Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 215/2012, 216/2012, 217/2012, 360/2015, 361/2015 y 362/2015, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las siguientes sumas:
A. $10.486, por la representación procesal y $ 26.214, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa del Expediente N° 37.217-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. b. $19.731, por la representación procesal y $49.327 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa del Expediente N° 37.218-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
C. $38.084, por la representación procesal y $95.209, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa del Expediente N° 37.219-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
D. $21.814, equivalente a 2,10 UMA para la representación procesal y $ 54.535 equivalente a 5,24 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la actividad …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-18514350-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Febrero de 2023 46.132-I) “Regente S.A. s/ recurso de apelación” Sentencia En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 37.217-I (y sus acumulados Nros. 37.218-I, 37.219-I, 46.129-I y 46.130-I y 46.132-I) caratulado “Regente S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. Agustina O’Donnell dijo:
I. Regente S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N° 215/2012, del 11 de diciembre de 2012, en la que determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2006 y 2007 y se le intima a ingresar la suma de $ 153.970,06, más intereses. (37.217-I)
b.- la Resolución N° 216/2012, del 11 de diciembre de 2012, en la que determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 01/2006 a 11/2008 y se le intima a ingresar la suma de $ 280.935,12, más intereses. (37.218-I)
c.- la Resolución N° 217/2012, del 11 de diciembre de 2012, en la que se la intima a pagar el impuesto a las salidas no documentadas por los períodos fiscales 01/2006 a 12/2007 por $ 501.066,98, más intereses. (37.219-I) d.- las Resoluciones N° 360/2015, 361/2015 y 362/2015, del 23 de diciembre de 2015, en las que se le aplicaron sendas multas de defraudación de $461.910,18, $842.805,36 y $1.503.200,94, por las obligaciones intimadas en las Res. Nros 215/12, 216/15 y 217/15, en los términos del art. 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683 (Exptes. Nros. 46.129-I; 46.130-I y 46.132-I).
En sus presentaciones ante este Tribunal, Regente S.A. explica que los ajustes y las multas notificadas en las Resoluciones tienen origen en la impugnación de las operaciones de compras con los siguientes proveedores: Acopios Gualjaina S.R.L., Godoy, Héctor Alberto, Cabrera, Nélida Irma, Hantei S.R.L. y Mace S.R.L. Plantea en primer lugar la nulidad absoluta e insanable de las Resoluciones por defectos de motivación y por violación de la garantía de debido proceso, al haberse desestimado la prueba documental y rechazado las pruebas testimonial y pericial contable ofrecidas en sede administrativa.
También considera arbitraria y nula la impugnación del gasto en el impuesto a las ganancias, ya que el art. 37 de la ley admite que en el caso de que una erogación carezca de comprobantes que por otros medios se puedan acreditar y permitir su deducibilidad como gasto computable en el balance impositivo, es decir que la deducción del gasto siempre puede y debe ser admitida en la medida en que tales otros medios de prueba permitan acreditar que la erogación fue destinada a obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, como en el presente caso, que fue para comprar insumos.
Por esta razón también, sostiene que se configura la excepción del art. 38 de la misma ley y que no corresponde el reclamo del impuesto a las salidas no documentadas.
En cuanto a los medios de pago empleados señala que en todos los casos fue con cheques a nombre del proveedor beneficiario del pago.
Indica que el ente fiscal consideró apócrifos a los proveedores por estar incluidos en la base APOC, pero ninguno de ellos figuraban en la misma a la fecha en que contrató. Agrega, de cualquier modo, que la información no es válida como medio de prueba ya que surge de la inoficiosa y subjetiva voluntad de la administración tributaria. Refiere que el incumplimiento fiscal por parte de los proveedores a sus obligaciones fiscales no le es imputable, ya que carece de poder de policía fiscal. Por lo tanto, dice que no tiene forma de conocer y ofrecer prueba respecto de hechos relativos a su conducta fiscal.
Hace hincapié en que su obligación al momento de la compra era ejercer un control sobre los requisitos formales de los documentos que respaldan las operaciones.
Cuestiona la impugnación del Fisco Nacional a la validez de las planillas de registro de ingresos de productos provenientes de plantas habilitadas firmadas por funcionarios del SENASA, que acreditan el ingreso de la mercadería comprada, en tanto entiende que tal documentación no cumple con el requisito establecido por el entonces vigente art. 988 del Código Civil, que exigía la firma de todos los interesados que aparezcan en él para su validez.
Dice, en cambio, que basta la firma de oficial público y que las Actas del SENASA son instrumentos públicos mientras no sean redargüidos de falsedad.
Luego se refiere en particular a la situación de los proveedores impugnados.
Acopios Gualjaina S.R.L. sostiene que los fiscalizadores concurrieron tanto al domicilio legal como al fiscal y fueron atendidos por personas que conocían al proveedor.
Agrega que las facturas son válidas, la imprenta reconoció la impresión de remitos y facturas; que declaró 5 empleados a su cargo; que el transporte de las vieiras fue realizado por la empresa Patagónica Express Empresa de Transporte, nombre de fantasía de Coiron S.A. y que el hecho de que la titularidad de los vehículos pertenezca a un tercero, a su criterio, no enerva la existencia real del transporte.
Héctor Alberto Godoy, la fiscalización ubicó a la madre en su domicilio que dijo que su hijo "trabaja en el puerto, que realiza la actividad de intermediario en la compra y venta de pescado y que no tiene domicilio comercial donde desarrolla la actividad" ; agrega que la imprenta reconoció la impresión de facturas; facturas eran válidas, que todos los productos fueron certificados por el SENASA; que los partes de entrada de la mercadería coincide con la planilla de registro de ingresos; que las actas notariales en las que Godoy reconoce las compras que le efectuara Regente S.A. y los pagos recibidos en consecuencia revisten el carácter de “otros medios de prueba”; que manifestó que había recibido los cheques y los había endosados a terceros. Nélida Irma Cabrera, si bien no pudo ser localizada por la fiscalización ello no implica que no haya existido, agrega que su actividad era librería y que los montos facturados eran insignificantes.
Hantei S.R.L., dice que en la instancia previa acompañó facturas, remitos, partes de entrada de la mercadería, guía de transporte y certificados de retención del impuesto a las ganancias, registros de ingresos de productos del SENASA, entre otros elementos.
Mace S.R.L., argumenta que sus irregularidades fiscales escapan a su control. Agrega que el hecho que no sea titular de vehículos para transporte, no implica que no haya existido el transporte de los productos. Por otro lado, la socia de Mace S.R.L. es la beneficiaria de los cheques, encontrándose, por ende, perfectamente identificada. Invoca nuevamente como prueba las planillas de Registro de Ingresos de productos certificadas por SENASA. En cuanto a la multas aplicadas en las Resoluciones menciona la sentencia del 18.6.2013 del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2 que rechazó el requerimiento fiscal de instrucción por considerar que no era delito el hecho denunciado, y entiende que el organismo fiscal nunca estuvo habilitado para aplicar las multas. Considera que si el juez de instrucción decidió desestimar la denuncia, nunca hubo proceso, tornando aplicable el art. 173 de la ley 11.683.
Por ello, opone la nulidad absoluta e insanable del sumario y concluye que el Fisco Nacional ha dejado de someterse al mandato establecido en el art. 74 de la ley 11.683 en cuanto a que las sanciones deben aplicarse en la misma Resolución que determina el gravamen, y si así no lo hiciere, se entenderá que no ha encontrado mérito para imponerlas.
En referencia al elemento objetivo de las sanciones, alega que el juez administrativo desconoce todo el sustento documental que ha ofrecido y ha optado por la vía presuncional; en cuanto al elemento subjetivo, dice que no ha hecho esfuerzo en establecer el nexo causal entre el soporte fáctico y el hecho presunto, a los fines de demostrar su acreditación apodíctica.
Por último, aporta prueba documental y ofrece prueba y solicita que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 140/180, 329/369, 519/560, 681/695, 759/774 y 864/879 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 730 obra el auto de apertura a prueba del 13.2.2014 en el que se hace lugar únicamente a la prueba pericial contable, cuya producción obra a fs. 609/611, y a la informativa dirigida al SENASA, no obrando respuesta de esta entidad.
A fs. 910 se clausura el periodo probatorio y se elevan las actuaciones; a fs. 913 y se pusieron los autos para alegar, obrando únicamente a fs. 916/919 el escrito del Fisco Nacional; por último, a fs. 924 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde expedirse, en primer término, a la defensa de nulidad de las Resoluciones por supuestos vicios en su motivación que no puede prosperar porque de sus Considerandos y de los ant. adm. que preceden surgen los antecedentes de hecho y de derecho que se merituaron en su dictado, que estuvieron en todo momento a disposición del aquí recurrente para ejerciera su derecho de defensa, tal lo que efectivamente hizo en cada una de las instancias previstas para ello en la ley 11.683.
Tampoco se advierten vicios en el procedimiento seguido para la aplicación de las multas luego de dictada la sentencia en la causa penal, ya que no se trata de que el Fisco Nacional no haya radicado la denuncia en sede penal, sino que la hizo y el requerimiento de instrucción fue desestimado por el juez por no constituir delito el hecho denunciado por los montos involucrados, supuesto claramente diferente al previsto en el art. 74 de la ley 11.683 que Regente S.A. pretende hacer valer para que este Tribunal declare caducas las facultades sancionatorias que por ley detenta la Administración Tributaria.
Así, entonces, contrariamente a lo que alega Regente S.A., la sentencia penal no es producto de la imaginación fértil de quien afirma su existencia, y los actos sancionatorios que aquí se han recurridos son directa consecuencia del mecanismo procesal previsto en el art. 20 de la ley 24.769, sin que en el caso concreto se adviertan errores o vicios en la forma en que dicho precepto fue aplicado.
Vale recordar aquí, de cualquier modo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta sino que es indispensable acreditar la existencia de menoscabo en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, menos aún acreditado por lo que corresponde rechazar los planteos de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Corresponde ahora resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones, para lo cual cabe recordar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen, sino tan sólo aquéllas que sea conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970 y en el mismo sentido la Cámara in re “Agropecuaria Huinca SRL”, sentencia del 2/9/2014 y sus citas, entre muchas otras).
Surge de los Considerandos de dichos actos que en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo a Regente S.A. –cuya actividad principal es la venta al por mayor de productos alimenticios-, se impugnaron las operaciones con los siguientes proveedores: Acopios Gualjaina S.R.L., Héctor Alberto Godoy, Nélida Irma Cabrera, Hantei S.R.L. y Mace S.R.L.
Para ello, la fiscalización tuvo en cuenta aspectos que surgieron de las tareas de fiscalización tales como que carecían de capacidad económica, no tenían bienes registrables, no pudieron ser localizados en sus domicilios, estaban incluidos en la base APOC, entre otras irregularidades, que la llevaron a presumir que las operaciones no existieron, ya que no se pudo comprobar la real existencia de las mercaderías, ni su transporte ni quienes fueron los verdaderos beneficiarios de los cheques entregados en la cancelación de las presuntas adquisiciones. Tales inconsistencias tuvieron los siguientes efectos en la situación fiscal de Regente S.A.
a. Ajustes en el impuesto al valor agregado —Res. N° 216/2012—.
El juez administrativo impugnó los créditos fiscales originados en los comprobantes fiscales de los proveedores objetados con sustento en incumplimiento al art. 12 de la ley del gravamen.
Ante ello, lo que Regente S.A. tenía que demostrar era la efectiva compra de la mercadería a los proveedores, por lo que debe estarse a los resultados de las pruebas aportadas y rendidas en ambas instancias.
El análisis debe hacerse a la luz del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así al fallar en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, dijo "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...".
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “...el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
En el caso, la prueba documental aportada en la instancia administrativa previamente sustanciada y en esta instancia, y las conclusiones de la prueba pericial contable producida en este Expediente, no permite concluir que las operaciones fueron realmente efectuadas con los proveedores impugnados. Es que el informe pericial obrante a fs. 833/844 tan solo da cuenta de que los libros de la sociedad son llevados en legal forma y que las facturas tenían CAI vigente y que fueron registradas.
En cuanto a la informativa dirigida al SENASA que tenía por propósito validar las planillas de Registro de Ingresos de Productos Provenientes de Plantas Habilitadas aportadas como prueba por Regente S.A., si bien a fs. 597/598 surge que la actora acreditó el diligenciamiento del oficio, ante la falta de contestación por parte de la entidad, nunca más volvió a instar su producción, omitiéndose así producir prueba de uno de sus principales agravios, cual era la intervención de una entidad oficial en las operaciones con los proveedores.
Por todo ello, debe concluirse que la pretensión fiscal notificada en la Res. N° 216/2012 se encuentra debidamente fundada y al no haber sido refutada debe ser confirmada.
b. Ajustes en el impuesto a las ganancias —Res. N° 215/2012—.
El juez administrativo también impugnó los gastos deducidos en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias al desconocer, por los mismos motivos, la efectiva existencia de los gastos por las compras efectuadas a los proveedores.
La recurrente debía demostrar que las compras de mercadería existieron y que fueron necesarias, en los términos previstos en los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen para su deducción, pero no lo hizo tampoco. El informe pericial contable, en el punto 8), se expide en relación a si es correcta la deducción, tarea que recae sobre este Tribunal a partir, precisamente, de las pruebas que en el caso se omitieron rendir.
La prueba dirigida al SENASA, de haber sido producida, también pudo haber arrojado que la mercaderia fue efectivamente adquirida e ingresada a la planta de Regente S.A., de los proveedores objetados u otros, y así admitirse la deducción del costo como gasto. Pero, como ya se dijo, no hay elementos de prueba en dicho sentido. Por ende, también debe confirmarse la Res. N° 215/2012 porque la pretensión fiscal.
c. Impuesto a las salidas no documentadas —Res. N° 217/2012—.
En cuanto a la intimación de pago de este gravamen, el juez administrativo sostiene que los proveedores no han percibido efectivamente los importes detallados en las facturas presentadas, por lo que considera que no se pueden identificar a los beneficiarios de los fondos y por ende correlacionarlos con las operaciones bajo análisis y los gastos deducidos.
Del Anexo I acompañado a fs. 600/608, presentado con el informe pericial contable obrante a fs. 609/611, surge que:
- Mace S.R.L., de las 36 Facturas A analizadas, 35 fueron con cheques endosados y solo 1, el cheque fue depositado en una cuenta.
- Hantei S.R.L., la totalidad de las Facturas A analizadas -13- los cheques fueron endosados.
- Acopios Gualjaina S.R.L., las 2 Facturas A analizadas fueron cobradas con cheques que fueron endosados. - Héctor Alberto Godoy, de las 77 Facturas A analizadas surge que en la mayoría de los casos los cheques fueron endosados, y algunas operaciones fueron abonadas en efectivo.
- Nélida Cabrera, de las 14 facturas analizadas surge que la mayoría de las facturas fueron abonadas en efectivo y que solamente 2 facturas fueron abonadas en cheque.
Si bien nada obsta a la cancelación de las operaciones con cheques, tampoco su transmisión por endoso, resultando actos perfectamente válidos según la legislación comercial, lo cierto es cuando se trata de respaldar las operaciones volcadas en las declaraciones juradas de los diferentes gravámenes, en la forma exigida especialmente a los contribuyentes en los arts. 33 y ss. de la ley 11.683, la prueba que debe rendirse a efectos fiscales es la de la efectiva recepción de los pagos por parte de los proveedores, por medios que permitan comprobar su real beneficiario. Las mismas objeciones pueden decirse de los pagos en dinero en efectivo. En el caso, la falta de identificación de los perceptores de los fondos es un hecho por demás relevante si se tiene en cuenta que algunos de los proveedores no pudieron ser localizados por la fiscalización -vgr. Acopios Gualjaina S.R.L.-, otros no tenían un establecimiento comercial en el que ejercieran su actividad a pesar de lo cual emitieron a Regente S.A. 77 facturas en concepto de venta de pescado -vgr. Héctor Alberto Godoy-, entre otras muchas irregularidades.
Este es, precisamente, el presupuesto de aplicación del impuesto a las salidas no documentadas que prevé el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias. conforme a la jurisprudencia adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 323:3376 y 326:2987, entre otros, al decir que “…aquella previsión ha sido adoptada por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a titulo propio...".
Por todo ello, corresponde también confirmar la Res. N° 217/2012.
VI. Por último, respecto de las sanciones de defraudación aplicadas en las Res. Nros. 360/2015, 361/2015 y 362/2015 con sustento en el art. 46 y valiéndose de las presunción de dolo establecida en el art. 47, inc. b) de la ley 11.683, las consideraciones ya realizadas respecto de la falta de validez de las operaciones documentadas en los comprobantes fiscales emitidos supuestamente por los proveedores permiten confirmarlas también. Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias en la que se computaron los gastos, al igual que las del impuesto al valor agregado en las que se incluyeron créditos fiscales con origen en tales operaciones son, en los términos de la normativa citada, inexactas, y fueron confeccionadas con dolo, a sabiendas de la situación de apócrifos de tales comprobantes.
Resulta así aplicable el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara, en cuanto a que "... en el derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (C.S.J.N. Fallos: 271:2997; 303:1548; 312:149), y que si bien es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación (Fallos: 316:1313; esta Cámara, Sala V, "Martínez, Rodolfo Francisco (T.F. 15.042-I)", del 12/5/99; ídem, id., "Basf Argentina S.A. (T.F. 9209-1) c/D.G.I." fallo del 14/06/00)" -conf. “Andechaga, Jose Luis”, sentencia del 15.4.2009, entre muchos otros-. En el caso, Regente S.A. se limitó, en sus recursos a efectuar una crítica genérica sobre la improcedencia de las sanciones sin particularizar en las concretas imputaciones que llevaron al juez administrativo a calificar de dolosa su conducta.
En cuanto a la multa aplicada en el impuesto a las salidas no documentadas debe confirmarse también, ya que no demostró la recurrente la validez de la documentación de respaldo de sus erogaciones, ni haber hecho realmente los pagos ya que no se pudo identificar el destino de los fondos. Estos hechos no pueden calificarse de otra forma que no sea como dolosos, del mismo modo que lo hiciera la Cámara al fallar en “Megamodel S.A.”, sentencia del 9 de febrero de 2021, entre otros.
A ello cabe agregar que no se han alegado, menos aún probado razones que permitan eliminar el dolo en la conducta de la aquí recurrente y así reencuadrar la multa en una figura más leve en la forma requerida en su presentación, facultad que la ley reserva para supuestos muy diferentes al aquí expuesto Por ello, deben confirmarse también las Res. Nros. 360/2015, 361/2015 y 362/2015, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 215/2012, 216/2012, 217/2012, 360/2015, 361/2015 y 362/2015, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las siguientes sumas:
a. $10.486, por la representación procesal y $ 26.214, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa del Expediente N° 37.217-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. b. $19.731, por la representación procesal y $49.327 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa del Expediente N° 37.218-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
c. $38.084, por la representación procesal y $95.209, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa del Expediente N° 37.219-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
d. $21.814, equivalente a 2,10 UMA para la representación procesal y $ 54.535 equivalente a 5,24 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la actividad desarrollada en la última etapa procesal del Expediente N° 37.217-I, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
e. $38.141, equivalente a 3,67 UMA por la presentación procesal y $95.352, equivalente a 9,17 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la actividad desarrollada en la última etapa procesal del Expediente N° 37.218-I, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
f. $62.778, equivalente a 6,04 UMA, por la representación procesal y $156.945, equivalente a 15,09 UMA, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la actividad desarrollada en la última etapa procesal del Expediente N° 37.219-I, conforme lo dispuesto por los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29 y 51 de la ley 27.423.
g. $6.775, por la representación procesal y $ 16.937, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera etapa del Expediente N° 46.129-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. h. $12.361, por la representación procesal y $30.903, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera etapa del Expediente N° 46.130-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
i. $22.047, por la representación procesal y $55.117, por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera etapa del Expediente N° 46.132-I, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
3. Regular los honorarios del Contador Público Mauricio Olijavetsky en $ 69.852 por su actuación como perito del Fisco Nacional y por la pericia efectuada en los Exptes. Nros. 37.217-I, 37.218-I y 37.219-I, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley N° 16. 638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.02.17 10:34:58 -03:00 Date: 2023.02.17 13:58:15 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.17 14:48:57 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.17 14:48:58 -03:00
Fin de la sentencia