Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123817
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se anula parcialmente la sentencia con el alcance indicado en el voto emitido en primer término a la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.817, "Juncos, Baltazar contra Consorcio de Propietarios Edificio Meir 14. Reinstalación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 261/282).
Se interpusieron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 291/300).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 330/331vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Baltazar Juncos contra Consorcio de Copropietarios del Edificio Meir 14, en cuanto reclamaba el pago de haberes correspondientes a los meses septiembre a diciembre de 2016, enero y -parcialmente- febrero de 2017; vacaciones no gozadas; así como las indemnizaciones derivadas del despido; el incremento resarcitorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 y la entrega de la "certificación de servicios".
Rechazó, en cambio, la pretensión de reinstalación y nulidad del despido con más los salarios caídos, entre otros conceptos.
Por otro lado, ordenó a la parte actora que entregue a la accionada -en el plazo de diez días- la vivienda que ocupaba, bajo apercibimiento de desalojo (v. fs. 261/282).
Para así resolver, declaró no controvertido que entre las partes medió un contrato de trabajo, iniciado el 25 de julio de 2016, desarrollando el actor tareas de encargado permanente con vivienda; y que el día 2 de septiembre de 2016 se le comunicó por acta notarial -a requerimiento del administrador del consorcio (Carlos Alberto Dazeo)- su despido sin causa, acto que fue ratificado por la asamblea de propietarios con fecha 16 de febrero de 2017 (v. vered., fs. 265).
En la etapa de sentencia, en lo que interesa, puntualizó el juzgador que el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 2.058 que "...La asamblea es la reunión de propietarios facultada para resolver: ...c. las cuestiones sobre la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio..."; y en su art. 2.067 que "...El administrador tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios. En especial debe: ...f. nombrar y despedir al personal del consorcio, con acuerdo de la asamblea convocada al efecto...".
Con sustento en ello, consideró que el mandato genérico otorgado en asamblea de propietarios al administrador para que una vez vacante el puesto de encargado, procediera a nombrar -y eventualmente despedir- nuevo personal, no suplió la necesidad de que tales actos sean ratificados expresamente por una asamblea convocada al efecto (v. fs. 268 y vta.).
En consecuencia, consideró que el despido dispuesto por la patronal mediante la actuación notarial referenciada resultó válido, pero con efectos recién a partir de su confirmación por el mencionado órgano (v. fs. 268 vta.).
II. Contra dicha decisión, la parte demandada interpone recurso extraordinario de nulidad, con fundamento en la inobservancia del art. 168 de la Constitución provincial y de la doctrina legal que cita.
En lo esencial, sostiene que el juzgador soslayó expedirse respecto de una pretensión esencial articulada oportunamente, circunstancia que -a su criterio- define la nulidad parcial del fallo.
En este sentido, denuncia la omisión del tratamiento de la cuestión relativa al reclamo de daños y perjuicios impetrada por la parte empleadora al promover la acción por consignación.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 330/331 vta.), considero que el recurso debe prosperar.
III.1. En lo que resulta de interés para resolver el remedio en análisis, el contenido de la litis quedó integrado, no solo por la reconvención articulada por el consorcio al contestar la demanda (v. fs. 53 vta./57), sino también, por los extremos que emergen de la causa "Consorcio de Propietarios del Edificio Meir 14 c/ Juncos Baltazar s/ consignación" (v. fs. 88/162), cuya acumulación -peticionada en aquella oportunidad procesal- resultó admitida en el pronunciamiento de fs. 163.
De los antecedentes referidos en el párrafo anterior, surge nítida la introducción oportuna por parte de la accionada de la pretensión tendiente a obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la falta de restitución por parte del dependiente de la vivienda destinada a su ocupación luego de extinguido el contrato de trabajo; petición que no ha sido objeto de decisión expresa por parte del juzgador de mérito en la sentencia atacada (v. fs. 261/282).
En tales condiciones, considero que se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste carácter esencial, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial. Esto último, toda vez que -reitero- el reclamo por daños y perjuicios, incluido en punto III.c. de la demanda por consignación (incorporada a fs. 146/150) integró la estructura de la litis , conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia.
Al respecto, ha declarado esta Corte que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados, constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita ) que conlleva a la nulidad del fallo (causas L. 99.171, "Torres", sent. de 16-II-2011; L. 107.839, "B., G. R.", sent. de 3-X-2012; L. 117.219, "Arriola Camacho", sent. de 12-XII-2014 y L. 121.447, "Herrera", sent. de 26-V-2020).
III.2. Con todo, cabe aclarar que la nulidad propuesta no ha de alcanzar a la totalidad del pronunciamiento, sino solamente a la parcela afectada por el vicio señalado (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 79.235, "Carnival", sent. de 23-V-2007; L. 84.928, "Formigo", sent. de 19-IX-2007 y L. 121.212, "Pardo", sent. de 9-XII-2020).
IV. En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 330/331 vta.), corresponde disponer la nulidad parcial del fallo, en cuanto soslayó resolver el planteo tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios reclamados por la aquí recurrente.
Las actuaciones deberán remitirse al tribunal de grado para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento con el alcance que aquí se indica (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia la errónea aplicación de los arts. 2.058 y 2.067 del Código Civil y Comercial de la Nación, y la violación de la doctrina legal que cita (v. fs. 291/300 vta.).
Destaca, en primer lugar, que la doctrina legal violada en el fallo "es la fijada por la Suprema Corte Provincial en relación al absurdo en la apreciación de la prueba" (sic, v. fs. 297 vta.).
Por otro lado, cuestiona la decisión en crisis por haber resuelto que el mandato genérico otorgado por la asamblea al consejo de propietarios y al administrador para que -llegado el caso- procediera a nombrar y, eventualmente, remover al nuevo personal, no suple la necesidad de que tales actos sean ratificados expresamente por una asamblea convocada al efecto; argumento sobre cuya base el tribunal juzgó que el despido del actor surtió efectos sólo después de operado dicho acto confirmatorio (16 de febrero de 2017; v. fs. 298).
En esta línea, alega que la decisión impugnada "hace decir" al art. 2.067 del Código Civil y Comercial de la Nación lo que no expresa, esto es, que el acuerdo emitido por la asamblea para proceder al despido, debe ser posterior a la designación del dependiente (v. fs. 299).
Destaca que dicho órgano colegiado, en febrero de 2016, había otorgado amplias facultades al administrador, no solo para contratar al nuevo encargado del edificio, sino también para disponer su desvinculación en caso de evaluación negativa (v. fs. 299).
Añade que mediante la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa quedó demostrado que el desempeño del señor Juncos en sus labores había sido "malo" (sic); a lo que aduna que la turbación que ocasionó en la propiedad del demandado deja en evidencia su mala fe y desprecio por las normas legales (v. fs. 299).
En base a tales consideraciones, aduce que la fecha en la que el tribunal tuvo por verificada la extinción del contrato de trabajo (febrero de 2017) resulta arbitraria y carente de todo sustento jurídico (v. fs. 299 vta.).
Argumenta que de seguirse la interpretación del tribunal respecto del derecho actuado en el fallo -art. 2.067 Código Civil y Comercial de la Nación-, el sistema de estabilidad previsto en el art. 6 de la ley 12.981 perdería toda razón de ser.
En síntesis, sostiene el quejoso que habiéndose autorizado oportunamente al administrador -mediante acta de asamblea ordinaria del 18 de febrero de 2016- a decidir la contratación, evaluación y eventual despido del trabajador, la terminación del contrato de trabajo operada mediante actuación notarial de fecha 2 de septiembre de 2016 es legítima y procedente, por lo que peticiona se haga lugar al recurso impetrado y se revoque la sentencia recurrida, en cuanto juzgó que el distracto operó recién a partir del 16 de febrero de 2017.
II. El recurso es inadmisible.
II.1. Liminarmente, cabe destacar que no superando el valor del agravio el monto mínimo para recurrir contemplado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el medio de impugnación en análisis ha sido concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 301 y vta.), resolución que no ha sido objeto de cuestionamiento.
Luego, la función revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el citado precepto del régimen adjetivo laboral local, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018).
II.2. En primer lugar, debo señalar que la doctrina legal vinculada a la valoración de la prueba y al vicio de absurdo, cuya transgresión denuncia el compareciente (v. recurso, fs. 297 vta.), no es útil para habilitar la apertura de la instancia extraordinaria en el acotado marco revisor por el que transita el examen de la presente queja (causas L. 96.679, "Cisneros", sent. de 2-III-2011; L. 105.176, "Bravo", sent. de 29-II-2012 y L. 118.764, "Gómez", sent. de 10-VIII-2016).
II.3. Desde otra perspectiva, observo que los cuestionamientos concernientes a la supuesta errónea aplicación de los arts. 2.058 y 2.067 del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre cuya base el compareciente refuta -también- la fecha en que el tribunal de grado hubo de juzgar operado el despido, devienen inatendibles debido a que no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal que justifique su tratamiento en esta sede extraordinaria (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos", sent. de 2-XI-2016; L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; e.o.).
II.4. Luego, y sin que ello implique abrir juicio respecto del acierto sustancial de la decisión de grado, atento el limitado marco en que el recurso fue concedido, la inadmisibilidad del embate define su rechazo.
III. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud, Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y se anula parcialmente la sentencia con el alcance indicado en el voto emitido en primer término a la primera cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, con diferente integración, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2021 12:46:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:16:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2021 16:50:23 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 14:18:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 19:07:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia