Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78805
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.78.805 “OTERO JOAQUIN ERNESTO C/ AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES S.A. S/ REINSTALACION (SUMARISIMO) -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. El señor Joaquín Ernesto Otero promueve demanda contra Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA), a fin de que se lo reincorpore en su puesto de trabajo, se abonen los haberes devengados hasta el momento de su efectiva reinserción y se lo resarza por los daños y perjuicios que aduce haber padecido con motivo de su despido. A su vez, peticiona el dictado de una medida precautoria de similar objeto, ante el perjuicio irreparable que puede ocasionar el tiempo que insuma el desarrollo de este litigio a su estado de salud al encontrarse desprovisto de su fuente de ingresos y al haberse cancelado la obra social que lo asistía.
Subsidiariamente, solicita se lo indemnice por despido injustificado y discriminatorio, preaviso, salarios adeudados, aguinaldos, vacaciones y aportes, como así también por los rubros previstos en las leyes 24.013 y 25.323, más intereses y costas.
Al respecto, relata que en julio del año 2017 comenzó a realizar tareas –de manera remota o a distancia- como productor de comunicaciones y responsable de contenidos digitales de la emisora de Radio 2 -107.1 MHZ- de la ciudad de Dolores. En este contexto, alega que fue recién en septiembre del 2019 que la empresa registró su contrato de trabajo con aquel cargo, pese a haber iniciado su labor dos años antes, donde debía emitir recibos como monotributista para poder percibir la remuneración que fuera pactada.
Luego de describir el mecanismo de pago utilizado durante dos años para retribuir sus funciones, sostiene que resulta palmario el accionar fraudulento de la demandada, que –a su modo de ver- habría incumplido con las obligaciones laborales a su cargo y habría cometido fraude fiscal y previsional. En este sentido, arguye que fue desde el año 2017 –y no 2019- que existió entre las partes subordinación jurídica, técnica y económica, por lo que la regularización de su situación no produjo ningún cambio sustancial en la actividad que desarrollaba.
Sin embargo, explica que a partir de marzo de 2021 sus tareas fueron gradualmente reducidas y que, en abril de aquel año, se le informó que la señora Ana Ortiz –que revestía el cargo de gerente- había requerido una medida de no acercamiento en su contra. Seguido a eso, manifiesta que con la asunción del señor Ricardo Lissalde en el cargo de presidente del directorio, en junio del mismo año, el vaciamiento de sus funciones fue total.
Posteriormente, refiere que el vicepresidente de AUBASA, Felipe Vismara, le indicó que debía prestar servicios –a su entender, de manera provisoria- en el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, expresa que el 2 de noviembre de 2021 fue intimado mediante carta documento a retomar sus funciones de manera presencial “bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo”. Tal requerimiento fue contestado por el mismo medio, destacando que sus tareas nunca habían sido interrumpidas y que durante los meses previos a la intimación sus haberes fueron abonados íntegramente por AUBASA sin descuentos por ningún concepto. Por otro lado, expone que en aquella oportunidad puso en conocimiento de su empleadora que había sido diagnosticado con agorafobia y que, por prescripción médica, había comenzado un tratamiento con psicofármacos y que no podía trasladarse de su hogar por el término de treinta (30) días.
Finalmente, destaca que, pese al descargo formulado, el 9 de noviembre de 2021 se le reiteró que había sido desvinculado de su relación laboral con motivo del abandono de tareas.
II. La causa se inició ante el Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyos integrantes se rehusaron a intervenir en el asunto. Para así decidir, ponderaron el hecho de que la empresa demandada había sido constituida por decreto 409/13 del Gobernador de la Provincia, donde se había previsto que funcionara en la órbita del Ministerio de Infraestructura, determinándose –a su vez- que la representación en juicio estuviera a cargo del señor Fiscal de Estado. Por tal motivo, dedujeron que entre las partes mediaba una relación de empleo público y que, por consiguiente, se trataba de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado en derecho público (v. resol. de 1-II-2023).
De esta manera, el expediente fue remitido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. Sin embargo, su titular también declinó su competencia tras estimar que AUBASA se había conformado como sociedad anónima en los términos de la ley 19.550 y que "la aplicación de dicha normativa excluye la condición de empleados públicos de los agentes que se desempeñan en la misma”. A lo dicho, adunó que la circunstancia apuntada “puede inferirse del propio estatuto de AUBASA (aprobado por Decreto 409/13) en cuanto prevé entre las atribuciones del Directorio celebrar Convenios Colectivos de Trabajo con las organizaciones representativas de su personal (art. 28, inc. i)”. Así las cosas, concluyó que la controversia se hallaba expresamente excluida del ámbito de su jurisdicción (v. resol. de 25-IV-2023).
De este modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. El art. 166 in fine de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el tratamiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
Así, la actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso si para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. En atención a lo expresado en el último párrafo del considerando anterior, al momento de resolver conflictos similares al de autos en los que la sustancia de la relación puede mostrarse incierta, este Tribunal ha recurrido a nociones del principio de primacía de la realidad laboral con el único fin de determinar el órgano judicial competente (cfr. art. 39 inc. 2, Const. prov.; doctr. causas B. 72.106, "Montiel Benítez", resol. de 24-IV-2013; B. 73.517, "Fuster", resol. de 15-IV-2015; B. 74.767, “Mendieta” y B. 74.777, “Obarrio”, ambas resols. de 29-VIII-2017).
Desde tal perspectiva, y con el solo propósito de establecer la competencia en el sub lite , cabe señalar que las características del vínculo invocado cuya ruptura motiva la pretensión de reincorporación y el pedido de resarcimiento esgrimidos, unidos a la naturaleza laboral de las normas en las que se sustentan los reclamos, dan lugar a la adopción de una solución semejante a la ya expuesta por el juez en lo contencioso administrativo actuante (doctr. causas B.74.767 y B. 74.777, cits.).
Precisamente, es en casos como el presente en los cuales cobra relevancia la regla establecida en el art. 4 inc. 1° de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, que excluye del conocimiento del fuero especializado a los litigios regidos primariamente por normas o convenios de índole laboral (doctr. causas B. 70.100, "Maidana", resol. de 6-V-2009; B. 71.998, "Rodríguez", resol. de 19-XII-2012; B. 72.369, "Calo", resol. de 8-V-2013; B. 72.370, "Viglietti", resol. de 12-VI-2013; B. 73.001, "Peñalva", resol. de 10-IX-2014; B. 73.811, "Martínez", resol. de 14-X-2015; B. 73.817, "Piccione", resol. de 21-X-2015; B. 74.450, "Willumsen", resol. de 15-XI-2016; B. 74.543, "Fossati", resol. de 10-V-2017; B. 75.473, “Marín”, resol. de 17-X-2018; B. 77.395, “López”, resol. de 10-XII-2021 y B. 77.978, “Rueda”, resol. de 10-VI-2022, e.o.).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Tribunal de Trabajo N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/06/2023 17:27:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2023 22:02:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/06/2023 10:49:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2023 20:59:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/06/2023 08:28:30 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/06/2023 08:32:24 hs. bajo el número RR-561-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia