Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123173
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.173, "Segura, Mario César contra Ente Administrador Astillero Río Santiago. Reinstalación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 54, inc. "a" de la ley 14.967 articulado por la parte demandada, sin costas en razón de la naturaleza del tema en debate (v. pronunciamiento de fecha 13-VI-2022).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. presentación electrónica de 30-VI-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo en la etapa de ejecución rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 54, inc. "a" de la ley 14.967 efectuado por la parte demandada mediante presentación electrónica del día 5 de mayo de 2022.
Para así decidir, luego de destacar que conforme lo dispone el art. 1 de la ley citada, los honorarios profesionales tienen "carácter alimentario", afirmó que la norma objetada, en cuanto establece que operada la mora en el pago, el profesional podrá optar por "reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12 % anual...", no resulta violatoria de la "prohibición de indexar" contemplada en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, mantenida por el art. 4 de la ley 25.661, y "por ende" no viola los arts. 16, 17, 31, 75 incs. 11, 12 y 121 y concordantes de la Constitución nacional (v. pronunciamiento, págs. 2/3).
Argumentó, que en tanto las regulaciones de honorarios se realizan en Jus conforme los arts. 15 inc. "d", 24 y 51 in fine de la ley 14.967, la obligación de pago del honorario constituye una deuda de valor en los términos del art. 772 del Código Civil y Comercial; categoría esta última —continuó— cuya validez y aplicación ha sido admitida por esta Corte; por lo que no puede entenderse que resulte violatoria de la prohibición de indexar. Sostuvo que tal definición, no colisiona con el art. 16 de la Constitución nacional, en tanto existen otras leyes que contemplan que los créditos alimentarios mantengan su valor, así, el art. 12 de la ley 24.557 —modificado por las leyes 26.773 y 27.348— y el art. 70 de la ley 26.844.
Asimismo, expresó que si bien la demandada dijo que la adición del interés del 12% anual previsto en la norma especial duplica la tasa pura que este Tribunal considera razonable, afirmó que la jurisprudencia invocada por el demandado no se refiere al precepto legal bajo análisis, por lo que no constituye doctrina legal aplicable al caso.
Añadió, que siendo los honorarios créditos alimentarios es factible que por analogía se interprete que el art. 552 del Código Civil y Comercial resulta aplicable, cuando dicha norma habilita la aplicación de la tasa más alta que cobran los bancos a sus clientes. Entonces, dijo, es razonable que aquí el legislador haya previsto un interés más elevado —el que mencionó, no se evidencia desproporcionado— en razón de la naturaleza jurídica de la deuda, no advirtiendo motivo alguno para reducir el interés legal en los términos del art. 771 del digesto citado.
Finalmente destacó, que conforme la doctrina legal de esta Corte que identificó, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes solo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 16, 17, 31, 75 incs. 11 y 12, 121 y concordantes de la Constitución nacional; 7 y 10 de la ley 23.928; 4 de la ley 25.561, y de la doctrina legal que cita.
Objetando lo resuelto por el tribunal del trabajo en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 54, inc. "a" de la ley 14.967, alega que los precedentes de esta Corte citados por aquel no tienen conexión con los honorarios y su forma de actualizarlos
Expone que resulta llamativo que no obstante el carácter alimentario de los estipendios profesionales, su método de actualización sea más benevolente que el que se utiliza sobre el capital de los trabajadores.
Señala que el modo en que el legislador provincial ha previsto el "reajuste" de los honorarios resulta manifiestamente inconstitucional por violentar los arts. 16, 17, 31, 75 incs. 11 y 12, 121 y concordantes de nuestra carta magna; y la "prohibición de indexar" contemplada en los arts. 7 y 10, ley 23.928, mantenida por el art. 4, ley 25.561.
Sostiene que este Tribunal en reiteradas oportunidades ha declarado que de acudirse a la "actualización", se quebrantaría la interdicción establecida en las normas supra citadas, asimismo, alude a jurisprudencia de la Corte federal.
Añade que la disposición legal impugnada genera —también— un privilegio exclusivo para uno de los participantes en el proceso.
Expresa que la norma legal objetada, en cuanto dispone la adición de un interés del 12% anual duplica la reconocida como razonable por la esta Corte en los supuestos en que los que la deuda exigida se encuentra expresada a valores actuales. Así, recalca que se excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares generándose un nuevo e intolerable privilegio en favor de uno de los participantes en el litigio.
Aduce que, si bien la mencionada tasa es una de aquellas que fijan las leyes especiales según el art. 768, inc. "b" del Código Civil y Comercial, para proceder a su morigeración —prescindiendo del texto legal—, debe mediar debate y declaración de inconstitucionalidad.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ocupa inicialmente destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera —como lo reconoce el propio recurrente— el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), entonces, el tratamiento del recurso deducido, solo podría justificarse, en principio, en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (aplicable al caso), quedando la competencia revisora de esta Corte acotada a verificar si concurre la hipótesis de violación de doctrina legal.
Sin embargo, atento al planteo de inconstitucionalidad del art. 54, inc. "a" de la ley 14.967 que trae el recurso, corresponde considerar que lo afirmado al respecto por el compareciente es idóneo para entender no aplicable el requisito del valor económico de lo cuestionado al encontrarse en juego una cuestión federal; razonamiento que tiene sustento en el conocido criterio sentado por la Corte nacional con los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478).
Luego, y a tenor de lo señalado, habrá de abordar la presente impugnación sin acudir a la mentada restricción procesal.
III.2. Lo expuesto por el quejoso es insuficiente para neutralizar lo resuelto en la instancia de grado (art. 279, CPCC).
III.2.a. En el medio extraordinario de impugnación el interesado, en sustancia, se limita a reproducir lo expuesto en la presentación digital de fecha 5 de mayo de 2022, oportunidad en la que la accionada hubo de plantear ante el tribunal de grado la inconstitucionalidad del art. 54, inc. "a" de la ley 14.967. Al construir de este modo la impugnación, no se hace cargo de desvirtuar idóneamente las definiciones centrales de la resolución cuestionada.
En efecto, la crítica traída busca encontrar sostén en una mera reiteración de argumentos llevados a consideración del a quo , que fueron analizados y desestimados por aquel, evidenciando un método que esta Suprema Corte ha juzgado ineficaz a los fines pretendidos (causas L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; L. 125.911, "Aime", sent. de 27-X-2022 y L. 125.654, "Marfetan", sent. de 27-III-2023).
Es cierto que además se incorpora en el recurso una escueta expresión en la que se afirma que la jurisprudencia empleada por el tribunal "nada tiene que ver con honorarios y su forma de actualizarlos", pero es evidente que esa formulación, sin más, no constituye tampoco un argumento serio para torcer la suerte del recurso; de suyo, no evidencia un yerro en la edificación del razonamiento del a quo que conduzca al desenlace pretendido por el quejoso.
III.2.b. Definida la ausencia de eficacia del embate, no resulta ocioso recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 126.540, "Rodríguez", sent. de 10-IV-2023; L. 128.423, "Carballo", sent. de 4-X-2023; L. 126.859, "Moreno", sent. de 23-XI-2023; e.o.). De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; L. 117.127, "L., J. M.", sent. de 16-VII-2014; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022 y L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en los dos primeros párrafos del punto III.1. de su sufragio.
En efecto, no puede soslayarse que el embate dirigido a cuestionar la validez constitucional del art. 54, inc. "a" de la ley 14.967 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal —aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 (aplicable al caso)— corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho me permite ingresar en el tratamiento del mencionado cuestionamiento con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
II. Sentado lo anterior, abordando el referido planteo de inconstitucionalidad introducido por el interesado, concuerdo con el mencionado ponente —y por sus fundamentos— sobre la insuficiencia técnica de los embates traídos, que se revelan inidóneos para pretender modificar lo resuelto por el tribunal a quo al respecto (conf. art. 279, CPCC y 63, ley 11.653 —aplicable al caso—), tal lo expone en el punto III.2. de su sufragio, al que presto plena adhesión, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto.
Las señoras Juezas doctora Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres , votaron en el mismo sentido .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/02/2025 12:57:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2025 10:50:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/02/2025 12:32:59 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 19:06:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2025 08:29:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/02/2025 09:35:19 hs. bajo el número RS-4-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia