Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129651
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, desestimó la demanda promovida por Yanina Elisabeth Cerdeira Guardese contra la Municipalidad de Saavedra (Pigué) mediante la cual había reclamado, con sustento en los arts. 52 de la ley 23.551 y 1 de la ley 25.392, la reinstalación como jefe de personal del Hospital y Maternidad Municipal de Pigüé (v. pronunciamiento de 4-VII-2022).
Para así decidir, el juzgador ponderó que la accionante había ingresado como personal técnico a dicho nosocomio cumpliendo funciones de radióloga y que mediante decreto 1.054/2016 el Intendente municipal dispuso el cambio de funciones, sector y categoría de la actora quien pasó a desempeñarse como jefe de personal de la mencionada institución. Asimismo, tuvo por verificado que, con posterioridad, a través del decreto 1.457/2019, se resolvió que la trabajadora regresara a su puesto como radióloga.
En lo que interesa, el sentenciante juzgó no acreditado que, con anterioridad al cambio de funciones dispuesto por el principal, éste hubiera sido notificado, en los términos del art. 49 de la ley 23.551, de la elección y designación de la demandante en el cargo que alegó desempeñar como Secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Saavedra (Pigüé) y/o que hubiera tenido conocimiento de algún otro modo de su condición de representante gremial.
Al respecto señaló que no se había demostrado que se hubiese comunicado al empleador la designación, ni producido informe a la entidad sindical que diera cuenta de dicha comunicación, tampoco se ofreció, siquiera, pedido de informe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación relativo al proceso electoral cumplido en el Sindicato de Trabajadores Municipales del partido de Saavedra ni la designación de la actora en el cargo invocado. Por lo tanto -puntualizó- habida cuenta de la inexistencia de comunicación a la empleadora de la designación gremial de Cerdeira y resultando insuficiente la prueba aportada para inferir el conocimiento acabado por parte del principal de la actividad gremial de la trabajadora -recién invocado por ésta en la comunicación del 13 de agosto de 2020 (un año después del cambio de funciones)- el caso no podía encuadrarse en el supuesto previsto en el art. 52 y concordantes de la ley 23.551, no verificándose entonces la violación a la estabilidad gremial invocada en el escrito de inicio.
Por otro lado, el a quo concluyó que tampoco podía prosperar la pretensión con fundamento en el art. 1 de la ley 23.592 derivado del carácter discriminatorio que la promotora del juicio atribuyó a la decisión de la demandada. En ese orden, expresó que al no haber sido probado que aquélla desempeñara un cargo de representación gremial o que desplegara actividad sindical que estuviera en conocimiento de la accionada, no era posible inferir que el cambio de tareas hubiera sido motivado por tales circunstancias. En consecuencia, entendió no acreditado el obrar arbitrario y discriminatorio descripto en la ley 23.592.
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 1-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 19-VIII-2022).
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas en el fallo atacado.
En sustancia, controvierte la conclusión del sentenciante relativa a que no se acreditó el conocimiento del empleador de la designación de la accionante en el cargo gremial o del desarrollo de actividad sindical. En tal sentido, mediante la invocación de absurdo, alega que el a quo efectuó un análisis parcial de los elementos de juicio aportados, tales como las pruebas documental, informativa y testimonial y, a la par, omitió valorar otras constancias obrantes en la causa.
Desde otroángulo, afirma que la trabajadora no había sido debidamente notificada del cambio de funciones dispuesto por la comuna y que en el fallo impugnado no se evaluó correctamente el contenido del decreto que dispuso aquella modificación, soslayando las irregularidades que -sostiene- tal acto administrativo posee.
III.1. El recurso no prospera.
III.2. Cabe recordar que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los jueces de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.3. Bajo tales premisas, el recurrente no logra demostrar la existencia del vicio invocado.
En el caso, si bien denuncia que la decisión de grado adolece de tal excepcional vicio, la crítica luce manifiestamente insuficiente para acreditarlo.
Ello así, pues el impugnante a partir de su propia apreciación de las circunstancias de autos no logra evidenciar que las motivaciones expuestas en el fallo atacado luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
En efecto, el desarrollo que contiene el recurso, a través de argumentaciones desencontradas de las concretas motivaciones brindadas por el juzgador respecto a la insuficiente actividad probatoria desplegada a los fines de acreditar el conocimiento del empleador respecto de la eventual actividad sindical desempeñada por la trabajadora, no resulta eficaz para descalificar tales definitorias conclusiones.
En rigor, las alegaciones que porta el recurso -mediante las cuales el interesado expone su personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas- sólo exteriorizan un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento impugnado, sin hacerse cargo de objetar las concretas consideraciones brindadas por el tribunal de origen para desestimar la pretensión actoral.
En definitiva, resulta manifiesta la insuficiencia del remedio en tratamiento, en tanto el impugnante no se hace cargo de las líneas argumentales del fallo, sólo se dedica a confrontarlas a través de su propia interpretación de las circunstancias de la causa, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (causas L. 108.675, "Chiodi", sent. de 14-VI-2017; L. 121.642, "Ramírez", sent. de 9-VI-2020).
Cabe recordar, en ese sentido, que reiteradamente esta Corte ha declarado que es insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir en forma concreta, directa y eficaz las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acá-pite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2022 09:57:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:00:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:13:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2022 17:08:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/12/2022 07:58:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/12/2022 10:50:29 hs. bajo el número RR-1542-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia