Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122554
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.554, "Marinado, Romina Paola y otro contra Rossi, Mirtha Rita. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, desestimó la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 801/817).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 828/870).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Emiliano Martín Fucci Pérez contra la señora Mirtha Rita Rossi de González, mediante la cual le había reclamado, con sustento en los arts. 52 de la ley 23.551 y 1 de la ley 25.392, la nulidad del despido dispuesto por la accionada y la reinstalación en su puesto de trabajo, así como el pago de los salarios caídos hasta la efectiva reincorporación y la reparación del daño moral derivado del carácter discriminatorio que atribuyó al distracto (v. fs. 801/817).
Por otro lado, hizo lugar a la demanda por consignación presentada por la señora Mirtha Rossi de González poniendo a disposición del trabajador la suma que especificó.
Asimismo, condenó a la empleadora al pago de los importes fijados en concepto de diferencias por el sueldo anual complementario (SAC) proporcional del segundo semestre del año 2013 y por vacaciones proporcionales.
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor cumplió tareas en la categoría "administrativo F" (CCT 130/75) en el Registro Automotor n° 2 de Bahía Blanca -a cargo de la demandada- desde el día 2 de mayo de 2008 hasta el día 28 de octubre de 2013.
Estableció que en la fecha aludida se cursó notificación para anoticiar su despido sin expresión de causa, con liquidación final a su disposición, envío que fue ratificado el día 27 de noviembre de 2013.
Explicó el a quo que ambas piezas habían sido devueltas al remitente por plazo vencido el día 21 de diciembre de ese año (con indicación "ausencia de destinatario") y, en consecuencia, tuvo por configurada la extinción del contrato en esta última fecha puesto que la actitud del accionante de evitar la recepción de una notificación o no retirarla pese al aviso que se le había dejado, comportaban actitudes reñidas con la buena fe (arts. 62 y 63, LCT).
Posteriormente evaluó si, como adujo el actor en su demanda, su desvinculación estaba motivada en una conducta discriminatoria, arbitraria, desleal y antisindical, debido a su condición de activista y afiliado a la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca.
Señaló que tales extremos fueron desconocidos por la demandada, quien invocó la existencia de un estado de malestar que hacía material y moralmente imposible la prosecución de la relación laboral, como también que el accionante no representaba a los trabajadores y que nunca lo consideró parte del sindicato.
En este sentido, tras ponderar las pruebas colectadas en la causa (documental, informativa, testimonial), juzgó no acreditada la invocada existencia de actividad gremial "extra sindicato" del actor ni su relación causal con el despido; tampoco que hubiera sido sometido por la patronal a persecuciones o discriminación por tal circunstancia.
Por el contrario, tuvo por probado que la señora Mirtha Rossi brindó un trato igualitario a todo el grupo de trabajo que integraba el señor Fucci Pérez -trece empleados-, y mantenía contacto directo con los trabajadores, accediendo a conversar con ellos ya sea en forma individual o conjunta.
Puntualizó que los testimonios de los compañeros del reclamante no generaron convicción firme en cuanto a que el señor Fucci Pérez cumpliera una labor gremial. De las declaraciones -señaló- surgía que los reclamos acerca de las condiciones de trabajo y seguridad eran efectuados directamente por el grupo de trabajadores, incluido el actor, quien hacía peticiones concretas a la señora Rossi. Asimismo, que todos podían expresarse frente a ella, aun admitiendo que, conforme la grabación que se reprodujo en la audiencia de vista de la causa, el demandante tomaba la palabra como portavoz del grupo. Tal proceder -expresó el a quo - encuadraba jurídicamente en la noción o figura de reclamo pluriindividual directo, mecanismo de petición exento de participación o acción gremial representativa. Indicó, en ese sentido, que el actor pudo ejercer cierto liderazgo sobre el grupo en razón de su experiencia y capacidad; no obstante, esa sola posición en el marco de reclamos directos formulados por el grupo no lo convertía en su representante gremial ni con ello acreditaba que ejerciera actividad sindical en su nombre.
Precisó al respecto que no existía prueba fehaciente ni suficiente de tal representación, ni de una posible mediación del actor ante la patronal portando de modo habitual los reclamos laborales de su grupo. De hecho, remarcó, la señora Ivana Peter fue elegida como delegada del personal el día 11 de septiembre de 2013. Asimismo, ponderó que la grabación efectuada por ésta mediante un dispositivo oculto (en un formato que debió ser modificado hasta llegar al celular del actor), sin conocimiento de la empleadora, en una reunión que mantuvieran con ella, revelaba un comportamiento reñido con el deber de obrar de buena fe y una conducta desleal (arts. 62, 63 y 84, LCT).
A partir de los elementos de juicio evaluados, el tribunal interviniente resolvió que el actor no había probado -como era su carga- las circunstancias en las que basó la configuración del motivo debatido; de haberlo logrado, habría incumbido a la demandada desacreditar que la causa del despido obedecía a un motivo discriminatorio en razón de la invocada actividad sindical. En ese orden precisó que el señor Fucci Pérez debió al menos aportar un indicio sólido o razonable de que un acto empresarial había lesionado su derecho fundamental o, en otros términos, generar un umbral mínimo de verosimilitud en torno a su versión de los hechos constitutivos del distracto.
Añadió que la mera circunstancia de no esgrimir una causa para disponer el despido, no hacía presumir que la decisión de la empleadora encubriera un motivo discriminatorio. Por el contrario, estableció que la demandada, en uso de sus facultades de organización, dirección o disciplinarias (arts. 64, 65 y 67, LCT), decidió no mantener en su nómina al empleado. Afirmó que, mediando un despido sin expresión de causa, la desvinculación del dependiente presupone siempre un juicio de valor del principal en torno al perfil y actuación laboral del mismo en la empresa; luego, sellada su continuidad en el establecimiento, no procede siquiera suponer, y menos aún extraer in abstracto como elemento esencial constitutivo de la decisión rescisoria, la necesaria existencia de una voluntad y conducta patronal de sesgo discriminatorio, cualquiera fuere su origen.
Entendió que en autos el actor no justificó mínimamente el presupuesto de hecho de la discriminación denunciada. Explicó, en ese sentido, que todo planteo de acto discriminatorio debe ser claro, concreto y debidamente demostrado, por el contrario, no cabe que sea propuesto al debate basado en posturas meramente subjetivas o en relatos virtuales. Precisamente -dijo- esto es lo que había acontecido en el caso por cuanto el acto de discriminación, narrado en la demanda como alcanzado por la ley 23.592, no había excedido de una postura meramente teórica, carente de respaldo probatorio, más allá del esfuerzo desplegado por el demandante (art. 14 bis, Const. nac., leyes 20.744 y 23.592; Convenio OIT 98; art. 375, CPCC).
En otro orden, consideró no acreditada la remuneración alegada por el accionante, fundada en el pago que denunció haber percibido "en negro", conforme lo expuesto en el informe pericial contable y los recibos de haberes acompañados (v. vered., tercera cuestión).
Señaló, por otra parte, que había resultado acreditado que la señora Mirtha Rossi había iniciado acción por consignación con fecha 12 de diciembre de 2013 y que el señor Fucci Pérez había entablado demanda contra aquella por reinstalación en su puesto de trabajo con fecha 11 de diciembre de 2013, reclamo que finalmente fue desestimado. En consecuencia, ponderó que, con el despido, la empleadora había puesto a disposición del actor la liquidación final mediante carta documento el día 27 de noviembre de 2013 y que éste se sustrajo a tal notificación obligando a la empleadora a consignarla judicialmente.
En tales condiciones, y dada la ausencia de causa justificada para rehusar el pago, el actor se encontraba en mora por lo que desestimó el reclamo fundado en el art. 2 de la ley 25.323. También la sanción del art. 1 de esa ley, por no encontrarse reunidos los supuestos allí establecidos.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 14 bis, 16 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1 de la ley 23.592; 39, 44 inc. "d" y "e" y 63 de la ley 11.653; 384, 392, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 52, 54 y 55 de la ley 20.744 ; 725, 756, 757, 758 y 760 del Código Civil y doctrina legal que cita (v. fs. 828/870).
II.1. Cuestiona que el tribunal hubiera rechazado el reclamo por despido discriminatorio invocado por su parte.
Sostiene que el a quo exigió que el trabajador acreditara la discriminación patronal de la que fue víctima, desconociendo que el acto discriminatorio que se denuncia es el mismo despido, que ha sido probado.
Refiere que el pronunciamiento de grado vulnera los precedentes de la Corte Suprema que cita y la doctrina legal sentada por este Tribunal en las causas L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010); L. 104.378, "Sffaeir" (sent. de 8-VIII-2012); L. 113.329, "Auzoategui" (sent. de 28-VIII-2014) y L. 117.804, "Humaño" (sent. de 26-III-2015), en cuanto se declaró que, en los casos de despido discriminatorio, el trabajador que invoca esa situación debe aportar indicios suficientes sobre el propósito real del comportamiento del empleador y éste debe demostrar que la extinción del contrato de trabajo se produjo por un hecho objetivo alejado de dicha imputación. Afirma que en la especie, el actor, contrariamente a lo resuelto en la sentencia impugnada, lo ha hecho sobradamente.
Afirma también que el juzgador interpretó erróneamente la teoría de la carga dinámica de la prueba, haciendo pesar exclusivamente sobre la víctima la tarea de demostrar el motivo discriminatorio alegado, sin considerar los indicios serios, precisos, claros y concordantes del móvil discriminatorio de la empleadora, que encuadra en la figura prevista en el art. 1 de la ley 23.592 por opinión, activismo o ideología sindical que la propia empleadora atribuyó a la víctima.
Precisa que el a quo sometió al trabajador a un duro test de "consistencia probatoria" bastándole a la demandada alegar que el despido se debió a "...malestares que hicieron moral y materialmente imposible la continuidad de la relación laboral" para liberarse del "sindicalista" que "...llenaba la cabeza de sus compañeros". Sostiene, en ese sentido, que lejos de las pautas con las que debieron valorarse las pruebas producidas, teniendo en cuenta la dificultad que implica para la víctima del acto discriminatorio aportar la prueba de la intencionalidad del acto lesivo, el sentenciante descartó cualquier desplazamiento de las reglas tradicionales de distribución de la carga de la prueba, sin requerir de la demandada ninguna justificación de la medida adoptada ni de su "objetividad".
Con apoyo en la prueba aportada (grabación de voz de una reunión entre la empleadora y los trabajadores, declaraciones testimoniales) afirma que, contrariamente a lo resuelto por el tribunal de origen, la actividad gremial extra sindicato fue acreditada, así como los concretos actos de discriminación hacia el trabajador. Añade que previo a su intervención, los reclamos de los trabajadores eran individuales e independientes. Y que con motivo de su liderazgo sobre el grupo, el acercamiento al sindicato y la elección de delegado, ese actuar se transformó en colectivo y fue el motivo del despido. Afirma que luego del distracto, la situación se retrotrajo casi al estado anterior a tales iniciativas y logros gremiales.
Afirma que todo ello demuestra el absurdo de lo resuelto y que el actor fue despedido por su actividad, por lo que peticiona se revoque la sentencia dictada y se ordene su reincorporación.
II.2. En otro orden, considera que el a quo aplicó incorrectamente el art. 39 de la ley 11.653 en cuanto requirió que el actor acreditara el pago fuera de registro denunciado.
Alega que si bien el empleador exhibió la documentación requerida correspondiente al año 2014, no lo hizo respecto de aquella en que debían constar los datos relativos a la relación con el actor entre los años 2008 y 2013 (arts. 52, ley 20.744 y 18, ley 24.013), por lo cual el tribunal consideró que la relación no se hallaba registrada. A pesar de ello -afirma- atribuyó al actor la carga de demostrar el monto de la remuneración que declaró haber percibido en la demanda, alterando indebidamente la carga de la prueba establecida en el citado art. 39.
Sin perjuicio de tal afirmación, reconoce que el juzgador tuvo por probada la remuneración percibida a través de los recibos de haberes acompañados por ambas partes, pero sostiene que ese razonamiento es absurdo porque el a quo prescindió de analizar elementos de juicio que -desde su punto de vista- demostrarían el pago "en negro" denunciado, tales como la grabación de voz de la reunión entre los trabajadores y la empleadora y las declaraciones testimoniales.
II.3. Por otro lado, cuestiona el rechazo de la procedencia de la sanción establecida en el art. 1 de la ley 25.323.
En sustancia, bajo los mismos argumentos desplegados en el punto anterior, alega absurda valoración de la prueba. Señala que en el caso se encuentran reunidos los presupuestos de aplicación de la norma y que, además, el a quo no dio a conocer los fundamentos de su decisión.
II.4. Finalmente, reprocha la procedencia de la demanda por consignación deducida por la empleadora y acumulada a estos autos.
Sostiene que las sumas depositadas por la empleadora no reúnen los requisitos de identidad e integridad establecidos en el art. 758 del Código Civil (ley 340).
Afirma que el error denunciado queda en evidencia en cuanto el a quo , a pesar de admitir la consignación, condenó a la demandada además al pago de diferencias por SAC proporcional al segundo semestre de 2013 ($425,68) y diferencias por vacaciones proporcionales ($2.116,24) con más intereses.
A la par, y como consecuencia de las críticas expuestas en los puntos anteriores, sostiene que, ante la existencia de pagos sin registración, la base salarial utilizada para la liquidación final no es correcta ni se incluyó el importe correspondiente a la multa del art. 1 de la ley 25.323 y, por lo tanto, el monto consignado, tampoco, desde esa óptica, cumple con la exigencia de identidad e integridad.
III. El recurso prospera conforme lo que sigue.
III.1. El primero de los agravios traídos no es de recibo.
Este Tribunal tiene dicho que tanto la interpretación del intercambio postal trabado entre las partes y la valoración del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones fácticas reservadas al análisis de los jueces de la instancia ordinaria y marginadas de la casación, salvo la demostración de absurdo (causas L. 106.683, "Suárez", sent. de 29-V-2013; L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014 y L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015).
Bajo tales premisas, la crítica luce insuficiente para revisar las conclusiones sentadas en el pronunciamiento impugnado.
Desentendiéndose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión que impugna, el interesado sólo intenta -pretendiendo disputarles el ejercicio de dichas facultades privativas- un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que se ha juzgado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 94.304, "Villarreal", sent. de 22-X-2008; L. 105.051, "Tusq", sent. de 5-X-2011 y L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013).
En efecto, a partir de su propia apreciación de las constancias de la causa, el impugnante se circunscribe a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, sobre la base de una disímil apreciación de los hechos y las pruebas ponderadas en el fallo, sin lograr desvirtuar el análisis que condujo al tribunal a concluir que no se acreditó el desempeño de la invocada actividad sindical desplegada por el trabajador como presupuesto del trato discriminatorio que dijo haber sufrido por ese motivo y que derivó en su despido.
La sola divergencia que expresa el interesado acerca de la idoneidad y aptitud probatoria de las declaraciones testimoniales, sumada a la personal apreciación del valor que debió asignarse a la prueba que indica -elementos que el tribunal evaluó, aunque con un alcance distinto al pretendido por el accionante- resulta inhábil para demostrar la existencia del vicio de absurdo.
Cabe además precisar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 102.022, "Cooke", sent. de 26-X-2010; L. 105.156, "Villalobos", sent. de 21-IX-2011 y L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013).
En ese marco, igualmente inatendible se exhibe la crítica acerca de la indebida atribución de la carga probatoria. Ello, porque el accionante considera que en el caso fueron demostrados suficientes indicios de la "actividad gremial extra sindicato", premisa que el a quo juzgó no verificada, en una conclusión que -según se expuso- debe permanecer firme.
Las restantes consideraciones que trae el impugnante devienen igualmente ineficaces, desde que solo revelan una serie de argumentos que en verdad pretenden apoyarse en su subjetiva versión sobre los hechos y de cómo -a su criterio- debieron apreciarse las pruebas, en una estructura de razonamiento que traduce el mero intento de disputarle al juzgador el uso de facultades que por regla le son privativas, técnica inhábil para evidenciar el vicio de absurdo (causas L. 104.602, "Breda", sent. de 29-II-2012; L. 112.532, "Sánchez", sent. de 3-VII-2013 y L. 111.695, "Villanueva", sent. de 8-IV-2015).
En definitiva, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado, resultando por ello de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 117.869, "Videla de Maldonad
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