Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124375
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.375, "Urien, Julio César contra Dirección Provincial de Actividades Portuarias. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 16-XII-2022).
Se interpusieron, por las partes actora y demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 1-II-2023 y 6-II-2023, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Fisco provincial?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del incoado por el actor?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. En lo que interesa destacar, el señor Julio César Urien promovió acción sumarísima contra la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, peticionando -con sustento en los arts. 52 de la ley 23.551 y 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 26.088)- el restablecimiento de las condiciones laborales alteradas y la abstención de introducir modificaciones en el contrato de trabajo, en especial el lugar de trabajo y el otorgamiento de tareas; denunciando la violación de la tutela sindical de la que resulta titular por su condición de representante sindical; como así también la existencia de un ejercicio abusivo del ius variandi en su perjuicio. Solicitó también, el dictado de una medida cautelar de "prohibición de innovar" (v. fs. 26/31).
En su escrito liminar, manifestó residir en General Pacheco -partido de Tigre- y ser empleado de la mentada Dirección -en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo 164/75- ejerciendo sus funciones en el puerto de Dock Sud desde el año 2007 (donde se desempeñó durante más de doce años, como jefe de sección, en la categoría 1°).
Relató que el día 15 de abril de 2019 al presentarse a realizar sus tareas normalmente, le fue impedido el ingreso al lugar por parte del personal de seguridad del sitio, oportunidad en la que se le informó que su nombre se encontraba en un listado de unas diecisiete personas -todas, dice, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP)- a las que se les cambió el destino laboral; y que debía concurrir a prestar tareas al puerto de la ciudad de Ensenada, distante a unos 60 km. de su lugar habitual de trabajo. Denunció como agravante que en la nueva locación no le fueron asignadas tareas, vulnerando lo normado en el art. 78 de la ley 20.744.
Destacó que la medida dispuesta por la patronal resulta violatoria del art. 52 de la ley 23.551, por gozar el actor de tutela gremial en razón de haber sido electo Secretario de Interior del SUTAP, por lo cual, como requisito previo y para su validez, aquella debió instar la acción de exclusión de dicha protección.
Afirmó que también quebranta el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 26.088). Explica que la modificación del lugar de prestación de servicios le insume -aproximadamente- tres horas diarias de viaje de ida y vuelta, generándole un menoscabo patrimonial (gastos adicionales de peaje y combustible) y moral a su persona.
Continuó exponiendo que su traslado se dispuso en un contexto de transformación del puerto de Dock Sud en un Consorcio de Gestión, implementado mediante el decreto 13/19, en cuyo marco los empleados de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de aquel lugar, pasarían a depender de la nueva entidad, manteniendo -íntegramente- sus condiciones laborales existentes (siendo esto lo informado en la página web oficial). Añade que en ese traspaso el señor Urien no fue tenido en cuenta, sin explicación alguna. Entiende que se trató de una exclusión por razones gremiales.
I.2. El órgano de origen dictó resolución acogiendo la medida cautelar peticionada y ordenó a la empleadora se abstenga de modificar el lugar de trabajo del señor Urien en el puerto de Dock Sud, y que en el plazo de cinco días lo reintegre a su lugar normal y habitual de trabajo, manteniendo las condiciones laborales que gozaba al 15 de abril de 2019. Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva y bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (art. 66, Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 26.088-), difiriendo el tratamiento de los planteos fundados en la ley 23.551.
I.3. A fs. 72/77, se presentó la apoderada de la Fiscalía de Estado a contestar demanda.
Luego de negar pormenorizadamente los hechos afirmados por la contraria, argumentó que la pretensión actoral de continuar prestando tareas en el ámbito físico del puerto de Dock Sud, en su condición de agente de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, devenía inadmisible.
Alegó que la medida adoptada por su representada se ajustó al marco jurídico aplicable, sin vulnerar los derechos del reclamante.
Destacó la inconsistencia del reclamo, en tanto de un lado el actor adujo desconocer las razones que motivaron su traslado a Ensenada; para luego referir el marco jurídico que precedió y originó el mismo, junto a otros dependientes.
Sostuvo que mediante el decreto 13/19 -de fecha 11 de enero de 2019- se creó el "Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud", ente público no estatal encargado de llevar adelante la administración y explotación de ese puerto, y que -a tal fin- se transferirían al mismo los trabajadores que prestaran su conformidad y se reubicaría -transitoriamente- al resto en el lugar más próximo, respetando las condiciones laborales y evitando causar perjuicios.
Aseveró que la asignación inmediata de tareas al actor en las oficinas de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, ubicadas en la localidad de Ensenada fue una medida absolutamente imprescindible y razonable para asegurar la continuidad de sus tareas, garantizando la íntegra protección de sus derechos.
Aclaró que el traslado se trató de una medida de alcance general que claramente excedía la situación particular del actor, enmarcada en el diseño de políticas públicas en materia de administración y explotación de los puertos provinciales, cuya implementación se efectuaba con el debido resguardo de los derechos de los trabajadores.
I.4. A fs. 128/129 vta., obra resolución de esta Corte por la que se desestimó la queja interpuesta por la demandada frente a la denegación del recurso de inaplicabilidad de ley deducido contra la medida cautelar ordenada (v. rec., fs. 61/67 vta. y queja, fs. 115/123). Luego, consta la denegatoria del recurso extraordinario federal deducido contra aquella resolución de este Tribunal (v. resol. de fecha 24-VIII-2020).
I.5. Ingresados los autos al acuerdo, el tribunal de grado juzgó que no existía controversia en el caso respecto a que el actor -domiciliado en General Pacheco, partido de Tigre- prestó tareas bajo dependencia de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, en el puerto de Dock Sud, desde el día 1 de junio de 2007. A su vez, que mediante el dictado del decreto provincial 13/19 se dispuso, a partir del 12 de abril de 2019, que la administración y explotación del puerto de Dock Sud estaría a cargo de un ente público no estatal denominado "Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud", ordenándose en dicho acto la reorganización del personal dependiente (v. vered. de fecha 16-XII-2022).
Teniendo en consideración los dichos de las partes y, las comunicaciones postales cursadas entre ambas, consideró probado que la decisión de trasladar al actor a la localidad de Ensenada -a partir del día 15 de mayo de 2019- fue notificada por parte de la demandada.
Asimismo, estimó no demostrado que todos los trabajadores que realizaban funciones en aquel puerto fueran transferidos provisoria o definitivamente a otros lugares de trabajo; todo ello -señaló- sin perjuicio de que los cambios de las condiciones del contrato de trabajo del actor se hicieron en el contexto de la creación del "Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud" (decreto 13/19). Declaró probado -también- que, a la fecha de celebrarse la audiencia de vista de la causa, el actor no prestaba tareas para la accionada y que no recibió -en oportunidad de presentarse en Ensenada- instrucciones de ningún tenor por parte de la empleadora.
Definió que no se hallaba acreditado que la accionada hubiese compensado los costos y tiempo de transporte causados por los cambios de las condiciones de trabajo impuestas al reclamante.
De otro costado, tuvo por probado que la demandada intimó el día 18 de setiembre de 2019 al señor Urien para que se reintegre a sus tareas habituales, en la sede que la reclamada posee en la localidad de Avellaneda.
Constató por medio de la prueba informativa -ver oficio adjunto al escrito de fecha 2 de febrero de 2021- que el promotor del pleito fue designado, el día 4 de setiembre de 2017, Secretario de Interior en la Comisión Ejecutiva de la Regional Dock Sud del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, con mandato hasta el 26 de mayo de 2018.
Ya en la etapa de sentencia, entendió que pese a que la demandada obró conforme lo establecido en el decreto provincial 13/19 (por el cual -legítimamente- cambió la titularidad de la administración y explotación del puerto de Dock Sud), en lo que respecta al actor, dicha medida excedió el ámbito del ius variandi , en tanto implicó -lisa y llanamente- la modificación de los términos contractuales (v. sent. de 16-XII-2022).
Ponderó que, si bien la notificación de la decisión de la empleadora le fue formalmente notificada al dependiente, la misma había resultado intempestiva, por cuanto la instrumentación del art. 4 del evocado decreto, debió realizarse "...mediante una formal y anticipada notificación a los trabajadores abarcados por dicha medida, entre ellos Urien. Esto es, informándole de manera anticipada -para ejercer la eventual opción allí consagrada- de continuar prestando sus tareas en las mismas condiciones, pero ya con un empleador distinto o bien, su traslado a la localidad de Ensenada con adecuada compensación de los eventuales agravios económicos y/o morales que tal modificación podría acarrear..." (sent., pág. 6).
Juzgó que la operatoria respecto al actor no se ajustó a los mencionados lineamientos; y que el accionar patronal constituyó una violación al deber de colaboración y solidaridad en exceso del ius variandi (arts. 62 y 66, LCT).
Respecto al supuesto alcance general de la decisión adoptada por la empleadora, aclaró que -más allá de no haberse probado-, ello no la hubiera tornado de por sí lícita.
Sentado ello, se abocó a analizar la litis a partir de la tutela sindical invocada por el actor.
Destacó que, conforme las conclusiones vertidas en el veredicto y a la luz de los precedentes de la Corte nacional y de la doctrina legal de este Tribunal que individualizó, el actor al momento en que le fueron modificadas intempestivamente sus condiciones de trabajo, estaba amparado por la garantía sindical de los arts. 48 y 52 de la ley 23.551, por encontrarse transitando el período de un año posterior al cese del mandato gremial; razón por la cual el empleador -previo a adoptar la medida cuestionada- debió haber instado judicialmente la exclusión de la tutela sindical, exigencia que -señaló- no cumplimentó.
Con todo, tuvo presente que si bien la expectativa del actor -plasmada en la demanda- era lograr la reincorporación a su lugar normal y habitual de trabajo en el puerto de Dock Sud, la transferencia de la administración y explotación del puerto al "Consorcio de Gestión", imposibilitaba el restablecimiento de las condiciones aludidas, dado que la Dirección provincial ya no era la encargada de hacerlo. No obstante, destacó que el reclamante contaba con la posibilidad de continuar efectuando sus labores en el puerto de Dock Sud, bajo la dependencia del Consorcio (en caso de que dicho ente -que no había formado parte de la contienda- así lo aceptara).
Señaló que, en la medida en que esta última situación no es la verificada en autos, correspondía ordenar a la demandada a reincorporarlo a cumplir funciones, continuando como dependiente de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias.
En ese entendimiento, compartiendo en parte -aclaró el juzgador- la solución adoptada en los fallos emitidos por los Tribunales de Trabajo n° 4 y n° 3 de La Plata en las causas "Zarzuelo" (sent. de 4-XI-2021) y "Mauri" (sent. de 26-IV-2022), condenó a la accionada -previa opción del trabajador a realizarse en el plazo de diez días, o (en caso de silencio) habilitarse solo la primera solución- a: i) otorgarle al actor tareas acordes con su categoría, en la repartición ubicada en la localidad de Ensenada, con compensación de los costos de tiempo y de transporte, reintegrándole mensualmente con carácter de viáticos, los gastos diarios de peajes existentes entre Dock Sud y Ensenada, el costo de ocho (8) litros de nafta súper que acredite haber realizado el actor para concurrir a su destino laboral en Ensenada y, además, pagarle en forma mensual y habitual junto con sus remuneraciones, un adicional compensatorio del tiempo de traslado, no remuneratorio ni bonificable, equivalente al 25% de su salario básico (arts. 62, 66, 76 y 78, Ley 20.744); o ii) otorgarle un puesto de trabajo -en condiciones dignas de labor- en la nueva sede de Avellaneda en Coronel Díaz n° 728 (cercana a Dock Sud).
Precisó que, en ambos supuestos, las tareas asignadas al dependiente deberán ser las que más se asemejen a las que efectivamente cumplía en el puerto de Dock Sud (administrativas), respetando su situación de revista, así como las remuneraciones correspondientes (art. 62, ley 20.744 -t.o.-).
Luego, dado el tiempo transcurrido desde el día 15 de abril de 2019 y, únicamente para el supuesto de que el dependiente efectivamente hubiera comenzado a realizar las labores en Ensenada, condenó a la accionada a abonarle los gastos respectivos de traslado y el adicional compensatorio antes indicado, siempre y cuando así lo denuncie y lo acredite el actor en el incidente correspondiente.
Con todo, dispuso hacer lugar a la demanda instaurada, transformando en definitiva la medida cautelar dispuesta a fs. 34/35, con los alcances y fundamentos expuestos precedentemente. Citó los arts. 62, 66, 76 y 78 de la Ley de Contrato de Trabajo y 48 y 52 de la ley 23.551, entre otras normas.
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco provincial dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, la violación y errónea aplicación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 31, 75 incs. 12, 22 y 23, 99 inc. 3 segundo párrafo, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 62, 66 (según ley 26.088), 68, 76 y concordantes de la ley 20.744; 11, 12, 40, 41, 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes de la ley 11.653 y 34 inc. 4, 68, 163 incs. 5 y 6, 266 in fine , 363, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 6-II-2023).
En esencia, bajo la invocación del vicio de absurdo, cuestiona la interpretación de las circunstancias fácticas de la causa que llevaron al juzgador de grado a juzgar acreditado el ejercicio abusivo del ius variandi denunciado por el accionante.
Objeta que, pese a establecer que su representada obró de modo legítimo de acuerdo a lo normado por el decreto provincial 13/19, al estimar justificado el cambio de titularidad de la administración y explotación del puerto de Dock Sud, estableciera que su actitud frente al actor resultó jurídicamente reprochable.
En ese orden, descalifica las conclusiones que llevaron al juzgador a arribar a la decisión que impugna:
II.1. Inicialmente, manifiesta que sin dudas resultó determinante para el juzgador de grado que su parte no probó "...que todos los trabajadores de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias de Dock Sud fueran transferidos provisoria o definitivamente, a otros lugares de trabajo...".
En este sentido, alega que la decisión resulta inválida puesto que el tribunal de origen incurrió en un error en la apreciación de los antecedentes del caso y en la aplicación de las reglas que rigen el onus probandi, al asignarle -a su juicio- ilegítimamente la carga de acreditar hechos o afirmaciones que correspondían a la parte actora, vulnerando lo normado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Asevera que, en el escrito de inicio, esta última adujo que el día 15 de abril del año 2019 se presentó a prestar tareas donde lo hacía normalmente (en el puerto de Dock Sud), siendo recibido por el personal de seguridad del lugar, quien le informó que se encontraba dentro de un listado -de unas diecisiete personas- cuyo lugar de trabajo había sido cambiado, motivo por el cual debía prestar sus funciones en el puerto de la ciudad de Ensenada (a 60 km. de distancia de aquel). Explica que dicha exposición fue acompañada con el mencionado listado como prueba.
Teniendo en consideración estos dichos, afirma que, en oportunidad de contestar la demanda, realizó una negativa pormenorizada de la totalidad de los hechos denunciados.
Con base en lo expuesto, entiende que incumbía a la accionante la demostración de los hechos en los que sustentó su pretensión y que -alega- llevaron injustificadamente al tribunal a calificar como arbitrario el traslado dispuesto al trabajador. Destaca que -contrariamente a lo resuelto-, la parte interesada no produjo prueba alguna tendiente a demostrar tales extremos.
Corolario de lo expuesto, sostiene que la solución propiciada inicialmente por el órgano de grado debe ser dejada sin efecto.
II.2. Desde otroángulo, denuncia que el pronunciamiento en crisis adolece del vicio de absurdo, toda vez que se sustenta en conclusiones fácticas contradictorias entre sí.
Puntualiza que, en el fallo de los hechos, el juzgador aseveró que no se había logrado acreditar "...que la accionada hubiera ofrecido al actor compensar o que, en su caso, compensara efectivamente, el costo y tiempo de transporte, causados por los cambios de las condiciones de lugar de trabajo de Urien". Sin embargo, destaca que esa manifestación resultó neutralizada por aquella otra establecida en la etapa de sentencia, según la cual consideró que no constaba en autos "...A la fecha de la audiencia de vista de la causa -tanto los testigos como el actor- dijeron que no prestaban tareas para la demandada [...] Sin embargo, manifestaron que continúan percibiendo sus remuneraciones en forma mensual conforme sus categorías..." (rec., pág. 10).
Desde esta perspectiva de análisis, concluye su discurso alegando que, si en la sentencia definitiva estimó no probado que -a ese momento- el actor hubiera comenzado a prestar servicios en la localidad de Ensenada, deviene improcedente exigirle a su representada la prueba de la compensación de un costo y tiempo de transporte derivado del cumplimiento de labores en aquel sitio donde no se demostró que efectuara tareas.
II.3. Controvierte igualmente, que el juzgador estimara que el cambio del lugar habitual de trabajo -de Dock Sud a Ensenada- variara en alrededor de 60 km., la distancia del domicilio del trabajador. Sostiene el recurrente que dicha afirmación resulta dogmática por carecer de prueba, y -por lo tanto- absurda (v. rec., pág. 10).
II.4. Por otro lado, argumenta que el sentenciante incurrió en una ostensible contradicción en el veredicto y la sentencia, al dirimir la controversi
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