Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132478
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2. no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida por el señor Fernando Pelozo Piedrabuena y, en consecuencia, condenó solidariamente a Ingeniería y Constructora Alsina S.A. y Ternium Argentina S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de diferencias en los salarios devengados desde los meses de marzo a octubre de 2020, de acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, así como en los salarios caídos devengados de noviembre de 2020 al 21 de abril de 2021, inclusive. Por el contrario, la rechazó en cuanto perseguía la reinstalación con sustento en la ley 23.592, la indemnización sustitutiva de antigüedad y de preaviso establecida en los arts. 15 a 18 de la ley 22.250 y la prevista en el decreto 528/20, así como el cobro de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 30-XI-2023).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-XII-2023), y la coaccionada Ternium Argentina S.A. de inconstitucionalidad (v. escrito de fecha 15-XII-2023), siendo concedido por el tribunal de grado el mencionado en primer término y denegado el restante (v. resoluciones de 6-II-2024 y 27-II-2024).
III. En la única presentación sobre la que corresponde expedirse en esta instancia, el accionante relata los antecedentes y cita las normas que considera vulneradas. Asimismo, alega absurdo.
En primer lugar, denuncia la errónea interpretación de los arts. 15 a 18 de la ley 22.250. En ese sentido, sostiene que resulta incongruente el fundamento por el cual el sentenciante desestimó la indemnización prevista en el art. 17 de la citada ley, así como la penalidad fijada en su art. 18.
Luego, impugna la decisión en cuanto no condenó a la empleadora a hacer entrega de nuevos certificados de trabajo, pues los incorporados a la causa están confeccionados a partir de datos erróneos.
Finalmente, se agravia de que no hubiera hecho lugar a la doble indemnización establecida en el decreto 34/19.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo referido al valor del litigio.
En el caso, los cuestionamientos traídos versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la entrega del certificado de servicios previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- debe juzgarse como de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 121.284, "Bernardo", resol. de 6-XII-2017; L. 123.060, "Font", resol. de 11-III-2020; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021 y L. 131.292, "Fontana", resol. de 29-V-2024).
III.2.a. En cambio, la admisibilidad respecto de los restantes agravios propuestos -cuyo valor se encuentra representado por los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron, y de cuyo rechazo se agravia- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020; L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.741, "Perniola", resol. de 26-II-2024).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 129.813, "Gramajo", resol. 10-IV-2023 y L. 131.129, "Suarez", resol. de 15-IV-2024).
III.2.b. En ese marco, y en relación al primero y tercero de los agravios traídos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, dado que no deviene idónea, a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, la doctrina referida al vicio de absurdo (causas L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.393, "Berna", resol. de 7-VI-2022; L. 130.803, "Martindale", resol. de 26-XII-2023 y L. 132.135, "Frías", resol. de 27-IX-2024).
III.2.c. Asimismo, resulta inhábil la doctrina legal que se denuncia vulnerada, referida al principio de congruencia, cuyo examen, como reiteradamente ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del mencionado art. 55 de la ley ritual (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021; L. 128.564, "Ponce", resol. de 29-VI-2022; L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023 y L. 131.628, "Ramos", resol. de 29-VII-2024).
III.3.a. Por el contrario, conforme lo anticipado, en relación a la crítica que refiere a la entrega de las certificaciones que estatuye el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor del litigio, en tal caso, debe considerarse como de monto indeterminado (causas L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 119.142, "Duclos", sent. de 28-II-2018; L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021 y L. 131.292, "Fontana", cit.).
III.3.b. Inicialmente, cabe señalar que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial -en el caso, vinculada con la pretensión del interesado para que la accionada entregue una nueva certificación de trabajo- resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018; L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019; L. 127.083, "González", resol. 7-X-2021 y L. 128.786, "Marínez", resol. de 19-IX-2022; L. 130.139, "Claudel", resol. de 23-VIII-2023 y L. 130.271, "Ramón", resol. de 20-VIII-2024).
También, reiteradamente ha sostenido esta Corte que la apreciación del contenido de los instrumentos previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituyen facultades privativas del tribunal de grado y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 107.254, "Alveira Gracilazo", sent. de 5-VI-2013; L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013; L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018; L. 127.092, "Sassou", resol. de 13-XII-2021 y L. 127.984, "Barraza", resol. de 7-VI-2022).
III.3.c. En la especie, si bien el recurrente menciona el citado vicio, lo cierto es que el agravio transita sobre meras apreciaciones personales, sin idoneidad para conmover lo resuelto en la instancia de origen, en tanto sólo exhibe su disconformidad con la solución alcanzada por el sentenciante, para quien, no habiendo el trabajador cumplido con la intimación prevista en el decreto 146/01, se imponía el rechazo de la multa fijada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, situación que lo eximía de evaluar y valorar la documentación acompañada por la demandada.
En este sentido, reiteradamente ha declarado este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, porque el vicio de absurdo sólo se configura ante el error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 121.726, "Herrera", resol. de 27-VI-2023).
En rigor, las alegaciones que porta el recurso -mediante las cuales el interesado expone su personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas- sólo exterioriza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento impugnado, sin hacerse cargo de objetar las concretas consideraciones brindadas por el tribunal de origen para desestimar la pretensión actoral.
En definitiva, resulta manifiesta la insuficiencia del remedio en tratamiento, en tanto el impugnante no se hace cargo de la línea argumental del fallo -desatendiendo así su verdadero contenido y alcance- y sólo se dedica a confrontarlas a través de su propia interpretación de las circunstancias de la causa, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (causas L. 108.675, "Chiodi", sent. de 14-VI-2017; L. 121.642, "Ramírez", sent. de 9-VI-2020; L. 129.651, "Cerdeira Guardese", resol. de 5-XII-2022; L. 126.835, "Ayala", sent. de 23-XI-2023 y L. 130.926, "Quintana", resol. de 27-IX-2024).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Sólo me permito aclarar, en relación a lo indicado en el punto III.1. que, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013); entre otras-, acompaño lo decidido en los apartados III.2.a., III.2.b. y III.3. del voto que antecede.
Luego, en lo tocante a lo resuelto en punto III.2.c., en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.2. no reúnen los requisitos esenciales, y el tratado en el III.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2024 14:27:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2024 10:23:22 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/11/2024 09:53:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:26:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:50:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:07:34 hs. bajo el número RR-1426-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia