Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127488
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.488, "Cabrera, Roxana Gisela contra Municipalidad de General Viamonte. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, se declaró incompetente de oficio para conocer en las presentes actuaciones y dispuso su remisión al fuero contencioso administrativo departamental (v. pronunciamiento de fecha 30-XII-2020).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 12-IV-2021), habiéndose denegado el primero y concedido el segundo por el órgano actuante (v. auto de fecha 27-IV-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado se pronunció de oficio sobre su falta de competencia material para intervenir en las presentes actuaciones, iniciadas por la señora Roxana Gisela Cabrera contra la Municipalidad de General Viamonte, mediante las que procura la reinstalación en su puesto de trabajo, el cobro de los salarios caídos, bonos, aumentos, premios "y/o" cualquier otro ingreso percibido desde el día 28 de diciembre de 2018 hasta la efectiva reincorporación, más intereses y una reparación por daños y perjuicios. Sustentó su pretensión en la ley 14.656 y -según sostuvo- en el Convenio Colectivo de Trabajo que denunció suscripto por el municipio con fecha 22 de septiembre de 2016, además de "doctrina y jurisprudencia aplicable al caso". En subsidio, solicitó las indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso y la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
Para resolver del modo indicado, sostuvo que la relación jurídica entre la actora y la citada comuna constituyó un contrato de empleo público regido por la ley 14.656, así como -continuó afirmando- por normas del derecho público aplicables a la materia.
Señaló que la competencia en esa materia se encuentra atribuida al fuero contencioso administrativo provincial, específicamente conforme lo establecido en los arts. 2 inc. 6, 12 inc. 1 y 71 de la ley 12.008 (y modif.).
Adujo que, si bien la accionante citó preceptos de la convención colectiva firmada por la Municipalidad demandada, a partir de una interpretación armonizadora de todas las reglas del sistema jurídico, era dable concluir que la competencia de los tribunales laborales en relaciones de empleo público, solo se justificaba en aquellos supuestos en el que se invocan específicamente disposiciones convencionales que sustraigan la competencia por la materia de su juez natural. Fundamentó su decisión en los arts. 1 del Código Procesal Civil y Comercial y 2 de la ley 11.653.
Postuló que una decisión contraria generaría una conclusión incoherente, ya que por la sola aplicación a los agentes públicos de normas de convenios colectivos se atribuiría jurisdicción al fuero del trabajo, evitando de ese modo la aplicación de las reglas derivadas de los arts. 12, 18, 19, 20, 21 y 30 del Código Contencioso Administrativo.
Indicó que claramente la pretensión principal consistía en la reinstalación en el puesto de empleo público y, por ende, el tribunal de trabajo resultaba incompetente para entender.
Por último, en referencia al precedente L. 117.016, "Moraga" (sent. de 11-II-2015) citado por la promotora del juicio, consideró que dicho caso resultaba diferente del aquí debatido, ya que allí se trató -según refirió el a quo - de un convenio colectivo específico de la actividad de guardavidas y no de todo un sector de la Administración Pública.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 12-IV-2021), en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 4 de la ley 12.008; 2 inc. "a" de la ley 11.653; 2 inc. "a" de la ley 15.057; ley 14.656 y Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la Municipalidad de General Viamonte y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
En sustancia, postula que en el caso la relación de empleo existente entre las partes se rige por un convenio colectivo de trabajo suscripto por el municipio demandado y aplicable a todos los trabajadores comunales al momento en que se dispuso la desvinculación de la accionante. Con apoyo en distintas normas, sostiene que lo dicho basta a los fines de fijar la competencia del tribunal interviniente. Destaca que su postura, encuentra recepción en lo establecido en el art. 4 de la ley 12.008 (y modif.).
Entiende que debe tenerse en cuenta que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, la que no puede excluir a los trabajadores públicos. Más aun cuando -expone- se planteó la existencia de un fraude a la legislación aplicable, claramente violatorio del art. 14 bis de la Constitución nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Expresa que la relación de empleo público que se ventila en autos se encuentra regida por la ley 14.656 y la referida normativa convencional colectiva, por lo que la decisión del juzgador de mérito se encuentra en franca contradicción con la ley y la doctrina legal de la Suprema Corte que detalla.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone recordar que tiene dicho este Superior Tribunal que las decisiones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 97.552, "Silva", sent. de 15-VII-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011 y L. 121.358, "Ojeda", sent. 7-VIII-2019).
Toda vez que en el caso se configura uno de los mencionados supuestos de excepción, en tanto el tribunal de origen se pronunció sobre la naturaleza de la relación jurídica habida entre los litigantes, la decisión atacada resulta equiparable a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.2.a. Sentado lo anterior, dable es destacar que reiteradamente esta Corte ha señalado que para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos efectuada en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (causas B. 69.468, "U., H.", sent. de 27-II-2008; L. 105.491, "Severini", sent. de 4-VII-2012 y Q. 72.022, "Aerolíneas Argentina S.A.", sent. de 11-XI-2020).
Bajo tales directrices, y circunscripta la revisión extraordinaria a la concreta impugnación que contra la decisión de grado se formula en el recurso bajo examen (causas L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020 y L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022), corresponde su desestimación.
III.2.b.i. Según fue relatado, el órgano de origen -entendió en lo sustancial- que la circunstancia de que la relación de empleo público de la actora con el municipio accionado estuviera regida, además de por la ley 14.656, por cláusulas de un convenio colectivo de trabajo, no resultaba óbice para sustraer el caso de la competencia del fuero del trabajo. Ello así, desde que los preceptos convencionales no establecían la sujeción de la relación a normas laborales, supuesto este último -que según enfatizó- era el que imponía la intervención de los tribunales de trabajo; con ello, destacó asimismo que claramente surgía que la pretensión principal que contenía la demanda consistía en una acción de reinstalación de empleo público.
III.2.b.ii. Estas centrales motivaciones del fallo criticado no son idóneamente controvertidas por el recurrente, quien, mediante las objeciones antes descriptas, no se hace cargo de cuestionar frontalmente, con eficacia y solidez las concretas razones blandidas en el fallo censurado.
Y ello cobra relevancia en la suerte -adversa- del recurso deducido, pues invariablemente tiene dicho esta Corte que es insuficiente aquel que omite exhibir una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (causas L. 104.557, "Fernández", sent. de 13-VI-2012; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014 y L. 119.688, "M. d. S., M. E", sent. de 23-X-2019).
De suyo, que lo expuesto conduce a restarle eficacia al discurso que despliega el quejoso, incluso, a la denuncia de doctrina que efectúa, para más, elaborada en casos cuya semejanza al presente en modo alguno se encarga de evidenciar.
III.3. Corolario de todo lo dicho es la conclusión medular que el fallo objetado permanece incólume, dada la falta de idoneidad del medio de impugnación examinado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2023 09:07:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2023 10:51:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/05/2023 17:19:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2023 20:08:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2023 09:24:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/05/2023 13:50:25 hs. bajo el número RS-56-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia