Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126893
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por el señor Claudio Alberto Aguirre y, en consecuencia, declaró la nulidad del despido dispuesto por la accionada Chisap S.A. y ordenó la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo -bajo idéntica situación en la que se encontraba con anterioridad al día 24 de abril de 2020- así como al pago íntegro de los salarios desde la fecha del despido y hasta la efectiva reincorporación (v. pronunciamiento de fecha 11-XII-2020).
Para así decidir, y tras juzgar aplicable al caso las disposiciones contenidas en los decretos 329/2020 y 487/2020, consideró que la empleadora luego de haber dispuesto el despido del actor por cuestiones económicas y de fuerza mayor el día 24 de abril de 2020, aceptó la decisión dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el marco de un procedimiento preventivo de crisis y dispuso la reinstalación de aquel en su puesto de trabajo.
Luego, entendió que, para la efectivización de una reinstalación, no solamente resultaba exigible la decisión unilateral del principal, sino que la misma presuponía -además- el correspondiente pago de los haberes que se le adeudan al trabajador y una aceptación fehaciente por parte de éste. Sin embargo, no existe prueba alguna en autos que acredite que la demandada haya procedido a abonar los salarios adeudados al actor desde la fecha del despido.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 27-I-2021), el cual, tras lo ordenado por esta Suprema Corte de Justicia (v. resol. de fecha 1-XI-2021), fue concedido por el a quo (v. resolución de 10-VII-2024).
En su presentación alega que la sentencia de grado se encuentra viciada, producto de una interpretación contraria a las reglas de la lógica.
Se agravia por cuanto entiende que el tribunal no receptó los argumentos expuestos por su parte, que no fueron rebatidos por el actor en oportunidad de contestar el traslado del art. 29 de la ley 11.653.
Aduce que el trabajador no reclamó el pago de salarios, en tanto en el escrito de inicio no se realizó un pedido concreto, no se liquidó deuda, ni se identificaron conceptos y menos aún hizo reserva de aceptación de una oferta de reinstalación, ni planteó la reserva de invocar retención de tareas.
Plantea que el pronunciamiento desconoce la existencia de pagos de salarios que efectuó la empleadora y que no fueron desconocidos por Aguirre en su responde a la defensa de la accionada.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que, como reiteradamente lo ha declarado esta Suprema Corte, interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación, así como violación al principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019; L. 121.594, "Veiga", sent. de 25-VIII-2021; L. 129.535, "Polak", resol. de 26-IV-2023 y L. 127.069, "Herrera", resol. de 3-VI-2024).
En el caso, la recurrente no sólo omite denunciar la violación del señalado vicio invalidante, sino también del evocado postulado y de las normas adjetivas que lo receptan (causas L. 121.511, "Salinas", resol. de 17-X-2018; L. 122.935, "Cossu", resol. de 18-IX-2019; L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020).
Siendo ello así, la insuficiencia de la crítica es palmaria en virtud de los recaudos exigibles (causas L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012; L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014 y L. 120.620, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", sent. de 14-VIII-2019), sin que este Tribunal pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en las que la parte interesada incurre al fundar la impugnación (causas L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018 y L. 123.045, "Vera", resol. de 29-XII-2022; e.o.).
III.2. Por lo demás, si bien se denuncia que el juzgador incurrió en el vicio de absurdo al ponderar la prueba producida, cierto es, que la recurrente soslaya demostrar su configuración, en tanto no aparece evidente el error grosero y manifiesto que lo caracteriza, con aptitud para desmerecer la conclusión con arreglo a la cual el a quo juzgó que el actor era acreedor al pago íntegro de los salarios devengados con sus respectivos aumentos si los hubiere, desde la fecha del despido (24-IV-2020) y hasta la efectiva reincorporación en su puesto de trabajo.
En definitiva, la crítica, afincada en la propia visión que aporta la recurrente acerca de la correcta interpretación que debió efectuar el sentenciante sobre lo que fue materia de controversia, es insuficiente, pues se limita a formular un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando, tan sólo, la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 119.131, "Peredo", sent. de 6-XII-2017; L. 120.133, "Cuelho", sent. de 3-X-2018; L. 119.696, "Scarelli", sent. de 3-V-2018; L. 127.099, "Merigo", resol. de 23-XI-2021 y L. 130.262, "Claderón", resol. de 22-VIII-2023).
III.3. En efecto, a partir de su versión sobre el modo en que debió apreciarse el contenido de los escritos constitutivos del proceso, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado.
En ese sentido, cabe recordar la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, formulado bajo premisas erróneas, transita de tal modo por carriles propios, y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado, a las que sólo opone un mero disentimiento de índole subjetiva que, como tal, deviene ineficaz a los fines pretendidos (casusas L. 107.481, "O., A.A.", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013; L. 121.812, "Villalba", resol. de 10-IV-2019; L. 127.407, "Bazán", resol. de 29-XI-2021 y L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023).
III.4. Cabe agregar, para más, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014 y L. 129.031, "Natalucci", resol. de 22-XII-2022), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2024 20:19:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/10/2024 14:08:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:09:49 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:22:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:48:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:04:40 hs. bajo el número RR-1370-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia