Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126601
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, continúe la tramitación según la etapa del proceso.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.601, "Vitale, Isabel contra Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Reinstalación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en esa ciudad, declaró su incompetencia de oficio y dispuso el archivo de las actuaciones, sin costas (v. resolución electrónica de fecha 29-X-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-XI-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo pronunció -de oficio- su incompetencia para intervenir en las presentes actuaciones, iniciadas por Isabel Vitale contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), en las que reclamó la declaración de nulidad del despido directo, la reinstalación en su puesto de trabajo y el cobro de haberes caídos. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad del art. 6 del decreto 761/20 (v. resolución electrónica de fecha 29-X-2020).
Lo hizo "por resultar el caso de competencia de la justicia federal en razón de la persona demandada (conf. art. 116 Const. Nacional)" (resol. cit., pág. 1).
En ese sentido, señaló que la acción tenía por objeto hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de un organismo dependiente del Estado nacional y persona de derecho público no estatal (conf. art. 1, ley 19.032), y por lo tanto, el asunto se encontraba aprehendido por la norma del citado art. 116 en cuanto dispone que "...corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación [...] de los asuntos en que la Nación sea parte...".
A su vez, destacó que la mencionada ley 19.032, creadora del instituto demandado, en su art. 14 establece que este "estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor". También, que el art. 38 de la ley 23.661 expresa "la ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento de los agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos por la ley de obras sociales" (pág. 2).
En ese marco, concluyó que el adverbio "exclusivamente" de ambas normas no permite albergar dudas acerca de que tanto la Administración Nacional del Seguro de Salud, como sus agentes están sometidos legalmente -por regla general- a la competencia federal, admitiéndose como única excepción en la misma norma, la de optar por la justicia ordinaria cuando son actoras.
Adunó que la entidad demandada, al margen de su condición de organismo dependiente del Estado nacional, reviste el carácter de agente del Seguro de Salud, conforme surge de los arts. 6 y 14 de la ley 23.660, y asume en autos la calidad de entidad demandada. De manera que -juzgó- no existe en la especie el casus que permita actuar la excepción prevista en el aludido precepto y autorice la exclusión de la competencia federal.
Aclaró que no incidía en dicha definición el tipo de proceso urgente promovido, ya que ello no podía importar la alteración de las instituciones vigentes, ni modifica la jurisdicción otorgada a los magistrados, ni lo estatuido por el mentado art. 116, que determina los supuestos en los que le corresponde intervenir a la justicia federal. Tampoco -agregó- el hecho de que la accionante, se encontrase expresamente incluida en el ámbito de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo -conforme lo establece el art. 2 inc. "a", tal como se afirma en la demanda-, toda vez que la posibilidad de aplicar dicho régimen legal a una relación de empleo público y la asignación de competencia en razón de la persona demandada, son dos cuestiones totalmente distintas que no debían ser confundidas.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17 de la Constitución nacional; 2 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 12-XI-2020).
Impugna el fundamento que expuso el tribunal de grado para justificar la declinación de su aptitud jurisdiccional en las presentes actuaciones, declarando que correspondían a la justicia federal en razón de la persona demandada.
Postula la aplicación de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 11.653 y la intervención del fuero laboral.
Alega que, en el caso, una de las cuestiones en juego es el doble orden de discriminación que padecen los trabajadores estatales regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, pues reciben un trato diferente en relación a los dependientes estatutarios y a los del sector privado, en virtud de lo dispuesto por los decretos 156/20 y 761/20.
Indica que los conflictos vinculados con el empleo público deben ser competencia de la justicia del trabajo, especializada precisamente en relaciones en las que rige el orden público laboral, ajustada a principios y procedimientos protectorios para el empleado.
Invoca lo resuelto por esta Suprema Corte -en diferentes precedentes que cita- en cuanto declaró que la competencia se determina, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida.
Recuerda que, en el mismo sentido, la doctrina de autores ha explicado que "...basta que exista una controversia jurídica en que se debatan cuestiones vinculadas al derecho del trabajo -acciones derivadas de disposiciones legales o reglamentarias de tal derecho- para que surja la competencia de los tribunales laborales, aunque las partes no sean trabajadores o empleadores" (rec., pág. 5).
Concluye que la persona demandada no puede privar al trabajador de la protección de un fuero que se ocupa específicamente de cuestiones vinculadas al contrato de trabajo.
III. El recurso prospera por los siguientes fundamentos.
III.1. Inicialmente corresponde señalar que, toda vez que -como surge de la reseña de antecedentes- el órgano judicial de grado declaró oficiosamente que la competencia en las presentes actuaciones correspondía a la justicia federal en razón de la persona demandada, la decisión impugnada resulta equiparable a definitiva en tanto se configura una de las excepciones en la materia (causas L. 117.075, "Casal", resol. de 5-XI-2012; L. 123.554, "Juárez", resol. de 21-VIII-2018 y L. 125.811, "Subils", resol. de 18-VIII-2020).
III.2. Sentado lo anterior, cuadra recordar que esta Corte ha expresado que razones de orden público hacen que la Constitución nacional haya organizado una jurisdicción nacional o federal (arts. 108 y 110) encargada de conocer en las cuestiones que taxativamente prevén sus arts. 116 y 117. Esta jurisdicción federal es limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares (causas L. 85.509, "Vergara", sent. de 17-V-2006; L. 118.758, "Acharez", sent. de 21-IX-2016; L. 120.469, "Fariña", sent. de 9-V-2018 y L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020).
Ahora bien, es menester resaltar que el tribunal de trabajo declaró su incompetencia -de oficio- sin correr traslado de la demanda y que, en tanto la competencia federal por razón de las personas es prorrogable en favor de la justicia local, constituye un tema disponible para la parte interesada (causas L. 36.157, "Leonardi", sent. de 9-IX-1986; L. 36.791, "Núñez", sent. de 11-XI-1986; L. 63.348, "Mansilla", sent. de 28-X-1997; L. 121.887, "Molino", sent. de 7-VII-2020 y L. 122.614, "Zubeldía", sent. de 29-X-2021).
En tales condiciones, considero que el desprendimiento oficioso del conocimiento de la causa por parte del a quo ha sido dictado en forma prematura, lo que impone -sin más- la revocación de la solución adoptada.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en los términos indicados y revocar -por resultar prematura- la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó de oficio su incompetencia, cuya aptitud jurisdiccional, en este estado de la causa, se declara. En consecuencia, se remiten los autos al órgano de origen a fin que, con renovada integración, continúe la tramitación según la etapa del proceso.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, continúe la tramitación según la etapa del proceso.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 14:32:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2022 09:16:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:27:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:10:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:25:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia