Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128436
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Instituto Integral de Apoyo a Personas con Capacidades Diferentes -IDANI- (art. 292, CPCC; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
2Intimar al impugnante para que, en el término de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos trescientos treinta y seis mil ($336.000), por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso o, en su defecto, a que acredite en esta sede la concesión definitiva de la referida franquicia en el plazo de tres meses -a computarse desde la notificación de la presente- (art. 81, CPCC), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto (párrafo cuarto, art. 280 Cód. cit.).
En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. …
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar peticionada por Daiana Verónica Franco y ordenó al Instituto Integral de Apoyo a Personas con Capacidades Diferentes (IDANI) a que, en el plazo que estimó, reincorpore a la actora a su puesto de trabajo habitual y le abone los salarios desde el 27 de mayo de 2021 en adelante "sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva al fallarse sobre el fondo de la controversia" (v. resol. de 21-IX-2021).
Para así resolver, consideró acreditado, de acuerdo a la valoración e interpretación que efectuó del escrito liminar y la documental adunada -en especial de la carta documento que individualizó- que la actora había puesto en conocimiento de la empleadora, en los días previos a la comunicación del despido cursado por abandono de trabajo, la imposibilidad de cumplir con el débito laboral al que había sido intimada en razón de encontrarse al cuidado de una hija menor de edad.
En ese contexto, concluyó reunidos los presupuestos legales exigidos a fin de conceder la cautela peticionada, por haber sido comunicada la decisión rescisoria durante la vigencia del decreto 329/2020 y sus sucesivas prórrogas.
II. Frente a lo así resuelto el Instituto Integral de Apoyo a Personas con Capacidades Diferentes (IDANI) dedujo revocatoria (v. escrito de 8-XI-2021) y recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 18-XI-2021).
A su turno, en lo que interesa destacar, el a quo declaró inadmisible el remedio extraordinario intentado, con fundamento en la ausencia de la nota definitividad del pronunciamiento cautelar puesto en tela de juicio (v. decisión de 27-XII-2021), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de fecha 31-I-2022).
En concreto, alega que al existir plena identidad entre el objeto cautelar peticionado y la acción de reinstalación incoada, el decreto precautorio dictado conculca los principios de instrumentalidad y accesoriedad característicos en la materia y, en aquella medida, constituye un indebido adelanto de jurisdicción, que sólo podría obtenerse mediante una sentencia definitiva dictada al cabo del proceso, previo debate y prueba.
En esa línea, con apoyo en la doctrina legal que individualiza, entiende que el pronunciamiento dictado inaudita parte por el Tribunal de trabajo, por su magnitud y circunstancias de hecho, le genera un agravio de imposible o insuficiente subsanación posterior; razón por la cual resulta equiparable a una sentencia definitiva. Invoca cuestión federal.
III. La queja prospera.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que si bien esta Suprema Corte tiene dicho que las decisiones relativas a medidas cautelares no poseen -por regla- naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 113.444, "Santucho", resol. de 10-III-2011; L. 116.920, "González Cabrera", resol. de 22-VIII-2012 y L. 119.532, "Cardozo", resol. de 22-XII-2015; e.o.), también ha sostenido que si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, debe equiparársela a tal (causas L. 119.005 "Malizia" y L. 119.071 "Guerrero", resols. de 7-X-2015; e.o.).
En el caso, los agravios desplegados por la demandada, en cuanto sostiene que dejar firme el decreto precautorio implicaría, de acuerdo a las particularidades señaladas, otorgar efecto definitivo a la orden de reinstalación y pago de salarios caídos, efectuada con sustento en el decreto 329/20, sin previo debate, se tornan hábiles -prima facie y sin que ello implique emitir juicio sobre la solución que en definitiva corresponda dar en la etapa procesal oportuna- a fin de considerarlo equiparable a definitivo, porque podría ser susceptible de generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior.
En atención a lo dicho, carece de virtualidad expedirse en torno a los demás agravios desplegados en el recurso de hecho que se provee.
III.2.a. Sentado ello, corresponde ingresar a analizar los restantes recaudos de admisibilidad del canal revisor intentado. En tal sentido, se impone destacar que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art.63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018 y L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018).
Por otra parte, es menester recordar, en cuanto a su petición de eximición del cumplimiento de la referida carga con sustento en la doctrina emanada de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada", "Di Mascio", "Christou" (CSJN, Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324), que esta Corte ha sostenido que aún en ciertos casos en que se dispuso que el recaudo establecido en el art. 278 del ordenamiento procesal local debía ceder por haber invocado la apelante agravios de carácter federal que prima facie guardaban relación directa con la cuestión litigiosa y, ponderando además que esta Suprema Corte conformaba el superior tribunal de la causa en los términos a que se refiere en los indicados fallos, ello no obstó a que, seguidamente, se exigiera el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código citado (causas Ac. 90.134, "Banco de La Pampa", resol. de 16-VI-2004; C. 98.784, "Seguro de Depósitos S.A.", resol. de 28-V-2010; C. 119.610, "Montezanti", resol. de 19-X-2016; C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 13-IX-2017 y C. 124.125, "Fernandez", resol. de 8-VI-2021).
En ese contexto, correspondería intimarla a satisfacer el depósito previo establecido en la norma mencionada por el mínimo legal (art. 280 cit.), considerando el valor del agravio en este estadio del proceso, de conformidad con los argumentos desplegados y la cuestión que se debate en la causa, como de monto indeterminado a los fines de los arts. 278 y 280 del Código Procesal citado.
Así, de acuerdo al valor de dicha unidad, vigente al momento de interposición de la vía recursiva, el depósito mínimo a satisfacer en el sub lite es de pesos trescientos treinta y seis mil ($336.000), por lo cual se impone, en principio, intimar a su cumplimiento (art. 280, cuarto párrafo, cit.).
III.2.b. No obstante ello, cabe advertir que al interponer la impugnación extraordinaria invoca su exención a dar cumplimiento con la mentada carga, por gozar de un beneficio de litigar sin gastos provisional (v. acápite II "b" del escrito de 18-XI-2021).
IV.1. Teniendo en vista el mencionado camino emprendido por la impugnante en relación con el beneficio de litigar sin gastos, el que se verifica iniciado conforme lo destaca el tribunal de grado en su pronunciamiento del 27 de diciembre de 2021 como caratulado "Intitución de Apoyo Integral a las Personas con Discapacidad s. Incidente de Beneficio de Litigar sin gastos" expte. n° 46.265, cabe señalar que esta Corte ha establecido en el precedente registrado como Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. de 28-VIII-2002) y los que siguieron su doctrina, que en tales supuestos corresponde constatar el resultado del respectivo incidente en un plazo prudencial, que se fijó en tres meses por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios en la obtención de la franquicia (causa Ac. 84.210, cit.).
En tal línea, colocada la parte impugnante en la tesitura de obtener el beneficio de litigar sin gastos y sortear el aludido recaudo (art. 280, CPCC), a tenor de los derechos involucrados y por razones de celeridad procesal, corresponde intimar a la recurrente para que en el término de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos trecientos treinta y seis mil ($336.000), por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso o, en su defecto, a que acredite, en el plazo de tres meses, la concesión definitiva de la referida franquicia (conf. C. 117.506, "B., Y. I.", resol. de 26-II-2013; C. 117.674, "F., F. L. B.", resol. de 20-III-2013; C. 118.271, "S., M. A.", resol. de 11-IX-2013; C. 118.785, "O., A.", resol. de 19-II-2014 y C. 124.783, "N.C.I.", resol. de 3-II-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Instituto Integral de Apoyo a Personas con Capacidades Diferentes -IDANI- (art. 292, CPCC; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
2. Intimar al impugnante para que, en el término de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos trescientos treinta y seis mil ($336.000), por constituir este último el importe mínimo (100 jus) fijado por la referida norma del Código Procesal Civil y Comercial provincial para la admisibilidad de la vía intentada al tiempo de la interposición del recurso o, en su defecto, a que acredite en esta sede la concesión definitiva de la referida franquicia en el plazo de tres meses -a computarse desde la notificación de la presente- (art. 81, CPCC), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso extraordinario interpuesto (párrafo cuarto, art. 280 Cód. cit.).
En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación a la interesada. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/93, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:54:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:55:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:38:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:52:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:02:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia