Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2566/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora obrante en PE987941-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1027012-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2566/23-TSJ Interlocutorio N°: 3780 Actor: REINOSO SIRLEY VERÓNICA Demandada: MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 06-12-2023 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3780 FOLIO Nº 6833/6836 PROT. ELECT. TSS1051I.231
Río Gallegos, 6 de diciembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “REINOSO SIRLEY VERÓNICA c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. N° R-19.935/20 (R-2566/23-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Carlos J. Bernasconi Lahn, (cfr. PE987941-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que hizo lugar al recurso de apelación impetrado por la parte demandada, revocando la sentencia de Primera Instancia obrante en PE664852-2022 y, en consecuencia, rechazó la demanda instaurada por la Sra. Sirley Verónica Reinoso contra la Municipalidad de Caleta Olivia, imponiendo las costas en ambas instancias en el orden causado (cfr. PE966620-2023).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar a la demanda promovida por la actora condenando a la demandada a restablecer a la Sra. Reinoso en su categoría laboral correspondiente al Módulo 4 y también mantener su pase a Planta Permanente; admitiendo el pago de las diferencias salariales adeudadas a la agente municipal desde el mes de enero de 2020 hasta el momento en que se la restituya en su situación de revista; imponiendo las costas del proceso a la accionada perdidosa (cfr. PE664852-2022., págs. 6/7).-
II. Contra la decisión de la Cámara, la actora interpuso recurso de casación aduciendo que el mismo se funda en: “…El quebrantamiento de las formas sustanciales prescriptas para el dictado de la sentencia, específicamente los arts. 34 inc. 4°, 36, inc. 2 y 164 inc. 2°, 5° y 6° del Ordenamiento Ritual…violación de los arts. 7, 8, 9, 11, 14, 17, 21, 52, 54, 55, 63, 81, de la Ley de Contrato de Trabajo y arts. 14 bis y 17 de la C.N. Tratados y Convenciones Internacionales incorporados al artículo 75, inc. 22 de nuestra ley fundamental, Derechos Humanos Laborales, ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, artículo 32 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, Decreto Provincial N° 705/07.” (cfr.
PE987941-2023, pág. 2).- En cuanto a la violación de la ley, señala la recurrente que la Alzada: “…ha merituado (sic) incorrectamente las probanzas obrantes en la causa, sin observar las reglas de la sana crítica racional y desconocido (sic) la totalidad de los principios protectorios de los que está imbuido el Derecho laboral fallando con un miramiento estrictamente civilista - administrativista, plasmado ello en el tratamiento igualitario de las partes del proceso…ha ignorado el carácter de orden público del Derecho Laboral…Obviamente lo ha hecho por considerar, equivocadamente, que la relación de las partes está enmarcada en las normas del Derecho Administrativo, en un claro desconocimiento de las prescripciones del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de los Tratados y Convenciones internacionales incorporados a la ley suprema en el artículo 75, inc. 22…”.
Expresa que la sentencia está fundamentada, solamente, en el reconocimiento de lo dicho por el letrado de la demandada, sin respaldo de prueba alguna; que se ha invertido la carga de la prueba, violando varios de los principios protectorios del trabajador (Regla de la condición más beneficiosa, In Dubio Pro Operario, Primacía de la realidad, irrenunciabilidad de los derechos), quien es la parte más débil de la relación contractual laboral, y que su parte acompañó los recibos de haberes con los cuales acreditó fehacientemente, su módulo o categoría de revista y la reducción arbitraria de la que fue objeto. (cfr. PE cit., pág. 4).- Con referencia al artículo 14 bis de la Carta Magna, agrega que: “…la Constitucionalización de los principios labores (sic) ha implicado de hecho y de derecho la aplicación de los mismos a los empleados públicos […] [al citar doctrina expresa que] todos los principios en mayor o menor medida se vinculan con el derecho a la estabilidad del empleado público, resalta la trascendencia del principio de primacía de la realidad a la hora de estudiar una modalidad de vinculación laboral tan utilizada por la Administración Pública como el régimen de contratados.
La relación del trabajador del Estado con su empleador, al ser regulada por el Derecho Público, debe recurrir a normas e institutos del derecho administrativo, pero esas creaciones jurídicas deben adecuarse a los principios del derecho laboral que han sido constitucionalizados, ya que éstos actúan como tamiz o filtro a través de los cuales las normas administrativas adquieren una nueva vitalidad y un nuevo enfoque […] En el caso de autos existió una realidad incontrastable, la actora tenía su módulo o categoría asignada, ello se desprende de los recibos de haberes glosados en autos por la accionante y su empleadora. Así fueron los hechos, aquí debió el tribunal considerar la aplicación del principio protectorio ‘primacía de la realidad’ de conformidad a las afirmaciones vertidas ‘supra’ […] la sentencia recurrida ha violado las disposiciones contenidas en el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez, que no exhibió la documental requerida a pesar de encontrarse intimado a ello...” (cfr.
PE cit., pág. 5/7).- También la recurrente denuncia la violación de numerosos tratados y convenciones internacionales, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (CAFDH) en cuanto establecen obligaciones en materia laboral para los estados parte. Asimismo, cita precedentes de la Corte Federal relacionados con el empleo público (cfr. PE cit., pág. 7).-
Prosigue su embate la actora, expresando que: “La sentencia también ha violado lo expresamente dispuesto por el artículo 32 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz…El dispositivo constitucional es categórico en lo que respecta a la protección del empleado público provincial o municipal, en cuanto a que cumplido los seis (6) meses de antigüedad no puede ser separado de su cargo, pues, con mayor razón le puede ser arbitrariamente reducida su categoría o módulo de revista como lo sucedido con la actora...” (cfr. PE cit. págs. 7/8).- También refiere la casacionista que la sentencia impugnada resulta discriminatoria por cuanto habría: “…transgredido abiertamente lo dispuesto por el artículo 17 de la LCT que establece la prohibición de discriminar al trabajador, en este caso, por razones políticas, pues, de las constancias de autos se desprende la inexistencia de prueba alguna que haya permitido al empleador tomar tan arcaica medida con la actora, sin la existencia de sumario previo, intimación o cualquier otra medida previa que hubiera podido justificar tamaña decisión…” (cfr.
PE cit., pág. 8).- Anuda que: “La arbitraria sanción de la empleadora a mi conferente ha constituido, además de una medida discriminatoria, una clara y flagrante violación de la ley 26.485, en cuanto dicha normativa promueve la protección integral de las mujeres en cuanto han sido motivo de persecución o discriminación, en este caso, político…a la actora se le redujo su módulo o categoría salarial sin el dictado de un instrumento legal que lo justificara y fundamentara, explicando la/s causa/s que le dieron origen…” (cfr. PE cit. págs. 8/9).- Desde la óptica del quebrantamiento de forma, sostiene que: “La sentencia que aquí caso viola los arts. 34 inc. 4° y 164 incisos 2°, 5° y 6° del C.P.C.C. en cuanto viola el deber de fundar debidamente la sentencia, merituar (sic) de acuerdo a las reglas de la sana crítica las pruebas rendidas y respetar el principio de congruencia, al apartarse de los hechos fijados por las partes en sus pretensiones…la sentencia ha omitido el análisis y consideración de una causa laboral ofrecida como prueba…el fallo en crisis ha desmerecido la prueba documental ofrecida por la actora y reconocida por la demandada […] Lo único probado y acreditado en autos es que la recurrente (mi mandante) tenía la categoría o módulo 4, según los recibos de haberes incorporados a la causa y le fue reducida, arbitrariamente, por la accionada.
Tal procedimiento del tribunal que dictó la sentencia, ha vulnerado flagrantemente el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal y de propiedad de mi poderdante.” (cfr. PE cit., pág. 9).- La Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE1027012-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo (cfr. PE666421-2023).-
III. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670, entre otros).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En ese andarivel, se verifica que los planteos de la recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en la especie.-
A la luz de todas estas premisas, sin perjuicio del análisis que seguidamente efectuaremos respecto de los agravios intentados, resulta dable anticipar que la pieza recursiva obrante en PE987941-2023 no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
IV. En lo tocante al quebrantamiento de forma por violación del principio de congruencia, advertimos que la argumentación desplegada en el recurso no resulta suficiente para evidenciar la carencia de fundamentación e incongruencia denunciada respecto de la sentencia de Cámara.-
En cuanto al absurdo en la valoración de la prueba, debemos precisar que se produce cuando nos encontramos ante: “…‘…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…’ (confr. TSJ, Santa Cruz, Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984).- Por su parte, la revocación de una sentencia por absurdo o arbitrariedad es un remedio excepcional (cfr. TSJ, Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883, entre otros) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
En tal inteligencia, este Alto Cuerpo ha entendido que: “…‘…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…’ (confr. TSJ Santa Cruz Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1320, Folio 1786/1788)…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003).- En base a ello ha señalado este Tribunal Superior de Justicia que, en la meritación de la prueba, los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984, entre otros).- Es así que, no se aprecia en la especie un planteo con entidad suficiente que intente demostrar que se haya configurado una absurda valoración de la prueba que habilite esta instancia extraordinaria.-
V. Respecto a la violación o errónea aplicación de la ley denunciada por la actora, debemos señalar que resulta imperativo que la parte recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/5823), lo que no ha acontecido en el caso bajo estudio.- En efecto, si bien se mencionan numerosas normas legales, constitucionales y convencionales supuestamente conculcadas, no se intenta una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia atacada.-
Así, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye al decisorio impugnado, quedando los agravios del recurrente reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno a esta instancia.-
Asimismo, sin perjuicio que la recurrente cita diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, omite señalar adecuadamente la correlación fáctica entre aquellos y el caso de autos, ya que esos precedentes tratan sobre la protección frente al despido arbitrario en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.-
Por otra parte, tampoco se vislumbra como una violación o errónea aplicación de la ley cuando la Alzada afirma que: “...No se trató de las promociones de carácter automático de los art. 9 y 10 de ese escalafón. Debe tenerse presente que el art. 13 que aparecerían cumplidos (sic) (edad - ver su DNI fs. 3- y aprobado el ciclo medio ver recibos de sueldo rubro 00105) pero no el cumplimiento del art. 14 esto el previo concurso y acreditación de las condiciones y existencia de la vacante…” (cfr. PE966620-2023, pág. 11).- Y también que: “…el ascenso de módulo requiere un acto administrativo en que se den por cumplidos los requisitos del escalafón. La inexistencia de acto administrativo constituye una irregularidad grave en una administración pública que no puede dar lugar a la adquisición de un derecho…al no haberse acreditado una legítima promoción de la actora este agravio es atendible…se debe determinar si la duración del goce de cada módulo por la actora le significó haber adquirido un derecho a permanecer en el mismo […] la actora fue promovida al módulo 4 en el mes de noviembre de 2019 y en el recibo del mes de diciembre del mismo año se la degrado al módulo 3. Es decir permaneció en ese módulo, irregularmente como estableciera precedentemente, un mes. Se trata de un lapso ínfimo para que pueda considerarse una situación consolidada que le da derecho a una remuneración mayor. Tampoco es amplio el periodo en que la actora se encontró encuadrada intermitentemente en el módulo 3 como para que permita considerarse que ella gozaba de un derecho adquirido para permanecer en ese módulo...” (cfr. PE cit., págs. 12/13).-
VI. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE987941-2023, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1027012-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora obrante en PE987941-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE1027012-2023.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1051I.231 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3780 Folio N°: 6833/6836 Secretaría: 1
Fin de la sentencia