Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125678
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la medida cautelar dictada en el pronunciamiento impugnado, la que se declara inviable en este estado. Los autos se remiten al órgano de origen a fin de que, con distinta integración, continúe el trámite de la causa.
Las costas de la instancia ordinaria y las del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.678, "Pascual, Marcelo Eduardo contra Ministerio de Economía. Reinstalación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata ordenó, con carácter cautelar, la reincorporación del actor a su puesto de trabajo -u otro equivalente, sin mengua salarial-, con cobro de las remuneraciones dejadas de percibir desde su despido (v. fs. 47/52), e impuso las costas a la demandada.
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-VI-2020), el que, denegado por el órgano de grado (v. resolución electrónica de fecha 22-VI-2020), fue concedido por esta Suprema Corte (v. resolución electrónica de fecha 8-II-2021), previa deducción de la queja (v. presentación electrónica de fecha 2-VII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el marco de la acción de reinstalación promovida por Marcelo Eduardo Pascual contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, el tribunal interviniente admitió -por mayoría- la medida cautelar peticionada a fs. 32.
En efecto, previa incorporación de la causa "Pascual Marcelo Eduardo c/ Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/ diferencias salariales" en trámite por ante el Tribunal de Trabajo n° 5 del mismo departamento judicial, el a quo ordenó a la Provincia de Buenos Aires que, en el plazo de tres días, reincorpore al actor a su puesto de trabajo -o a uno equivalente, sin disminución de su remuneración-, y abone los salarios caídos por el período comprendido entre el despido y el cumplimiento de la precautoria dispuesta (v. fs. 47/52).
Para así decidir, consideró demostrados los presupuestos necesarios para su viabilidad, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora (arts. 230, 232 y concs., CPCC).
Tuvo por acreditado -con el grado atenuado de certeza requerido por la cuestión a resolver- el carácter dependiente del señor Pascual, su ingreso a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (15 de enero de 2007), su paso a planta permanente (diciembre de 2012; conf. dec. 1.270/12). Asimismo, que el vínculo se hallaba regido por la Ley de Contrato de Trabajo y que, la demandada dispuso su despido sin invocación de causa, abonándole la indemnización prevista en el art. 245 del cuerpo normativo citado.
Señaló que, pese a la aplicación de la ley 20.744, su condición de trabajador estatal de planta permanente del Estado provincial hacía presumir -en principio- del goce de la estabilidad contemplada en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de la Constitución provincial; motivo por el que la extinción del vínculo únicamente podía disponerse mediante la tramitación -con las garantías del caso- de un sumario administrativo previo.
Citó en su apoyo antecedentes de este Tribunal (causas L. 112.179, "Sampedro", sent. de 16-VII-2014; L. 90.633, "Varela", sent. de 10-III-2010; L. 104.194, "Ortiz", sent. de 30-X-2013 y L. 94.962, "Suvajdzic", sent. de 11-III-2013), que refirió en línea con lo juzgado por la Corte federal en el precedente "Madorrán", sentencia de 3-VII-2007 (CSJN Fallos: 330:1989 ) y lo resuelto con fecha 25 de junio de 2019 en un antecedente propio del tribunal sentenciante, que individualizó como "Lamberti" (expte. n° 45.390).
Definido así el recaudo de la verosimilitud del derecho (la estabilidad invocada en la demanda), afirmó que el peligro en la demora resultaba evidente, ya que el trabajador depende de su salario.
Invocó los arts. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 39 inc. 2 de la Constitución local.
Puntualizó que, para descalificar la estabilidad absoluta del demandante, no resultaba hábil la argumentación de la demandada sobre la eventual percepción de sumas dinerarias imputables a una supuesta indemnización por despido en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que consideró no acreditado. Postuló que el derecho a la estabilidad es irrenunciable (arts. 39 inc. 3, Constitución local y 12, LCT).
Para la viabilidad de la cautelar analizada, descartó el pedido efectuado por el actor en el expediente sustanciado ante el Tribunal de Trabajo n° 5 de La Plata (causa identificada como 18.993, agregada por cuerda), pues allí se debatían los efectos de un despido ocurrido en el año 2016, retractado por la empleadora, hecho que -sostuvo- ninguna relación guardaba con el presente.
Tampoco consideró impedimento para la readmisión en el empleo el hecho de la supresión del organismo en el que el actor prestaba servicios; en tal hipótesis -explicó- bien pudo habérsele asignado funciones similares (sin disminución del salario) en algún lugar equivalente, dada la gran cantidad de organismos y dependencias con que cuenta la Provincia de Buenos Aires.
Con todo, dispuso acoger la solicitud precautoria articulada en el escrito de demanda.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 31, 75 incs. 12 y 22 de la Constitución nacional; 39 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial; 2, 66 y 245 de la ley 20.744 (t.o.); 44 inc. "d", 18, 63 y concordantes de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 195, 198, 202, 230 incs. 2 y 3, 232, 266 in fine , 321 inc. 2 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
II.1. Aduce que el decreto cautelar fue emitido sin la debida acreditación de los presupuestos que habilitan su dictado, a partir de los meros dichos del actor, y sin tener en cuenta la eficacia probatoria de hechos alegados y probados en la causa.
Afirma que el tribunal de origen incurrió en absurdo, inaplicó las normas que rigen el caso y definió en forma anticipada el fondo de la cuestión ventilada.
II.2. En concreto, impugna la decisión de grado en cuanto tuvo por verificada la verosimilitud del derecho a partir de la circunstancia de que el promotor del pleito ingresó a trabajar bajo las órdenes de la accionada, circunstancia que -de acuerdo a lo consignado en la resolución atacada- lo convierte en un empleado público con estabilidad absoluta, sin perjuicio de régimen jurídico aplicable.
Aduce que el juzgador de origen omitió valorar la defensa esgrimida por la parte demandada, consistente en que la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial -entidad autárquica con capacidad para actuar pública o privadamente- se sometió al régimen establecido por la ley 20.744 (t.o.) y -por ende- su personal se encuentra regido por dicha normativa y por el convenio colectivo del sector (art. 2, dec. 4.779/95), situación que se encontraba vigente al momento de producirse la incorporación del accionante, y aún producido su traspaso planta permanente.
Destaca que en el año 2016 el actor promovió por ante el Tribunal de Trabajo n° 5 de La Plata, mediante la causa identificada como 18.993, un juicio por despido con sustento en la citada ley de fondo, a la cual el tribunal le restó eficacia probatoria por considerar que ninguna relación guardaba con el tema debatido en autos.
Insiste en que la relación habida entre las partes siempre estuvo regida por la Ley de Contrato de Trabajo, lo que permite sostener -a criterio del quejoso- la inexistencia de un trabajador estatal con estabilidad de empleado público que consagra el art. 14 bis de la Constitución nacional.
Alega que el caso de autos es diverso al precedente "Madorrán" (CSJN Fallos: 330:1989) y que, en otro análogo -que menciona- la Corte federal revocó una medida cautelar que imponía reinstalar al accionante.
Añade que el actor percibió una suma de dinero en concepto de indemnización en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo con motivo del despido, circunstancia que el sentenciante erróneamente descalificó por considerarla "un hecho aún no probado", dándole el carácter de "eventualidad". Ante ello, aduce que se trata de un extremo no controvertido, desde que surge de los recibos acompañados por ambas partes con sus respectivos escritos constitutivos del proceso. Argumenta que, a todo evento, el accionante no desconoció tal circunstancia al evacuar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653.
Puntualiza que la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario fue suprimida por el decreto 1.100/17 (art. 1), y que, a partir de una conducta contradictoria, el actor vinculó la decisión rupturista a un acto discriminatorio con sustento en la ley 23.592, aspecto respecto del cual el tribunal de grado guardó silencio.
Señala que en ese contexto se produjo la rescisión del vínculo laboral con el señor Pascual.
Insiste en que el reclamante no efectuó un claro planteo que aporte el grado de verosimilitud necesario como para pretender que se decrete una medida como la impuesta en la decisión cuestionada.
Entiende que la resolución en crisis luce dogmática, sostenida en un simple y parcial análisis de los hechos. A ello aduna que afecta el interés público, desde que impone la reinstalación de un trabajador a una repartición que ya no existe, lo que torna materialmente imposible el cumplimiento de la obligación.
A mayor abundamiento, remarca que la pretensión deducida no resulta idónea, toda vez que el actor ni siquiera invocó la nulidad del acto extintivo del vínculo que -eventualmente- ameritaría retrotraer la relación al estado anterior.
II.3. Sostiene que la decisión debe ser descalificada, con arreglo a la doctrina de arbitrariedad, porque carece de debido fundamento.
En este sentido, reitera que la mayoría del tribunal de grado decretó la medida impugnada, sin reparar en que su objeto coincide con el de la demanda, lo que importa un adelanto de jurisdicción.
Expone que, si bien en el escrito de inicio el actor peticionó la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 4.779/95, el juzgador de origen resolvió del modo en que lo hizo sin dirimir este aspecto de la contienda.
Cita en respaldo de su postura precedentes de la Corte federal.
Observa que el órgano de la instancia ordinaria no reparó en la supuesta discriminación denunciada por el trabajador en el escrito de inicio.
II.4. Finalmente, entiende que la cautelar dictada coincide con el objeto de la demanda y, por ende, surte los mismos efectos que la sentencia definitiva.
Considera que su acogimiento excede el plano de lo hipotético, dentro del cual toda medida cautelar agota su virtualidad, pues el tribunal de grado ha desvirtuado su naturaleza instrumental.
Insiste en que el fallo importa un evidente adelantamiento de la sentencia de fondo, que ha desconocido el carácter restrictivo que debe primar en el análisis de este tipo de medidas, lo que vulnera el derecho de defensa de la accionada.
Con todo, solicita que se deje sin efecto el fallo impugnado.
III. El recurso prospera.
III.1. Ante todo, preciso es señalar que, en oportunidad de resolver la queja promovida con motivo de la denegatoria del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco provincial, esta Corte equiparó a definitivo el fallo sobre la cautelar admitida -por mayoría- en los presentes autos, excepcionando la regla general que rige en la materia (v. pronunciamiento de fecha 8-II-2021).
III.2. Sabido es que el otorgamiento de medidas precautorias no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 122.189, "Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires", sent. de 23-III-2021 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
III.2.a. A fin de brindar respuesta al interrogante planteado, corresponde detenerse en los términos del escrito de inicio y de las constancias obrantes en la causa, a fin de dirimir si el tribunal actuante incurrió en un error de juicio al proveer el adelanto cautelar, como se afirma en el escrito recursivo.
En la especie, luego de justificar la radicación de la causa ante el fuero laboral merced a lo establecido en el art. 2 del decreto 4.799/95 (más adelante tachado en su constitucionalidad), el actor impugnó su desvinculación alegando la existencia de un despido discriminatorio. Postuló a su vez haber sido víctima de acoso laboral por parte de sus superiores. También, que la extinción "sin causa" se dispuso en "represalia" de sus reclamos formulados en otro expediente en trámite ante el mismo fuero.
Adujo asimismo que Ferrobaires, para quien prestara servicios, había sido suprimida según decreto 1.100/17. Explicó que, a partir de un compromiso alcanzado con la Provincia de Buenos Aires en 2007, el Estado nacional reasumió la prestación de los servicios interurbanos mediante un acuerdo celebrado en 2016 con el Ministerio de Transporte nacional. Señaló que los servicios revertidos se asignaron a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (sociedad nacional creada por la ley 26.352), a la que se transfirió personal de la órbita provincial para cumplir su cometido; es decir, trabajadores que revistaban en Ferrobaires pasaron a desempeñarse en la sociedad antes mencionada.
Agregó que, con la supresión aludida, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial ingresó a la órbita del Ministerio de Economía para que se adopten las medidas conducentes. Concluyó así que el ente provincial "retornó a la administración provincial centralizada" (fs. 27).
Reprodujo el envío epistolar en el que se comunica su desvinculación "Atento la supresión de la U.E.P.F.P, conforme lo dispuesto por el decreto 1.100/17...".
Señaló que, a diferencia de sus compañeros asignados a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la decisión adoptada a su respecto, como trabajador de planta permanente, comportaba un "despido-represalia" (fs. 27 y vta.).
Citó en su apoyo el precedente "Madorrán" ya mencionado, con la intención de justificar la analogía que presentaba su caso con lo allí decidido. Y en esa inteligencia, peticionó al tribunal actuante que declare la inconstitucionalidad del art. 2 del decreto 4.779/98 en cuanto establece que: "Las relaciones y los respectivos Contratos de Trabajo del personal dependiente de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial quedarán sometidas al régimen establecido por la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), y a los correspondientes Convenios Colectivos de Trabajo aplicables a los Gremios involucrados".
A tenor de la estabilidad invocada, refirió que la única posibilidad que tiene el Estado de despedir a uno de sus empleados es la demostración de la justa causa de despido.
Obra acompañados con la demanda los recibos de la liquidación final.
III.2.b. Como afirma el recurrente, según las aristas imbricadas en el reclamo y las constancias objetivas de la causa, no se avizora en la especie la verosimilitud del derecho invocado con la entidad mínima y suficiente (y no meramente atenuada, como se sostuvo por mayoría del tribunal actuante) para derivar en el otorgamiento de la cautelar peticionada.
El propio escrito de demanda exhibe un escenario complejo -a la vez que una posición un tanto oscilante del interesado- que impide vislumbrar la concurrencia del presupuesto antedicho, imprescindible en el juicio de toda precautoria; más cuando la decisión del tribunal en crisis -y sus categóricas apreciaciones en torno a la materia en disputa- implican en la especie la concesión provisoria de cuanto constituye objeto de la demanda.
En estas condiciones, conforme se postula en la réplica, la decisión resulta absurda y violatoria de los preceptos adjetivos destinados a regular dicho recaudo.
De suyo entonces, el vicio que porta la conclusión relativa al requisito en cuestión me conduce a proponer al Acuerdo la revocación de lo decidido en la instancia anterior en grado.
III.3. Así las cosas, no cabe ingresar a analizar los demás argumentos ensayados en la crítica, pues lo dicho es suficiente para dar respuesta al caso bajo estudio.
III.4. De allí que, debe hacerse lugar al remedio extraordinario articulado y, en consecuencia, casar la decisión de origen con arreglo a la cual se admitió la medida cautelar peticionada por el accionante, la que corresponde sea declarada inviable en este estado. Los autos deben remitirse al órgano de origen a fin de que, con distinta integración, continúe el trámite de la causa .
IV. Por lo expuesto, corresponde decretar la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y casar la decisión impugnada de conformidad y con los alcances dispuestos en el punto III.4.
Las costas de la instancia ordinaria y las del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la medida cautelar dictada en el pronunciamiento impugnado, la que se declara inviable en este estado. Los autos se remiten al órgano de origen a fin de que, con distinta integración, continúe el trámite de la causa.
Las costas de la instancia ordinaria y las del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia