Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127263
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte actora y se revoca el pronunciamiento impugnado en cuanto hizo lugar a la excepción de incompetencia y decretó la falta de aptitud jurisdiccional para entender en la causa, cuya competencia se declara.
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que -con diferente integración- continúe con la tramitación de la causa según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.263, "Basualdo Lozano, Andrea Antonela Sabrina contra Municipalidad de Campana. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, sin costas (v. pronunciamiento de fecha 8-III-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-III-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo acogió la excepción de incompetencia opuesta por la Municipalidad de Campana, en el marco de la acción instaurada por Andrea Sabrina Antonela Basualdo Lozano mediante la cual reclamó el restablecimiento de las condiciones de trabajo que entendió alteradas y -en esencia- el pago de los haberes devengados durante el ejercicio de su actividad sindical.
Para así decidir, sostuvo que la materia debatida en el caso no configuraba un supuesto de modificación de las condiciones de trabajo del dirigente gremial encausable dentro del marco de los arts. 48 y 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, sino de una cuestión motivada en la decisión del Tribunal de Cuentas de formular cargos por el pago de licencias gremiales sin prestación de tareas. Precisó, que la decisión del municipio que la actora busca repeler "no está vinculada a impedir el ejercicio de la libertad sindical y modificar condiciones de trabajo, sino a acatar y dar cumplimiento a lo dictaminado por el Organismo de Control". Sostuvo, entonces, que la materia debatida anidaba en las fuentes que regulan la relación de empleo público no sobre la cuestión sindical, lo que excedía la competencia laboral, siendo propia de la contenciosa administrativa.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-III-2021), en el que denuncia la violación del art. 14 bis de la Constitución nacional; Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); arts. 39 inc. 2 de la Constitución provincial; 48, 52 y 63 inc. "a" de la ley 23.551; 2 inc. "b" y 31 inc. "b" de la ley 11.653; 48, 61, 62 y 63 de la ley 14.656; 7 y 8 de la ley 14.250; 4 inc. 1 de la ley 12.008; 17 inc. 7, 321 y 496 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
II.1. Refiere que el trámite sumarísimo dado al proceso, algo que -remarca- no fue cuestionado por el accionado, impedía la deducción y tratamiento de excepciones previas, como la admitida por el juzgador de grado.
II.2. Ya ingresando a la sustancia de la resolución objetada, alega que el razonamiento que empleó el tribunal de grado para decidir su incompetencia luce extraviado y ajena a las constancias objetivas de la causa.
Considera que es equívoco lo sostenido por el órgano de origen cuando declaró que ante la existencia de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires al régimen de licencias remuneradas del art. 53 del convenio colectivo celebrado entre la demandada y el sindicato de trabajadores municipales, la decisión de la accionada no importó un acto atentatorio del libre ejercicio de la libertad sindical, sino una mera cuestión sobre la interpretación de una norma convencional, nacida en el ámbito de una relación de empleo público y por ello de competencia contencioso administrativo.
Resalta que el objeto de la demanda es obtener la cesación en la conducta de la comuna que, a su juicio, afecta la garantía de la estabilidad sindical, sin que se haya puesto en discusión la decisión emanada del referido organismo administrativo de contralor.
En ese marco, con sustento en doctrina de esta Corte señala que las pretensiones que se sustentan en las normas de la ley 23.551 atento la índole laboral, son competencia de los tribunales de trabajo, aun cuando se las invoque en el marco de relaciones de empleo público.
A la par, remarca que lo decidido en el caso, implicó expedirse sobre el fondo del asunto de manera anticipada.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente cabe destacar que la resolución atacada debe considerarse definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Al respecto, tiene dicho esta Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 97.552, "Silva", sent. de 15-VII-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011 y L. 121.358, "Ojeda", sent. de 7-VIII-2019).
El caso encuadra en el último supuesto.
En oportunidad de expedirse sobre la competencia, el tribunal de grado expresamente determinó que el accionar de la comuna demandada "no se trata de una modificación arbitraria de las condiciones de trabajo de la actora que tenga motivación sindical, sino de una cuestión relativa a la aplicación de la convención colectiva a la relación de empleo público" o bien -en términos semejantes- que no hubo de efectuar "el ente municipal empleador alteración alguna de las condiciones laborales detentadas por el dirigente gremial con licencia gremial sin prestación de tareas, versando la cuestión sobre el acatamiento de un fallo del Tribunal de Cuentas".
III.2.a. Sentado lo anterior, cabe desestimar aquel argumento que circunscribiéndose a las reglas del proceso sumarísimo contenidas en el art. 496 del Código Procesal Civil y Comercial busca convencer acerca de la imposibilidad de deducir y abordar la excepción de incompetencia del caso.
Es que, reiterando el planteo llevado a la instancia en oportunidad de contestar el traslado de la defensa opuesta por la contraria, el impugnante no se ocupa de atacar frontal y eficazmente los argumentos desplegados por el tribunal en la resolución recurrida con sustento -manifestó- en la "improrrogabilidad" de la competencia en la materia contencioso administrativa. Y es sabido que en la doctrina del Tribunal este tipo de deficiencias justifican la tacha de insuficiencia del recurso (causas L. 117.071, "García", sent. de 9-IV-2014; L. 121.335, "Parodi", sent. de 12-VI-2019 y L. 122.223, "Góngora", sent. de 22-XII-2020).
III.2.b. Ahora bien, acierta el recurrente cuando cuestiona el núcleo de lo resuelto por los magistrados de grado.
III.2.b.i. Ha sostenido esta Suprema Corte que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida (causas L. 117.016, "Moraga", sent. de 11-II-2015; L. 119.207, "González Gradilone", sent. de 15-XI-2016 y L. 119.739, "Sandoval", sent. de 9-V-2018).
III.2.b.ii. La actora Andrea Antonela Sabrina Basualdo Lozano promovió demanda contra la Municipalidad de Campana, con el objeto de obtener el restablecimiento de sus condiciones de trabajo. Relató que se desempeñaba en su calidad de empleada de la planta permanente del municipio; asimismo, indicó que con fecha 19 de octubre de 2019 ocupó un cargo gremial en la Secretaría de la Mujer y Familia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, con mandato vigente hasta el día 19 de octubre de 2023.
Manifestó que a partir del mes de diciembre de 2019, de modo unilateral, intempestivo y sin recurrir al proceso de exclusión de tutela sindical, la empleadora dejó de abonarle en debida forma sus haberes incumpliendo con el depósito de aportes, con grave afectación al ejercicio de derechos inherentes a la libertad sindical.
Fundó su pretensión, mediante la cual -expresó- procura "la reinstalación en las condiciones de trabajo ilegítimamente modificadas por el accionado" y que se ordene "el cumplimiento pleno del pago de retribuciones devengadas", primordialmente en el art. 52 de la ley 23.551.
A la par, buscó justificar la competencia laboral, afirmando que a pesar de concurrir una relación de empleo público entre las partes, siendo que la controversia versa sobre "la interpretación del alcance de garantías previstas en la Ley de Asociaciones Sindicales y sobre los alcances de una convención colectiva de trabajo, la contienda está excluida de la materia contencioso administrativa de la ley 12.008".
III.2.b.iii. De la reseña efectuada emerge sin cavilaciones que el objeto principal de la demanda radica en la pretensión de la actora de obtener el restablecimiento de las condiciones de trabajo -a su entender- ilegítimamente modificadas por la comuna accionada, en razón de considerar que el cese del pago en debida forma de las retribuciones y falta de depósito de aportes dispuesto por la empleadora conculcó la garantía sindical que goza con motivo de la ocupación de un cargo gremial, según lo regulado en la ley 23.551.
Es criterio de este Tribunal que las acciones sustentadas en la garantía de estabilidad sindical prevista en la ley 23.551 resultan ajenas a la competencia y al ámbito procesal contencioso administrativo, ello, a tenor de la índole no administrativa -sino laboral- de los derechos establecidos en las normas previstas en aquella legislación, que no forman parte del derecho público local aun cuando se las invoque en el marco de relaciones de empleo público (causas B. 55.420, "Leguizamón", resol. de 5-IX-1995; L. 60.460, "López", sent. de 20-VIII-1996 y L. 117.604, "Barragán Pardo", sent. de 26-III-2015).
Luego, mal pudo el a quo declinar su competencia con fundamento en la relación de empleo público habida entre las partes y bajo aquellos argumentos que ponen de relieve la actuación del Tribunal de Cuentas provincial, restándole valor a los términos y a la naturaleza de la pretensión deducida en autos.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento impugnado en cuanto hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la Municipalidad de Campana y decretó la falta de aptitud jurisdiccional del tribunal de trabajo para entender en la presente causa, cuya competencia se declara. Los autos deben remitirse al tribunal de origen para que, con diferente integración, continúe con la tramitación de la causa según su estado.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte actora y se revoca el pronunciamiento impugnado en cuanto hizo lugar a la excepción de incompetencia y decretó la falta de aptitud jurisdiccional para entender en la causa, cuya competencia se declara.
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que -con diferente integración- continúe con la tramitación de la causa según su estado.
Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2022 21:48:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:29:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:45:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:39:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 08:59:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2022 09:34:12 hs. bajo el número RS-117-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia