Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79622
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata y, en consecuencia, radicar el expediente allí, para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°19 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
B.79.622 "AGUIRRE CELINA DEL ROSARIO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. S/ REGULACION DE HONORARIOS POR ACTS. ADMINISTRATIVAS. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1, LEY 12.008"
I. La doctora Celina del Rosario Aguirre promovió una demanda por determinación y cobro de honorarios contra la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que se le regulen y paguen los emolumentos que le corresponderían por su actuación profesional en el marco del expediente administrativo N°2360-563129/17, caratulado "Frigorífico General Belgrano SA", que tramitara ante el Tribunal Fiscal de Apelación (v. escrito de demanda de 2-VIII-2024).
II. Las actuaciones se radicaron, previo sorteo, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, la magistrada a cargo de dicho órgano se declaró incompetente para entender en el asunto en la inteligencia de que este, al versar sobre una regulación de honorarios profesionales, se encontraba primordialmente regido por normas de derecho privado (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
En este orden de ideas, adujo que si bien su jurisdicción podía quedar comprometida en los casos originados en el ejercicio de la función administrativa (art. 166 in fine , Const. prov.), no constituía un "fuero personal" a donde todo cuestionamiento dirigido contra el Estado iba a parar. Debía atenderse -dijo- a si el pleito se encontraba regido por el derecho administrativo, pues de lo contrario no estaba plenamente justificada su intervención.
Al así resolver, dispuso la remisión del expediente a la Receptoría General de Expedientes departamental para que fuera sorteado nuevamente entre los juzgados pertenecientes al fuero civil y comercial (v. resol. de 20-VIII-2024).
De este modo, el expediente fue adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°19 de aquel departamento judicial. No obstante, su titular rechazó la competencia que se le endilgara tras sopesar que en los supuestos como el sub examine , en los que se pretende la determinación de honorarios por tareas extrajudiciales, debía ponderarse, al momento de evaluar qué juez resulta competente para intervenir, la materia de que trate el fondo de la cuestión (conf. art. 55 del decreto ley 8.904/77).
En consecuencia, sostuvo que, teniendo en consideración que en sede administrativa la discusión había girado en torno a la prescripción de la acción para hacer efectiva una multa fiscal, el planteo aquí efectuado debía tramitar ante el juez en lo contencioso administrativo.
Frente a este escenario, planteó la contienda negativa y elevó los obrados a esta Suprema Corte para que la dirima con arreglo a la atribución que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 9-IX-2024).
III. Sobre la base de que para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018 y B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15-X-2021, e.o.; CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298), ha de concluirse que en la especie se justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.
IV. Si bien la mera fijación de honorarios por labores desarrolladas ante un organismo público provincial trata de un asunto que, por su naturaleza, en principio no sería de la competencia de los tribunales del art. 166 in fine de la Constitución provincial, tal cosa debe ponderarse detenidamente a la luz de las circunstancias del caso y la pretensión seguida por la letrada que promovió la acción.
En tal sentido, la demandante busca que, una vez realizada la estimación judicial de los estipendios que le corresponderían por haber representado a la firma Frigorífico General Belgrano SA en sede administrativa -precisamente, ante el Tribunal Fiscal de Apelación-, estos sean ejecutados de manera inmediata y directa contra el Estado bonaerense, que es aquel que presumiblemente debe cargar con las costas de aquel procedimiento administrativo -esto último, dado que el pronunciamiento en cuestión guarda silencio respecto de su imposición-. Siendo así, el art. 2 inc. 4 de la ley 12.008 ha contemplado la competencia de los órganos del fuero contencioso administrativo para conocer en las controversias regidas por el derecho público que versen sobre la responsabilidad patrimonial de la Provincia, aun cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas de derecho privado.
A partir de esta atribución, ampliamente interpretada, es dable presumir la intención de la Legislatura de asignarle un asunto dudoso como el presente a tales magistrados (arg. doctr. causas B. 69.681, "Vitale de Carlino", resol. de 17-VI-2009; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 73.540, "Tiro Federal Argentino", resol. de 29-IV-2015 y B. 77.317, "Pérez", resol. de 26-XI-2021; e.o.), en tanto una sentencia condenatoria necesariamente habrá de repercutir en el patrimonio estatal de concluirse que, por un fundamento que deberá establecerse, el Fisco debe cargar con las costas del procedimiento impugnativo incoado ante el Tribunal Fiscal de Apelación en el cual la doctora Aguirre participara como apoderada de la firma recurrente.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata y, en consecuencia, radicar el expediente allí, para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°19 de aquel departamento judicial, mediante oficio electrónico.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/03/2025 12:55:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2025 13:48:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2025 12:46:41 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:17:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:51:55 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2025 14:55:08 hs. bajo el número RR-108-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia