Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123979
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.979, "Zarzuelo, Matías Claudio contra Dirección Provincial de Actividades Portuarias. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de fecha 4-XI-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 24-XI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En lo que interesa destacar, el señor Matías Claudio Zarzuelo promovió acción sumarísima contra la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, peticionando -en los términos del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 26.088)- el restablecimiento de las condiciones laborales alteradas y la abstención de introducir modificaciones en el lugar de trabajo y las tareas que desempeñaba; denunciando la existencia de un ejercicio abusivo del ius variandi en su perjuicio. Solicitó también, el dictado de una medida cautelar de "no innovar" (v. fs. 14/19).
En su presentación, manifestó residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser empleado de la mentada Dirección -en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo 164/75- ejerciendo sus funciones en el Puerto de Dock Sud desde el año 2007 (donde se desempeñó durante más de doce años, como jefe de sección, en la categoría 1°).
Relató que el día 15 de abril de 2019 al presentarse a realizar sus tareas normalmente, le fue impedido el ingreso al lugar por parte del personal de seguridad del sitio, oportunidad en la que se le informó que su nombre se encontraba en un listado -junto al de otras quince personas-, a las que se le había cambiado el destino laboral, por lo cual debía concurrir a prestar tareas al Puerto de la ciudad de Ensenada distante a unos 60 km. de aquel otro (lo que le implicaba aproximadamente, entre ida y vuelta, tres horas de recorrido diario por la autopista en horario laboral; v. fs. 14/15 vta.).
Afirmó que dicho traslado fue dispuesto por la empleadora, en forma intempestiva y arbitraria (v. fs. cit.).
Aseveró que en el Puerto de Dock Sud cumplían funciones más de cincuenta empleados y que, la mayoría de ellos, aún prestaban tareas allí. Sumó a lo dicho, los gravámenes patrimoniales (gastos adicionales de peaje y combustible) y morales (derivados del tiempo insumido en el traslado al nuevo destino y la afección a su vida familiar y el ocasionado por el desconocimiento del motivo que condujo a la elección del personal que resultó afectado por la medida) que le provocó el mencionado cambio. Denunció como agravante que en la nueva locación no le habían sido asignadas tareas concretas, vulnerando lo normado por el art. 78 de la ley 20.744 (v. fs. 15 vta. y 16).
Refirió que todo lo expuesto demostraba la irrazonabilidad de la medida dispuesta (v. fs. 14 vta.).
Señaló que, días posteriores al hecho denunciado, recibió una carta documento notificando formalmente el traspaso (que fue respondida por el trabajador, mediante la CD n° 994720065; v. fs. 16 vta.).
Continuó exponiendo que su traslado se dispuso en un contexto de transformación del Puerto de Dock Sud en un Consorcio de Gestión, implementado mediante el decreto 13/19, en cuyo marco los empleados de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de aquel lugar, pasarían a depender de la nueva entidad, manteniendo -íntegramente- sus condiciones laborales existentes (siendo esto lo informado en la página web oficial; v. fs. cit.).
Esgrimió que, de acuerdo con el acta de transferencia, el traspaso se llevaría a cabo el día 1 de julio del año 2019, razón por la cual resultaba ilegítimo el traslado a las oficinas de la ciudad de Ensenada con anterioridad a dicha fecha, puesto que aún se hallaba bajo la dependencia de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias (v. fs. cit.).
I.2. El tribunal de origen hizo lugar a la medida cautelar peticionada por el demandante y ordenó a la mencionada empleadora que se abstuviera de modificar el lugar de trabajo que ostentaba el señor Zarzuelo en el Puerto de Dock Sud, intimándola para que en el plazo de cinco días reestableciera al dependiente en el lugar normal y habitual de desempeño de sus labores, manteniendo las tareas y condiciones de trabajo gozadas hasta el día 15 de abril de 2019; ello, hasta tanto se dictara sentencia definitiva y bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias. En otro orden, confirió traslado de la acción interpuesta al Fisco, por igual plazo (v. fs. 20/21).
I.3. En fecha 20 de mayo de 2019, se presentó la apoderada de la Fiscalía de Estado a contestar demanda.
Luego de negar pormenorizadamente los hechos afirmados por la contraria, argumentó que la pretensión del actor de continuar prestando tareas en el ámbito físico del Puerto de Dock Sud, en su condición de agente de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, devenía inadmisible.
Alegó que la medida adoptada por su representada se ajustó al marco jurídico aplicable, sin vulnerar los derechos de los dependientes.
Sostuvo que mediante el decreto 136/19 -de fecha 11 de enero de 2019- se creó el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, ente público no estatal encargado de llevar adelante la administración y explotación de ese puerto, y que -a tal fin- se transferirían al mismo los trabajadores que prestaran su conformidad y se reubicaría -transitoriamente- al resto en el lugar más próximo, respetando las condiciones laborales y evitando causar perjuicios.
Aclaró que el traslado se trató de una medida de alcance general que claramente excedía la situación particular del actor, enmarcada en el diseño de políticas públicas en materia de administración y explotación de los puertos provinciales, cuya implementación se efectuaba con el debido resguardo de los derechos de los trabajadores.
I.4. A fs. 70/71, obra resolución de esta Corte por la que se desestimó la queja interpuesta por la demandada frente a la denegación del recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra la medida cautelar ordenada (v. rec. presentado el día 27-V-2019 y queja de fs. 60/65). Luego, consta la denegatoria del recurso extraordinario federal deducido contra aquella resolución de este Tribunal (v. fs. 76/86 vta. y 92/94).
I.5. Remitidos los autos al órgano de origen, la parte actora solicitó que -frente al incumplimiento de la medida cautelar dispuesta- se hiciera lugar al apercibimiento dispuesto y se ordenara el pago de astreintes; solicitud que fue acogida por el a quo (v. presentación de fecha 30-VII-2020 y proveído de 2-X-2020).
I.6. El día 12 de marzo 2021 el tribunal admitió como hecho nuevo la propuesta formulada por el Fisco provincial al accionante el día 13 de junio de 2019, por medio de la cual le ofrecía prestar funciones en el Puerto de Dock Sud, pero bajo la dependencia del Consorcio; el cual fue desestimado por el actor por las razones que expuso, vinculadas a la extemporaneidad de la introducción del hecho nuevo en cuestión.
I.7. Ingresados los autos al acuerdo, el tribunal de grado juzgó que no existía controversia en el caso respecto a que el actor -domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- prestó tareas bajo dependencia de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, en el Puerto de Dock Sud, desde el día 1 de junio de 2007 hasta el día 15 de abril de 2019, fecha en la que la accionada ordenó su traslado a la localidad de Ensenada.
Por su parte, consideró no comprobado que tal medida fuera notificada al dependiente con anterioridad al 15 de abril de 2019, ni que tampoco todos los trabajadores que realizaban funciones en aquel Puerto fueran transferidos provisoria o definitivamente a otros lugares de trabajo; todo ello -señaló- sin perjuicio de que los cambios de las condiciones del contrato de trabajo del actor se hicieron en el contexto de la creación del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud (dec. 13/19). En ese orden, agregó que si bien la demandada adjuntó copia de la carta documento -a fs. 28- por la cual le habría comunicado al accionante el cambio de lugar de sus labores y, cuya fecha de imposición era el 11 de abril de 2019, no se había producido prueba alguna tendiente a demostrar su día de recepción por parte del actor.
Definió que tampoco se acreditó que la accionada hubiese compensado los costos y tiempo de transporte causados por los cambios de las condiciones de trabajo impuestas al reclamante.
En la etapa de sentencia, tras evaluar los dichos de las partes y, sobre la base de las conclusiones obtenidas en el fallo de los hechos, entendió que pese a que la demandada obró conforme lo establecido en el decreto provincial 13/19 (por el cual -legítimamente- cambió la titularidad de la administración y explotación del Puerto de Dock Sud), su actitud frente al actor resultó jurídicamente reprochable.
Para así decidir, meritó que la instrumentación del art. 4 del evocado decreto, debió realizarse "con oportuna notificación a todos los trabajadores involucrados, de las opciones de continuar trabajando en las mismas condiciones y lugar con distinto empleador o ser trasladados a Ensenada, compensando, según los casos los eventuales agravios que el cambio implicaría. Ello con la anticipación suficiente, para la toma de decisión por parte de los trabajadores e instrumentación de las hipotéticas compensaciones". En el caso, juzgó que la operatoria respecto al actor no se ajustó a los mencionados lineamientos; señalando que el intempestivo cambio de su lugar habitual de trabajo que -para más-, no había sido dispuesto para todos los trabajadores de la Dirección Provincial, constituyó una violación al deber de colaboración y solidaridad en exceso del ius variandi, todo lo cual -sostuvo- le otorgó derecho al trabajador a exigir el restablecimiento de las condiciones preexistentes (arts. 62 y 66, LCT).
Sin perjuicio de ello, aseveró que la transferencia de la administración y explotación del Puerto al Consorcio de Gestión, imposibilitaba el restablecimiento de las condiciones aludidas, dado que la Dirección Provincial ya no era la encargada de hacerlo. No obstante ello, destacó que el reclamante contaba con la posibilidad de continuar efectuando sus labores en el Puerto de Dock Sud, bajo la dependencia del Consorcio (en caso de que dicho ente -que no formó parte de la contienda- así lo aceptara). En su defecto y, hasta tanto la accionada no otorgue un puesto de trabajo a satisfacción del actor (mientras continúe con tareas en el Puerto de Ensenada, respetando el resto de las condiciones de trabajo compatibles con el cambio de lugar físico), condenó a la demandada a reintegrarle mensualmente, en carácter de viáticos, los gastos diarios de peajes existentes entre las mencionadas localidades y el costo de hasta ocho litros de nafta súper (que acredite haber cargado y utilizado para concurrir al nuevo empleo); además junto con sus haberes mensuales, dispuso que debía abonarle un adicional compensatorio estimado por el tiempo de traslado (de carácter no remuneratorio y no bonificable) equivalente al 25% de su sueldo básico (arts. cits. y 76, LCT).
Añadió a lo dicho que, si bien las nuevas tareas a asignarse al señor Zarzuelo debían asimilarse a las que realizaba con anterioridad, tal similitud debía ser evaluada en el marco de las posibilidades del nuevo ámbito de trabajo, ateniéndose ambas partes a lo dispuesto en el mencionado art. 62 de la ley 20.744.
Sentado lo expuesto, advirtió que no constaba prueba alguna que demostrara que el actor hubiera comenzado a prestar servicios en la ciudad de Ensenada -o en su caso, el momento en el que lo hizo-. De igual manera, tuvo presente que la expectativa del actor era continuar con las mismas condiciones de trabajo que ostentaba antes del 15 de abril de 2019. Refirió, además, la imposibilidad prolongada que se presentó para prestar tareas por causa de la pandemia.
Por ello y, únicamente para el supuesto de que efectivamente hubiera comenzado a realizar las labores en el nuevo sitio, condenó a la accionada a abonarle al actor -en el plazo de diez días de notificada la sentencia- los gastos respectivos de traslado que acredite haber realizado y el adicional compensatorio establecido anteriormente, que se hubieran devengado hasta el presente, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de proveer incidente en esta causa para la procura del cobro de eventuales créditos.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, la violación y errónea aplicación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 31, 75 incs. 12, 22 y 23, 99 inc. 3 párrafo segundo, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 62, 66 (según ley 26.088), 68, 76 y concordantes de la ley 20.744; 11, 12, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653 y 34 inc. 4, 68, 163 incs. 5 y 6, 375, 363 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 24-XI-2021).
En esencia, bajo la invocación del vicio de absurdo, cuestiona la interpretación de las circunstancias fácticas de la causa que llevaron al juzgador de grado a juzgar acreditado el ejercicio abusivo del ius variandi denunciado por el accionante.
Objeta que, pese a establecer que su representada obró de modo legítimo de acuerdo a lo normado por el decreto provincial 13/19, al estimar justificado el cambio de titularidad de la administración y explotación del Puerto de Dock Sud, estableciera que su actitud frente al actor resultó jurídicamente reprochable.
En ese orden, descalifica las conclusiones que llevaron al juzgador a arribar a la decisión que impugna:
II.1. Inicialmente, manifiesta que sin dudas resultó determinante para el a quo que su parte "no probó que todos los trabajadores de la Dirección provincial de Actividades Portuarias de Dock Sud fueran transferidos provisoria o definitivamente, a otros lugares de trabajo".
En este sentido, alega que la decisión en este aspecto resulta inválida puesto que el tribunal de origen incurrió en un error en la apreciación de los antecedentes del caso y en la aplicación de las reglas que rigen el onus probandi , al asignarle -a su juicio- ilegítimamente la carga de acreditar hechos o afirmaciones que correspondían a la parte actora, vulnerando lo normado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Asevera que, en el escrito de inicio, esta última adujo que el día 15 de abril del año 2019 se presentó a prestar tareas donde lo hacía normalmente (en el Puerto de Dock Sud), siendo recibido por el personal de seguridad del lugar, quien le informó que se encontraba dentro de un listado -de dieciséis personas- cuyo lugar de trabajo había sido cambiado, motivo por el cual debía prestar sus funciones en el Puerto de la ciudad de Ensenada (a 60 km. de distancia de aquel). Explica que dicha exposición fue acompañada con el listado que fue exhibido en aquella oportunidad por el citado equipo a cargo de la seguridad y el acta de exposición que llevó a cabo ante las autoridades de la Prefectura Naval que ejercen sus funciones en ese sitio.
Agrega que -previamente- el actor mencionó que en el establecimiento donde desarrollaba sus funciones, también efectuaban labores más de cincuenta trabajadores, siendo que la mayoría de ellos -tal como expuso- continuó prestando labores allí, pese a que el actor junto a otros quince compañeros se vieron privados de hacerlo.
Teniendo en consideración estos dichos, afirma que, en oportunidad de contestar la demanda, realizó una negativa pormenorizada de la totalidad de los hechos denunciados, desconociendo la autenticidad y valor probatorio de la documentación acompañada por el reclamante; entre los cuales mencionó el "ilegible" listado de los supuestos empleados dependientes de la mentada Dirección, el acta de exposición realizada y el telegrama n° 994720065.
Con base en lo expuesto, entiende que incumbía a la accionante la demostración de los hechos en los que sustentó su pretensión y que -alega- llevaron injustificadamente al tribunal a calificar como arbitrario el traslado dispuesto al trabajador.
Sobre el particular, señala que, si bien el actor acompañó la respuesta del oficio dirigido a la Prefectura, constatando la autenticidad del acta de exposición -mediante la presentación electrónica de fecha 24 de junio de 2019- al haber sido efectuada por el propio interesado y su padre, dicha prueba no supera el mero registro de una apreciación personal; razón por la cual -aduce- carecía de eficacia convictiva para demostrar los hechos denunciados.
Corolario de lo expuesto, sostiene que la solución propiciada inicialmente por el órgano de grado debe ser dejada sin efecto.
II.2. Desde otroángulo, denuncia que el decisorio en crisis adolece del vicio de absurdo, toda vez que se sustenta en conclusiones fácticas contradictorias entre sí.
Puntualiza que, en la segunda cuestión del veredicto, el a quo aseveró que no se había logrado acreditar "que la accionada compensara el costo y tiempo de transporte causado por los cambios de las condiciones de trabajo impuestas al actor". Sin embargo, destaca que esa manifestación resultó neutralizada por aquella otra establecida en la etapa de sentencia, según la cual consideró que no constaba en autos "que el actor hubiera aún comenzado o en su caso cuándo comenzó a prestar servicios en la ciudad de Ensenada" (rec., pág. 13).
Desde esta perspectiva de análisis, concluye su discurso alegando que, si en la sentencia definitiva estimó no probado que -a ese momento- el actor hubiera comenzado a prestar servicios en la localidad de Ensenada, deviene improcedente exigirle a su representada la prueba de la compensación de un costo y tiempo de transporte derivado del cumplimiento de labores en aquel sitio donde no se demostró que efectuara tareas.
II.3. Controvierte igualmente, que estimara que el cambio del lugar de trabajo habitual del accionante dispuesto por el empleador, haya significado una variación de "alrededor de 100 kilómetros de distancia del domicilio" de aquel.
Afirma que tal aseveración no se corresponde con la distancia alegada por el propio actor, quien adujo que el mencionado traslado representaba un recorrido de 60 km.; circunstancia que, destaca, además de haber sido desconocida por su parte, logró dejar al descubierto la parcial y subjetiva apreciación del tribunal de mérito.
II.4. Por otro lado, argumenta que el sentenciante soslayó plantear en el veredicto la totalidad de las cuestiones fácticas que -entiende- resultaban determinantes para la correcta resolución del litigio.
Puntualmente, refiere preterida aquella vinculada a los hechos en los que fundó el carácter transitorio del traslado dispuesto al trabajador, puesto que al contestar el escrito de inicio remarcó que -a la fecha de esa presentación- no había fenecido el plazo de sesenta días otorgado para la confección del acta complementaria en la que se consignaría el personal a ser transferido al nuevo ente.
Plantea que por ese motivo -en fecha 13 de junio de 2019- denunció la existencia de un hecho nuevo en la causa, incorporando el Acta Complementaria n° 1 denominada "Transferencia de Personal al Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud", mediante la cual se concretó la transferencia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.