Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128396
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar a la demanda deducida por Patricia Alejandra Rissone condenando a la Municipalidad de San Nicolás a reintegrarla en su puesto de trabajo y abonarle los salarios caídos (v. pronunciamiento de fecha 15-XI-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó -por mayoría- que la accionada debía abonar los haberes desde el mes de noviembre de 2015 y hasta igual mes de 2017, momento en que ésta le requirió a la actora la realización de los estudios preocupacionales de ley, toda vez que los mismos deben ser previos al reinicio de las actividades y obligatorios para la trabajadora, sin que se hubiera alegado y menos aún demostrado en autos la consumación de tales estudios.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-XII-2021), concedido por el tribunal actuante (v. resol. del 17-XII-2021).
En su presentación, le objeta al juzgador de grado no haber liquidado los salarios caídos hasta el mes de mayo de 2019, fecha de su efectiva reincorporación.
En ese sentido, señala que la decisión es absurda y arbitraria, por cuanto la trabajadora nunca se anotició de la comunicación que -por cédula del 22-XI-2017- le cursó su empleadora para que se realice los exámenes médicos de rigor, la cual, según constancias de autos, no sólo ha sido entregada "bajo puerta", sino que, además, fue incorporada a las actuaciones un año y tres meses después de la supuesta notificación.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017; L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L. 125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021).
III.2. Sentado ello, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar -como también ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.381, "Blanco" y L. 123.904, "González", resols. de 18-XII-2019).
III.3. Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En razón de lo expuesto, la facultad revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto por el órgano judicial de grado contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021).
En el contexto de estos autos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida. Ello así, desde que la doctrina legal que emerge de las causas que cita la recurrente, referidas al vicio de absurdo, no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 127.687, "Druzini", resol. de 28-XII-2021).
Por lo demás, conforme reiteradamente ha sostenido este Tribunal, no resulta útil, en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 117.760, "Picco", resol. de 5-III-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 119.548, "Calicchio", resol. de 20-IV-2016; L. 120.310, "Ochoa", resol. de 23-V-2017; L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020 y L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores ni de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:34:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:18:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:51:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 17:49:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 08:27:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia