Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78900
Lo que resolvió el tribunal
I. Siendo el caso propio de la competencia del fuero laboral, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para su inmediato sorteo entre los tribunales pertenecientes a dicho fuero (art. 7 inc. 1, CCA).
B.78.900 “OLAZAR FACUNDO EZEQUIEL C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENO S/ REGULACION HONORARIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Facundo Ezequiel Olazar, por derecho propio, promueve demanda contra la Provincia de Buenos Aires –Dirección General de Cultura y Educación-, a fin de que se le regulen y abonen los honorarios que le corresponden por la labor extrajudicial desarrollada ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -Comisión Médica N° 372 de la Delegación de Ezeiza-, en el marco del expediente administrativo N° 36028/23.
Explica que en las referidas actuaciones se homologó un acuerdo en donde se determinó el porcentaje de incapacidad del señor Alejandro Omar Albornoz –su representado- como consecuencia del accidente in itinere acaecido el día 3 de agosto de 2022 y se le reconoció su derecho a percibir una indemnización conforme lo previsto en la Ley de Riesgos de Trabajo y el procedimiento establecido en la ley 27.348 y la resolución SRT 298/17.
En lo que a su pretensión concierne, aduce que no se logró llegar a un acuerdo con la demandada en cuanto al monto de los emolumentos profesionales que debían serles abonados, dado que le fue ofrecido en tal concepto solo el 5% sobre la suma reconocida a favor del señor Albornoz, lo que -remarca- se encontraba por debajo del mínimo legal establecido en la normativa vigente (art. 55, ley 14.967).
Funda su demanda en lo dispuesto en el art. 1 de la ley 27.348.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
El magistrado a cargo de ese órgano se inhibió de conocer en la controversia, pues entendió que frente al sujeto demandado y lo dispuesto en el art. 2 inc. 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el caso debía ventilarse ante los estrados de ese fuero (v. resol. de 6-VII-2023).
De este modo, el expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 departamental, cuya magistrada, atento lo dispuesto en el art. 55 de la ley 14.967, no aceptó la competencia que le fuera endilgada. Así, ponderó la naturaleza laboral del reclamo que dio origen a la gestión profesional desplegada por el actor, como así también, de las normas en las que fue fundada aquella petición. En virtud de ello, concluyó que el asunto se encontraba específicamente sustraído de su esfera de conocimiento (v. resol. de 11-VII-2023).
Al decidir de ese modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. A fin de resolver el presente conflicto, ante todo es dable recordar que para la determinación de la competencia corresponde atender, de modo principal, a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018; B. 76.135, "Castiñeira", resol. de 6-XI-2019; B. 76.368, "Casanova", resol. de 15-IV-2020; B. 77.360, "Municipalidad de Armstrong", resol. de 15-X-2021; CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
IV.1. En la especie, deviene útil destacar que, de conformidad a lo establecido en el art. 6 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, la regulación de honorarios debe efectuarse por el juez o jueza que conoce en el proceso principal.
Ese criterio se replica en el art. 55 de la ley 14.967, que dispone que “con la petición que se hará ante el juez competente en razón de la materia, deberá acompañarse toda la prueba y demás elementos de juicio que acrediten la importancia de la labor desarrollada”.
IV.2. Siendo esto así, en supuestos como el de autos se debe evaluar la órbita en la cual recaería el pleito de haberse tornado contencioso el asunto en caso de no haberse arribado –como acontece en la especie- a una solución extrajudicial.
En este sentido, no debe perderse de vista que la pretensión que eventualmente podría haberse incoado subsume, de un lado, en el supuesto contemplado en el art. 2 inc. “a” de la ley 11.653 (conf. resol. SCBA 3199/19; v. tmb. art. 2 inc. "a", ley 15.057) que reza que los tribunales laborales conocerán en “En única instancia, en juicio oral y público, de las controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y trabajadores, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, en convenciones colectivas, laudos con eficacia de éstas, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo y de las causas vinculadas con un contrato de trabajo aunque se funden en normas del derecho común"; y, más precisamente, en lo normado en el inc. "j" del art. 2 de la ley 15.057 (conf. resol. SCBA 3199/19), en cuanto fija que también le incumbe a este fuero “la revisión de las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley 27.348 Complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo o la que en el futuro la reemplace”.
IV.3. Así las cosas, es posible concluir que el presente asunto involucraría una materia propia del ámbito de conocimiento que ha sido confiado a la justicia laboral, por lo que el pedido de regulación de honorarios –en tanto constituye una incidencia accesoria del hipotético juicio principal que hubiese podido promoverse- ha de correr igual suerte (conf. causa B. 75.332, “Mach”, resol. de 4-VII-2018).
En particular, debe valorarse que, conforme el relato de los hechos que motivan la demanda como de la normativa invocada por el actor en apoyo de su pretensión, surge que no existirían discrepancias en cuanto al sujeto que cargará con las costas provocadas por la actuación llevada a cabo ante la Comisión Médica N°372 de la Delegación de Ezeiza; esto por cuanto, no solo existió un ofrecimiento de la Provincia demandada en sede administrativa, sino que el art. 1° de la ley 27.348 saldaría esta cuestión. En atención a ello, se advierte que el planteo medular giraría en torno únicamente al monto al que ascienden los honorarios profesionales del aquí demandante. Esta circunstancia resulta dirimente, en tanto despeja las dudas que podrían recaer en aquellos juicios en donde primero deba determinarse cuál es el sujeto obligado al pago de esos emolumentos (conf. causa B. 77.317, “Pérez”, resol. de 26-XI-2021).
V. Por lo expuesto, corresponde que los obrados le sean girados a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para su inmediato sorteo entre los tribunales del trabajo (art. 2, leyes 11.653 y 15.057; conf. resol. SCBA 3199/19).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Siendo el caso propio de la competencia del fuero laboral, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, para su inmediato sorteo entre los tribunales pertenecientes a dicho fuero (art. 7 inc. 1, CCA).
II. Hágase saber al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2, ambos pertenecientes a dicho departamento judicial, lo que aquí se decidió.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2023 12:05:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2023 21:03:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2023 21:25:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2023 12:50:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/08/2023 12:58:01 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/08/2023 13:06:01 hs. bajo el número RR-807-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia