Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130756
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo desarrollado en el punto III.5. ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y, en consecuencia, se anula la sentencia del tribunal del trabajo exclusivamente en cuanto omitió expedirse sobre el reclamo vinculado a la aplicación de intereses al capital de condena (art. 298, CPCC).
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que estime pertinentes y oportunamente dicte el pronunciamiento que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción interpuesta por el señor Gabriel Ezequiel Rodríguez, declaró la nulidad de su despido y condenó a Boris Hermanos S.A. a reinstalar al actor en su puesto de trabajo, así como el pago de los salarios caídos por el período comprendido entre la desvinculación ocurrida el 23 de septiembre del año 2020 y la fecha de la sentencia. Agregó que, para el supuesto de incumplimiento en término del pago del capital de condena, se adicionará un interés a la tasa del 2,5 % mensual (v. veredicto y sentencia de 24-IV-2023).
Para así decidir, juzgó que la disolución contractual fue efectuada sin justa causa, encontrándose vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020 y sus prórrogas, que estableció la prohibición de los despidos sin causa y por falta o disminución de trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de 10-V-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. del 12-V-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 7-XII-2023).
III.1. En el primero de los remedios mencionados, el interesado afirma que el sentenciante de grado omitió el tratamiento de cuestiones esenciales conducentes para la resolución del litigio y que el fallo se encuentra infundado.
En este sentido, asegura que el juzgador prescindió expedirse en torno a que los haberes adeudados debían devengarse hasta la efectiva reincorporación del actor.
Por otro lado, asevera que tampoco se pronunció respecto de la aplicación de intereses moratorios sobre el capital de condena, tal y como expresamente se peticionó en la demanda.
Luego, sostiene que la sentencia puesta en crisis carece de la debida fundamentación legal. Agrega que el juzgador aplicó erróneamente la normativa aplicable a los fines de obtener la base de cálculo utilizada para determinar el monto de condena.
III.2. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General, el remedio interpuesto debe prosperar con el siguiente alcance.
III.3. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, conforme ha establecido esta Suprema Corte, constituyen cuestiones esenciales aquellos cuestionamientos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 121.553, "Piatti", resol. de 12-IX-2018; L. 125.967, "Molina", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.163, "Iramain", resol. de 17-V-2021).
III.4. En lo referente a la primera cuestión que se dice omitida, no se consuma en el caso infracción al art. 168 de la Constitución provincial, en tanto una interpretación armónica de las diversas partes que conforman el fallo definitivo permite inferir que la cuestión que se denuncia como preterida ha merecido respuesta suficiente (v. pág. 9 -primer párrafo- de la sentencia de fecha 24-IV-2023). En este sentido, es dable destacar que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 118.136, "Rezzutto", sent. de 29-VIII-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020 y L. 128.184, "López", resol. de 1-IX-2022).
III.5. Distinta es la suerte que ha de correr la segunda de las cuestiones que el recurrente señala preterida, referida al pago de los intereses moratorios sobre los salarios caídos, que ha sido sometida a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna (v. escrito de demanda de fecha 10-XI-2020) y que, efectivamente, el a quo soslayó pronunciarse a su respecto sin que emerja del trazo lógico cristalizado en el fallo motivo que justifique tal inadvertencia.
En tales condiciones se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste carácter esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, toda vez que el tópico integró la estructura de la traba de la litis, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debía atender para la correcta solución de la controversia (v. causas L. 107.433, "Ríos", sent. de 9-XI-2013 y L. 128.770, "Di Levo", resol. de 22-XI-2022).
No obsta a la solución aquí propuesta, la circunstancia de que el juzgador se haya expedido en torno a la imposición de acrecidos para el caso de inobservancia en término del pago de la suma de condena, pues lo aquí relevante es que ha excluido el tema concerniente a la pretensión de ordenar los mencionados intereses moratorios a los salarios caídos por descuido o inadvertencia (causas L. 86.280, "Stremiz", sent. de 14-XI-2007; L. 99.750, "Carabajal", sent. de 1-IX-2010; L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013 y L. 124.430, "Puentes de integración S.R.L.", sent. de 23-II-2021).
III.6. En cambio, no se verifica la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución local, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
III.7. Por todo lo expuesto, corresponde admitir el remedio extraordinario de nulidad deducido con el alcance indicado en el punto III.5., y, en consecuencia, anular parcialmente el pronunciamiento de grado en cuanto omitió el abordaje del planteo preterido a la aplicación de intereses moratorios al capital de condena (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 84.928, "Formigo", sent. de 19-IX-2007; L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; L. 121.447, "Herrera", sent. de 26-V-2020 y L. 126.650, "Aranda", resol. 25-X-2021), debiendo el tribunal de origen, integrado con otros jueces, dictar nuevo pronunciamiento.
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, el compareciente denuncia absurdo en la valoración de la prueba, y la violación de las normas y la doctrina que cita.
En primer lugar, cuestiona la forma en que el juzgador cuantificó los salarios caídos adeudados al trabajador.
Además, en lo relativo a los acrecidos, opina que el tribunal de origen "incurrió en dos graves irregularidades", esto es, por un lado, omitir pronunciarse respecto de los intereses moratorios en relación a los rubros por los que prosperó la demanda y, por otra parte, califica de exigua a la tasa de interés establecida en el fallo para el caso de incumplimiento en el pago de la condena en el plazo ordenado.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.3. Liminarmente se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 125.843, "Aguirre", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 125.826, "Veinticinco", resol. de 17-II-2021).
Posteriormente, y a propósito de los argumentos desplegados por el interesado, cabe destacar que el tenor del planteo ensayado no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento de la vía extraordinaria sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
IV.4. En ese contexto, y en cuanto al cuestionamiento relativo a la forma en que fueron calculados los salarios caídos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina legal invocada refiere a la arbitrariedad y al vicio de absurdo, la cual no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el precepto adjetivo citado (causas L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 123.722, "Coronel", resol. de 27-V-2020 y L. 124.450, "Sandoval", resol. de 30-VI-2020).
Para más, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021 y L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021; e. o.).
IV.5. En otro orden, y sin perjuicio de otras consideraciones, la impugnación dirigida a cuestionar la falta fijación de intereses sobre el capital de condena ha perdido virtualidad a tenor de lo decidido al abordar el tratamiento del recurso extraordinario de nulidad (v. punto III.5.).
IV.6. Por otro lado, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017 y L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo desarrollado en el punto III.5. ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y, en consecuencia, se anula la sentencia del tribunal del trabajo exclusivamente en cuanto omitió expedirse sobre el reclamo vinculado a la aplicación de intereses al capital de condena (art. 298, CPCC).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que estime pertinentes y oportunamente dicte el pronunciamiento que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/12/2023 14:52:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:41:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 16:11:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2023 10:03:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2023 10:06:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/12/2023 12:30:12 hs. bajo el número RR-1780-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia