Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2104/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Dr. Mauricio Hernán Gómez, en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada, a fs. 905/914 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 916 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2104/16-TSJ Interlocutorio N°: 3302.-
Actor: REINOSO JULIO OSCAR Demandada: REINOSO MARÍA ISABEL Objeto S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO Y DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 30-08-2017 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3302 FOLIO Nº 5498/5501 PROT. ELECT. TSS1040I.171
Río Gallegos, 30 de agosto de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “REINOSO JULIO OSCAR C/ REINOSO MARÍA ISABEL S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO Y DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº R-11.981/08 (R-2104/16-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 905/914 por el Dr. Mauricio Hernán Gómez, en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 896/898, en cuanto confirmó las regulaciones de honorarios obrantes a foja 784 y vta. y a foja 845 y vta.- La parte recurrente afirma que “…en autos no se ha (sic) respetado las garantías del debido proceso legal y de defensa en juicio, ante un fallo manifiestamente ‘arbitrario’; como así también de que se ha conculcado el derecho de propiedad…” (cfr. foja 905 vta.), sosteniendo a renglón seguido, que “Este fallo es violatorio de los derechos consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.” (cfr. foja cit.).
En merito de ello, alega que funda su recurso “…en el artículo 2º de la ley 1687…” (cfr. foja 906), es decir en quebrantamiento de forma, y en “…el artículo 3º de la ley 1687, por violación de la ley y doctrina legal, por cuanto la sentencia ha violado y aplicado erróneamente la ley, la doctrina legal y la jurisprudencia que informa las cuestiones debatidas en autos.” (cfr. foja 906).- Puntualmente, considera que existe quebrantamiento de forma puesto que la resolución de la Cámara “…no contiene una decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio…” (cfr. foja cit.), contrariando lo dispuesto en los artículos 165 y 164, inciso 6º del Código Procesal Civil y Comercial (conf. foja cit.).
Luego de afirmar que apela “…los honorarios por altos, en base a los sólidos argumentos jurídicos - doctrinarios, ampliamente expuestos y desarrollados.” (cfr. foja 906 vta.), agrega una serie de citas de doctrina (conf. fs. 906 vta./907) y sostiene que “Evidentemente el Tribunal incurre en una decisión irracional y decide que el letrado patrocinante y (sic) perito, se enriquezca (sic) ilícitamente…Ello implica que la Cámara de Apelaciones, prescinde de los hechos debatidos para dictar su sentencia.” (cfr. foja 907), concluyendo que “En merito de ello, el recurso de casación por quebrantamiento de formas sustanciales en el procedimiento, es procedente.” (cfr. foja cit.).- En relación con los otros dos carriles impugnativos propuestos, considera que la Cámara “…ha incurrido en violación de la Ley, desde el momento que no considera cuestiones fundamentales llevadas a juicio, y como si fuera poco, violenta la ley…” (cfr. foja cit.), y “…no ha efectuado una correcta aplicación del derecho a los hechos, y por ello existe una violación o error de aplicación de la ley.” (cfr. foja 907 vta.).
También afirma que funda su recurso “…en la violación de la doctrina legal en que se ha incurrido en el fallo dictado en la causa.” (cfr. foja 908 vta.).- Finalmente en el apartado VI de su recurso, al cual denomina “Agravios: Fundamentos del recurso de casación”, sostiene que el artículo 29 de la Ley Nº 3330 de arancel de abogados y procuradores establece que se considerará como monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o de la transacción (conf. foja 911), y sostiene, en tal sentido, que “En el caso de autos el monto total de la transacción es de $ 400.000…” (cfr. foja cit.), en consecuencia, esgrime que la regulación de honorarios no puede “…apartarse de la transacción definitiva.” (cfr. foja 911 vta.).-
II. Sentado ello, se debe efectuar en esta etapa, el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (conf. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3273, Folio 5428/5430, entre otros).- Al respecto, debemos advertir que el recurso en estudio lejos se encuentra de constituir una crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que el recurrente solo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin lograr demostrar, con argumentos serios, en que se han equivocado los magistrados de las anteriores instancias; ni, menos aún, ha logrado fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis la procedencia y razonabilidad de su pretensión.- El impugnante al alegar que ha existido quebrantamiento de forma omite indicar por que razón el pronunciamiento recurrido no contiene una decisión expresa, positiva y precisa, y cuales son los hechos ajenos e inexistentes que incorporó la Cámara al fallar, ni mucho menos señala cual es el agravio concreto que le causa el denunciado déficit.-
Algo similar ocurre con la violación a la ley y a la doctrina legal que denuncia en su presentación.-
En relación con el primero de los carriles a que se hizo referencia en el párrafo anterior, el impugnante afirma que “…el fallo que atacamos, ha incurrido en violación de la Ley, desde el momento que no considera cuestiones fundamentales llevadas a juicio…” (cfr. foja 907), y agrega “De lo que se desprende, que el fallo carece de la debida fundamentación o motivación que debe reunir toda sentencia…se funda únicamente en la voluntad de los señores magistrados…ha omitido efectuar un análisis pormenorizado de las constancias obrantes en autos…” (cfr. foja 907 vta.), concluyendo que “…la Excma. Cámara de Apelaciones no ha efectuado una correcta aplicación del derecho a los hechos, y por ello existe una violación o error de aplicación de la ley.” (cfr. foja cit.).- No obstante, una vez más, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de las anteriores instancias.
Su crítica recursiva se centra aquí, en torno a la base regulatoria que tomaron los jueces a efectos de regular los honorarios del anterior letrado de la actora y del perito tasador, puesto que al hacerlo se habrían apartado de la transacción definitiva en contradicción con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Nº 3330 (conf. fs. 911 y vta.). Pero tal crítica, así formulada, no es más que la expresión de disconformidad, desde que no logra poner de manifiesto el yerro en la decisión de la Cámara, ya sea por violación de la ley o por haber incurrido en el vicio de absurdo. En tal sentido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que la crítica recursiva que no trasunta más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de la hermenéutica propuesta por el a quo, omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos: las razones tendientes a demostrar en que medida tal interpretación importa una violación de la norma aplicada, resulta ineficaz a los fines del recurso extraordinario (conf.
“Vázquez Nora Cristina c/ Municipalidad de General Pueyrredón y otros s/ Daños y perjuicios”, del 6 de noviembre de 2013, causa C 114340). No son hábiles, a tal efecto, las manifestaciones que realiza el recurrente en los puntos IV, V y VI del recurso (conf. fs. 910 vta./913), desde que no contienen una impugnación idónea de los fundamentos en torno a los que se estructura la resolución apelada, sin conseguir demostrar, en ningún momento, la violación de la ley alegada. Además estos cuestionamientos nos remiten al estudio de cuestiones de hecho, inabordables, en principio, en esta instancia extraordinaria, y sobre las que volveremos con mayor detenimiento en el considerando siguiente.- Por otro lado, y tal como se dijo más arriba, el recurrente también funda su recurso “…en la violación de la doctrina legal en que se ha incurrido en el fallo dictado en la causa.” (cfr. foja 908 vta.).
Sin embargo, omite vincular tal agravio con alguna cita de doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia. Recordemos brevemente, y al solo efecto de aventar toda duda en el ánimo del recurrente en virtud de la aseveración que realiza a foja 909 vta., que el recurso de casación reglamentado en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, se refiere a la doctrina legal como aquella “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”. Y que este Alto Cuerpo ha expresado al respecto que “…es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const.
Prov.)…” (cfr. Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324). Siendo ello así, resulta más que evidente la falta de fundamentación del recurso también en punto a este agravio.- De igual modo el presentante efectúa, a lo largo de su escrito, una enumeración de derechos y garantías constitucionales que el fallo apelado habría vulnerado, pero tampoco logra en ningún momento vincularlos de modo concreto con los hechos del caso, ni mucho menos señala como el pronunciamiento atacado vulneró tales derechos.-
En suma, observamos que el recurrente no logra poner en evidencia los vicios que le adjudica al pronunciamiento atacado, dado que se limita a un mero disentir con la decisión de la Cámara sin realizar un juicio crítico de los razonamientos empleados por esta para decidir como lo hizo.-
IV. Si bien todo lo señalado precedentemente se erige como un obstáculo insalvable para la procedencia de la vía intentada, la valla máxima e indiscutible con la que nos encontramos radica en la materia objeto de recurso, que no es otra que el modo con que los jueces de las instancias ordinarias regularon los honorarios; materia ajena al ámbito casatorio, conforme reiterada y pacífica jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia.-
En efecto, este Alto Cuerpo ha sostenido que “…el tema de la regulación de honorarios, en cuanto a su base y monto, resulta, en principio, ajeno a la casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 193, Folio 323/325; ídem, Reg. 214, Folio 358/359; Tomo III, Interlocutorio, Reg. 289, Folio 466/468; Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 372, Folio 608/610; Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1298, Folio 1737/1739), pues, como ha reiterado este Alto Cuerpo, la determinación del monto del juicio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de normas arancelarias son cuestiones de carácter fáctico y procesal que quedan en el espacio de la razonable discreción del juzgador y son inescrutables por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad…” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 556, Folio 3148/3150), supuesto este último que el recurrente, pese a sus esfuerzos, no logra poner de manifiesto, y sobre el que volveremos en el considerando siguiente.- Debe señalarse que el recurrente argumenta que, a efectos de regular honorarios, debió haberse tomado como base la transacción que habría puesto fin al pleito -conforme lo estipula el artículo 29 de la Ley Nº 3330-; pero, en todo caso analizar si nos encontramos ante un simple convenio o una transacción que -a su criterio- habría puesto fin al pleito también nos remite al estudio de una cuestión de hecho (conf. SCBA, “Arrua, Ramona Tránsito c/ Sangeramo de Genoni, Ana María y otro s/ Daños y perjuicios” del 7 de noviembre de 1995, causa Ac 55554), tema inabordable en esta instancia extraordinaria salvo arbitrariedad o absurdo. Y en punto a esto último, debe recordarse que solo a través de su eficaz alegación y demostración puede este Tribunal Superior ingresar en el campo propuesto por el recurrente (conf. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324), recaudos con los que el presentante no ha dado cumplimiento. En definitiva, y como se sostuvo en el considerando anterior, el presentante no ha logrado poner de manifiesto el yerro en la decisión de la Cámara, ya sea por violación de la ley aplicable o por haber incurrido en el vicio de absurdo; y se sustenta en calificada jurisprudencia.-
V. Por último debemos señalar que, a pesar de que el impugnante en varios pasajes del recurso alega que la decisión de la Cámara es arbitraria tampoco intenta demostrar la existencia de tal vicio. No logra poner de manifiesto, en otras palabras, que la decisión atacada sea de aquellas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (conf. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, págs. 441).- La SCBA, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión “‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’” (cfr.
Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. s/ Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. s/ Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 pág. 54.).- Y al respecto, este Tribunal Superior tiene dicho que “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr.
Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Como se dijo mas arriba, el recurrente no intenta demostrar la arbitrariedad invocada en la sentencia que lo agravia, ya que sólo se desprenden del recurso discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones que, como ya se dijo, resultan ajenas a la casación. En suma, no se demuestra que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de las prescripciones legales.-
VI. En resumen, los cuestionamientos del recurrente se basan en materias que, por su naturaleza, son ajenas a la vía extraordinaria provincial, correspondiendo su tratamiento exclusivamente a las instancias de grado. Criterio que sólo puede exceptuarse en el caso de absurdo o arbitrariedad, vicios que, como ya se indicara, no se han logrado poner en evidencia.-
Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por la demandada a fs. 905/914, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 916 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el Dr. Mauricio Hernán Gómez, en su carácter de letrado apoderado de la parte demandada, a fs. 905/914 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 916 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1040I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.302.-
Folio N°:5498/5501.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia