal constituido en autos.- 3.- HECHO, y atento el estado de autos, PROCÉDASE a la notificación de la Resolución Fallo N° 230/2016 (AD POCI), de fecha 30/05/2016, conforme lo dispuesto en el Artículo 8° de la mentada Resolución.- 4.- Notifíquese”. (el subrayado no es del original).
Tal proveído, pone de manifiesto que el organismo aduanero, al advertir que no se había cumplido con la notificación de los actos (Fallo n° 230/2016 y Disposición n° 31/2017) la dispuso expresamente en esa oportunidad. Por ende, no es dable afirmar como lo hizo el Tribunal Fiscal, que la parte se hubiese notificado de aquellos con anterioridad.
Por lo demás, y tal como resulta de la contestación del recurso interpuesto ante el referido Tribunal Fiscal, la representación fiscal tomó en consideración para formular su planteo de cosa juzgada, la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V notificación cursada como consecuencia del proveído precedentemente transcripto, que fue cuestionada por la parte actora en orden a su validez dado el mecanismo utilizado a tal efecto. En tal sentido, dicha parte expresó que “…[e]n fecha 05 de mayo de 2017, el Administrador de la División Aduana de Pocitos dicta la Resolución FALLO N° 230/2016 (AD POCI), notificada a la actora en fecha 08.11.2018, la cual es apelada por la contraparte, dando origen al presente recurso (…) Habiéndose notificado la recurrente de la Resolución FALLO N° 230/2016 (AD POCI), el día 08.11.2008 (conforme constancia que obra a fs. 222.- del expediente administrativo)” (el subrayado no es del original). En las condiciones descriptas, corresponde revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal en tanto consideró que la actora se notificó de la resolución Fallo n° 230/2016 el 23 de diciembre de 2016 y de la Disposición n° 31/2017 el 9 de agosto de 2017.
IV. Que, en consecuencia, corresponde examinar si las constancias agregadas a fs. 221/222 de las actuaciones administrativas constituyen una notificación válida de los actos (Fallo n° 230/2016 y Disposición n° 30/2017).
En tal sentido, y tal como expone la apelante, las referidas constancias no aportan elementos concluyentes a fin de dar por cierto que al tiempo de ser diligenciada la pieza postal se haya entregado a la firma actora, además de la cédula que alude a los actos que se pretendían notificar, la copia de aquéllos. Cabe destacar que de la constancia emitida por Correo Argentino S.A., agregada a fs. 222 de las actuaciones administrativas, resulta que fue notificada a la parte la pieza individualizada con el código: CU606058773. Dicho código se halla consignado, de puño y letra, en la “Cédula de Notificación” que le fue entregada. En tales condiciones, la circunstancia de que en la mencionada cédula se haya indicado “Agregado: Copia Fallo N° 230/2016 (AD POCI) en 3 fs.; Copia Disposición N° 31/2017 (AD POCI) en 1 fs. y copia Providencia de fecha 19/10/2018 en 1 fs.” no constituye un elemento suficiente, por sí mismo, para tener por cierto que le hubiesen sido entregadas las referidas copias.
En tal sentido, cabe advertir que los requisitos y formalidades con que se cumple el acto de notificación deben garantizar la posibilidad efectiva de ejercer el derecho de defensa en juicio (Fallos 323:52; 327:5965; 332:2487 y sus citas y 306:1670; entre otros). Al respecto cabe señalar que, conformidad con el régimen previsto en los artículos 1004, 1005, 1012 incisos a) y b), 1013 y 1037, inciso j) del Código Aduanero, el servicio aduanero cuenta con facultades para elegir el modo de notificación que utilizará en cada caso; pero ello no lo autoriza para elegir el menos eficaz dado la trascendencia que reviste para el administrado ser debidamente notificado del acto que pone fin al procedimiento.
Es así que corresponde tener presente que, en el artículo 1012, inciso a) del Código Aduanero se halla previsto que “[s]in perjuicio de los actos cuya notificación estuviere prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites…”. Al respecto se ha expresado que “[l]a norma es imperativa, por lo que resulta obligatoria para la oficina aduanera ante [la] cual tramitará el procedimiento. La falta de notificación de los actos administrativos enumerados en la presente disposición tiene por consecuencia que dichos actos no produzcan sus efectos jurídicos. Su finalidad es proteger al administrado, de modo tal que pueda controlar el proceso y ejercer válidamente su derecho de defensa, realizando peticiones, contestando vistas o presentando los recursos que el código autorice. Por ello, se prevé que deben ser notificados los actos administrativos de alcance individual que, de una manera u otra, pudieran afectarlo. Así, debidamente notificado, el administrado podrá cuestionar o controvertir el acto administrativo, a cuyo efecto, deberá acudir a los recursos previstos o –según su caso- consentir el acto administrativo y obrar en consecuencia” (cfme. Alsina, Mario Á., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine Juan Patricio y Vidal Albarracín, Héctor G. en la obra “Código Aduanero Comentado”, Tomo III, Ed. Abeledo Perrot, 2011, págs. 508/520).
Asimismo, y de manera concreta, en el art. 1037, inciso j) del Código Aduanero se halla previsto que “[d]eberán ser notificados por alguno de los medios previstos en el artículo 1013 los siguientes actos: (…) j) los que resolvieren la causa de forma definitiva…”. En lo que respecta a dicha norma, se ha considerado que “…conforme fuera aclarado por la Exposición de Motivos, se trata de una disposición que enumera algunos actos administrativos que, por su importancia, deben ser notificados en forma personal, por cédula o por algún otro medio establecido por el código, de manera que se garantice el conocimiento pleno de la parte. Aquí radica la razón de ser de la norma. Se consideró necesaria una enunciación específica de determinados actos administrativos de importancia relativa que pudieren producirse en los procedimientos de impugnación, repetición y por infracciones, que deben ser notificados so pena de nulidad, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V independientemente de la disposición genérica contenida en el citado art. 1012, inc. b) del CAd” (el destacado no es del original) (cfme. Alsina, Mario Á., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine Juan Patricio y Vidal Albarracín, Héctor G. en la obra “Código Aduanero Comentado”, Tomo III, Ed. Abeledo Perrot, 2011, págs. 555).
En consecuencia, y a contrario de lo concluido por el Tribunal Fiscal, corresponde tener por notificada a la parte actora de tales actos, con la presentación de la Multinota agregada a fs. 230 de las actuaciones administrativas, del 25 de marzo de 2019. En dicha presentación, el despachante de aduanas de la empresa, solicitó que se lo autorizara a sacar copia de todo lo actuado “…desde la resolución del fallo que ordena abonar los tributos en adelante, incluyendo la notificación del mismo”.
Cabe señalar que la expresión precedentemente transcripta no puede ser interpretada de la manera sugerida en la parte final de la sentencia del Tribunal Fiscal. La circunstancia de que se haya expresado que solicitaba las copias a partir del dictado del referido acto que determinó los tributos adeudados no implica necesariamente el conocimiento previo del contenido de aquél. En todo caso, lo que puede concluirse, razonablemente, es que en esa oportunidad tomó conocimiento del acto, al tomar vista de las actuaciones y; por ende, requirió autorización para sacar copias a fin de contar con los elementos necesarios para ejercer debidamente el derecho de defensa. Es decir, para poder confeccionar el recurso de apelación que finalmente interpuso ante el Tribunal Fiscal, 3 días después de haber sido efectuada la aludida presentación.
En las condiciones expresadas hasta aquí, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Por ende, cabe revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal en tanto hizo lugar al planteo de cosa juzgada efectuado por el Fisco y; asimismo, revocar lo decidido en punto al planteo de nulidad de la notificación formulado por la parte actora. En consecuencia, cabe concluir que el recurso planteado ante el referido Tribunal fue interpuesto en debido tiempo y forma.
V. Que, en tales condiciones, y en la medida en que en los presentes autos el Tribunal Fiscal omitió pronunciarse respecto a los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación obrante a fs. 14/24 –refoliado-, puntualmente en cuanto a la cancelación de la operación de importación temporal y al planteo de condonación de la multa con fundamento en el pago de los tributos presuntamente adeudados, de conformidad con lo establecido en el artículo 1180, inciso a), del Código Aduanero, corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie nuevamente sobre tales aspectos (cfr. causa “Search S.A. (TF 22576-I) c/ D.G.I.”, expediente nº 37.573/2007, del 6 de marzo de 2008, causa Nº 27.060/06 “Agroferia SRL (TF 20436-I) c/ D.G.I.", expediente nº 27.060/06 del 15 de julio de 2008, “Scotland S.R.L. (TF 24.617-I) c/DGI”, expte. n° 43.136/2011, del 27 de junio de 2013 y “Solicon S.A. (TF 34.201-I) c/ DGI”, expte. n° 112/13, del 30 de abril de 2013.
Al respecto cabe tener en cuenta que, según lo establecido en el artículo 1143 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos controvertidos con independencia de lo alegado por las partes, así como para determinar el tributo o fijar las base precisas para su determinación.
VI. Que en virtud del modo en que se decide se torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios planteados ante esta instancia por la firma importadora.
De igual modo, también resulta inoficioso el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes respecto de los honorarios regulados a la representación fiscal. Por ello, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a fs. 95 y vta. y diferir las regulaciones de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente, de conformidad con el presente pronunciamiento. En consecuencia, VOTAN POR: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal a fs. 66/69 y, por ende, hacer lugar al planteo de nulidad de la notificación formulado por la parte actora y declarar que su recurso fue interpuesto en debido tiempo y forma. 2) Reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, de conformidad a lo indicado en el considerando V. 3) Imponer las costas de ambas instancias por su orden en atención a las particularidades del caso y al modo en que se resuelve (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 4) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados de la representación fiscal, y remitir las actuaciones a la anterior instancia a sus efectos.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, dijo:
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
I. Que en cuanto al relato de los hechos me remito a lo expuesto en el voto que antecede.
II. Que en líneas generales adhiero al voto anterior en cuanto a sus fundamentos y a la solución que allí propone. Sin perjuicio de ello, resulta pertinente efectuar las siguientes precisiones.
III. Que a través de la providencia de fojas 219 de las actuaciones administrativas se ordenó “[…] la notificación de la Resolución Fallo N° 230/2016 (AD POCI) de fecha 30/05/2016”. A fojas 221 obra un instrumento titulado “cédula de notificación” fechado el 07/11/2018 y, seguidamente, una constancia de Correo Argentino con el código “CU 60605877 3” dirigida a la aquí actora.
Al respecto, si bien no resulta clara la modalidad utilizada para la notificación de la Resolución Fallo N° 230/2016, cabe examinar dos posibilidades.
En caso de haberse empleado una cédula de notificación propiamente dicha, modalidad prevista en el artículo 1013, inciso c) del CA, el procedimiento seguido no se ajusta a lo previsto en el artículo 1014 de ese cuerpo legal. Dicha norma prevé que si la notificación se hiciere bajo esa modalidad, el funcionario encargado de practicarla “[…] dejará al interesado copia de la cédula, haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado”. En cambio, en el instrumento obrante a fojas 221 de las actuaciones administrativas no consta la descripción de la entrega y recepción de la que debió dar fe un oficial notificador.
Por otro lado, en caso de haberse realizado la notificación a través de un medio postal, como parece sugerirlo la pieza agregada a fojas 222 emanada del Correo Argentino, el procedimiento tampoco se ajusta a derecho en los términos del artículo 1013, inciso f) del CA, que se refiere a la comunicación mediante oficio, despachado como certificado expreso con aviso de recepción. En efecto, dicha norma establece que “[…] el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse antes del despacho en sobre abierto al agente postal habilitado, quien lo sellará juntamente con las copias que se agregarán a la actuación”. Ahora bien, de la constancia de fojas 222 no surge que se haya observado el procedimiento que indica la norma, ya que en ninguna parte de aquella se hace referencia a la existencia de un sobre que hubiera contenido los documentos anexos que pretendían notificarse, ni obran copias selladas de los documentos presuntamente obrantes en el sobre remitido a la actora.
IV. Que por lo expuesto, toda vez que a partir de las constancias de la causa no surge que la notificación de la Resolución Fallo N° 230/2016 se hubiera practicado de un modo completo y fehaciente corresponde, en concordancia con los demás argumentos del voto que antecede, hacer lugar al planteo de nulidad del actor y reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie sobre el fondo del asunto.
V. Que en cuanto al modo en que deben ser distribuidas las costas y la regulación de honorarios practicada por el Tribunal Fiscal, adhiero a la solución propuesta en el voto que antecede.
ASI VOTO.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar lo decidido por el Tribunal Fiscal a fs. 66/69 y, por ende, hacer lugar al planteo de nulidad de la notificación formulado por la parte actora y declarar que su recurso fue interpuesto en debido tiempo y forma. 2) Reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, de conformidad a lo indicado en el presente fallo. 3) Imponer las costas de ambas instancias por su orden en atención a las particularidades del caso y al modo en que se resuelve (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 4) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados de la representación fiscal, y remitir las actuaciones a la anterior instancia a sus efectos.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy
Fin de la sentencia