Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121645
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.645, "Molinas, Justo Miguel Ángel contra Municipalidad de Esteban Echeverría. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud , Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 2 de Lomas de Zamora rechazó íntegramente la pretensión deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 1.368/1.373 vta.).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 1.379/1.387 vta.), siendo concedido por el citado tribunal sólo el mencionado en primer término (v. fs. 1.388 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda promovida por Justo Miguel Ángel Molinas contra la Municipalidad de Esteban Echeverría, en cuanto le había reclamado -con sustento en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551- la reinstalación en su puesto de trabajo, el pago de los salarios caídos hasta la efectiva reincorporación y la reparación del daño moral por discriminación (v. fs. 1.368/1.373 vta.).
Para así decidir, destacó el a quo que la parte actora no había logrado acreditar el cumplimiento de la exigencia prevista en el art. 49 de la ley 23.551, en orden a la comunicación al principal de su candidatura. Entendió que tampoco había demostrado la realización de elecciones sindicales, ni su posterior resultado, juzgando ineficaz a tales fines la comunicación al Ministerio de Trabajo mediante oficio.
En el mismo sentido, puntualizó que las declaraciones de los testigos no habían resultado útiles para cumplir tal cometido, en tanto sólo avalaron la realización del acto eleccionario y la integración por parte del señor Molinas de la única lista que se presentó a los comicios, mas no la mentada notificación.
Luego manifestó el tribunal que, aun en el supuesto de "notificación tácita" por invocación del ejercicio efectivo del cargo, la documentación aportada resultaba ineficaz, por cuanto en ella sólo aparecía la firma del actor con sello de su condición de médico, pero no de dirigente gremial.
Añadió que del análisis del intercambio telegráfico y de los despachos del municipio no surgía que éste hubiera reconocido la condición de miembro de comisión directiva del señor Molinas, sino que, por el contrario, la alusión a dicha condición fue precisamente para negarla, encontrándose en directa relación con el desconocimiento del hecho invocado en el reclamo del trabajador.
Por último, teniendo en consideración la respuesta plasmada en el veredicto, juzgó que tampoco se había producido prueba alguna en estas actuaciones de la que pudiera siquiera inferirse la existencia de indicios de actos discriminatorios respecto del actor y, en tales condiciones, concluyó que su pretensión no podía tener favorable recepción.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 47, 48 y 52 de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592; 386, 387 y 390 del Código Civil y Comercial de la Nación; de los principios protectorio, de primacía de la realidad, de libertad sindical (art. 14 bis, Const. nac.), de igualdad (art. 16, Const. nac.); y de la doctrina legal de esta Suprema Corte que identifica (v. fs. 1.379/1.387 vta.).
II.1. En primer lugar, manifiesta que la firma con el respectivo sello de médico en las presentaciones efectuadas ante la demandada con los distintos membretes de la asociación sindical resulta suficiente para acreditar su condición de representante gremial.
Asimismo, afirma que en el intercambio telegráfico surge que es la propia empleadora la que reconoce expresamente su condición de miembro de la comisión directiva.
Alega que la Municipalidad fue debidamente notificada y estuvo siempre en pleno conocimiento de su actividad gremial y de la representación ejercida, extremo que -sostiene- resulta probado a partir de la prueba testimonial y de las numerosas presentaciones realizadas ante las autoridades durante el ejercicio de sus funciones sindicales, las cuales se hallan agregadas a la causa.
II.2. Por otro lado, refiere que, al desestimar la demanda de reinstalación fundada en la ley 23.551, el tribunal de grado no aplicó los arts. 47, 48 y 52 de dicho ordenamiento legal.
Destaca que, con arreglo al citado art. 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, el trabajador que -como el accionante en autos, se encontraba con mandato vigente a la fecha del cese como miembro de la Comisión Directiva de la Seccional Esteban Echeverría de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires- se encuentra amparado por la tutela sindical, no puede ser despedido mientras dure su mandato y un año más, salvo que mediare justa causa, que debe ser demostrada en un proceso judicial previo, mediante el cual se excluya a los representantes gremiales de esa garantía, lo que no ha sucedido en el caso.
En consecuencia, por no haber el municipio empleador instado el procedimiento de exclusión de tutela reglado en el art. 52 de la ley 23.551, y por aplicación de las disposiciones de la ley 23.592 por tratarse de un comportamiento antisindical materializado en un acto discriminatorio, el despido del actor resulta nulo, debiendo ordenarse su reinstalación en el puesto de trabajo.
III. El recurso no prospera, pues ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1.a. La interpretación del escrito de inicio y el responde, así como el análisis del intercambio telegráfico, la documental acompañada y la prueba testimonial -que condujeron al tribunal de origen a arribar a la solución que causa agravio al recurrente- constituyen cuestiones cuya definición resulta privativa de los jueces de grado (art. 44 inc. "d", ley 11.653).
En estas condiciones, la omisa denuncia de absurdo sella la suerte adversa de la impugnación. Recuérdese que esta Suprema Corte tiene dicho que su invocación es ineludible cuando se debaten en la instancia extraordinaria cuestiones de hecho y prueba (causas L. 99.031, "Luque", sent. de 23-IV-2014; L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; e.o.).
Sobre el particular cabe agregar que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales, que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación y, en ese escenario, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 92.169, "Alfaro", sent. de 14-XI-2007), carga que -a tenor de lo indicado- no se encuentra cumplida en el caso.
III.1.b. No obstante que lo dicho resulta suficiente para sustentar la solución propuesta, para mayor satisfacción del interesado, ni bien reparo en los argumentos desplegados en el escrito recursivo, observo que no exhiben una crítica eficiente del motivo central en el que se apoya la sentencia, cual es la ausencia de comunicación a la comuna accionada de los extremos requeridos para gozar de la tutela sindical. Ello así, puesto que sólo se evidencia una contraposición de criterios en la valoración de las pruebas, método que no resulta apto a los fines pretendidos (causas L. 116.976, "S., E. M.", sent. de 15-IV-2015; L. 117.736, "Barton", sent. de 8-VII-2015; L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; e.o.).
III.1.c. Firme entonces la conclusión fáctica sustancial sobre la que se asienta el pronunciamiento atacado, no se advierte en la especie la violación de los arts. 47, 48 y 52 de la ley 23.551.
III.2. Tampoco acierta el impugnante en cuanto denuncia la violación de la doctrina legal de esta Corte que emana de las causas L. 114.103, "Ramírez Hernández" (sent. de 27-VIII-2014) y L. 108.222, "Márquez" (sent. de 28-VIII-2013). Al respecto, he de señalar que en los aludidos precedentes mediaron presupuestos fácticos notoriamente disímiles a los que se ventilan en el sub lite , razón por la cual sus citas resultan insuficientes para modificar lo resuelto por el tribunal de grado (causas L. 107.474, "González", sent. de 5-VI-2013; L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; e.o.). En particular, cabe advertir que en los mentados casos -a diferencia del presente- se tuvo por acreditado que la designación sindical fue oportunamente notificada a la accionada, cumpliendo con todos los requisitos legales.
IV. Por todo lo expuesto, el recurso deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:53:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:48:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 11:04:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia