Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126500
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.500, "Astrain, Héctor Oscar contra Dirección Provincial de Actividades Portuarias. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 2-III-2023).
Se interpusieron, por las partes actora y demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 29-III-2023 y 5-IV-2023, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Fisco provincial?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del incoado por el actor?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En lo que interesa destacar, el señor Héctor Oscar Astrain promovió acción sumarísima contra la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, peticionando -en los términos del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 26.088)- el restablecimiento de las condiciones laborales alteradas y la abstención de introducir modificaciones en el contrato de trabajo, en especial el lugar de trabajo; denunciando la existencia de un ejercicio abusivo del ius variandi en su perjuicio. Solicitó también, el dictado de una medida cautelar de "no innovar" (v. fs. 11/16).
En su presentación, manifestó residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser empleado de la mentada Dirección -en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo 164/75- ejerciendo sus funciones en el Puerto de Dock Sud a partir del 2007; luego en el sector de Recursos Humanos (2010) y a cargo de la Oficina de Personal desde 2011.
Relató que el 12 de abril de 2019 al presentarse a realizar sus tareas normalmente le fue impedido el ingreso al lugar de trabajo. Asimismo, que el personal de seguridad del sitio le informó que su nombre se encontraba en un listado de trabajadores -con otros quince-, a quienes les habían cambiado el destino laboral; de tal modo le informaron que en lo sucesivo debía concurrir a prestar tareas en el Puerto de la ciudad de Ensenada distante a unos 60 km. del propio, lo que le implicaba aproximadamente, entre ida y vuelta, tres horas de recorrido diario por la autopista en horario laboral.
Señaló que en días posteriores recibió una misiva (enviada en fecha 11-IV-2019), en la que le comunicaron el cambio de destino, con expresión de motivos tan solo genéricos.
Adujo que el traslado así dispuesto infringía los arts. 66 y 78 de la Ley de Contrato de trabajo.
Aseveró que en el Puerto de Dock Sud cumplían funciones más de cincuenta empleados y que, la mayoría de ellos, aún prestaban tareas allí. Detalló los gravámenes patrimoniales (gastos adicionales de peaje y combustible) y moral (derivados del tiempo insumido en el traslado al nuevo destino y la afección a su vida familiar y el ocasionado por el desconocimiento del motivo que condujo a la elección del personal que resultó afectado por la medida) que provocaba el cambio aludido. Denunció como agravante que en la nueva locación no le habían sido asignadas tareas concretas, vulnerando lo normado por el art. 78 de la ley 20.744 (v. fs. 12 vta. y 13).
Lo expuesto, consideró, demostraba la falta de razonabilidad de la medida.
Relató que su traslado se dispuso en un contexto de transformación del Puerto de Dock Sud en un Consorcio de Gestión, implementado mediante el decreto 13/19, en cuyo marco los empleados de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de aquel lugar pasarían a depender de la nueva entidad con íntegro mantenimiento de sus condiciones laborales existentes (v. fs. cit.).
Esgrimió que, de acuerdo con el acta de transferencia, el traspaso se llevaría a cabo el día 1 de julio del año 2019, razón por la cual resultaba ilegítimo el traslado a las oficinas de la ciudad de Ensenada con anterioridad a dicha fecha, puesto que aún se hallaba bajo la dependencia de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias (v. fs. cit.).
I.2. El órgano de origen dictó resolución acogiendo la medida cautelar peticionada por el demandante (v. fs. 19 y vta.). En otro orden, confirió traslado de la acción interpuesta al Fisco, por igual plazo (v. fs. 18 y vta.).
I.3. En fecha 21 de mayo de 2019, se presentó la apoderada de la Fiscalía de Estado a contestar demanda.
Luego de negar pormenorizadamente los hechos afirmados por la contraria, argumentó que la pretensión del actor de continuar prestando tareas en el ámbito físico del Puerto de Dock Sud, en su condición de agente de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, devenía inadmisible.
Alegó que la medida adoptada por su representada se ajustó al marco jurídico aplicable, sin vulnerar los derechos de los dependientes.
Adujo que, dadas las tareas como encargado de Recursos Humanos del lugar, el actor no podía desconocer las gestiones administrativas y decisiones adoptadas por las autoridades tendientes a la creación del mentado Consorcio y las consiguientes necesidades de reordenamiento de recursos que ello irrogaría.
Sostuvo que mediante el decreto 13/19 -de fecha 11 de enero de 2019- se creó el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, ente público no estatal encargado de llevar adelante la administración y explotación de ese puerto, y que -a tal fin- se transferirían al mismo los trabajadores que prestaran su conformidad y se reubicaría -transitoriamente- al resto en el lugar más próximo, respetando las condiciones laborales y evitando causar perjuicios.
Aclaró que el traslado se trató de una medida de alcance general que claramente excedía la situación particular del actor, enmarcada en el diseño de políticas públicas en materia de administración y explotación de los puertos provinciales, cuya implementación se efectuaba con el debido resguardo de los derechos de los trabajadores.
I.4. A fs. 155/156 vta., obra resolución de esta Corte acogiendo la queja interpuesta por la demandada -frente a la denegación del recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra la medida cautelar ordenada- y declarando la nulidad de la resolución de fs. 19 y vta. -por carecer de validez como acto jurisdiccional-, al haberse omitido en dicho decisorio la firma de uno de los magistrados integrantes del tribunal.
I.5. Remitidos los autos al órgano de origen, consta el dictado de un nuevo decisorio por parte de aquel, haciendo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenando a la mencionada empleadora que se abstuviera de modificar el lugar de trabajo que ostentaba el señor Astrain en el Puerto de Dock Sud, intimándola para que en el plazo de cinco días reestableciera al dependiente en el lugar normal y habitual de desempeño de sus labores, manteniendo las tareas y condiciones de trabajo gozadas hasta el día 1 de abril de 2019; ello, hasta tanto se dictara sentencia definitiva y bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (v. resol. de fecha 18-VIII-2020).
I.6. Contra lo así resuelto, el Fisco provincial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 14-IX-2020), contra el decreto cautelar, que fue rechazado por el a quo con sustento en que la decisión impugnada carecía del rasgo de definitiva, ni resultaba asimilable a tal (v. pronunciamiento de fecha 9-XI-2020). La situación nuevamente motivó la articulación de un recurso de queja (v. presentación electrónica de fecha 17-XI-2020), que fue desestimado por esta Suprema Corte mediante la resolución de fecha 8 de febrero de 2021.
I.7. Ingresados los autos al acuerdo, el tribunal de grado juzgó que no existía controversia en el caso respecto a que el actor -domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- prestó tareas bajo dependencia de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, en el Puerto de Dock Sud, desde el día 1 de enero de 2007. A su vez, que el decreto provincial 13/19 dispuso que la administración y explotación del puerto de Dock Sud estaría, a partir del 12 de abril de 2019, a cargo de un ente público no estatal denominado "Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud", ordenándose en dicho acto la reorganización del personal dependiente (v. vered. de fecha 2-III-2023).
Teniendo en consideración los dichos de las partes, y las comunicaciones postales cursadas entre ambas, acompañadas por el propio accionante -a fs. 4 y 5-, consideró probado que la decisión de trasladar al actor a la localidad de Ensenada -a partir del día 15 de abril de 2019- fue notificada por parte de la demandada.
Por su parte, tuvo por no acreditado que todos los trabajadores que realizaban funciones en aquel Puerto fueran transferidos provisoria o definitivamente a otros lugares de trabajo; todo ello -señaló- sin perjuicio de que los cambios de las condiciones del contrato de trabajo del actor se hicieron en el contexto de la creación del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud (dec. 13/19). Tampoco tuvo por cierto que el actor hubiera comenzado a prestar tareas en la localidad de Ensenada ni que hubiera aceptado ser transferido en calidad de dependiente del mentado Consorcio.
Asimismo, consideró no verificado que la accionada hubiese compensado los costos y tiempo de transporte causados por los cambios de las condiciones de trabajo impuestas al reclamante; o que lo hubiese intimado para que manifieste expresamente su voluntad respecto a ser transferido -o no- al Consorcio mencionado. Y ponderó que el emplazamiento realizado a aquel en tal sentido -al cual el accionante pretendió asignarle efectos jurídicos al presentarlo como hecho nuevo- había sido efectuado por un tercero ajeno a los autos (a saber: el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud).
En la etapa de sentencia, tras evaluar los dichos de las partes y, sobre la base de las conclusiones obtenidas en el fallo de los hechos, entendió que pese a que la demandada obró conforme lo establecido en el decreto provincial 13/19 (por el cual -legítimamente- cambió la titularidad de la administración y explotación del Puerto de Dock Sud), en lo que respecta al actor, dicha medida excedió el ámbito del ius variandi , en tanto implicó -lisa y llanamente- la modificación de los términos contractuales, afectando la indemnidad del trabajador (v. sent. de fecha 2-III-2023).
Meritó que, si bien la empleadora había notificado formalmente la decisión al reclamante, tal comunicación había sido intempestiva. Según el art. 4 del evocado decreto, ello debió realizarse "...mediante una formal y anticipada notificación a los trabajadores abarcados por dicha medida, entre ellos Astrain. Esto es, informándole de manera anticipada -para ejercer la eventual opción allí consagrada- de continuar prestando sus tareas en las mismas condiciones, pero ya con un empleador distinto o bien, su traslado a la localidad de Ensenada con adecuada compensación de los eventuales agravios económicos y/o morales que tal modificación podría acarrear..." (sent., pág. 6).
Añadió a ello que el trabajador tampoco fue emplazado -en los términos establecidos en la cláusula primera del Acta de Transferencia de Personal al Consorcio- a fin de que manifieste su decisión acerca de la transferencia mencionada.
En el caso, juzgó que la operatoria respecto al actor no se ajustó a los mencionados lineamientos; señalando que el accionar del demandado constituyó una violación al deber de colaboración y solidaridad en exceso del ius variandi (arts. 62 y 66, LCT).
Respecto al supuesto carácter general de dicha decisión adoptada por la empleadora, aclaró que -más allá de no hallarse acreditado dicho alcance-, aquella circunstancia no la hubiera tornado de por sí lícita.
Sentado lo expuesto, tuvo presente que si bien la expectativa del actor -plasmada en su demanda- era lograr la reincorporación a su lugar normal y habitual de trabajo en el Puerto de Dock Sud, la transferencia de la administración y explotación del Puerto al Consorcio de Gestión, imposibilitaba el restablecimiento de las condiciones aludidas, dado que la Dirección Provincial ya no era la encargada de hacerlo. No obstante, destacó que el reclamante contaba con la posibilidad de continuar efectuando sus labores en el Puerto de Dock Sud, bajo la dependencia del Consorcio (en caso de que dicho ente -que no había formado parte de la contienda- así lo aceptara).
Señaló que, en la medida en que esta última situación no se hallaba acreditada en autos, correspondía ordenar a la demandada reincorporarlo a cumplir funciones, continuando como dependiente de la Dirección Provincial citada.
Agregó que la decisión adoptada debía ajustarse a la solución brindada en los fallos emitidos por el Tribunal de Trabajo n° 3 y el Tribunal de Trabajo n° 4 de La Plata en las causas "Zarzuelo" (sent. de 4-XI-2021) y "Mauri" (sent. de 26-IV-2022) y en la arribada por ante el tribunal actuante en la presente en la causa "Urien" (sent. de 15-XII-2022).
En ese entendimiento, condenó a la accionada a asignarle tareas acordes con su categoría en la repartición ubicada en la localidad de Ensenada, compensando los costos y tiempos de transporte, reintegrándole mensualmente, en carácter de viáticos, los gastos diarios de peajes existentes entre las mencionadas localidades y el costo de hasta ocho litros de nafta súper (que acredite haber cargado y utilizado para concurrir al nuevo empleo); además junto con sus haberes mensuales, dispuso que debía abonarle un adicional compensatorio estimado por el tiempo de traslado (de carácter no remuneratorio y no bonificable) equivalente al 25% de su sueldo básico (arts. cits., 76 y 78, LCT).
Añadió a lo dicho que, las nuevas tareas a asignarse al señor Astrain debían asimilarse a las que realizaba con anterioridad (administrativas), respetando su situación de revista así como remuneraciones correspondientes, ateniéndose a lo dispuesto en el mencionado art. 62 de la ley 20.744.
Sentado lo expuesto, advirtió que no constaba prueba alguna que demostrara que el actor hubiera comenzado a prestar servicios en la ciudad de Ensenada. De igual manera, dado el tiempo transcurrido desde el día 12 de abril de 2019 y, únicamente para el supuesto de que efectivamente hubiera comenzado a realizar las labores en el nuevo sitio, condenó a la accionada a abonarle al actor -en el plazo de sesenta días de notificada la sentencia bajo apercibimiento de ejecución de dichos rubros, siempre y cuando lo denuncie y acredite en el incidente correspondiente- los gastos respectivos de traslado que acredite haber realizado y el adicional compensatorio establecido anteriormente.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, la violación y errónea aplicación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 31, 75 incs. 12, 22 y 23, 99 inc. 3 párrafo segundo, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 62, 66 (según ley 26.088), 68, 76 y concordantes de la ley 20.744; 11, 12, 40, 41, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653 y 34 inc. 4, 68, 163 incs. 5 y 6, 266 in fine , 363, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 5-IV-2023).
En esencia, bajo la invocación del vicio de absurdo, cuestiona la interpretación de las circunstancias fácticas de la causa que llevaron al juzgador de grado a juzgar acreditado el ejercicio abusivo del ius variandi denunciado por el accionante.
Objeta que, pese a establecer que su representada obró de modo legítimo de acuerdo a lo normado por el decreto provincial 13/19, al estimar justificado el cambio de titularidad de la administración y explotación del Puerto de Dock Sud, estableciera que su actitud frente al actor resultó jurídicamente reprochable.
En ese orden, descalifica las conclusiones que llevaron al juzgador a arribar a la decisión que impugna:
II.1. Inicialmente, manifiesta que sin dudas resultó determinante para el a quo que su parte "no probó que todos los trabajadores de la Dirección provincial de Actividades Portuarias de Dock Sud fueran transferidos provisoria o definitivamente, a otros lugares de trabajo".
En este sentido, alega que la decisión en este aspecto resulta inválida puesto que el tribunal de origen incurrió en un error en la apreciación de los antecedentes del caso y en la aplicación de las reglas que rigen el onus probandi, al asignarle -a su juicio- ilegítimamente la carga de acreditar hechos o afirmaciones que correspondían a la parte actora, vulnerando lo normado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Asevera que, en el escrito de inicio, esta última adujo que el día 12 de abril del año 2019 se presentó a prestar tareas donde lo hacía normalmente (en el Puerto de Dock Sud), siendo recibido por el personal de seguridad del lugar, quien le informó que se encontraba dentro de un listado -de dieciséis personas- cuyo lugar de trabajo había sido cambiado, motivo por el cual debía prestar sus funciones en el Puerto de la ciudad de Ensenada (a 60 km. de distancia de aquel). Explica que dicha exposición fue acompañada con el mencionado listado como prueba.
Teniendo en consideración estos dichos, afirma que, en oportunidad de contestar la demanda, realizó una negativa pormenorizada de la totalidad de los hechos denunciados.
Con base en lo expuesto, entiende que incumbía a la accionante la demostración de los hechos en los que sustentó su pretensión y que -alega- llevaron injustificadamente al tribunal a calificar como arbitrario el traslado dispuesto al trabajador. Destaca que -contrariamente a lo resuelto-, la parte interesada no produjo prueba alguna tendiente a demostrar tales extremos.
Corolario de lo expuesto, sostiene que la solución propiciada inicialmente por el órgano de grado debe ser dejada sin efecto.
II.2. Desde otroángulo, denuncia que el decisorio en crisis adolece del vicio de absurdo, toda vez que se sustenta en conclusiones fácticas contradictorias entre sí.
Puntualiza que, en el fallo de los hechos, el a quo aseveró que no se había logrado acreditar "que la accionada hubiera ofrecido al actor compensar o, en su caso, compensara efectivamente, el costo (combustible/peajes) y tiempo de transporte, causados por los cambios de las condiciones de lugar de trabajo de Astrain". Sin embargo, destaca que esa manifestación resultó neutralizada por aquella otra establecida en la etapa de sentencia, según la cual consideró que no constaba en autos "que el actor hubiera comenzado a prestar tareas en la localidad de Ensenada ni que hubiera aceptado ser transferido en calidad de dependiente del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud" (rec., pág. 9).
Desde esta perspectiva de análisis, concluye su discurso alegando que, si en la sentencia definitiva estimó no probado que -a ese momento- el actor hubiera comenzado a prestar servicios en la localidad de Ensenada, deviene improcedente exigirle a su representada la prueba de la compensación de un costo y tiempo de transporte derivado del cumplimiento de labores en aquel sitio donde no se demostró que efectuara tareas.
II.3. Controvierte igualmente, que estimara que el cambio del lugar de trabajo habitual del accionante dispuesto por el empleador en la ciudad de Ensenada, haya significado una variación de "alrededor de 60 kilómetros de distancia desde Dock Sud y aproximadamente 3 horas diarias de ida y vuelta" (rec., pág. 10).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.