Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120990
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.990, "Cavalier, Guillermo Rubén contra Municipalidad de Saavedra. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 265/272 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 279/285).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Guillermo Rubén Cavalier contra la Municipalidad de Saavedra, condenándola a reinstalar al accionante en el puesto de "Jefe de Área del Sector de Recolección de Residuos Diurna" en las mismas condiciones y tareas que desempeñaba con anterioridad al día 30 de octubre de 2012, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (v. fs. 265/272 vta.).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, transgresión de los arts. 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional y 10, 31, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 322/330 vta.).
Cuestiona la conclusión -que atribuye al sentenciante- según la cual el actor, desde su ingreso en el año 2015 (sic) como agente municipal, se desempeñó como "Jefe de Sector". Afirma que tal definición es absurda pues la función de "Jefe del Sector de Recolección de Residuos Diurna" recién la ejerció a partir de marzo de 2012 cuando el Poder Ejecutivo municipal en ejercicio de sus potestades discrecionales, a través del decreto 553/12, creó ese cargo para que fuera desempeñado por el demandante.
Aclara que la creación de ese puesto, así como el posterior apartamiento del actor de esa función para que volviera al cargo que ocupaba antes de ser designado Jefe de Sector ("Chofer de pala cargadora") mediante el dictado del decreto 2.035/12, obedeció a una decisión de contenido "político" propia de las funciones de la autoridad municipal y que, por ello, en modo alguno, podría evidenciar una transgresión a las garantías sindicales del actor.
Por lo expresado, concluye que el fallo impugnado revela una grave intromisión del Poder Judicial en el ejercicio de las funciones propias del Poder Ejecutivo.
Desde otroángulo, se agravia en cuanto alega que el juzgador de origen tuvo por acreditado que el actor se desempeñó desde el día 12 de septiembre de 2011 como primer vocal titular del Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de Saavedra, condición ésta que -explica- no fue puesta en conocimiento del empleador en el marco de lo dispuesto en el art. 49 de la ley 23.551 y no le da derecho a gozar de la tutela que dicha normativa otorga a los representantes sindicales.
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo juzgó acreditado que el señor Cavalier ingresó a laborar para la municipalidad accionada el día 1 de febrero de 2005 y que en el mes de octubre del año 2012 revistaba en la categoría de Jefe de Área del Sector de Recolección de Residuos Diurna, encargado como tal de la organización de tareas y manejo del personal de recolectores de residuos, bajo un régimen de cuarenta y ocho horas semanales (v. vered., fs. 265 vta.).
Sostuvo también que, si bien las partes discrepaban en cuanto al carácter de dirigente gremial del actor, respecto del cual la demandada alegaba no tener conocimiento, surgía de la prueba aportada a la causa que el accionante había sido electo como Primer Vocal titular de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de Saavedra (Pigüé), asociación sindical de primer grado simplemente inscripta bajo el n° 2.128, tomando posesión de dicho cargo el día 12 de septiembre de 2011 (v. vered., fs. 265 vta. y 266).
En otro orden, tuvo por probado que el día 30 de octubre de 2012 el demandante fue trasladado para que prestara servicios en el Sector Planta de Reciclados mediante decreto 2.035/12, suscripto por el intendente municipal, en el que dispuso su cambio de "funciones, categoría y régimen horario" (decisión que le fue comunicada el día 8 de noviembre de 2012; v. fs. 22 y 37 y vered., fs. 266). Señaló que se corroboraba con la nota agregada a fs. 55 que tal pedido de cambio de funciones del agente Cavalier había sido requerido en fecha 25 de octubre de 2012 por el Secretario de Obras Públicas (señor Elsegood), sin que surgiera de la nota ni de la decisión comunal fundamento alguno de la medida en cuestión (v. vered., fs. 266 y vta.).
Precisó, a continuación, que el accionante había impugnado el cambio de funciones por considerarlo violatorio del art. 16 de la ley 11.757, injustificado y lesivo de su dignidad, afirmando que obedecía al encono del Secretario de Obras Públicas hacia su persona, configurando además una práctica desleal y discriminatoria en atención a su carácter de representante sindical, argumentos que fueran rechazados por la municipalidad, negando la representación gremial del actor (v. misivas de fs. 19, 20 y 36 y vered., fs. 266 vta.).
Agregó el a quo que, respecto al incidente mantenido entre el demandante y el Secretario de Obras Públicas, los testigos habían corroborado la existencia del conflicto entre ellos, previo al cambio de tareas del actor, señalando que el secretario se presentó en la "matera" del sector recolección y comenzó a increparlo e insultarlo, recriminándole que había hablado mal de él y advirtiéndole que lo iba a bajar y mandar al sector reciclado (v. vered., fs. 266 vta.).
En sentencia, el juzgador calificó el cambio dispuesto como infundado y abusivo respecto al derecho que el empleador tiene de modificar las formas y modalidades de trabajo, descartando el argumento de la demandada respecto a que hubiera obedecido a una decisión facultativa del Poder Ejecutivo que respondía a la posibilidad de alterar una función política (v. sent., fs. 269).
Puntualizó, en ese sentido, que el accionante era un agente de planta permanente y que si bien el empleador, por aplicación de las normas que rigen al personal municipal, podía introducir cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, ello, lo sería en tanto no importaran un ejercicio irrazonable de esa facultad, no alterasen modalidades esenciales del contrato, no se viera afectado el principio de unidad familiar y no se menoscabara su dignidad o se lo afectara moral o materialmente. Destacó que la norma establece que en ningún caso el traslado del trabajador será adoptado como represalia o sanción encubierta, bajo pena de dejar sin efecto la medida y reparar los daños ocasionados.
Expresó que, sin perjuicio de que el titular está dotado de prerrogativas para alterar el estado de organización primitiva e introducir cambios en la forma de llevar adelante el objeto empresario, el ejercicio de tal potestad no puede producir innovaciones sobre elementos básicos del contrato de trabajo: en el caso las tareas y la jornada de trabajo, pues ello sólo podrá realizarse por una nueva expresión de voluntad de ambos interesados.
En ese contexto, señaló que, al pretender imponer un cambio en las funciones, categoría y jornada, que fuera rechazado por Cavalier, la comuna incurrió en una conducta vedada por las normas de fondo y más aún en el caso del actor, que reviste el carácter de dirigente gremial y, por ello, goza de la protección prevista en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 47, 52 y concs. de la Ley de Asociaciones Sindicales (v. sent., fs. 269 vta.).
Destacó que, si bien el principal no está impedido de adoptar las medidas a las que alude el ordenamiento legal vigente, le impone el deber de requerir previamente la autorización judicial para hacerlo, extremo éste que no fue cumplido. Explicó que, en el caso, se dispuso el cambio de funciones, categoría y régimen horario del actor sin previa exclusión judicial de su tutela, soslayando la garantía sindical que ostentaba. En esos términos -argumentó- se produjo objetivamente la vulneración de tal garantía, resultando irrelevante que la modificación proviniera de un conflicto personal o funcional previo toda vez que el legislador no contempló excepciones al principio general.
Por todo ello, ordenó la reinstalación del agente municipal en su puesto como Jefe de Área del Sector de Recolección de Residuos Diurna en las mismas condiciones que desempeñaba con anterioridad al día 30 de octubre de 2012.
III.2. La decisión de grado no logra ser conmovida por el recurrente.
Reiterando los planteos formulados en la instancia ordinaria, las argumentaciones traídas por el interesado transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin lograr obtener la modificación de lo decidido. Resulta entonces de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las motivaciones del fallo (causas L. 117.447, "Eyazaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 119.160, "Candia", sent. de 12-VII-2017 y L. 120.307, "Zucaro", sent. de 19-IX-2018).
En efecto, el interesado desatiende el argumento central del fallo que -conforme surge del relato de antecedentes- estuvo afincado en el análisis de las circunstancias ocurridas con anterioridad al traslado del accionante (aquellas vinculadas con la existencia de un conflicto entre el actor y el Secretario de Obras Públicas que condujo a éste último a solicitar, sin dar razón alguna, el cambio de funciones del señor Cavalier y al dictado del decreto que efectivizó el cambio de "funciones, categoría y horario" sin fundamento alguno), que llevaron al a quo a considerar que dicha decisión resultaba irrazonable, infundada e ilegítima dentro del marco de la legislación aplicable al personal municipal.
La argumentación del recurrente, que sin hacerse cargo de rebatir las concretas circunstancias consideradas en el caso, sólo traduce su disconformidad con la decisión de grado y, de ese modo, no satisface una réplica susceptible de modificar el razonamiento que condujo al a quo a formar su convicción respecto al modo en que debía resolverse el tópico examinado.
Luego, no conmovida la conclusión que da sustento suficiente al fallo, y más allá de las objeciones que pudiera merecer la sentencia, los restantes planteos que formula el recurrente en torno a su falta de conocimiento de la condición gremial del demandante y a la tutela sindical conferida al cargo que éste ocupa, carecen de aptitud suficiente para modificar lo resuelto.
Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar en forma concreta, directa y eficaz las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015 y L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018).
En este contexto, también ha descalificado la aptitud de la impugnación que, a través de la mera reiteración de los argumentos sometidos ya a consideración del tribunal de origen, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, ni evidenciar la existencia de error en la aplicación de las normas actuadas en el fallo (causas L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 106.313, "Panigutti", sent. de 15-VII-201 y L. 119.812, "Bianchi", sent. de 4-VII-2018).
Cabe finalmente agregar que, más allá de que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el interesado no alcanza para evidenciar el vicio de absurdo que invoca, pues lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento, sino que es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015 y L. 118.380, "Arce", sent. de 11-IV-2018), que el recurrente no ha logrado demostrar.
Lo hasta aquí expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del recurso.
IV. Por lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En cuanto a los antecedentes del caso y descripción de los agravios traídos a esta sede, remito a lo expuesto en los puntos I y II del sufragio que inaugura este acuerdo.
I.2. Ingresando ahora a analizar el contenido del medio de impugnación, empiezo por señalar que aquellas expresiones inaugurales del interesado que tildan de "absurdo" al pronunciamiento de grado afirmando que lo allí resuelto refleja un entrometimiento del Poder Judicial en decisiones del Poder Ejecutivo, a la par que muestran una errada concepción acerca de la fisonomía de aquel excepcional vicio, suponen soslayar los alcances de la acción contemplada en el segundo párrafo del art. 52 de la ley 23.551, bloque normativo éste que -como es sabido- resulta aplicable en el ámbito de las relaciones de empleo tanto privadas como públicas (causas L. 90.592, "Subiza", sent. de 22-X-2008 y L. 117.604, "Barragán Pardo", sent. de 26-III-2015) y sobre el cual se estructuró la decisión en crisis.
I.3. Sigue decir que aunque inocua desde su formulación, la crítica en la que se expresa que el tribunal de la instancia juzgó erróneamente que el actor fue "Jefe del Sector de Recolección de Residuos Diurna" desde el comienzo de la vinculación laboral mantenida con el municipio, luce apartada de lo resuelto en el veredicto donde luego de precisarse que el actor ingresó a trabajar el día 1 de febrero del 2005 únicamente se afirmó que "a octubre de 2012" revistaba la categoría de "Jefe de Área" del mencionado sector (v. fs. 265 vta., en definición reiterada en la sentencia a fs. 268 vta.).
Dejando de lado lo anterior, las manifestaciones que vuelca el recurrente en este tramo del recurso se desentienden -nuevamente- de la esencial motivación sobre la que se erige la solución alcanzada por el a quo, ello, en tanto hubo de afirmarse que, aunque el Intendente municipal se encuentre facultado para disponer ciertas modificaciones, debió previamente tramitar la acción de exclusión de tutela sindical (v. fs. 270 y vta.). Agrego, que tan esencial razonamiento contó con el empleo de la doctrina legal que emana de las causas L. 70.307, "Doll" (sent. de 14-VII-1998) y L. 107.489, "Márquez" (sent. de 30-V-2012), cuya pertinencia en el caso en modo alguno intenta el quejoso cuestionar con éxito.
I.4. En otro orden, sostiene el interesado que el municipio demandado nunca fue notificado de la condición de primer vocal titular del Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de Saavedra que -conforme se resolvió en la decisión de grado- poseía el actor.
Sin que deje de resultar llamativo que dicho tópico -ya traído en la contestación de la demanda (v. fs. 142 vta.)- no fue analizado por el tribunal, a poco de inspeccionar las constancias de autos puede verificarse que como resultado de la prueba informativa ofrecida y diligenciada por la propia accionada (v. fs. 144 y 232/234) obra agregada a fs. 168/173 la respuesta de la asociación sindical en la que consta que el día 20 de octubre del año 2011 le informó a la aquí demandada el contenido de la nómina de la nueva Comisión Directiva electa en aquel tiempo, en la cual -claro está- figura el accionante en posesión del referido cargo sindical (v. fs. 169/170).
Luego, no impugnado en los términos del art. 401 del Código Procesal Civil y Comercial, dicho elemento resulta idóneo para acreditar la cuestionada comunicación (causa L. 85.935, "Arturi", sent. de 11-IV-2007) y le quita todo vigor al reproche pergeñado por el impugnante.
I.5. Las críticas finalizan bajo la aseveración que señala que, en su condición de vocal primero, el demandante no es un "dirigente gremial" y que por ello no posee "tutela sindical".
Además de su marcado dogmatismo y consecuente ausencia de una sólida argumentación, esa sucinta e insuficiente manifestación desoye los lineamientos establecidos por esta Suprema Corte en las causas L. 55.442, "Goicochea", sentencia de 25-IV-1995 y L. 107.489 (antes cit.).
Con lo dicho, queda sellada de modo adversa la suerte de la impugnación.
II. En virtud de lo expuesto, el recurso debe ser rechazado. Con costas (art. 289 del CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la solución propuesta del doctor de Lázzari con las consideraciones volcadas por el doctor Soria en su exposición.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2020 19:24:00 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 19/06/2020 08:52:19 - GENOUD Luis Esteban
Funcionario Firmante: 19/06/2020 10:20:19 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 19/06/2020 12:35:26 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 19/06/2020 13:13:43 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 21/06/2020 16:53:53 - SORIA Daniel Fernando
Funcionario Firmante: 22/06/2020 08:40:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia