Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123378
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, obre de conformidad con lo que aquí se decide.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión y al modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.378, "Segovia, Hugo David contra Cooperativa Telefónica y de otros Servicios Públicos, Consumo. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta juzgando válido el despido dispuesto por la demandada e impuso las costas del modo en que especificó (v. fs. 145/148).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 151/162).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el marco de la acción promovida por el señor Hugo David Segovia contra la Cooperativa Telefónica y de otros Servicios Públicos Consumo y Vivienda López Camelo Ltda. (COTELCAM), por la que procuraba con fundamento -principalmente- en los arts. 47, 52 y 53 de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592 y 1 y 2 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo el cese del comportamiento antisindical atribuido a la accionada, la nulidad del despido dispuesto por esta, la reinstalación en su puesto de trabajo, el cobro de salarios caídos y eventualmente un resarcimiento; el tribunal de trabajo interviniente, previo a la traba de la litis y con motivo de la impugnación deducida por la empleadora, revocó la decisión dictada a fs. 85/87 vta. en la que había ordenado con carácter de medida precautoria la reincorporación del actor. En esa decisión, consideró que el despido del accionante resultó un acto jurídico válido para finalizar el contrato de trabajo que unía a las partes (v. fs. 145/148).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación del principio de congruencia, del derecho de defensa en juicio, de los arts. 14 bis, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1 de la ley 23.592; 47 y 52 de la ley 23.551; de los Convenios 87, 98 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo y de la doctrina legal que cita (v. fs. 151/162).
En lo sustancial, cuestiona el fallo de grado en cuanto en él hubo de reconocerse la validez de la cesantía decidida por la demandada.
II.1. Centrado en el absurdo que denuncia, en lo señalado por esta Suprema Corte en la causa Ac. 38.169, "Ferraro" (sent. de 10-XI-1987) y en la manifiesta transgresión al derecho de defensa, afirma que debiendo haberse limitado a ratificar o revocar la medida precautoria decretada, en la resolución cuestionada el tribunal de grado resolvió directamente el fondo del asunto valiéndose solo de la prueba anticipada ofrecida por la accionada; y en lo que entiende cardinal: sin sustanciar el proceso, ni permitir la producción de ninguna otra prueba. En fin, entiende que dicho proceder, en apartamiento de la ley procesal, le impidió a la parte actora ejercer su plena y efectiva defensa, privándole la posibilidad de acreditar la discriminación denunciada y lo planteado en su demanda con fundamento -entre varios preceptos- en las leyes 23.551 y 23.592.
II.2. Refiere que la decisión es arbitraria y carece de fundamentación, pues únicamente se basa en actuaciones judiciales ventiladas ante otro órgano jurisdiccional, y de las cuales solo se desprende la situación institucional de la entidad gremial.
II.3. Objeta que el judicante al evaluar la conducta que se reputa discriminatoria y que constituye -a su entender- el pilar fundamental de estos actuados, lo haya hecho a la luz de un hecho que resulta posterior al despido y extraño al actor.
Sostiene que, al convalidar el despido, el sentenciante no hizo más que transpolar los efectos de una cuestión intrasindical a un tema individual, que fue enmarcada en una acción caracterizada por la discriminación endilgada a la demandada, que fue reiterada a través del despido de otro miembro de la misma organización gremial, cuyo expediente tramita ante el mismo tribunal de grado.
Aduce que, al interponerse la presente acción, el carácter de representante gremial del actor constituía el elemento que conducía a presumir la naturaleza antisindical del accionar de la empleadora. En este punto, dice que se encuentra vulnerado el postulado de la congruencia y, además, cita jurisprudencia en apoyo de su argumentación. Asimismo, alega la violación de las reglas de las cargas dinámicas de las pruebas en materia de discriminación, en la afirmación que la demandada incurrió en el supuesto contemplado en el art. 1 de la ley 23.592.
II.4. Con todo, solicita que se revoque el pronunciamiento y se disponga la apertura a prueba de la causa, ordenándose la debida sustanciación del proceso.
III. El recurso prospera.
III.1. En razón de las peculiaridades del asunto, corresponde liminarmente efectuar unas breves consideraciones en orden a la admisibilidad del medio de impugnación, puntualmente, en relación con la fisonomía del pronunciamiento atacado.
Al respecto, es sabido que en no pocas ocasiones esta Suprema Corte ha expresado que las vías extraordinarias solo proceden contra las sentencias definitivas, entendiéndose por tales a aquellas que recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizarlo haciendo imposible su continuación (causas L. 121.282, "Maruenda", resol. de 8-XI-2017; L. 121.547, "Ferreyra", sent. de 12-II-2020 y L. 128.858, "Grieve", resol. de 9-VIII-2022). Bajo otras expresiones ha precisado, que para que se configure el requisito de "definitividad" es preciso que se resuelva de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo, concepto este que -además- corresponde vincular con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado y la imposibilidad de renovar la cuestión en otra oportunidad procesal o en otro juicio (causas L. 124.995, "Abregu", resol. de 26-II-2020; L. 125.598, "Gutiérrez", resol. de 4-III-2021 y L. 128.697, "Medero", resol. de 2-V-2022).
Entonces, sin perjuicio que la decisión de grado haya tenido su origen y se conecte con el dictado de una medida cautelar, a la luz de las reseñadas directrices jurisprudenciales debe señalarse que toda vez que en el recurso extraordinario traído se ha cuestionado lo juzgado por el tribunal de trabajo acerca de la validez del despido dispuesto por el empleador, corresponde en este aspecto, por sus efectos, equiparar a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a la resolución recurrida.
III.2.a. Sentado lo anterior, ocupa efectuar una reseña de lo acontecido en la causa, pues de ella ya podrá advertirse el grave desacierto en el que incurrió el tribunal de grado.
El actor demandó a la cooperativa accionada persiguiendo -entre otros propósitos- la reinstalación en su puesto de trabajo. Fundamentalmente, alegó que al momento del despido dispuesto por la empleadora desempeñaba un cargo sindical, algo que era conocido por esta, quien no obstante resolvió finalizar el vínculo apartándose del marco legal. En dicha oportunidad, además, solicitó una medida cautelar tendiente a que mientras durase el pleito se lo reincorporase en sus labores, también reclamó el pago de los salarios caídos y el resarcimiento por los daños y perjuicios que habrían ocasionado la discriminación sufrida, ello, con la declaración de nulidad de la cesantía (v. fs. 62/82 vta.).
El tribunal de grado hizo lugar a la medida precautoria requerida en los términos del art. 230 del ordenamiento adjetivo civil y comercial y ordenó a la demandada el mantenimiento de las mismas condiciones de labor que tenía el trabajador con anterioridad al día 10 de noviembre de 2016 (v. fs. 85/87 vta.).
Posteriormente se presentó en autos la empleadora, quien planteó un "recurso de reposición", solicitando que se revocase la medida cautelar dictada. Sostuvo que al momento del distracto el accionante no gozaba de la garantía sindical invocada en la demanda. Refiriéndose a ciertas actuaciones judiciales y administrativas, indicó -en síntesis- que se había dejado sin efecto la elección de autoridades realizada el día 28 de noviembre de 2012 en el sindicato al que pertenecía el accionante, ordenándose la suspensión de los efectos del certificado provisorio de autoridades emitido por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Por otro lado, en cuanto a las razones de la disolución del vínculo laboral, manifestó que se reservaba "...el derecho de ampliar los argumentos y prueba en cuanto al despido provocado..." en una posterior oportunidad (v. fs. 114 vta.).
Luego de conferir traslado de lo manifestado por la empleadora y ordenar el libramiento de oficios solicitando las actuaciones que indicó, una vez recibidas, el a quo pasó a resolver el planteo dictando la resolución atacada por medio del recurso en examen. Analizando las alegaciones de las partes y lo que surgía de los expedientes acompañados, entendió que había existido un conflicto colectivo de intereses entre las listas de candidatos destinadas a ocupar cargos gremiales en el Sindicato de Empleados de la Telecomunicación, y fue en ese marco, luego de ponderar las resoluciones dictadas por los distintos organismos intervinientes en aquella puja, que receptó mayormente lo argumentado por la demandada. Pero en lo fundamental, fue allí donde concluyó en que el despido que recayó sobre el señor Segovia resultó "un acto jurídico válido", un modo "disolutorio" del contrato de trabajo que unía a los litigantes, y agregó: "sin perjuicio de que esta conclusión implique valorar las causales invocadas como eximentes de la obligación de indemnizar en los términos que determina el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo" (fs. 145/148).
III.2.b. Como en parte se adelantó, y así lo destaca el impugnante, los antecedentes del caso dan cuenta que al dictar el pronunciamiento atacado el tribunal de grado desbordó los límites que imponía la propia cuestión que debía resolver en ese inicial estadio del litigio, representada por la corrección o incorrección de la anterior resolución por la cual el órgano judicial había ordenado aquella controvertida medida cautelar.
Es que si bien dejó sin efecto aquella manda precautoria dispuesta en los términos el art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial, lo hizo juzgando sobre el derecho sustancial debatido, y en términos que suponen una definición que avanza mucho más allá de la "verosimilitud" propia de lo cautelar, en tanto le atribuyó al despido dispuesto por el empleador la capacidad de extinguir el contrato de trabajo, cuando a su vez -de modo ciertamente confuso- pareció aludir a un futuro debate ceñido al marco normativo del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El accionar jurisdiccional trastocó el diseño adjetivo laboral local (emergen relevantes los arts. 28, 29, 32, 44 y 47 de la ley 11.653) y -en lo que interesa aquí- privó a la parte actora de desplegar adecuadamente su actividad procesal con la aspiración de obtener el acogimiento de las pretensiones introducidas en la demanda, fundadas, dable es destacar, no solo en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551 sino también en su art. 47 y en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras normas. En análoga reflexión, puede advertirse que en un análisis que en modo alguno da una suficiente respuesta al asunto que le fue llevado a juzgamiento, mostrando el rostro del absurdo, el a quo decidió acerca de la suerte del planteo de fondo con base únicamente en ciertas constancias ofrecidas por la accionada y proveídas exclusivamente con motivo de la medida cautelar que aquella buscó neutralizar.
Y en lo que resulta más significativo, bajo ese modo de dirigir el proceso, se vieron comprometidas las garantías constitucionales del debido proceso adjetivo y del aseguramiento de la tutela judicial continua y efectiva (arts. 18, Const. nac.; 8, CADH y 15, Const. prov.).
Esta situación no puede convalidarse, pues denota un proceder incompatible con los señalados derechos constitucionales, y requiere remover aquellas falencias que, por su naturaleza y entidad, gravitaron de modo negativo en la prestación del servicio de justicia.
III.2.c. Lo señalado, conduce a acoger favorablemente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y a revocar parcialmente el pronunciamiento de grado en cuanto en él hubo de definirse en los términos antes delineados la validez del debatido acto de despido. Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte los actos que correspondan para dar continuidad al trámite de la causa en debida forma.
III.3. Conforme la solución propuesta, ajustada al molde de revisión por el que transita el medio extraordinario de impugnación deducido, no cabe ingresar en el estudio de los demás agravios traídos.
IV. En virtud de lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad deducido con el alcance precisado en el punto III.2.c. Costas en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión y al modo en que se resuelve (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, obre de conformidad con lo que aquí se decide.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión y al modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:40:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:11:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:49:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:55:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 13:40:46 hs. bajo el número RS-120-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia