Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello al no haberse acreditado una legítima promoción de la actora este agravio es atendible.
Concuerdo con el recurrente en que establecido ello se debe determinar si la duración del goce de cada módulo por la actora le significó haber adquirido un derecho a permanecer en el mismo.
Antes, corresponde señalar que del examen de las copias de los recibos de haberes de la acto-ra, aportados por la demandada en copia en PE 248529/2921 y no cuestionados surge que en el mes de noviembre de 2020, con anterioridad al traslado de la demanda, la actora ya figura como perma-nente superando la condición de contratada. Por ello lo dispuesto en la sentencia ha sido otorgado sobreabundantemente y la demandada no lo critica.
De los recibos de sueldo agregados en copia y de la pericia realizada en el Gabinete Contable surge que la actora fue promovida al módulo 4 en el mes de noviembre de 2019 y en el recibo del mes de diciembre del mismo año se la degrado al módulo 3. Es decir permaneció en ese módulo, irregu-larmente como se estableciera precedentemente, un mes. Se trata de un lapso ínfimo para que pueda considerase una situación consolidada que le da derecho a una remuneración mayor. Tampoco es amplio el período en que la actora se encontró encuadrada intermitentemente en el módulo 3 como para que permita considerarse que ella gozaba de un derecho adquirido para perma-necer en ese módulo o a la intangibilidad del sueldo. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8040 Sentencia: 3007 Actor: REINOSO, Sirley Verónica Demandada: MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Objeto: Laboral-Cobro de Pesos Fecha:16/06/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veintitrés se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Co-mercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “REINOSO, Sirley Verónica c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ Laboral-cobro de pesos” Expte Nº 19935 del año 2020 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresaran en esta instancia bajo el Nº 8040. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Jorge Omar Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sen-tencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el Dr. Carlos Javier Bernasconi Lahn se presenta como apoderado de Sirley Verónica Reinoso promoviendo demanda laboral contra la Municipalidad de Caleta Olivia por cobro de pesos y restitución de categoría. Relata que revistaba en la categoría Módulo 4 de planta permanente hasta diciembre de 2019 y que fue rebajada primero a categoría módulo 3 y finalmente a Módulo 1 en el mes de marzo de 2020 sin previa notificación y resolución que justificare esta violación de los dere-chos laborales de su mandante. La califica de arbitraria con cita de jurisprudencia. Sostiene que ello es consecuencia de una manifiesta injusta y deleznable discriminación por razones políticas violatorio de lo dispuesto por los arts. 17 y 81 de la ley de contrato de trabajo y convenciones internacionales in-corporadas a la Constitución Nacional. Por ello solicita el pago de las diferencias salariales por rebaja de categoría y se ordene a la demandada la reposición en la misma. Señala los conceptos reclamados, detalla la prueba que ofrece, hace reserva, indica el derecho y pide que oportunamente se admita la demanda.
II. Que en la audiencia del art. 47 de la ley 1444 realizada por la emergencia sanitaria llevada adelante mediante la aplicación Microsoft Teams e instrumentada en el acta de fs. 39 no se llega a una conciliación. El Dr. Ramiro Castillo en representación de la demandada contesta en esa fecha la demanda con la pieza de fs. 35/38 y tras una serie de negativas y desconocimientos da su versión de los hechos. Califica de falsos los hechos en que se sustenta la demanda y sostiene que existe normati-va que regula la situación laboral de la actora. Relata que la actora Sirley Verónica Reinoso con el legajo 7116 ingresó a trabajar en la Muni-cipalidad de Caleta Olivia el 1/08/2015 y actualmente se desempeña en la Supervisión de Relaciones Institucionales dependiente de la Secretaria de Coordinación General siendo personal contratado con Módulo 1 del escalafón municipal.
Expresa que al asumir la nueva administración municipal en diciembre de 2019 encuentran innumerables irregularidades siendo una de ellas el aumento de módulos al personal que no reunía los requisitos para ello otorgados en los últimos meses por el saliente intendente. Estos aumentos se reali-zaron quebrantando la normativa prevista en el Escalafón para el Empleado Municipal, sin razón fác-tica alguna y por simple “amiguismo” y sin el correspondiente Decreto Municipal ni ningún acto ad-ministrativo, con sólo constancia en el recibo de haberes. Afirma que ni el Intendente ni ninguna auto-ridad Municipal firmaba la asignación del nuevo módulo lo que torna improcedente la situación labo-ral. Para fundar lo expuesto y la improcedencia de las diferencias de haberes reclamadas, recuerda que la LCT no resulta aplicable a los empleados municipales por disponerlo el art. 2 inc. a de esa nor-ma que transcribe y que conocemos.
Señala que la relación laboral del empleado municipal se encuentra regulada por el Estatuto para el Personal Municipal y por el Escalafón para el Personal Municipal y transcribe los arts. 8 y 14 del Escalafón y sostiene que esas condiciones no se cumplen habiendo ascendido la actora de módulo en forma irregular y detalla los distintos lapsos en cada módulo que demuestra que los ascensos fue-ron irregulares y quebrando la normativa establecida en el escalafón. Destaca la inexistencia de decreto o acto administrativo que avale esos ascensos.
Sostiene que por estas irregularidades resulta improcedente el reclamo de diferencias salariales por haber transcurrido pocos meses usufructuando la actora un módulo superior lo que impide se con-solide la adquisición de derecho y reitera los lapsos en que usufructuó el Módulo 3 y el módulo 4 para volver al módulo 3 a partir del enero del año 2020 y al módulo 1 a partir de marzo hasta la fecha.
Afirma que esta situación irregular ha sido corregida en tiempo oportuno por el Área de Recur-sos Humanos impidiendo que el paso del tiempo produzca la adquisición de un derecho a favor de la actora. Funda en derecho, ofrece pruebas y reserva el caso federal. Pide el rechazo de la demanda en todas sus partes con expresa imposición de costas.
III. Que, luego de las ampliaciones de prueba de las partes que obran a fs. 40 y 41 que fueron proveídos a fs. 42, se abre la causa a prueba y se provee la considerada pertinente por providencia de fs. 43.
Producida la prueba de la que da cuenta el certificado de la Actuaria identificado como PE502274/2022 y se ponen los autos para alegar por PE 505602/2022. Solo hace uso del derecho de alegar sobre el mérito de la prueba el Dr. Castillo apoderado de la demandada.
La sentencia identificada dentro del SIPED como PE664852/ 2022 admite la demanda articu-lada por apoderado por la Sra. Sirley Verónica Reinoso contra la Municipalidad de Caleta Olivia y condena a la demandada a restablecer a la accionante en su categoría correspondiente al Módulo 4 y su pase a planta permanente. Asimismo hace lugar al pago de las diferencias salariales adeudadas a la actora desde el mes de enero de 2020 hasta el momento que se la restituya a su situación de revista conforme lo expresado en el párrafo precedente en razón de los argumentos dados en los consideran-dos, condenando a la demandada a abonar a la actora las sumas que resulten de la liquidación que practicará el Perito Contable dependiente del Tribunal, conforme se dispone en los considerandos, una vez notificada y firme la presente. Costas a la vencida. Ordena librar oficio a la Municipalidad de Ca-leta Olivia y al Sindicato de Empleados Municipales a los fines indicados en los considerandos. Difie-re la regulación de honorarios hasta el momento en que se produzca la liquidación dispuesta en el punto 1). Determina la tasa de justicia y exime de su pago a la condenada en costas en razón de lo dispuesto en el art. 45 de la ley provincial 3271. El resto es de forma.
IV. Que disconforme con el fallo la demandada por intermedio de su apoderado interpone y funda recurso de apelación contra la sentencia mediante el escrito de expresión de agravios de PE675102/ 2022. Le es concedido libremente y con efecto suspensivo por providencia de PE431918/2022 que concede traslado a la contraria y exime del pago de la tasa de justicia. El traslado no es contestado por la actora a quien por providencia en PE714061/2022 se le da por perdido el de-recho de contestar los agravios. Dispone la elevación de los autos y la certificación de estilo. Se inte-gra Cámara con el Dr. Jorge Omar Alonso. Los autos pasan estudio para dictar sentencia y se fija el orden para ello.
V. Que agravia a la demandada la condena que contiene la sentencia en cuanto le ordena res-tablecer a la actora en el Módulo 4 y su pase a planta permanente y hace lugar al pago de diferencias salariales desde enero de 2020 y hasta el momento de la restitución de la situación de revista.
Le agravia lo resuelto por cuanto se realizó un análisis parcializado de la prueba sin considerar elementos determinantes que torna arbitraria la sentencia. Expresa que de los elementos de prueba se acredita que el aumento de módulo de la actora se produjo en forma irregular sin cumplir con el esta-tuto y el escalafón del personal municipal. Se refiere a su relato de los hechos y las irregularidades con que la nueva Administración se encontró al asumir una de las cuales era el aumento de módulos a personal que no reunía los requisitos para ello en los últimos meses de mandato del intendente salien-te. Expresa que estos aumentos de módulo se efectuaban quebrantando la normativa del Escalafón, sin razón fáctica y por simple amiguismo y sin dictar el correspondiente Decreto Municipal, resolución ni ningún acto administrativo, con una constancia en el recibo de sueldo. Resalta que ninguna autori-dad Municipal firmaba la asignación de nuevo módulo por lo cual la situación laboral es improcedente la situación pretendida por la actora. Critica que la sentencia haya sostenido que ella no ha logrado demostrar los hechos del escrito de responde es decir la existencia de un acto administrativo que hubiera dispuesto el aumento de mó-dulo de la actora como pretendió por la prueba ofrecida a fs. 41 punto b de la que estuvo notificado al retirar el expediente para alegar lo que habría, para la Sra. Conjueza, tornado operativo el apercibi-miento y constituyendo una presunción en su contra. Califica de error el razonamiento de la Sra. Con-juez pues existe un error de interpretación ya que su parte, al contestar, sostuvo que no existía acto administrativo que hubiera dispuesto el aumento de módulo a la actora y que dicho aumentos se efec-tuó quebrantando la normativa del Escalafón para el Empleado Municipal sin razón fáctica y por sim-ple amiguismo.
Por ello entiende que la sentencia yerra y la torna arbitraria al considerar que no se acompañó la documental requerida por la parte actora y considerarlo una presunción en contra de su parte. Sos-tiene que su parte cumplió en acompañar la documental requerida en PE248529/2021 y que el Juzga-do tuvo por cumplida la intimación en proveído del 22/9/2021 en PE 178614/2021 que transcribe. Señala que con esa documental se confeccionó la pericia contable de autos. Afirma que la ausencia de acto administrativo que haya dispuesto el aumento perjudica a la actora y beneficia a su parte al desprenderse que existió una irregularidad.
Le agravia que se haya interpretado la prueba en forma contraria sin que existan razones que permitan concluir que la ausencia de acto administrativo beneficia a la actora.
Razona que acredita la ausencia de acto administrativo debe analizarse si el tiempo que la acto-ra percibió los módulos 3 y 4 permiten sostener que adquirió el derecho a una remuneración mayor por el transcurso del tiempo.
Respecto del Módulo 4 expresa que se encuentra acreditado que la actora percibió el módulo 4 en el mes de noviembre de 2019 es decir solo un mes. Entiende que la sentencia no puede sostener que la actora adquirió el derecho a percibir el módulo mayor por no haber transcurrido un tiempo pru-dencial que haya producido el efecto de adquisición del derecho a una mayor retribución mayor.
Razona que la interpretación de la Sra. Conjueza a quo llevaría a sostener que cualquier error en un recibo de sueldo constituye un derecho adquirido del trabajador.
Concluye que el aumento de módulo se realizó en forma irregular y que percibió este módulo sólo el mes de noviembre de 2019.
Hace hincapié en que la sentencia omite valorar la incomparecencia de la actora a la audiencia de declaración de parte que genera la presunción de tener por reconocidos los hechos afirmados por la contraparte. Detalla los hechos que a su juicio deben tener por probados.
Critica que la magistrado no haya admitido el planteo de inidoneidad que su parte planteara contra la testigo Robles por no estar probado, siendo que el art. 434 del CPCC no resulta aplicable en el proceso laboral. Recuerda que es de aplicación el art. 67 de la ley 1444, y que la Sra. Robles decla-ró, bajo juramento, a los 4 m, 56s. ser prima de la actora lo que la quita la calidad de imparcial de todo testigo que obliga a analizar en forma rigurosa su declaración. Critica la verosimilitud de los testigos Fernando Martín Cabrera (a los 9 minutos al dar razón de sus dichos) y Gabriel Alejandro Perea (a la 1 hora 19m y 1 h. 20m). Critica que la sentencia le imponga probar la inidoneidad del testigo imponiendo una prueba de imposible producción tal la de acreditar el parentesco de primos hermanos de la actora, de sus amigos íntimos omitiendo lo declarado bajo juramento por los testigos ofrecidos por la propia actora.
Entiende acreditado que no se ha producido adquisición de la actora del derecho al módulo 4 por cuanto sólo se le liquidó los haberes con dicho módulo en noviembre de 2019.
Ataca la sentencia en cuanto reconoce derecho a la percepción del módulo 3 cuando de la propia documental acompañada por las partes y la prueba contable (PE347594/2021) surge que la actora percibió el módulo 3 desde junio de 2019 a febrero 2020 (salvo noviembre) en un total de ocho meses, que se la incluyó en ese módulo en forma irregular sin respetar el Escalafón, por simple ami-guismo y sin dictar el correspondiente decreto municipal, resolución o acto administrativo y por ello entiendo que no se produjo adquisición del derecho. Cita jurisprudencia que se tiene presente. Se agravia por la aplicación en la sentencia de la tasa activa cartera general (prestamos) nomi-nal anual vencida a treinta días, en términos que se tienen presente en este acto.
El traslado de los agravios no fue contestado por la parte actora.
VI. Que antes de ingresar al examen de los agravios quiero señalar aspectos del despacho que se deben mejorar. Por ejemplo al proveer el escrito de fs. 25 no se advirtió en el despacho que se pre-senta en el encabezamiento el Dr. Carlos A. Prades quien sin ser parte constituye domicilio y acompa-ña dos juegos de copia de la demanda y las pruebas (aparece además en el Siped presentando escrito), pero él no lo firma y está suscripto por el apoderado de la parte actora Dr. Carlos J. Bernasconi Lahn. Se lo provee por un lacónico “Agréguese y hágase saber” a fs. 25vta. Se debió advertir como se advir-tió la presentación PE 549460/2022 un oficio al Registro Civil en el juicio de divorcio de la actora (quien al firmar el acta poder de fs. 4 dice ser de estado civil soltera) donde se hizo saber que no co-rrespondía a los autos en providencia de PE 355872/2022. Hay un error en la certificación al tener por cumplida la prueba informativa de la demandada. Solo se cumplió en forma parcial en lo que hace a la presentación de los recibos de haberes (punto e de fs. 41) también ofrecida por la actora como prueba de exhibición de documental aunque no la de-talla al referirse a la “documentación de ley” (ver fs. 40). No hay constancia del libramiento del oficio para prueba informativa de fs. 41 ni de su contestación. Pero las partes no lo observaron. Por otro lado la Sra. Conjueza hace referencia en la sentencia con respecto de la tasa de inte-rés, al “cambio de criterio protagonizado por este sentenciante a partir del dictado del fallo en los au-tos “Parra Eva c/ Esteban Sandra Lilián y otros s/ laboral” expediente Nº 8429, con fecha 19 de abril de 2011… siendo que a esa fecha ella no había sido designada como Conjueza.
Debe tomarse nota a fin de corregir estas circunstancias.
VII. Que a los fines del tratamiento de los agravios debe tenerse presente que, como se expre-só en el escrito de contestación de la demanda (fs. 36 vta.), la LCT 20744 (digesto ley P-1018) las disposiciones de esa ley no serán aplicables a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo.
La relación de los trabajadores con la administración pública se rige por el derecho administra-tivo y constitucional que nace del art. 14 bis de la Constitución Nacional, en cuanto protege del despi-do arbitrario al trabajador en el ámbito privado, mientras acuerda estabilidad al empleado público. Aunque no guarda relación con esta causa, no está de más señalar que esta especial protección del empleado público encuentra su razón de ser en la necesidad de eliminar la facultad discrecional del poder público, protegiendo a los dependientes de la administración de la arbitrariedad estatal donde éstos se convierten en un botín electoral, evitando las cesantías en masa en ocasión de los cambios de gobierno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la concepción de la estabilidad propia del empleado público consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Los empleados públicos si bien no incluidos en la LCT gozan además de otros beneficios re-glamentados y se rigen, en este caso, por estatutos especiales. Son estos el Escalafón para el Personal de la Municipalidad de Caleta Olivia aprobado por Ordenanza Municipal 1575/94 y el Estatuto para el personal de la Municipalidad de Caleta Olivia aprobado por Ordenanza Municipal 1524/94. El 30 de abril de 2015 el HCD por decretos 005/2015 y 006/2015 aprobaron los textos ordenados del esca-lafón y del estatuto respectivamente. A ellos me referiré y utilizaré en mi voto.
Es de público conocimiento la fecha en que la actual Administración Municipal asumió sus funciones (diciembre de 2019). Es también de público conocimiento que existe un abuso, común en quienes dejan la función, tal la corruptela de pasar, graciosamente, como un premio concedido por un monarca, a planta permanente a los contratados o ascender de módulos a los otros dependientes, fuera de las reglas en este caso del escalafón a personal afín. Es fácil quedar bien con el dinero público sin respetar las normas administrativas. Ingresando al examen de los agravios entiendo que le asiste razón a la recurrente en cuanto critica que la sentencia sostenga que no ha logrado demostrar los hechos invocados en el memorial de contestación de demanda, “esto es la existencia de acto administrativo que hubiera dispuesto el au-mento de módulo de la actora, tal como pretendió a través de la prueba ofrecida a fs. 41 punto b ya que estuvo notificado de la providencia obrante a fs. 43…”.
Y tiene razón en su crítica el recurrente desde que precisamente, en su contestación de deman-da sostuvo, expresa y claramente, que no existía ningún decreto, acto administrativo alguno, por lo que mal puede sostenerse que no haya logrado demostrar la existencia del acto administrativo que él negaba. Cabe preguntarse: ¿cómo puede un litigante tener la carga de demostrar la existencia de un hecho que él está sosteniendo que no ocurrió?. Su interés está en negar la existencia de actos adminis-trativos que avalaran la promoción de módulos. La contraria es quien debía demostrar que existió un acto administrativo que la pasaba a planta permanente y luego otros que avalaran los ascensos a los módulo 3 y luego al módulo 4 y que estaban dadas las condiciones para ello como señala el art. 8 del Escalafón para el Personal Municipal.
Pero no intentó ninguna medida en ese sentido siendo que quien es ascendido tiene conocimiento de cómo, cuándo y con que instrumento legal ha sido promovido de módulo. No se trató de las promociones de carácter automático de los art. 9 y 10 de ese escalafón. Debe tenerse presente que el art. 13 que aparecerían cumplidos (edad – ver su DNI fs. 3- y aprobado el ciclo medio ver recibos de sueldo rubro 00105) pero no el cumplimiento del art. 14 esto es el pre-vio concurso y acreditación de las condiciones y existencia de la vacante que surgen de los conside-randos del decreto o del acto administrativos de promoción. Con el razonamiento de la sentencia si se ingresa a la administración o eleva de módulo irregularmente a un agente municipal que no tenga la edad, ni terminada la enseñanza primaria (art. 12 del Escalafón) o que haya sido condenado por delito contra la administración pública (art. 10 inc b) del Estatuto del Personal), la irregularidad queda des-plazada o purgada por la adquisición de un derecho.
Es parcialmente errado el razonamiento de la sentencia cuando dice hacer efectivo el aperci-bimiento de fs. 43. La recurrente sostiene haber presentado los recibos de sueldos y cumplió en pre-sentar esa documental que le fuera requerida (ver PE 248529/ 2021) y el Juzgado en PE 178814/2021 tuvo por cumplida la intimación. Pero lo cierto es que, a fs. 41, en la prueba informativa de la deman-dada, capitulo B apartado d, se pedía a la Subsecretaria de Recursos Humanos de la Municipalidad de Caleta Olivia se informe, “d) Si se dictó un decreto o algún acto administrativo disponiendo el aumen-to de módulo a la actora y en caso afirmativo acompañe el mismo.” Se advierte que el objeto de la prueba era interrogar sí había un decreto o acto administrativo.
Si se hubiera querido probar lo contra-rio se hubiera pedido que acompañara el decreto o acto administrativo por el que se promovió a la actora identificándolos. Pero no hay constancias en autos que este oficio se hubiera librado, ni se cuenta con una contestación. En la certificación de la prueba de PE 502274/2022 hay un error toda vez que da por cumplida esa prueba y se debió informar que estaba pendiente. Debe tenerse presente que a fs. 43 vta. el apercibimiento establecido fue de “tenerlo por desistido de dicha prueba” y darle, en su caso, por perdido el derecho de producirlo. No se estableció como apercibimiento que ello ori-ginaría una presunción en contra de la oferente. Y menos llegar a una conclusión, como hace la sentencia a partir de lo que ella considera pre-sunción: “a contrario sensu, si no hubo un acto administrativo que dio lugar a al aumento de la catego-ría de la actora, ergo, esta adquirió ese derecho desde el momento que le otorgó ese derecho, por lo que nunca pudo ser despojada del mismo so pena de incurrir en una flagrante alteración del contrato de trabajo…”.
Es un razonamiento errado desde que, precisamente, el ascenso de módulo requiere un acto administrativo en que se den por cumplidos los requisitos del escalafón. La inexistencia de acto admi-nistrativo constituye una irregularidad grave en una administración pública que no puede dar lugar a la adquisición de un derecho. Por otro lado no puede dejarse de lado que los dependientes de la adminis-tración municipal no están incluidos en la LCT donde sí la solución según las circunstancias puede ser otra.
Por ello al no haberse acreditado una legítima promoción de la actora este agravio es atendible.
Concuerdo con el recurrente en que establecido ello se debe determinar si la duración del goce de cada módulo por la actora le significó haber adquirido un derecho a permanecer en el mismo.
Antes, corresponde señalar que del examen de las copias de los recibos de haberes de la acto-ra, aportados por la demandada en copia en PE 248529/2921 y no cuestionados surge que en el mes de noviembre de 2020, con anterioridad al traslado de la demanda, la actora ya figura como perma-nente superando la condición de contratada. Por ello lo dispuesto en la sentencia ha sido otorgado sobreabundantemente y la demandada no lo critica.
De los recibos de sueldo agregados en copia y de la pericia realizada en el Gabinete Contable surge que la actora fue promovida al módulo 4 en el mes de noviembre de 2019 y en el recibo del mes de diciembre del mismo año se la degrado al módulo 3. Es decir permaneció en ese módulo, irregu-larmente como se estableciera precedentemente, un mes. Se trata de un lapso ínfimo para que pueda considerase una situación consolidada que le da derecho a una remuneración mayor. Tampoco es amplio el período en que la actora se encontró encuadrada intermitentemente en el módulo 3 como para que permita considerarse que ella gozaba de un derecho adquirido para perma-necer en ese módulo o a la intangibilidad del sueldo. Por ello propugno se modifique también en este aspecto la sentencia.
Aclaro que para llegar a esta solución tengo en cuenta que nos encontramos analizando un caso de empleo público regido por el derecho administrativo y de los estatutos referidos más arriba donde se encuentra reglado el paso de un módulo al siguiente que no aparecen cumplidos. Distinta sería la conclusión en las relaciones laborales regidas por la LCT donde se hace necesario un mayor examen.
Como argumenta la recurrente en agravios la circunstancia que por un error administrativo (o un acción irregular agrego) sí a un dependiente se le liquida un mes como módulo 7 (el más alto del escalafón) el operario-por este error o acto irregular- habría adquirido, siguiendo el razonamiento de la sentencia un derecho de percibir esa remuneración hasta la jubilación. El sentido común nos está indi-cando que ello es un absurdo toda vez que en el derecho administrativo ello no es así. El mismo ejem-plo vale para analizar en este caso la promoción de la actora al módulo 3. No se me escapa que se ha tenido en la jurisprudencia, por adquirido un derecho en los casos del personal que ha permanecido largos años como contratado, pero éste, no es el caso. Si mis conclusiones no son compartidas y requieren un mayor análisis entiendo que éstas no se ven conmovidas por la presunción que surge de la no concurrencia a la audiencia de posiciones y los hechos que surgirían de las declaraciones testimoniales prestadas.
En efecto no he tomado en consideración lo que surgiría de valorar estas pruebas y que para reforzar su crítica el representante de la demandada sostiene que la sentencia omite valorar la incom-parecencia a la audiencia de declaración de parte (PE142655/20219) que generaría una presunción en su contra y que por ello debe tenerse por reconocidos “los hechos afirmados por su contraria” por confesión ficta.
Si bien es cierto que la sentencia omite toda consideración al respecto, pero recordemos que no estaba obligada la Conjueza a valorar todas las producidas. Acá debemos poner un poco de orden a la confusión entre el proceso civil y las normas del proceso laboral que se mezclaron. Y si bien hemos aclarado que la LCT no se aplica a los dependientes de la Administración Municipal, a estas actuacio-nes se le ha dado el trámite de la ley 1444 en el proveído de fs. 17 y vta. consentido por ambas partes. La parte demandada había ofrecido la prueba confesional de la actora y pidió se fija audiencia a fin de ésta absuelva posiciones. Aclaro que al solicitarlo así se ajustó a lo que indica el art. 64 de la ley 1444 (ver fs. 37 vta.).
Pero, al proveer la prueba a fs. 43 se señala audiencia de parte a fin que la actora comparezca a absolver posiciones para el día…. Y se ordena notificar “bajo apercibimiento y transcripción de lo dispuesto por el art. 387 del CPCC”. Ello es confuso toda vez que la ley 3453 al modificar el CPCC e instalar la declaración de parte en lugar de las tradicionales posiciones no modi-ficó la ley 1444 que en su art. 121 declara aplicables al proceso laboral una serie de artículos del viejo CPCC. Pero nunca puede remitir a una legislación que, en la fecha de su dictado, no existía. Por ello la ley del rito laboral sigue remitiendo al CPCC ley 1418, como el viejo código remitía, en el juicio de desalojo, a los artículos pertinentes de la ley de locaciones urbanas Nº 21342 cuyas normas procesales fueran derogadas por la ley Nº 22434.
Fue confuso fijar audiencia de parte para que la actora compareciera a absolver posiciones. Esta confusión tal vez llevó a que el pliego no se ajustara a los términos del CPCC ley 1418 sino a la de declaración de parte del actual CPCC. Por ello el apercibimiento es el del art 387 del CPCC ley 1418 (por envío del art. 64 de la ley 1444) que a su vez remitía al art. 395 del mismo cuerpo legal que importaba que la jueza lo tuviera por confeso sobre los hechos personales (contenidos en la posición se entiende) teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas. Ergo no se puede entender que la actora incurrió en confesión ficta en este caso, habida cuenta que el plie-go presentado no contiene posiciones que se niegan o admiten, sino preguntas que requieren respues-tas.
Entiendo que este argumento con el que la parte pretendía reforzar sus agravios no es, por estas razones atendible, aunque ello no altera la admisión del agravio por todo lo expuesto más arriba y haberse realizado la promoción de la actora en forma irregular violando el escalafón. Refuerza también el representante de la demandada sus agravios criticando que se hubiera en-tendido por la Sra. Conjueza no probada la alegación de inidoneidad de la testigo Robles que se en-cuentra regida por el último párrafo art. 67 de la ley 1444 de texto semejante al art. 434 del CPCC mencionado en la sentencia. Considero que, al contrario de la opinión de la Sra. Conjueza la alegación de falta de idoneidad de la testigo Norma del Rosario Robles es procedente.
En efecto esta testigo re-conoció en la audiencia ser prima de la actora y al pedírsele precisiones quedó establecido que era en primer grado, que era prima hermana. Ello implicaba tener por probado la alegación y tener que valo-rar su testimonio con mayor rigurosidad. Y si vamos a su testimonio tenemos que no trabajó en la Mu-nicipalidad y expresa que sabe lo declarado por las redes y que no tiene contacto con otras personas que padecieran la baja del módulo. No sabe el procedimiento seguido para ascenderla, ni si fue por decreto, no sabe si la rebaja fue general para todos los agentes ascendidos o solo a la actora. Sabe lo declarado por comentarios de su prima. Por ello entiendo que su testimonio no realiza aportes serios a la causa.
El testigo Fernando Martín Cabrera conoce a la actora de "la agrupación" no hace aportes de hechos que llegaron a su conocimiento por apreciación personal y dice que ella le relataba de su an-gustia y persecuciones por ser de la oposición y conjetura que a la “gente de Prades le pasaría lo mis-mo”.
El testigo Gabriel Alejandro Perea dice ser amigo íntimo de la actora y si bien dice conocer a la actora del trabajo termina reconociendo que es por cosas que le han contado y el vínculo.
El testigo Navarro es amigo, trabajó en la Municipalidad y dice haber sido despedido. Conoce a la actora de muchos años. Que fue rebajada lo sabe por referencias de ella. El testigo no trabajó con ella y fue parte del espacio político de ella.
Como se advierte de lo expuesto y lo que surge de escuchar las declaraciones en grabación, estos testimonios carecen de fuerza de convicción y nada agregan en favor de la causa de la actora y por ello no los consideré al llegar a mi propuesta.
Por lo expuesto hasta aquí se advierte que si mi propuesta es aceptada el tercer agravio se vuelve abstracto. Reservo el derecho de contestarlo en el improbable supuesto que la mayoría entien-da que se debe confirmar la sentencia.
VIII. Que por estas razones respondo en forma negativa a la primera cuestión toda vez que entiendo que la sentencia no es justa, sin perjuicio de las circunstancias que hacen al procedimiento como la presentación de un escrito en que en el encabezamiento aparece el Dr. Prades sin ser parte en el expediente, si bien firmado por el apoderado de la actora y aparecer en el SiPed como presentando un escrito; el error de la certificación de prueba y la adjudicación del cambio personal de criterio que se señalan en el considerando VI para su corrección en el futuro. Así lo voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Comparto en un todo los fundamentos del voto que antecede y los considero justos. Ad-hiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que en función de las razones y argumentos vertidos en mi voto al contestar la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar los agravios expresa-dos por la demandada por intermedio de su representado sin perjuicio de los argumentos que se consi-deraron no atendibles o la cuestión que se consideró abstracta. 2º) Señalar los aspectos que se deben mejorar durante la tramitación que se señalaron en el considerando VI. 3º) Revocar la sentencia en crisis disponiendo el rechazo de la demanda promovida por la actora Sirley Verónica Reinoso contra la Municipalidad de Caleta Olivia. 4º) Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado, por haberse creído la actora con derecho a litigar por la situación de hecho originada. (art. 68 segunda par-te del CPCC) 5º) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto obre en autos regulación en la instancia de grado. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. Entiendo que la propuesta se ajusta a lo decidido y resulta justo y equitativo. Adhiero por ello a la misma.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 16 de junio de dos mil veintitrés
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar los agravios expresados por la demandada por intermedio de su representado sin perjuicio de los argumentos que se consideraron no atendibles o la cuestión que se consideró abstrac-ta.
2. Señalar los aspectos que se deben mejorar durante la tramitación que se señalaron en el considerando VI.
3. Revocar la sentencia en crisis disponiendo el rechazo de la demanda promovida por la ac-tora Sirley Verónica Reinoso contra la Municipalidad de Caleta Olivia.
4. Imponer las costas en ambas instancias en el orden causado, por haberse creído la actora con derecho a litigar por la situación de hecho originada. (art. 68 segunda parte del CPCC).
5. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto obre en autos regulación en la instancia de grado.
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Jor-ge Omar Alonso no vota por no existir disidencia en este Acuerdo. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201019S.231 Tomo: XCVIII Sentencia: 3007 Folio Nº: 148/157 Secretaria: 1
Fin de la sentencia