Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77317
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de La Plata y, en consecuencia, radicar electrónicamente el expediente allí, para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
B.77.317 “PEREZ JULIAN ANIBAL Y OTRO/A C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ REGULACION HONORARIOS -CONFLICTO DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 DE LA LEY 12.008-“
I. Julián Aníbal Pérez y Franco Bonafine promueven demanda por determinación y cobro de honorarios contra la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que se les regulen y paguen los emolumentos que les corresponderían por su actuación profesional en el marco del expediente administrativo N°89630/19, tramitado ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT), el cual se iniciara oportunamente a los efectos de que el señor Ismael Arnaldo De Castro, su entonces representado, obtuviera la respectiva indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo con motivo de un infortunio laboral que sufriera en el año 2018 (v. documento adunado al escrito electrónico de fecha 1-II-2021).
La demanda se dirige contra la Provincia de Buenos Aires, la cual transó el reclamo por la suma de $111.003, oportunamente abonados en dicha sede administrativa.
El inicio del proceso se justifica dado que no se habría hecho previsión alguna respecto al pago de los honorarios, motivo por el cual los letrados entienden que le corresponde hacerlo al Estado provincial.
II. Las actuaciones se radicaron, previo sorteo, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº6 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo titular declaró su incompetencia oficiosamente al estimar que la controversia de autos, dado que la pretensión de los codemandantes se orientaba a la regulación y al cobro de estipendios profesionales contra un organismo "...de eminente carácter estatal, como lo es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo", se enmarca en los términos del art. 2 inc. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- referente a la responsabilidad estatal, por lo cual deben intervenir los órganos del fuero especializado (v. despacho electrónico de fecha 9-VI-2021).
Así es como tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Sin embargo, el magistrado a su cargo rechazó la inhibición de su par preactuante en la inteligencia de que si bien su jurisdicción podía quedar comprometida en los casos originados en el ejercicio de la función administrativa (art. 166 in fine , Const. prov.), no se trataba de un “fuero personal” a donde todo cuestionamiento dirigido contra el Estado iba a parar. Debía atenderse -dijo- a si el caso se encontraba regido por el derecho administrativo, pues de lo contrario no estaba plenamente justificada su intervención, siendo atinada entonces la adjudicación de la presente al fuero civil y comercial dado lo residual de su competencia.
De tal suerte, por entender que la controversia encuadraba en el supuesto del art. 4 inc. 1 del código que rige el ordenamiento, planteó formalmente la contienda negativa que elevó a este Tribunal para ser resuelta (art. 7 inc. 1, CCA; v. sent. interlocutoria de fecha 26-VIII-2021, obrante en el expediente electrónico).
III. Sobre la base de que para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018 y B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15-X-2021, e.o.; CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298), ha de concluirse que en la especie se justifica la intervención del fuero contencioso administrativo
IV. Si bien la mera fijación de honorarios por labores desarrolladas ante un organismo público nacional (conf. arts. 59, ley 21.839 y 1, 10, 19, 44 inc. “b” y concs., ley 27.423; v. también art. 44, ley 14.967) trata de un asunto que, por su naturaleza, en principio no sería de la competencia de los tribunales del art. 166 in fine de la Constitución provincial, tal cosa debe ponderarse detenidamente a la luz de las circunstancias del caso y la pretensión seguida por los letrados que promueven la acción.
En tal sentido, realizada la estimación judicial de los estipendios profesionales, los demandantes buscan su inmediata ejecución contra el Estado bonaerense, dado que entienden que la falta de estipulación en el acuerdo arribado por ante la SRT respecto de las costas hace presumir -por alguna razón no explicitada- que es aquél quien deba cargar con ellas. No obstante, por el silencio o la ambigüedad de lo convenido, es evidente que se trata de un punto eventualmente litigioso.
Siendo así, el art. 2 inc. 4 de la ley 12.008 ha contemplado la competencia de los órganos del fuero contencioso administrativo para conocer en las controversias regidas por el derecho público que versen sobre la responsabilidad patrimonial de la Provincia, aun cuando se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado.
A partir de esta atribución, ampliamente interpretada, es dable presumir la intención de la Legislatura de asignarle un asunto dudoso como el presente a tales magistrados (arg. doctr. causas B. 69.681, “Vitale de Carlino”, resol. de 17-VI-2009; B. 73.426, “Abaca”, resol. de 29-XII-2014 y B. 73.540, “Tiro Federal Argentino”, resol. de 29-IV-2015; e.o.), en tanto una sentencia condenatoria necesariamente habrá de repercutir en el patrimonio estatal de concluirse que, por un fundamento que tendrá que establecerse, el Fisco debe cargar con los accesorios de la indemnización pactada en favor del señor Ismael Arnaldo De Castro.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de La Plata y, en consecuencia, radicar electrónicamente el expediente allí, para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº6 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:13:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:32:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:46:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 13:45:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 14:15:33 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/11/2021 14:33:22 hs. bajo el número RR-901-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia