Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123270
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.270, "Silva, Gustavo Alfredo y otros contra Ente Administrador del Astillero Rio Santiago. Reinstalación (Sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda instaurada, con costas a la accionada vencida (v. fs. 316/325 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21 de febrero de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En lo que interesa, los señores Gustavo Alfredo Silva, Roberto Jaimes, Adrián Edgardo Borcerio y José Carlos Maduri iniciaron demanda contra el Ente Administrador del Astillero Río Santiago peticionando -con sustento en el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 26.088)- el restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas por la resolución 1/18 "B" del nuevo presidente del Astillero que los relevó de sus funciones gerenciales sin indicarles un destino laboral. También solicitaron el dictado de una medida cautelar de "no innovar" (v. fs. 51/60).
Manifestaron ser empleados de carrera del referido ente y haber recorrido distintos escalafones estatutarios hasta llegar -por mérito propio- a ocupar cada uno de ellos el cargo de gerente en distintas áreas del Astillero demandado. Indicaron que ninguna de sus designaciones tuvo vinculación con intereses o decisiones políticas. Destacaron que en los últimos dos años venían reclamando -por diferentes vías- la integración de las partidas presupuestarias indispensables para la realización de las tareas correspondientes a los sectores a su cargo, cuya remisión fue denegada por el gobierno provincial, pretendiendo luego imputar ineficiencias en el servicio o falta de producción (v. fs. 52/53 vta.).
Refirieron que en ese marco se designó un nuevo presidente del Astillero, quien dispuso por resolución 1/18 "B" relevar a los actores de sus respectivas gerencias -a partir del 7 de mayo de 2018- sin indicarles un nuevo destino laboral, ni aclararles o garantizarles el mantenimiento de su escalafón jerárquico o remuneración. Señalaron que dicho "relevamiento" no fue producto de una medida de carácter general. Agregaron que posiblemente los reclamos efectuados por la falta de envío de fondos al ente pudieron haber constituido en la interpretación del PE una actitud que lo incomodara públicamente (v. fs. 53 vta. y 54).
Afirmaron que la única justificación expuesta en los considerandos de la aludida resolución de presidencia 1/18 "B" refería al "propósito de optimizar el desenvolvimiento funcional actual del ENTE", para lo cual -señalaron- bastaba con que fueran giradas las partidas presupuestarias asignadas.
Denunciaron así que la empleadora incurrió en un ejercicio abusivo del ius variandi .
En tal sentido, sostuvieron que alteró condiciones esenciales de sus respectivos contratos al despojarlos de sus funciones sin asignarles un destino laboral, pues -relataron- si bien no era la primera vez que se desafectaba de su cargo a algún gerente, siempre se los reubicaba en un puesto de similares características o se llegaba a un acuerdo sobre su nuevo destino, lo que -en el caso de los demandantes- la nueva gestión se negaba a hacer (v. fs. 54/55).
Refirieron -asimismo- que la medida resultaba irrazonable porque no respondía a una necesidad o finalidad de la institución, sino a un motivo claramente político y, en todo caso, solapadamente discriminatorio, como respuesta a sus gestiones por el desfinanciamiento del ente.
Señalaron entonces que el relevo de los actores en sus funciones y la incertidumbre acerca de las labores que eventualmente les sería asignadas les generaba de por sí un daño moral (v. fs. 55 y vta.).
I.2. A fs. 85/91 vta. se presentó la apoderada de la Fiscalía de Estado a contestar demanda.
Luego de negar pormenorizadamente los hechos afirmados por la contraria, argumentó sobre la naturaleza jurídica del ente accionado en tanto "...organismo autárquico de derecho público no obstante el régimen que lo vincule con sus dependientes...". Afirmó que habían existido "razones fundadas" para separar a los demandantes de sus cargos y que sus respectivos desplazamientos habían sido dispuestos en ejercicio de potestades propias del presidente del Astillero delegadas por el decreto 4.538/93 (y su modificatorio 405/18), y en el marco de una reestructuración conjunta y coetánea de distintas áreas del ente (v. fs. 85/88).
Expresó que los puestos que ocupaban los accionantes eran cargos de gestión política que debían ser ocupados por personas que acompañasen a la nueva autoridad y fueran de su confianza. Refirió además que sus designaciones fueron siempre temporales y que finalizaron al modificarse las circunstancias que las justificaron (en el caso, el cambio del presidente del Astillero). Insistió en señalar que el empleador tomó dicha decisión en el marco de facultades propias y discrecionales (v. fs. 88/89 vta.).
I.3. A fs. 116 obra el acta de la audiencia celebrada ante el tribunal en los términos del art. 25 de la ley 11.653, en la que se deja constancia que la parte actora manifestó estar a disposición del empleador y expresó que aceptaría una reasignación de funciones que mantuviera indemne su nivel jerárquico y remuneración; mientras que la demandada sostuvo que rechazaba cualquier petición que excediera el objeto de la demanda (reinstalación de los accionantes en sus cargos gerenciales), sobre el que no se había llegado a un acuerdo entre las partes.
I.4. El tribunal de origen hizo lugar a la medida cautelar innovativa peticionada por los demandantes (v. demanda, fs. 58 vta./60 y reiterada a fs. 117) e intimó al Ente Administrador del Astillero para que en el plazo de tres días les otorgara a los señores Silva, Jaimes, Borcerio y Maduri, tareas acordes a su especialidad y jerarquía (v. fs. 119).
I.5. Luego, los demandantes denunciaron el incumplimiento de la medida cautelar ordenada. Señalaron que en tratativas privadas habían acordado con la accionada que se les otorgaran vacaciones durante el período comprendido entre el día 8 de mayo de 2018 y el día 31 de julio de 2018, excepto respecto del señor Silva a quien se le extendía dicho plazo hasta el día 17 de agosto de 2018.
I.6. A fs. 200 el juzgador fijó nueva audiencia de conciliación a petición de la parte actora. En el acta correspondiente se hace constar que la demandada solicitó la ayuda del tribunal a fin de determinar las tareas a asignarles a los actores para no incumplir la medida cautelar decretada. También que señaló que éstos no estaban concurriendo al Astillero desde que se agotaron sus vacaciones y propuso su reintegro en la Gerencia de Legales y Relaciones Institucionales (área con amplia variedad de tareas), en el horario de convenio de 7 a 16 hs. Asimismo que la parte actora ratificó encontrarse a disposición del empleador para el cumplimiento de labores en las condiciones ordenadas por el juzgador a fs. 119, y señaló que la propuesta de horario efectuada por la contraria no resultaba acorde a sus cargos gerenciales excluidos por dicho carácter de la aplicación del convenio colectivo. Sostuvieron que era la accionada quien les estaba negando tareas y solicitaron que se designara a su apoderado como oficial de justicia ad hoc para que constatase el cumplimiento efectivo de la medida cautelar (v. acta de fs. 221 y vta.).
I.7. El tribunal de trabajo dispuso el libramiento de mandamiento de constatación, a fin de que se comprobase el otorgamiento de tareas a los actores (horario, lugar y tipo de labores) y autorizó al apoderado de dicha parte para que fuera a realizar la diligencia ordenada junto al oficial de justicia (v. fs. 222).
I.8. A fs. 223/227 se agregó la propuesta de trabajo efectuada por la demandada a los accionantes, Borciro, Silva y Jaimes, quienes se notificaron de la oferta sin manifestar su conformidad.
I.9. A continuación, la actora adjuntó el mandamiento de constatación diligenciado (v. fs. 228/229 vta.) y denunció el incumplimiento de la manda judicial por su empleadora. Solicitó también una ampliación de la medida cautelar con motivo de la injustificada disminución salarial que sufrieran desde el apartamiento de sus cargos (v. fs. 242/248 vta.). La accionada respondió haber dado adecuado cumplimiento a la orden judicial y señaló que la merma en la remuneración de los trabajadores se debía a una supresión de carácter general en el pago de determinados rubros. A fs. 307 los accionantes reiteraron lo expuesto en orden a la inobservancia de la medida cautelar por la merma en sus salarios.
I.10. A fs. 308 el tribunal de grado en atención a las incidencias suscitadas en torno al hipotético incumplimiento parcial de la medida cautelar decretada en autos, consideró que no ameritaba demora la resolución definitiva de la causa, y conforme a los términos de los escritos constitutivos, declaró la cuestión de puro derecho, confiriendo traslado a las partes para que -en el plazo de dos días- informaran por escrito (art. 32, ley 11.653).
I.11. A fs. 310/311 obra resolución de esta Corte por la que se desestimó la queja interpuesta por la demandada ante la denegación del recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra la medida cautelar ordenada (v. fs. 200). Luego, pasaron los autos al acuerdo del tribunal (v. fs. 314/315),
I.12. En su pronunciamiento (v. fs. 316/326), el tribunal de grado señaló que no existía controversia en el caso respecto a que las partes están ligadas por una relación laboral, ni tampoco en cuanto que, si bien el Astillero demandado es un ente autárquico de derecho público, el vínculo con su personal (incluidos los gerentes) se rige por la Ley de Contrato de Trabajo. Tuvo asimismo por verificado que los demandantes se desempeñaron como gerentes (escalafón jerárquico 010004) a cargo de distintos sectores del ente hasta que fueron relevados de sus funciones el día 7 de mayo de 2018 por resolución de presidencia 1/18 "B", sin perjuicio de lo cual el vínculo continuó vigente. Destacó también que -a su criterio- dicha medida no fue de carácter general (v. sent., fs. 322).
En cambio, consideró que no resultó probada la justificación esgrimida por la empleadora en la evocada resolución 1/18 "B" en cuanto se hacía referencia a "...Que con el propósito de optimizar el desenvolvimiento funcional actual del ente resulta necesario relevar de ciertas funciones y designar personal en las distintas áreas operativas. Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los decretos 4538/93 y modificatorios y 405/18..." (sent., fs. cit.).
Sostuvo el juzgador que no se demostró de qué modo el relevamiento de los actores podía optimizar el desenvolvimiento funcional del ente, ni que ello hubiera sido efectivamente logrado mediante las nuevas designaciones o que sus desplazamientos se hubieran producido en el marco de una reestructuración conjunta y coetánea de distintas áreas. Destacó que tampoco acreditó la parte actora que el relevo obedeciera a causas discriminatorias (art. 81, LCT; v. sent. fs. 322 y vta.).
Expresó que, si bien consideraba que el fundamento a evaluar al momento de sopesar si existió o no un abuso del poder de dirección (art. 66, LCT) era el invocado en la primera comunicación (es decir, el que surgía de los considerandos de la resolución 1/18 "B"), debía destacarse que la justificación ensayada por la accionada en su responde ("facultad discrecional", "cargo de gestión política") no se apoyaba en norma alguna, por lo que quedaba de plano desechada. Agregó, a mayor abundamiento, que el decreto 4.538/93 al que se hacía referencia en la resolución 1/18 "B", en modo alguno disponía que la designación de cargos gerenciales fuera "discrecional" o "política" (v. sent. fs. 323).
Sentado lo expuesto, y sobre la base de la aplicación al caso de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. ley 26.088), se dispuso a examinar si la empleadora había abusado o no de su poder de dirección.
Ponderó que, no obstante que luego del "relevo" de los actores el vínculo se mantuvo vigente, el Astillero no propuso nuevas condiciones de trabajo sino hasta el mes de septiembre de 2018 en razón de la medida cautelar ordenada. Destacó entonces que sin ingresar al análisis relativo a si las ofertas efectuadas (v. fs. 223/227) se ajustaban o no a la manda judicial, se avizoraba que la incertidumbre causada desde la notificación de la resolución 1/18 "B" hasta dicho momento, pudo razonablemente generar en aquellos una alteración moral (v. sent., fs. 323).
Advirtió además que la medida no era de carácter general y alteraba las condiciones esenciales del contrato de trabajo, ya que, aunque a los trabajadores se les continuó reconociendo en sus recibos de haberes el escalafón jerárquico 010004 "gerente", se los excluyó de las funciones de gerente como tal. Inclusive -refirió- en la propuesta de tareas y condiciones efectuada por el ente accionado (v. fs. 223/227) se los pretendía equiparar, por ejemplo, respecto del horario, a los coordinadores que son los "segundos en las gerencias" (v. sent., fs. cit.).
Concluyó entonces que en el caso la empleadora les había modificado a los actores el objeto de sus contratos, vulnerando su indemnidad, mediante una impropia utilización del ius variandi (art. 66, LCT, conf. ley 26.088; v. sent., fs. 323 vta.). En consecuencia, hizo lugar a la demanda de reinstalación promovida y dispuso dejar sin efecto la resolución 1/18 "B" del presidente del ente accionado respecto de los actores, a quienes ordenó les sean respetadas las condiciones de trabajo previas al dictado de la evocada resolución (art. 66, LCT; v. sent., fs. 323 vta.).
II. El Fisco provincial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 66, 78 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que el juzgador sustentó el "abuso del poder de dirección" endilgado a su parte en la aparente "alteración moral" provocada a los trabajadores por la incertidumbre en orden a sus tareas desde la notificación de la resolución 1/18 "B" (mayo de 2018) hasta el mes de septiembre de 2018 (fecha en la que la empleadora les habría propuesto nuevas condiciones de trabajo), vinculando así el supuesto padecimiento moral de los demandantes con circunstancias fácticas acaecidas con posterioridad a la interposición de la demanda (mayo de 2018); lo que -a su criterio- implicaría la transgresión del postulado de la congruencia.
Aduce que no pueden servir de fundamento al progreso de la pretensión inicial hechos que han sido debatidos con motivo del incidente generado por la medida cautelar decretada en autos (como lo son la ausencia de asignación específica de tareas o el acuerdo respecto del goce de vacaciones). Más aún -expresa- si tenemos en cuenta que la parte actora -en su alegato- reconoció que luego del relevamiento en sus funciones se les continuó registrando en los recibos de sueldo el escalafón jerárquico "gerente", lo que descarta el eventual sufrimiento de algún perjuicio material al momento del inicio de la presente.
Agrega que tampoco el pretendido menoscabo puede derivarse de la propuesta (v. fs. 223/227) de equiparar el horario de trabajo de los demandantes con el de aquellos que cumplen funciones como coordinadores ("segundos en las gerencias"), puesto que -al margen que jamás se probó que tal equiparación importe un sacrificio extraordinario por parte de los dependientes- sólo se trató de una hipótesis para el cumplimiento de la cautelar (otra circunstancia fáctica posterior a la demanda).
Sostiene que en el caso no se demostró el supuesto de hecho en que se sustentó la pretensión de los accionantes (conf. art. 375, CPCC), esto es: que el relevamiento de sus puestos obedeciera a causas discriminatorias. Señala que habiendo incumplido dicha carga los demandantes, el ejercicio del ius variandi por el presidente del ente empleador -mediante la resolución 1/18 "B"- ha sido legítimo (conf. arts. 66, 78 y 81, LCT).
Refiere que incurrió en un equívoco el tribunal al afirmar dogmáticamente -y a mayor abundamiento- que el decreto 4.538/93 citado en la resolución 1/18 "B" no dispone que la designación de cargos gerenciales sea "discrecional" o "política". Afirma que al atribuirle carácter de permanencia y estabilidad a cargos que -de por sí- no la tienen, el juzgador licuó las potestades otorgadas al presidente del Astillero por el aludido decreto 4.538/93, pues, si la autoridad competente puede crear o suprimir las gerencias que considere necesarias para el cumplimiento de sus fines, también puede designar o sustituir a las personas que ocupen dichos cargos por razones de oportunidad, merito o conveniencia.
Aduna a lo expuesto que el ejercicio de una gerencia obedece a funciones de gestión institucional que nada tiene que ver con la antigüedad del trabajador, por lo que no existe obligación de garantizar la permanencia en el cargo por el mero transcurso del tiempo, ni por haber llegado al puesto luego de varios años de trabajo para el Astillero, ya que son puestos temporales. De allí que -a su juicio- la resolución 1/18 "B" encuentra suficiente justificación normativa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación y violación al principio de congruencia (causas L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 119.529, "Williman", sent. de 18-X-2017; e.o.).
También ha declarado que determinar si se ha configurado -o no- el ejercicio abusivo del ius variandi , es materia reservada al tribunal de la instancia ordinaria y la conclusión que al respecto éste exponga sólo puede revisarse en sede extraordinaria si se acredita la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 99.484, "Rodríguez", sent. de 13-X-2010; L. 113.258, "López", sent. de 5-VI-2013; L. 108.023, "Segui", sent. de 10-XII-2014; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas y con sujeción a los términos de la impugnación, es posible anticipar la ineficacia del embate.
En efecto, a partir de su discordante opinión acerca del modo en que fuera analizada y dirimida la controversia, la interesada no logra concretar una réplica idónea para evidenciar que las motivaciones del fallo luzcan apartadas de las constancias de la causa o que el juzgador hubiera excedido los límites de la congruencia.
De la sola lectura de los antecedentes transcriptos surge que el tribunal de grado descartó la tesis de la demandada en orden a que el apartamiento de los reclamantes de sus puestos de trabajo encontrara justificación en el motivo expuesto en la resolución 1/18 "B" (optimización en el desenvolvimiento funcional actual del ente), o en el hecho de ostentar "cargos de gestión política" sujetos a una "facultad discrecional" del presidente del ente.
En ese marco, consideró que la decisión de la empleadora de excluir a los accionantes de sus funciones, manteniendo vigente el vínculo laboral
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.