Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125088
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.088, "Hourcouripe, Ileana contra Municipalidad de Ensenada. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, con costas a la demandada vencida (v. fs. 356/380 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 390/405).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por la señora Ileana Hourcouripe contra la Municipalidad de Ensenada y condenó a esta a reinstalar a la actora en su puesto habitual de trabajo -o en su equivalente actual-; abonarle los salarios "caídos" desde el distracto hasta el momento de la sentencia, sin perjuicio de los devengados hasta la efectiva reincorporación y pagarle un resarcimiento por daño moral derivado del despido discriminatorio, con más los intereses calculados a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ordenó, además, abonar una multa por práctica desleal bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (v. fs. 356/380 vta.).
En lo que interesa, juzgó acreditado en el veredicto que la accionante se desempeñó desde el año 2012 como médica generalista en el Equipo de Salud de la Unidad Sanitaria del Barrio Mosconi, perteneciente a la Municipalidad de Ensenada (v. vered. fs. 356 vta. y 357).
Con sustento en la prueba testimonial, sostuvo que la demandante comenzó a prestar servicios para la comuna inserta en un sistema de becas implementado por el Ministerio de Salud de la Nación, cuyos pagos a los becarios los realizaba -en un primer momento-, directamente la cartera nacional y -posteriormente-, mediante los giros que le enviaba al municipio, resultando este, en ocasiones, responsable de pagar las mensualidades con fondos propios.
Relacionado con ello, destacó la existencia de un convenio celebrado entre la Nación y la comuna (dijo: "que a la sazón diera marco a las ulteriores contrataciones de los profesionales intervinientes"), en cuyo marco esta última se obligó a soportar los costos de la aseguradora de riesgos del trabajo, obra social y aportes a la seguridad social de los profesionales incorporados al sistema de salud por medio del programa allí previsto (v. vered., fs. cit.). Indicó que el objetivo general del convenio, establecido en su cláusula primera era "el de asegurar la estrategia de APS (Atención Primaria de la Salud), garantizando adecuadas condiciones de salud para la población, procurando la corrección de las desigualdades a través del acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, fomentando la participación comunitaria y la acción intersectorial" (vered., fs. 357 vta.). Respecto a las condiciones de financiación, mencionó que en la cláusula décima se acordó que "finalizado el plazo del convenio, la jurisdicción -comuna- evaluará la incorporación de los recursos humanos que conforman los equipos de salud en la planta permanente, según las normas vigentes y de acuerdo a sus posibilidades" (vered., fs. cit.).
No obstante, precisó luego que la documental adjuntada a fs. 155/165 daba cuenta de los diez sucesivos contratos de "locación de servicios" existentes entre la parte actora y la accionada, cuya vigencia abarcaba desde el 1 de abril de 2012 -el primero- hasta el 30 de junio de 2014; hechos que juzgó reconocidos por la propia demandada (v. vered., fs. 357 vta. y 358).
Por otro lado, con sustento en el informe emitido por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), consideró probado que la accionante se desempeñó como Presidenta de la Asociación de Profesionales Municipales de Ensenada, entidad seccional de aquella con personería gremial, con mandato desde el 9 de noviembre de 2013 hasta el 19 de julio de 2014 (v. vered., fs. 358 y vta.). Asimismo, señaló que en el período comprendido entre esta última fecha y, hasta el día 19 de julio de 2016, la actora ocupó el cargo de Secretaria General del mencionado ente, tras resultar electa en el acto llevado a cabo los días 25, 26 y 30 de junio de 2014 (v. vered., fs. 358 vta. y sent., fs. 363). Adicionó que esta prueba informativa, que mostraba sello de recepción por parte del municipio al pie de los documentos de fs. 279/280, fechados los días 12 de octubre de 2013 y 25 de agosto de 2014, resultaba idónea para acreditar la comunicación al empleador de la función gremial ejercida por la trabajadora (v. vered., fs. 358 vta.).
Retomando la cadena de acontecimientos que valoró relevantes, consideró probado que el día 27 de junio de 2014 la accionada dispuso el cese de la señora Hourcouripe en su puesto de trabajo (v. vered., fs. 359).
En la sentencia, de la construcción argumental que se refleja en la opinión mayoritaria del tribunal, surge que pese haber sido contratada en forma sucesiva mediante varios contratos temporarios de locación de servicios, la demandante cumplía funciones en forma permanente, existiendo entre las partes una relación de empleo público, la que se extendió desde el año 2012 hasta el mes de junio de 2014, en que el municipio dispuso la no renovación del contrato de la profesional, estando aún vigente la protección legal contra el despido (v. sent., fs. 363 y vta. y sigs.).
Dijo que entonces, la solución del caso no se hallaba modificada por el argumento principal esgrimido por la accionada, en cuanto sostuvo el carácter de becaria de la actora y su contratación para tareas específicas en el esquema de capacitación del Programa de Médicos Comunitarios Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención (v. sent., fs. 363 vta./364 vta.). Declaró que la ilegal actitud adoptada por la demandada en perjuicio de la trabajadora, al despedirla sin haber requerido la exclusión judicial de la tutela sindical debía ser reprochada y descalificada; razón por la cual acogió la demanda deducida en orden a la reinstalación (v. sent., fs. 364 vta./380 vta.).
Además, entendió que la decisión extintiva de la comuna configuró un acto discriminatorio y una práctica desleal, lo que lo condujo a ordenar el pago de un resarcimiento y de una multa bajo las distintas normas que citó.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 48 de la ley 23.551; 52 de la ley 10.471 y 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 390/405).
II.1. Bajo la denuncia de absurdo, censura la valoración efectuada por el a quo respecto al vínculo entablado entre las partes (v. fs. 393).
Manifiesta que en el caso se acreditó que la actora realizó una beca de formación y capacitación en el marco del "Programa Médicos Comunitarios", financiado por el Ministerio de Salud de la Nación y supervisado por facilitadores y tutores designados por la cartera oficial, con la finalidad de realizar el seguimiento de los objetivos de las instancias del mismo (v. fs. 393 y vta.).
Postula que la vinculación que unió a la comuna con la accionante no posibilitaba el presunto ejercicio de acciones sindicales en el ámbito de la Municipalidad de Ensenada; el cual, igualmente -aduce- fue inexistente. Asevera que la intervención de esta última se circunscribió a la provisión del ámbito físico para el desarrollo de algunas de las actividades del Programa, siendo que otras se realizaban en la Universidad Nacional de La Plata (v. fs. 393 vta.). Asegura que la instrumentación de contratos con los becarios por la comuna, obedeció a una razón operativa y que no se modificó la sustancia y naturaleza de la actividad desplegada por la actora en el marco de la beca de capacitación (v. fs. cit.).
Reitera que no era posible el ejercicio de funciones sindicales, en tanto no se configuraba un presupuesto indispensable consistente en que el sujeto sea un trabajador en relación de dependencia o un empleado público (v. fs. cit.). Argumenta que, en el supuesto de los becarios, el objetivo no es prestar servicios a favor de otro, sino capacitarse profesionalmente y complementar la formación integral (v. fs. 393 vta. y 394).
Asimismo, cuestiona el razonamiento que condujo al tribunal a otorgar a la cesantía de la accionante las consecuencias jurídicas propias de una relación de dependencia o empleo público (v. fs. 394 vta. y 395).
II.2. En ese orden, sostiene que el sentenciante soslayó valorar elementos esenciales y relevantes para la resolución del presente caso (v. fs. 395).
Refiere que, más allá de la falta de comunicación fehaciente al municipio de la supuesta función gremial de la señora Hourcouripe, no resultaba apropiado otorgar carácter sindical a la falta de interés demostrada por esta de continuar con el mencionado Programa o al supuesto en el que impidió la realización de actividades de exposición del resto de los becarios (v. fs. cit.).
Indica que no existe prueba que permita presumir que la accionante ejercía actividad sindical alguna; de modo inverso -aduce- las notas suscriptas por varios integrantes del Programa Médicos Comunitarios (glosadas a fs. 147/150 y 151/152), corroboraban que la actitud desenvuelta por aquella no representaba a los demás compañeros, sino que se trataba de una conducta meramente individual (v. fs. cit.).
Añade que, al momento de decidir, no fue considerado que los agentes de salud participantes debían llevar a cabo instancias de capacitaciones presenciales y de educación permanente en servicio, de carácter obligatorias, con evaluaciones, concurrencia mínima y promoción de salud en escuelas públicas -entre otras-, con la finalidad de continuar con la beca y obtener el título correspondiente (v. fs. 395 y vta.), manifiesta que ello fue corroborado con los dichos del testigo Resa (v. fs. 396).
Con cita de doctrina del Máximo Tribunal nacional, señala que los supuestos como en el presente, los jueces deben efectuar un minucioso análisis para desentrañar la relación existente (v. fs. 396 y vta.).
Alega que, en ocasión de absolver posiciones, la propia actora tampoco mencionó la existencia de una supuesta relación laboral con la demandada (v. fs. 396 vta.).
Expresa que en el decisorio no se menciona que algunos becarios participaban ad honorem del Programa, así como tampoco que otros -en simultáneo- eran empleados municipales (v. fs. 397).
Controvierte por absurda la conclusión del tribunal por la cual consideró que su parte no podía tomar ninguna medida que modificara las condiciones de trabajo de la actora, sin resolución previa que la excluyera de su tutela sindical toda vez que juzgó acreditada entre las partes la relación de empleo público (v. fs. cit.).
Entiende que los favorecidos con la realización de la presente beca se diferencian de los empleados municipales (v. fs. 397 y vta.).
Reitera que no fue acreditado fehacientemente que, al momento de disponer la culminación de la beca de la accionante, la Municipalidad accionada tuviera conocimiento que la primera se encontrara cumpliendo un cargo o función gremial (v. fs. 397 vta.). Con ello, objeta la idoneidad de sendas constancias agregadas en la causa para acreditar la designación de la actora en los cargos gremiales y su debida comunicación (v. fs. 398/399); a la par, agrega que el testimonio que indica es coincidente para demostrar el desconocimiento de la actividad sindical de la accionante (v. fs. 399). Para abonar su tesitura, subraya la relevancia de la documental agregada a fs. 75/76.
II.3. Expone que al contestar la demanda su parte refutó la vigencia de la protección sindical de la accionante, momento en el que -aduce- negó la extensión de la supuesta tutela y brindó sus razones por las cuales consideró que no resultaba aplicable, lo cual -entiende- resultó corroborado con las probanzas de autos (v. fs. 399 vta.). Sostiene entonces que no fueron modificadas las condiciones de trabajo de la actora (v. fs. 400).
Asimismo, sostiene que, a diferencia de lo acontecido en los precedentes jurisprudenciales empleados en el fallo de grado, en el caso se trata de una becaria y no de un empleado de la planta temporaria municipal (v. fs. 400 y vta.).
II.4. En ese orden de ideas, controvierte que la negativa a la renovación del contrato de la actora se deba a la existencia de actos discriminatorios por parte de la Municipalidad. Argumenta que la desvinculación se debió a la naturaleza de las actividades, deberes, objetivos y plazos de duración propios de él, aduna que la decisión de culminar las becas no era propia de la comuna, sino que dicha facultad correspondía, en primer lugar, al organismo nacional, por ser este quien fijaba las condiciones (v. fs. 401 vta. y 402).
II.5. A la par, reafirma que el pronunciamiento se encuentra viciado por absurdo, en tanto -por un lado- aplicó las normas de la tutela sindical previstas en la ley 23.551, en contradicción con las constancias de la causa y -por el otro-, por cuanto extendió la protección gremial de la señora Hourcouripe, más allá del plazo de un año desde la culminación de su cargo, infringiendo lo normado en el art. 48 de dicho ordenamiento legal (v. fs. 402 vta. y 403).
II.6. Por último, denuncia que el fallo en crisis omitió considerar la prueba informativa obrante a fs. 292 y emanada de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Trabajadores de la Salud, la cual -asevera- demuestra que al mismo tiempo en el que la actora gozaba de la beca, también se desempeñaba como médica residente en el "Hospital Horacio Cestino" dependiente del Ministerio de Salud provincial (v. fs. 403 y vta.).
Sostiene que el art. 5 del anexo I del decreto 2.557/01 (reglamentario del art. 52 de la ley 10.471 que regula el "Sistema de Residencias para Profesionales de la Salud") estipula la incompatibilidad de los residentes para realizar "cualquier otro tipo de actividad laboral y/o el beneficio de otra beca, cualquiera fuere el organismo que la otorgase"; de allí que afirma que la decisión del tribunal convalida una conducta antijurídica por parte de la señora Hourcouripe (v. fs. 403 vta./404 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. El contenido de los agravios muestra la conveniencia de recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración del material probatorio de los magistrados de grado, fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, en principio solo puede revisarse en sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe el absurdo en dicha labor (causas L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; e.o.). Claro que tales directrices se han proyectado -entre otros puntos a los que remite la impugnación- sobre la tarea axiológica dirigida a calificar el vínculo existente entre las partes (causa L. 84.755, "Aberastain Oro", sent. de 11-III-2009).
Acerca de la prueba del referido vicio, es sabido requiere acreditar la existencia de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020).
En ese marco, puede adelantarse que frente a las concretas definiciones que contiene la sentencia, los argumentos que pone a consideración el recurrente no resultan hábiles para evidenciar el absurdo que denuncia.
III.2.a. A lo largo de su discurso, el quejoso se dedica a exponer de manera paralela su propia versión de los hechos a fin de demostrar en primer término la inexistencia de un vínculo de empleo público entre las partes y la sincera calidad de becaria de la accionante, y a partir de dicho aserto justificar el accionar de la comuna.
Sin embargo, al hacerlo, con una deficiente técnica no logra acreditar en la sentencia los errores a los que se subordina la validez lógica del pronunciamiento.
Centrado en recurrir al convenio celebrado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el municipio, el impugnante no consigue neutralizar las conclusiones a las que arribó el a quo fruto de la valoración que de modo -por regla- privativa realizó de las distintas pruebas obrantes en la causa.
III.2.a.i. Los argumentos del interesado, en lo cardinal, pretenden apoyarse genéricamente en los caracteres y finalidades estructurales del sistema de becas implementado en el mentado convenio (en parte, remitiendo a los dichos del testigo Resa, quien fuera Secretario de Salud de la propia comuna), pero no evidencian en el particular caso de autos la hipótesis de una absurda ponderación de la prueba que convenza acerca de la configuración de elementos que acordes a aquel sistema desvirtúen la definición que porta el fallo en orden a la naturaleza jurídica del vínculo que unió a los litigantes. No son idóneas a tales fines las apreciaciones segmentadas que realiza de la prueba documental, testimonial y confesional.
De suyo, dable es destacar que el tribunal de trabajo no hubo de soslayar la implementación formal del sistema de becas, pero sin embargo, a partir de las pruebas producidas y valorando especialmente los diez contratos de "locación de servicios" sucesivamente celebrados entre la actora y la demandada (cuyos textos obran agregados en autos), concluyó en que esta se desempeñó bajo un vínculo de empleo público desplegando una prestación permanente como médica en el Equipo de Salud de la Unidad Sanitaria del Barrio Mosconi, perteneciente a la Municipalidad de Ensenada. Y en el punto, no es ocioso precisar que del conjunto de dichos instrumentos surge una continuada contratación que se prolonga durante un considerable período de tiempo -se dijo en fallo: desde el 1 de abril de 2012 hasta el 30 de junio de 2014-; también que, más allá del origen de los fondos pertinentes, en cada contrato surge convenida una "remuneración" por el trabajo desempeñado, asegurándose incluso a la actora un "sueldo básico" y quedando a cargo de la Municipalidad el pago "de los aportes y contribuciones de ley"; ello, junto a otras cláusulas obligaciones referidas al horario de trabajo, lugar de prestación de tareas, etcétera.
III.2.a.ii. No es menos relevante indicar, tanto por su proyección sobre la cuestión del vínculo como por aquella lógicamente posterior que gira en torno a la tutela sindical, que el a quo juzgó acreditado con el informe emitido por esa Asociación Sindical que la actora había resultado electa "...Presidente de la Asociación de Profesionales Municipales de Ensenada, Seccional de la CICOP con personería gremial otorgada por resolución n° 502 de fecha 1/5/2007...", con mandato desde el 9 de noviembre de 2013 hasta el 19 de julio de 2014 y posteriormente "Secretaria General" para el período comprendido entre el 19 de julio de 2014 hasta el 19 de julio de 2016; asimismo, que surgía acreditado que la comuna estaba en conocimiento de la función gremial de la señora Hourcouripe, lo que se comprobaba con el sello de Mesa de Entradas de la Municipalidad de Ensenada colocado al pie de los documentos acompañados fechados los días 12 de noviembre de 2013 y 25 de agosto de 2014, respectivamente de cada cargo. Agregó el sentenciante -en expresiones que, bien entendidas, se remontarían al tiempo en que se habrían efectuado aquellas notificaciones- que la pa
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