Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2323/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 731/739, únicamente en lo referido a la condena en costas y la tasa de interés aplicable. En consecuencia casar parcialmente el pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 712/721 vta. imponiendo a la actora las costas generadas en el proceso en ambas instancias como consecuencia de la falta de legitimación pasiva opuesta por los Dres. Marcos Bucci y Patricia Liliana Soria resuelta favorablemente; estableciendo que al monto resultante de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, conforme lo expresado en el Considerando IX.-
2Declarar de oficio la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 712/721 vta. en la parcela que dispone la regulación de honorarios, -punto 5° de la parte resolutiva-; debiendo reenviar las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que adecue la regulación de honorarios a las pautas indicadas en la presente.-
3Rechazar el resto de los agravios, confirmando dicha sentencia en lo demás que decide.-
4Imponer las costas de esta instancia por su orden en atención a la manera como se decide.- …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2323/19-TSJ Interlocutorio N°: 707 Actor: REINOSO ZULEMA DEL VALLE Demandada: AMAYA RAMÓN CÉSAR Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 29-04-2022 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 707 FOLIO Nº 4218/4227 PROT. ELECT. TSS1 008 S.221
Río Gallegos, 29 de abril de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “REINOSO ZULEMA DEL VALLE c/ AMAYA RAMÓN CÉSAR Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº R-17.793/16 (R-2323/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Flavia Gimena Amaya (cfr. fs. 731/739), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 712/721 vta., la cual admitió la excepción de falta de legitimación pasiva con relación a los codemandados Dres. Marcos Bucci y Patricia Liliana Soria, mantuvo la condena fijada en Primera Instancia, únicamente, contra el Dr. Ramón Cesar Amaya, reduciendo el monto por el cual prospera la acción y modificando los honorarios allí regulados.- Sintéticamente, el objeto de la demanda fue la obtención de una indemnización por mala praxis contra los Dres. Ramón César Amaya, Marcos Gustavo Bucci y Patricia Liliana Soria por su actuación como apoderados de la aquí actora en los autos: “Yapura, Ventura del Valle y Reinoso, Santos Vicente s/ Sucesión AB-Intestato”, agregados por cuerda a foja 607.-
La pretensión recibió favorable acogida en Primera Instancia donde fueron condenados los nombrados precedentemente a indemnizar a la parte actora por el valor del cincuenta por ciento (50%) del inmueble que integraba el acervo hereditario con más las costas del juicio.-
Apelada dicha sentencia, fue modificada, en parte, por la Alzada que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los Sres. Bucci y Soria, le atribuyó únicamente al Dr. Ramón Cesar Amaya responsa-bilidad por mala praxis en perjuicio de la actora, redujo la condena pecuniaria impuesta a éste último en la anterior instancia (en un 50%), modificó las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes y fijó los correspondientes a la actuación en Cámara. Finalmente impuso la totalidad de las costas en ambas instancias a los demandados.-
II. Contra este fallo, la demandada ocurre en casación. La recurrente expresa: “Que se encuentra en crisis la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial y resulta nula, al haber incurrido en quebrantamiento de las formas en cuanto el fallo excede el encuadre formal previsto, violando el principio de congruencia.” (cfr. foja 737). Agrega al respecto que: “…las extensas argumentaciones de hecho y derechos efectuadas en el memorial de responde de demanda, no han sido merituadas, y menos aún los antecedentes del expediente que da origen a la pretensión. Si hay un responsable del hecho denunciado, ha sido la misma parte que no acompañó las piezas documentales pertinentes, y en la misma medida, el actuar omisivo de su nuevo letrado, Dr.
Cano, que no realizó las medidas que le correspondía, una vez asumida su representación […] Es decir, surge de la misma sucesión, que quién equivocó el camino tendiente a proteger los derechos de la Sra. Zulema Reinoso, fue el mismo Dr. Cano, que paradójicamente es el letrado que lleva a su cargo la acción en contra de sus colegas. Ello ha sido materia de clara defensa por parte de los demandados y no ha sido merituado en autos, en la sentencia apelada, lo que convierte a la misma en manifiestamente arbitraria.” (cfr. foja 738).- Por otro lado afirma que: “Considero que se ha violado el pirncipio (sic) de imposición de costas, toda vez que se ha condenado en costas a esta parte, en relación a todos los honorarios de los letrados y peritos.
La Cámara ha receptado la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los Dres Bucci y Soria...Es decir, los honorarios derivados de la admisibilidad de dicha excepción deben ser soportados por la actora, en su condición de peridosa (sic), por traer a la Litis a los demandados excepcionantes […] En el peor de los casos, los honorarios deben ser soportados por los letrados patrocinados en la excepción, pero realmente no existen antecedentes en [la] frondosa literatura jurídica de esta imposición de costas al letrado patrocinante que con su pericia gana una excepción. Por esas razones, pido expresamente que los honorarios correspondientes a la excepción admitida sean soportados por la actora perdidosa, a favor del letrado que la propició, el Dr.
Amaya. En el peor de los casos, consideramos que en el caso presente han existido vencimientos parciales y mutuos, toda vez que la pretensión de la demanda, y el resultado del pleito en Segunda Instancia son sustancialmente distintos, habiendo prosperado la acción por una suma mucho menor a la petición.” (cfr. foja 738 vta.).- Alega que: “…adviértase que se toma un monto del proceso a los fines regulatorios de $ 378.947,24, y sumando la totalidad de los honorarios regulados al Dr. Cano, Dres. Bucci, Soria y al Perito Tasador Eduardo Peralta, se llega a un monto superior al cincuenta por ciento (50 %) del monto del proceso mencionado ut supra, lo que implica notoriamente una violación a las normas de fondo citadas, estando ante un caso de violación a la ley.
Por ello, en el peor de los casos, deben prorratearse y limitarse los honorarios a cargo de esta parte, hasta el 25% del monto tenido en cuenta para regular honorarios.” (cfr. fs. 738 vta./739).- Por último se agravia de la tasa de interés aplicable; “Conside-ramos que en el caso presente debe aplicarse la tasa pasiva promedio del BCRA, a los fines de actualizar el monto del proceso, de acuerdo al criterio sostenido por el TSJ de nuestra Provincia en reiteradas oportunidades.” (cfr. foja 739).-
Concluye solicitando que se decrete la nulidad o, en su defecto, se case la sentencia recurrida (cfr. foja cit.).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 741 y vta., este Tribunal Superior de Justicia lo declara bien concedido a fs. 767 y vta., poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, facultad de la que ninguna de las partes ha hecho uso (cfr. certificación de foja 770).-
A fs. 771/774 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, quien, por los motivos que allí expone y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad, expresa que: “…los agravios esgrimidos por la demandada no deben prosperar, con excepción de lo mencionado respecto del tipo de tasa aplicable.” (cfr. foja 774 vta.). Es oportuno aclarar, con relación a la tasa de interés, que el funcionario señala que la aplicación de la tasa pasiva es el criterio imperante en el Alto Cuerpo y por ello es esta última la que deberá aplicarse.-
A foja 776 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 777 pasan las presentes a estudio.-
III. Para mayor claridad del análisis, los agravios de la casacionista pueden agruparse en tres clases: a) los que procuran se anule la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones, denunciando quebrantamiento de forma; b) los que atacan la decisión sobre el fondo, esto es la responsabilidad que le cupo al Dr. Amaya en la mala praxis que denuncia la Sra. Zulema del Valle Reinoso; y c) los que controvierten lo decidido sobre cuestiones accesorias como la condena en costas, regulaciones de honorarios, a lo que sumamos la tasa de interés.-
IV. Marcada esta diferencia comenzaremos por los agrupados en el punto a). Señala la recurrente que ha existido quebrantamiento de formas por la omisión, en Cámara, de tratar cuestiones propuestas por su parte en la apelación. Concretamente refiere que: “...el responsable del daño fue el Dr. Cano, durante cuya gestión sucedió el daño [...] el 'A quo' evitó el tratamiento de nuestras defensas y excepciones y se abstuvo de examinar la conducta del Dr. Cano que podría haber liberado a los demandados [...] También resulta discutible el actuar del Escribano a cargo del tracto abreviado que al tomar vista del expediente, debió notar que la misma heredera Nélida Reinoso, denuncia que hay otra heredera, su hermana, con igual derecho, y no existe cesión alguna en autos.
Ese examen de legalidad, que debe hacer el escribano no fue realizado ni tampoco impugnado por el Dr. Cano, que al conocer el acto de venta, debió impulsar una acción en contra de Nélida Reynoso, y en su caso el escribano que no tomó los recaudos necesarios para realizar la operación [...] Ello ha sido materia de clara defensa por parte de los demandados, y no ha sido merituado en autos en la sentencia apelada...” (cfr. fs. 737 vta./738). En síntesis, dice la casacionista que los responsables del perjuicio a la aquí actora fueron su actual letrado Dr. Cano y el Escribano que intervino en la escrituración del inmueble que integraba el acervo hereditario y que este planteo defensivo, que opuso al apelar la sentencia de Primera Instancia, no fue tratado por la Cámara, de allí la nulidad por quebrantamiento de forma que pretende.- La demanda tiene por objeto un reclamo por daños y perjuicios derivados de una mala praxis que se le atribuye a los Dres.
Amaya, Bucci y Soria, cometida en la tramitación del juicio sucesorio de los padres de la aquí actora y, por ello, lo que en autos se debe examinar es la actuación de los mentados profesionales. Demás está decir, no obstante el planteo efectuado a fs. 737 vta./738, que es ajeno a este proceso juzgar, como pretende la casacionista, el desempeño del Dr. Cano en el proceso sucesorio en cuestión y la responsabilidad que le pudo caber al nombrado, como al Escribano que intervino en la escritura mediante la cual se transmitió el inmueble del acervo sucesorio de los padres de la aquí actora. De lo contrario se estaría violando elementales garantías jurisdiccionales como lo son el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, cuando ni el Escribano ni el Dr.
Cano son partes en este proceso. A mayor abundamiento cabe precisar que ni siquiera la casacionista propuso, en su oportunidad, integrarlos formalmente a la litis.- Es atinente sobre esta cuestión transcribir el siguiente párrafo del fallo recurrido, en el cual, luego de hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los Dres. Bucci y Soria expresó la Alzada: “...Por estas razones, entiendo que la única responsabilidad profesional que corresponde analizar en éstos en cuanto a su debida práctica es la del Dr. Ramón César Amaya...” (cfr. foja 717).-
En síntesis no puede existir el quebrantamiento de forma denunciado porque el planteo, en base al cual se lo ha efectuado, es absolutamente improcedente e inconducente para la resolución de esta litis.-
A mayor abundamiento, en cuanto al planteo sobre la presunta incongruencia de la sentencia impugnada (cfr. foja 737 vta.), es oportuno traer a colación lo dicho por Guillermo Jorge Enderle, quien señala que la congruencia “… aparece entonces como coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. aut. cit.: “La congruencia procesal”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, pág. 57). Con idéntico criterio, este Tribunal ha entendido que: “… el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al art. 34, inc. 4to. y 164, inc. 6to. del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas...” (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 425, Folio 2322/ 2327).- Así las cosas, se constata que este pretenso agravio es inadmisible ya que el principio de congruencia no se vulnera si -como acontece en el sub lite- los jueces de grado “...no se desentendieron de los temas litigiosos sometidos a su conocimiento, dándoles respuesta suficiente mediante la debida fundamentación legal (conf. doct. causas L. 118.047, “Mignone”, resol. del 12-XI-2014; L. 110.490, “Suárez”, sent. del 3-X-2012; L. 108.740, “Rossi”, sent. del 3-V-2012)” (cfr. SCBA, “Chaves Mario Jesús c/ Dirección General de Cultura y Educación s/Amparo Sindical”, 26/08/2015).-
Este Tribunal Superior de Justicia ha dicho: “En el sub lite es indudable que la sentencia de Cámara ha dado respuesta -considerando las constancias obrantes en autos- a los agravios postulados...rechazándolos. En definitiva, la recurrente pretende que se declare la nulidad de la sentencia de la Alzada meramente por no haber seguido sus razonamientos, lo cual es inatendible. Sobre esta cuestión ha dicho la jurisprudencia: 'No vulnera el principio de congruencia el hecho de que la sentencia no haya seguido la línea argumental asumida por la accionada en su escrito de contestación de demanda si -como sucede en el caso de autos- de todas maneras la decisión se enmarca dentro de los límites fácticos establecidos por las partes en sus escritos postulatorios de demanda y contestación...' (cfr. STJ Río Negro, 'C.F.A. c/ Energía de Río Negro Sociedad de Estado (ERSE) s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de ley', 27-10-2004).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).-
Por todo ello, la pretensión anulatoria bajo análisis debe ser rechazada.-
V. Podemos afirmar que los agravios referidos en el punto b) con los que se procura refutar la condena recaída contra el Dr. Amaya, se sustentan únicamente en cuestiones de hecho y prueba y esta materia es ajena, por regla, a la casación, salvo que se demuestre el absurdo.-
Examinada esta parcela del recurso, se advierte que no obstante invocar, la recurrente, que la casación se sustenta en la errónea aplicación de la ley, lo que en realidad cuestiona es la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias de los hechos y pruebas de la causa. En efecto no surge del libelo bajo estudio el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada. No siendo tema de casación las cuestiones fácticas y probatorias, como son aquellas en las cuales la recurrente pretende sustentar sus agravios.-
Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho. Ello, por cuanto se pretende impugnar las conclusiones emitidas respecto de cuestiones fácticas de la litis, presentando su propia versión sobre las mismas sin que se realice un juicio crítico de los razonamientos desarrollados y la demostración de un error grave, trascendental y fundamentado. Este Alto Cuerpo ha dicho que: “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomos XIX, Reg. 2463, Folio 3721/3724; XX, Reg. 2618, Folio 3914/3917, entre otros). En estas circunstancias el caso no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación, lo que no es fundado adecuadamente en el recurso incoado.- Sentado ello, analizados los términos expuestos por la recurrente es posible concluir que sus cuestionamientos se dirigen a debatir la decisión de la Cámara de considerar responsable al Dr. Amaya por los daños sufridos por pérdida de chance de la actora, en razón del desempeño del Dr. Amaya como su abogado, sin que se advierta a lo largo de su exposición, planteos de orden jurídico de fondo que autoricen la revisión de los argumentos que sostienen el fallo de la Alzada.-
Calificar la actuación del Dr. Amaya como abogado de la actora resulta una cuestión de hecho y valoración de la prueba que competen a los jueces de grado y solo pueden convertirse en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre absurdo o arbitrariedad. Esto último '“…exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa...' (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 'N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.', 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/2013, 37, Causa: L.101.011...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909 y XXVI, Reg. 3162, Folio 5193/5196).- Respecto de la cuestión objeto de la presente litis, la Excma.
Cámara de Apelaciones expresa: “…debe atenderse que el abogado se obliga en el pleito según su leal saber y entender a asistir a su cliente, lo cual implica una obligación de medios, sin embargo en el curso del proceso también el abogado, asume obligaciones de resultado, como lo es obrar de un modo diligente, entendiéndose por ello, realizar todos los actos y trámites necesarios para llevar adelante un proceso. En este aspecto, no entiendo arbitrarios los fundamentos del Juez de Grado, pues de la prueba rendida si bien podría existir una conducta renuente en la actora de acompañar la documentación correspondiente, lo cierto es que el letrado estuvo aproximadamente un año sin realizar presentación alguna, entre que fue intimado a acreditar el vínculo y dio cumplimiento.
Tal como razona el aquo pudo haber solicitado oficio al Registro Civil, suspensión de términos, etc. es decir entiendo que su estrategia judicial ha sido deficiente. No se trata de una cuestión de apreciación probatoria como intenta persuadir el recurrente, sino que la actuaciones judiciales son demostrativas de la falta de diligencia adecuada que era de esperar por parte del profesional; quien eventualmente hasta podría haber renunciado al mandato...” (cfr. foja 717 vta.. En apoyo a la postura asumida por la Cámara, encontramos: “Las obligaciones contraídas por los profesionales del derecho frente a sus clientes son de medio, en el sentido que no puede garantizar un resultado cierto pero sí estar plenamente obligados a emplear toda su experiencia, sus conocimientos y su actividad en la defensa de los intereses que les fueron confiados bajo riesgo de incurrir en culpa, dolo o negligencia profesional, con las consiguientes responsabilidades que puedan aparecer en lo que hace al daño causado (cfr.
CNCiv., Sala K, “Abalos Aliaga, Rubén P. c/ I., N. J. y otro”, del 24/09/2004; citado en Prevot, Juan Manuel: “Manual de Jurisprudencia: Daños y Perjuicios”, 1º Ed., Buenos Aires, La Ley, 2008, Parte Especial, pág. 451).- A mayor abundamiento y si bien ya hemos decidido, en el considerando precedente, el rechazo del planteo efectuado a fs. 737 vta./738, por ser ajeno a esta litis valorar el desempeño del Dr. Cano en el proceso sucesorio ya referido y la del Escribano que intervino en la escritura mediante la cual se transmitió el inmueble del acervo sucesorio de los padres de la aquí actora, dado que parte del embate se sustenta en que no se han tomado en cuenta ciertas pruebas a la hora de decidir relacionadas, entre otras, con el planteo referido precedentemente, es oportuno recalcar que el magistrado es soberano en la valoración de la prueba y en la elección, entre todas las obrantes en el expediente, de aquellas que considera apropiadas y conducentes para la resolución del conflicto sometido a su jurisdicción.
Motivo este que no puede ser objeto de recurso extraordinario, como pretende la recurrente.- El artículo 364 del Código Procesal Civil y Comercial (t.o según Ley Nº 3453) prevé: “Apreciación de la prueba. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.”.-
En base a ello ha señalado este Alto Cuerpo que en la merita-ción de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984).-
Sabido es que no procede, por vía del recurso de casación, provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia pues se trata de una materia privativa de los jueces de grado quienes tienen la facultad de seleccionar las pruebas que entienden conducentes sin estar obligados a justificar por qué otorgan mayor o menor mérito a una prueba que a otra y esto no puede ser revisado en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante si no se alcanza a demostrar la consumación de algún vicio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3285, Folio 5469/5472).- Conteste con el criterio expuesto se ha expresado: “…la selección y valoración de la prueba constituyen facultades privativas del juez -de tal modo que ni siquiera está obligado a valerse de la totalidad de la que haya sido rendida en autos, bastándole con mencionar sólo aquélla que considere conducente para la resolución del litigio- que no puede ser reemplazada por el mero criterio divergente de las partes, como aquí se pretende, salvo error o arbitrariedad manifiestos, claro está, que en términos generales no advierto configurados en el caso venido en revisión.” (cfr.
CN en lo Laboral de Rosario, Sala II, “Ibarra María M. c/ Vicedo Gisela M.”, del 05/10/2010. www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/73026/2010).- Asimismo: “El tribunal de mérito es libre respecto de la determinación de la eficacia convictiva de las pruebas, resultando por ende, tal materia extraña al tribunal de casación, a quien le está vedado realizar un nuevo examen crítico de ellas. Así se ha pronunciado esta sala en reiteradas oportunidades (conf. sent. 70/00, entre otras), en el sentido de que el tribunal de casación no puede, usurpando facultades legalmente conferidas al tribunal de mérito o arrogándose funciones propias de la 2ª instancia, revisar la valoración de los elementos probatorios de la causa para declarar el acierto o desacierto de la conclusión de la sentencia en orden a los hechos que ella fija, sino que su objetivo es controlar la observancia de las reglas de la lógica que debe seguir el pensamiento para verificar si la motivación -en el plano fáctico- ha rebasado los límites impuestos por la sana crítica racional, declarando en tal caso que la fundamentación es sólo aparente y no alcanza a sustentar la decisión adoptada [...] El juicio de valor que funda la conclusión a la que arriba el a quo, no puede ser controlado en esta sede, en tanto la casación no es una tercera instancia y no está en la esfera de sus poderes revalorizar la prueba ni juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara a quo.
Esto así por cuanto el control de logicidad no autoriza al tribunal de casación a sustituirse en la actividad de los jueces de mérito para corregir o modificar las conclusiones extraídas del análisis de los hechos o de la interpretación de la prueba rendida en autos...De manera monocorde este tribunal ha sostenido siempre que -por vía de principio- los jueces de grado son soberanos en la valoración de las pruebas, por lo que este agravio queda excluido del control casatorio pretendido.” (cfr. TSJ Córdoba, Sala civil y comercial, “Ripante, Dante s/ Quiebra s/ Inc. de verificación tardía por Lohr Lerda y Cia.”, del 13/12/2001, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: 70024532).- También: “Cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (conf. causas Ac. 49.068, sent. del 3/8/1993; Ac. 51.075, sent. del 19/4/1994; Ac. 51.538, sent. del 6/12/1994).
No advierto que el recurrente haya logrado acreditar la existencia del absurdo y la infracción legal que conlleva toda vez que no cualquier diferencia de criterio autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con el suyo al de los jueces de mérito porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa, el que insisto no concurre en los presentes actuados...por lo que debe rechazarse el intento revisor impetrado.” (cfr. SCBA, “Pennini, Mario Á. y otro c/ Banco Comercial de Tres Arroyos S.A. y otro”, del 09/11/2005, www.informacion-legal.com.ar. Cita Online: 70038774).- Es así que, no se aprecia en la especie, se haya configurado una absurda valoración de la prueba que pueda tener la entidad suficiente como para traer aparejada arbitrariedad.-
A guisa de colofón es oportuno señalar que en el fallo de Cámara, si bien se ha hecho referencia a distintas pruebas adunadas a la causa, se puso especial énfasis en un acontecimiento objetivo e indubitable pues surge palmario del expediente “Yapura, Ventura del Valle y Reinoso, Santos Vicente s/ Sucesión AB Intestato” y es que el Dr. Amaya dejó transcurrir casi un año desde que se dictó el auto requiriendo la presentación de la partida de nacimiento de la Sra. Reinoso (cfr. foja 27, del 27/09/04) sin efectuar ninguna presentación en el expediente, hasta que agregó el escrito de foja 76 (el 6 de septiembre de 2005) y esta circunstancia determinó que no fuera incluida oportunamente en la declaratoria de herederos dictada a fs. 55 y vta..-
VI. Dentro de la fracción del fallo que venimos analizando, cabe puntualizar que no se observa la arbitrariedad de sentencia alegada.-
Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'...” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal Superior de Justicia: “...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...” (cfr. Interlocutorio, Tomo III, Reg. 282, Folio 457/458); circuns-tancias, estas últimas, que no acontecen en autos, por el contrario y más allá de que se comparta o no el criterio de la Cámara, no surge de su pronunciamiento una valoración parcializada irracional o absurda del material probatorio de autos.- Este Alto Cuerpo ya ha señalado, en reiteradas oportunidades, que al meritar la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomos XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984 y XXVII, Reg. 3172, Folio 5215/5218).-
Así, constituye una cuestión fáctica evaluar la conducta desplegada por las partes en el suceso, para establecer sobre quien recae la responsabilidad. Materia reservada a las instancias ordinarias que sólo podrían abrir la puerta de la casación en la hipótesis que se alegara y fundara adecuadamente el absurdo en la valoración de la prueba, lo cual, tal como se explicó precedentemente, no ha ocurrido en el presente.-
El análisis efectuado lleva al rechazo de los agravios con los cuales la demandada pretende revertir la parcela del fallo de Cámara examinada.-
VII. Ahora corresponde atender los motivos casatorios referi-dos en el punto c) del Considerando III, donde agrupamos aquellos que cuestionan aspectos accesorios del fallo como la condena en costas, regulaciones de honorarios a lo que, en esta clasificación, sumamos la tasa de interés.-
En lo que concierne a la condena en costas, cabe señalar que es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que las controversias suscitadas en torno a la imposición de las costas son, en principio, extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324). Conteste con este criterio ha sostenido: “'…se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución…(cf. TSJ Santa Cruz, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; ídem, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 104, Folio 169/170; ídem, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; ídem, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994; ídem, Tomo II, Sentencia, Reg. 85, Folio 375/378)…'” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).- Es oportuno recordar que las costas constituyen las erogaciones o desembolsos que las partes se ven obligadas a efectuar como consecuencia directa de la tramitación de un proceso, o de un incidente dentro de éste (cfr. CNCiv., Sala G, “Gutiérrez Leonardo Javier c/ Benito Roggio e Hijos S.A. y otros”, del 24/11/2009. www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/57753/2009), que los hono-rarios integran las costas del juicio y resultan, generalmente, el monto más alto que las compone.-
Dicho esto, es preciso señalar que en la especie se configura la situación de excepción antes referida que autoriza a revocar la decisión tomada por la Cámara sobre los gastos causídicos. Ello así pues se advierte que la condena ha recaído por todos los gastos del juicio sobre el demandado Dr. Amaya sin tener en cuenta que quien ha sido vencida en la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los Dres. Bucci y Soria ha sido la actora y que el Dr. Amaya intervino en ella como patrocinante de quienes la interpusieron, de manera tal que no sería razonable que las costas por dicha incidencia recaigan sobre este último. Surge así un apartamiento injustificado del principio objetivo de la derrota que rige en la materia porque se ha puesto en cabeza de quien no resultó vencido el costo generado por la excepción y, también, el producido por la intervención, en el principal, de los letrados que la opusieron ya que el acogimiento a la falta de legitimación pasiva, trajo aparejado el rechazo de la demanda a su respecto.- Veamos, los Dres. Soria y Bucci, con el patrocinio del Dr. Amaya opusieron al progreso de la acción la excepción de falta de legitimación pasiva (cfr. fs. 68/70 vta.). Asimismo, contestaron demanda a fs. 99/126.-
La actora contestó la mentada excepción (cfr. fs. 137/139) pidiendo su rechazo. Finalmente dicha defensa obtuvo favorable acogida en Cámara, donde se expresó: “…los Dres. Bucci y Soria nunca fueron tenidos por presentados en el expediente sucesorio, ni intervinieron en el mismo…la única responsabilidad profesional que corresponde analizar en éstos en cuanto a su debida práctica es la del Dr. Ramón César Amaya…y por ello debe admitirse el agravio de los demandados haciendo lugar a la falta de legitimación pasiva con relación a los letrados Marcos Bucci y Patricia Soria…” (cfr. foja 717).-
Cabe indicar que el planteo de excepción de falta de legitimación pasiva interpuesto por los Dres. Bucci y Soria resultó ser procedente y, en su consecuencia la defensa articulada por ellos ha servido para desechar la demanda entablada en su contra, por lo que la labor desarrollada por los profesionales citados ha resultado exitosa y ha devengado los honorarios profesionales que deben ser solventados por quien erróneamente e indebidamente los ha traído a juicio y no por el otro accionado que fue hallado responsable de la mala praxis.-
En tal sentido cuadra citar: “No corresponde eximir al demandante de las costas derivadas del rechazo de la demanda con relación a uno de los codemandados, pues si bien cabe presumir la buena fe de las partes, ello no basta para eludir las consecuencias económicas del trámite del pleito, salvo que elementos imparciales y determinantes motivasen un apartamiento del principio objetivo de la derrota.” (cfr. Sum. CNCiv., Sala G, “Gutiérrez Leonardo Javier c/ Benito Roggio e Hijos S.A. y otros”, del 24/11/2009. www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/57753/2009).-
Se ha dicho que: “Las costas derivadas de la admisión de la excepción de la falta de legitimación pasiva opuesta por una compañía de seguros en una acción de daños y perjuicios, deben ser impuestas al actor que la citó en el proceso y no en el orden causado, si no se advierten las sobradas razones que éste ultimo hubiera tenido para considerarse habilitado para demandar.” (cf. fallo cit.).-
Asimismo,“Las costas deben ser impuestas a quien promoviera una acción por daños y perjuicios, en la cual se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, puesto que la actora no verificó que se hubiera librado el oficio preliminar al Registro de la Propiedad Automotor previo a materializar el traslado de la demanda, a fin de cerciorarse que la persona a quien dirigía la acción se encontraba habilitada para ello.” (cfr. CNCiv, Com. y Gtias. en lo Penal de Zárate-Campana, “Messina Daniel A. c/ Viollaz Juan C. y otro/a”, del 12/08/2008. www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: 70051629).- De manera tal que los profesionales nombrados resultaron vencedores en la incidencia que plantearon y quedaron desvinculados del proceso, consecuentemente la condena en costas genéricamente fijada contra el restante accionado por la Cámara, es contraria a la regla del artículo 68 del Código de rito pues ignora, reiteramos, que la actora ha sido derrotada en la referida excepción que ha significado el rechazo de la demanda contra dos de los letrados codemandados, los cuales no han intervenido únicamente en el trámite de la excepción de falta de legitimación pasiva, sino que, debido a que se difirió la decisión sobre la defensa para la definitiva, se vieron obligados a intervenir en el trámite de fondo: contestaron demanda (cfr. fs. 99/126), produjeron prueba, presentaron alegato (cfr. fs. 612/617) expresaron agravios (cfr. fs. 675/686), actuaciones que se presumen onerosas y de carácter alimentario (cfr. art. 3° de la Ley Provincial Nº 3330), situación esta que no ha sido contemplada en la condena en costas, toda vez que, se reitera, la actora -respecto a la intervención en el proceso de los Dres. Soria y Bucci, y dado que no prosperó la acción en su contra- debe ser considerada, con relación a los gastos causídicos como vencida.- En consecuencia deberá modificarse parcialmente la condena en costas fijada por la Alzada estableciendo que son a cargo de la actora los gastos causídicos generados por la intervención en autos de los Dres. Bucci y Soria, tanto en la excepción de falta de legitimación pasiva como en el principal. Todo ello en virtud del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del CPCyC).-
VIII. Las constancias obrantes en autos revelan que la sentencia de Cámara modifica la regulación de honorarios de Primera Instancia, adecuándola al monto por el que finalmente progresa la acción, y así regula honorarios en favor de los Dres. Miguel Nicolás Cano, Marcos Bucci, Patricia Liliana Soria y Ramón Cesar Amaya (cfr. fs. 721 y vta.). La Alzada, en su sentencia, también reguló honorarios a los Dres. Cano, Bucci, Soria y Stobbia por su actuación en Segunda Instancia (cfr. foja 721 vta.).-
Cuestiona, la demandada, dichas regulaciones de honorarios (cfr. foja 738 vta., último párrafo) por violar la limitación que impone el artículo 730 del Código Civil y Comercial (cfr. art. 505 del antiguo Código Civil).-
Sin embargo existe otra deficiencia, con relación a la regulación de honorarios, directamente vinculada a lo señalado en el considerando precedente. Surge al revisar las regulaciones de honorarios que se los ha estipulado genéricamente, sin discriminar cuales corresponden al principal y cuales a la excepción referida ut supra y ello impide que se pueda cumplir, en debida forma, con la condena en costas decretada en el considerando precedente toda vez que no se puede determinar que honorarios corresponde abonar a cada parte.-
Los honorarios profesionales constituyen el precio del trabajo realizado, es la retribución o una compensación por la labor profesional cumplida y (tal como ya se indicara) los trabajos realizados por un abogado en un expediente judicial se presumen onerosos (cfr. art. 3º de la Ley Nº 3330) y deben ser abonados por la parte condenada en costas.-
La tarea desplegada en el proceso principal y la cumplida en la defensa opuesta a fs. 68/70 conllevan una regulación de honorarios independiente, puesto que se trata de actuaciones profesionales distintas y cuyo objetivo es diferente.-
Así es del caso citar: “…en caso de existir vencimiento parcial y mutuo y a fin de dar debido y cabal cumplimiento a lo dispuesto en la ley de aranceles vigente, el sentenciante debe efectuar a favor de los letrados intervinientes dos regulaciones, atendiendo los porcentajes de ley…en las proporciones en las cuales cada parte haya resultado vencedora y vencida…” (cfr. Ure, Carlos E. y Finkelberg, Oscar G., “Honorarios de los Profesionales del Derecho”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pág. 233). “La retribución correspondiente a los trabajos desplegados en un incidente es por completo independiente de la que se relaciona con la actuación en la causa de fondo. Es por ello que aun cuando se postergue indebidamente hasta el dictado del pronunciamiento que pone término al juicio debe ser fijada de manera separada respecto de los honorarios devengados en el proceso principal. En los asuntos en que tramitó más de un incidente (o incidencia), además, la asignación perteneciente a cada uno de ellos tiene que ser establecida de manera individualizada, por razones elementales de claridad en la aplicación de la normativa arancelaria (cfr. aut. y ob. cit., pág. 420).- En el fallo de la Excma. Cámara de Apelaciones se ha realizado una sola regulación de honorarios para cada letrado y así no queda claro si ella abarca la tarea llevada a cabo por los abogados tanto en el principal como en la excepción o únicamente el primero, quedando pendiente la segunda.-
Los vicios indicados no pueden ser subsanados en esta instancia de excepción e importan la nulidad de las regulaciones de honorarios que contiene el fallo de Segunda Instancia.-
Si bien lo expresado precedentemente trae consigo el dictado de una nueva regulación de honorarios, debemos también advertir que, tal como lo sostiene la recurrente, la efectuada por la Cámara, excede el límite impuesto por el artículo 730 del Código Civil y Comercial (regla que también contenía el art. 505 del Código de Vélez).-
El artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en lo pertinente establece: “Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y corres-pondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.”.- Un simple cálculo matemático muestra que la regulación efectuada a favor del letrado de la parte no condenada en costas supera el veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, cómputo al que también se suman los honorarios del perito tasador (en virtud de lo dispuesto por la norma transcripta). Circunstancia ésta que deberá ser debidamente considerada al efectuarse la nueva regulación de honorarios ajustada a los parámetros establecidos en la presente.-
En efecto se trata de vicios sustanciales que agravian la garantía del debido proceso y el recurso contiene una pretensión nulificante por quebranta-miento de forma (cfr. foja 737), de manera tal que la decisión adoptada se encuadra dentro de lo solicitado por la recurrente.-
No obstante es oportuno recordar que este Cimero Tribunal Provincial, ha expresado: “...si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada…” (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319; XXVIII, Reg. 3325, Folio 5544/5547; y Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586).- La decisión que debe ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de los actos jurisdiccionales, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica. Esto es, comprobado el vicio de procedimiento, la parcela sentencial de la Alzada vinculada a la regulación de honorarios no puede considerarse un acto procesal válido.- Conteste con el análisis efectuado debe declararse la nulidad parcial de la sentencia de Segunda Instancia, en la parte que dispone la regulación de honorarios -punto 5°) de la parte resolutiva- y, en su consecuencia, devolver las actuaciones a la Cámara de origen para que practique una nueva regulación de honorarios adecuada a las pautas fijadas en la presente.-
IX. La recurrente se agravia de la tasa de interés impuesta en la sentencia en crisis. Al respecto expresa: “Consideramos que en el caso presente debe aplicarse la tasa pasiva promedio del BCRA, a los fines de actualizar el monto del proceso, de acuerdo al criterio sostenido por el TSJ de nuestra Provincia en reiteradas oportunidades.” (cfr. foja 739).-
Este Tribunal Superior de Justicia ha fijado su doctrina legal sobre la materia, en el sentido que se debe aplicar a los intereses moratorios la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Sentencia, Tomos XV, Reg. 531, Folio 2979/2985; XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645, entre otros). Doctrina legal que ha sido ratificada en autos: “Avilez”, “Santana” y “Bilbao” (cfr. Sentencia, Tomos XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767; XX, Reg. 667 y Reg. 669, Folio 3870/3879), a cuyos fundamentos nos remitimos en honor a la brevedad.-
Sabido es que la doctrina legal de este Alto Cuerpo, es obligatoria para los demás tribunales inferiores (cfr. art. 3°, inc. a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Así es que no podía la Cámara apartarse de la aplicación de la que ha sido la doctrina de este Tribunal Superior que aplica a los intereses moratorios la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
Consecuentemente deberá modificarse en este punto el fallo de la Cámara, fijándose la tasa pasiva referida ut supra.-
X. Si bien resulta superfluo, atento a lo decidido precedentemente con relación a la regulación de honorarios (Considerando VIII), no es ocioso señalar -a efectos de evitar futuras reiteraciones y en su caso posibles nulidades- que no se ha cumplido con la notificación de los honorarios regulados por la Cámara en el domicilio real de uno de los obligados al pago. En este caso, los honorarios del letrado apoderado de la parte actora Dr. Cano debieron notificársele a ésta en su domicilio real puesto que la ley faculta al profesional a cobrar sus honorarios al cliente aun no condenado en costas.-
Así lo prevé el artículo 72 de la Ley de Honorarios Nº 3330: “Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago en el domicilio real de éstos, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente o en otro instrumento público. Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso, que se resolverá previo traslado a la parte contraria en el plazo perentorio de diez (10) días de recibido el expediente por la Alzada sin excepción y dilación alguna atento el carácter alimentario que reviste el honorario profesional.”.- Asimismo, en la cédula de notificación de los honorarios al domicilio real de la actora debe transcribirse obligatoriamente el artículo 74 de la Ley de Honorarios bajo pena de nulidad, lo que tampoco se ha cumplido en autos, pues ni siquiera se diligenció tal cédula. El mencionado artículo concretamente dispone: “Todo honorario regulado judicialmente deberá pagarse por la parte condenada en costas, entre siete (7) y treinta (30) días corridos según el monto de condena a abonar. En el supuesto que dicho pago no se efectuare, el profesional podrá reclamar el pago al cliente, salvo acuerdo en contrario […] Operada la mora, el profesional podrá optar: Reclamar los honorarios con más los intereses a tasa activa del Banco Nación o la que resulte más favorable al profesional, salvo lo previsto en leyes especiales. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real. En la cédula de notificación, en todos los casos y bajo pena de nulidad, deberá transcribirse este artículo.”.- Para concluir, debemos advertir al Tribunal de grado que las omisiones señaladas habrían implicado violación a la garantía de defensa en juicio, ya que privan al actor de la posibilidad de recurrir los honorarios regulados a su letrado apoderado, al no habérsele notificado los mismos.-
XI. En virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 731/739, únicamente en lo referido a la condena en costas y la tasa de interés aplicable. En consecuencia casar parcialmente el pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 712/721 vta. imponiendo a la actora las costas generadas en el proceso en ambas instancias como consecuencia de la falta de legitimación pasiva opuesta por los Dres. Marcos Bucci y Patricia Liliana Soria resuelta favorablemente; estableciendo que al monto resultante de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, conforme lo expresado en el Considerando IX. Asimismo declarar de oficio la nulidad parcial de dicha sentencia en la parcela que dispone la regulación de honorarios, -punto 5° de la parte resolutiva-, debiendo reenviar las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que adecue la regulación de honorarios a las pautas indicadas en la presente. Rechazar el resto de los agravios, confirmándola en lo demás que decide. Las costas de esta instancia se imponen por su orden en atención a la manera como se decide, dado que el recurso ha prosperado en parte (cfr. art. 68 del CPCyC), difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/ 1999).-
Por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 731/739, únicamente en lo referido a la condena en costas y la tasa de interés aplicable. En consecuencia casar parcialmente el pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 712/721 vta. imponiendo a la actora las costas generadas en el proceso en ambas instancias como consecuencia de la falta de legitimación pasiva opuesta por los Dres. Marcos Bucci y Patricia Liliana Soria resuelta favorablemente; estableciendo que al monto resultante de la condena decretada en autos deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el BCRA, conforme lo expresado en el Considerando IX.-
2. Declarar de oficio la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 712/721 vta. en la parcela que dispone la regulación de honorarios, -punto 5° de la parte resolutiva-; debiendo reenviar las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que adecue la regulación de honorarios a las pautas indicadas en la presente.-
3. Rechazar el resto de los agravios, confirmando dicha sentencia en lo demás que decide.-
4. Imponer las costas de esta instancia por su orden en atención a la manera como se decide.-
5. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente en esta instancia hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/ 1999).-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008S.221 Tomo: XXII Interlocutorio: 707 Folio N°: 4218/4227 Secretaría: 1
Fin de la sentencia