Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131518
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.518, "Vaccaroni, Guillermo Narciso contra Consorcio de Gestión del Puerto Quequén. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea admitió parcialmente la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. de fecha 8-IX-2023 y sent. de fecha 19-IX-2023).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 10-X-2023).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 1-III-2024), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Guillermo Narciso Vaccaroni y condenó al Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén al pago de las sumas que estableció en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, vacaciones, sueldo anual complementario proporcional, haberes adeudados e incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Asimismo, ordenó la entrega de los certificados de servicios y cese de la relación laboral previstos en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 12 inc. "g" de la ley 24.241 (v. sent., págs. 18 y 19).
Rechazó, en cambio, la procedencia —previa declaración de nulidad de la cesantía— de la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo y el consecuente pago de los salarios caídos; así como la multa prevista en el art. 80 de la citada ley que regula el contrato laboral (v. sent., págs. cit.).
Para así decidir, en lo que interesa, tuvo por acreditado que el actor ingresó a prestar servicios dependientes para la demandada el día 2 de noviembre de 2020, desempeñándose como Director General Ejecutivo, categoría que, según concluyó —ponderando el dictamen pericial contable y la prueba testimonial y confesional recibida en la audiencia de vista de la causa—, tenía su origen en la propuesta del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén en la reunión del Directorio del día 18 de diciembre de 2020 y no guardaba similitud alguna con la denominada Jefe de Departamento de primera, ni con ninguna otra de las previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT ) 164/75 (v. vered., primera y segunda cuestión).
Ya en la etapa de la sentencia, luego de analizar el intercambio telegráfico habido entre las partes, consideró que la voluntad extintiva de la accionada —expresada en la carta-documento recepcionada por el actor el día 22 de marzo de 2021— no fue efectivizada dentro del período de prueba, con las formalidades que tal decisión requiere, por lo que juzgó incausado el despido directo articulado, correspondiendo al accionante —según afirmó— la indemnización prevista en el art. 245 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., págs. 6 y 7).
Seguidamente, desestimó la pretensión de nulidad del despido y la consecuente reinstalación del trabajador, porque consideró que, en razón de la categoría laboral acreditada en el veredicto, resultaban aplicables las disposiciones del régimen legal de contrato de trabajo y no el invocado art. 48 del CCT 1.546/17 E (v. sent., págs. 7 y 8).
Finalmente, también rechazó la multa del art. 80 de la citada ley de fondo (texto según ley 25.345), en tanto estimó que no se verificó un incumplimiento contractual de la demandada. Según valoró, aquella confeccionó, puso a disposición y luego acompañó en tiempo oportuno el certificado de trabajo reclamado en la demanda. Sin perjuicio de ello, siendo que este último —según indicó— no reflejaba plenamente la relación laboral habida entre las partes, condenó a la accionada a la entrega —en el plazo de treinta días hábiles— de la documentación establecida por el mentado art. 80 y por el art. 12 inc. "g" de la ley 24.241, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (v. sent., págs. 11 y sigs.).
II. Contra esta decisión, la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación digital de fecha 10-X-2023).
En sustancia, indica que el tribunal de grado omitió abordar dos cuestiones medulares planteadas oportunamente en la demanda vinculadas a la ilegitimidad del despido y su consecuente nulidad.
Argumenta, por un lado, que en el veredicto no se analizó si existió un sumario administrativo previo al despido del trabajador, de conformidad con lo previsto en el art. 48 inc. "a" del CCT 1.546/17 E, para acreditar una causa que justifique el distracto. Y, por otro, alega que no se expidió con relación al planteo de ausencia de voluntad del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén para despedir al actor, en razón de no contar tal medida con el quorum y mayorías suficientes, tal como ordena el art. 21 inc. "g" del Anexo II de la ley 11.414.
Concluye que el sentenciante erróneamente entendió que la categoría del actor era ajena al CCT 1.546/17 E para evadir expedirse sobre la pretensión de la nulidad del despido fundada en la "…ausencia de sumario previo y en la inexistencia de voluntad del Directorio que exprese el despido directo del actor" (rec., pág. 11).
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 1-III-2024), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, ocupa memorar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 124.430, "Puentes de integración S.R.L.", sent. de 23-II-2021; L. 126.021, "Calle Mendoza", sent. de 15-II-2023; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, el reproche que motiva la impugnación bajo análisis, consistente en la supuesta falta de tratamiento por parte del tribunal de grado del planteo de nulidad del despido por ilegítimo no revela la configuración de ninguno de los presupuestos a los cuales el dispositivo reseñado subordina la procedencia del recurso extraordinario de nulidad, desde que —en rigor— se desentiende de lo resuelto por el juzgador en cuanto consideró que, en el caso, correspondía desestimar el referido pedimento.
En efecto, tal como surge del pronunciamiento en crisis y de lo destacado por el propio recurrente en su réplica, las cuestiones denunciadas como preteridas no han sido soslayadas en el fallo impugnado. Antes bien, fueron resueltas expresamente por las razones que —acertadas o no— el sentenciante se ocupó de desarrollar.
Ello surge nítido ni bien se repasa el voto emitido por el magistrado que abrió el acuerdo —que concitó la adhesión de los que le siguieron en el orden de votación—, quien —luego de analizar el intercambio telegráfico suscitado entre las partes— sostuvo que "...en las presentes actuaciones, la voluntad extintiva por parte de la accionada no ha sido efectivizada dentro del período de prueba con las formalidades que tal decisión requiere, la cual ha sido expresada formalmente mediante la carta documento recibida por el actor con fecha 22/3/21, fecha en la que debe establecerse la finalización del vínculo laboral en forma directa sin causa..." (sent., pág. 6). Asimismo, más adelante, al evaluar el fundamento del planteo de nulidad del despido, el tribunal de origen consideró —en forma unánime— que "...como ya ha sido tratado en la cuestión segunda del veredicto, el actor se desempeñó en una flamante categoría laboral creada a partir de la iniciativa del Presidente. Esta categoría —denominada Director General Ejecutivo— no se encuentra incluida dentro del CCT 1546/17 E invocada por la parte actora en demanda y en consecuencia no es de aplicación su art. 48..." (sent., pág. 8).
III.3. Desde esta perspectiva de análisis, cabe recordar que esta Suprema Corte tiene declarado que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como omitida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error de juzgamiento es ajeno al ámbito de dicho remedio (conf. causas L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020; L. 125.941, "Silva", sent. de 27-X-2022 y L. 126.021, cit.; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y arbitrariedad. Asimismo, invoca la violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39, 168 y 171 de la Constitución provincial; 8, 12 y 13 de la Ley de Contrato de Trabajo; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 3, 4, 5, 40, 48 y 50 del Anexo I del CCT 1.546/17 E; 21 inc. "g", 22 y 26 de la ley 11.414 y doctrina que cita (v. presentación electrónica de fecha 10-X-2023).
I.1. Sostiene que la sentencia elabora un silogismo erróneo, pues —a su modo de ver— confunde dos conceptos distintos, a saber: cargo y categoría laboral. De allí que, según afirma, en el veredicto se tuvo por probada la categoría del actor, cuando —en verdad— se acreditó su cargo y las tareas desarrolladas, aspectos que —destaca— no fueron controvertidos.
Alega que se equivoca el juzgador cuando afirma que el CCT 1.546/17 E fue invocado por la parte actora, toda vez que —según refiere— "...el encuadramiento convencional, esto es la asignación del CCT al contrato de trabajo fue efectuado por el Consorcio empleador" (rec., pág. 13), que dio de alta al trabajador y liquidó los haberes según sus cláusulas, independientemente del "puesto-cargo y las funciones que el Directorio le asignó" (rec., pág. cit.).
En este sentido, agrega que la negativa efectuada por la demandada al contestar la acción, oportunidad en la que argumenta que el accionante poseía un cargo jerárquico fuera de convenio, deviene tardía y vulnera la doctrina de los actos propios que cita.
Insiste en que de las constancias objetivas del expediente —tales como el alta de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los recibos de haberes y los certificados de cese de servicios— surge —sin dudas— que el Consorcio encuadró al actor bajo el citado convenio colectivo de empresa.
I.2. Por demás, señala que el órgano de grado incurrió en una profunda contradicción al rechazar la sanción del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) por entender que la demandada cumplió en poner a disposición los certificados de servicios, sin advertir que fueron confeccionados según el convenio colectivo que —según resolvió— no resulta aplicable al accionante.
Indica que lo decidido evidencia un claro desconocimiento de la naturaleza de las convenciones colectivas, en tanto la categoría es un concepto amplio en el que encuadran múltiples cargos y funciones, tal como lo prevé el convenio ferro-portuario mencionado, destacando lo dispuesto en sus arts. 3, 4 y 40 (v. rec., págs. 15 y 16).
I.3. Por otro lado, aduce que el pronunciamiento viola la ley 11.414 de creación del Ente Portuario, toda vez que el tribunal de origen soslayó su aplicación.
Postula que el despido del actor, promovido por el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, resulta inexistente a la luz de lo previsto por los arts. 21 inc. "g", 22 y 26 de la mencionada ley, en razón de que el Directorio de la empleadora demandada jamás tomó tal decisión.
I.4. Finalmente, afirma que la sentencia viola el orden público laboral y el principio de progresividad, en tanto dogmáticamente excluye al trabajador del convenio colectivo en el que estaba registrado (CCT 1.546/17 E), privándolo del derecho elemental de defensa consagrado en su art. 48.
II. Pues bien, el recurso no puede prosperar.
II.1. El agravio inaugural que porta la crítica no es de recibo.
II.1.a. Tal como se adelantó en la reseña efectuada al abordar la primera cuestión tratada (específicamente en el apdo. I), el órgano de grado —para determinar la categoría que se corresponde con las tareas desempeñadas por el actor— analizó las posturas formuladas al respecto por las partes en los escritos postulatorios y la prueba rendida en la causa.
En dicho análisis, advirtió que durante el corto período laborado por el trabajador le fueron asignadas tres categorías diferentes, a saber: la de Coordinador General (según recibos de haberes), la de Jefe de Departamento de primera (según alta de AFIP), y la de Director General Ejecutivo (según reunión de directorio n° 455).
Luego, destacó que del dictamen pericial contable surgía que el accionante fue registrado como personal de la demandada desarrollando tareas de Director General Ejecutivo, cargo que consistió en la "…máxima autoridad ejecutiva —por debajo de la Presidencia— en la gestión y dirección administrativa, contable y jurídica del Ente" (sent., pág. 5), y que percibió una remuneración básica superior a la establecida para la categoría de Jefe de Departamento de primera (v. sent., pág. 6).
Dijo que "...más allá de la categoría con la cual al actor le han dado de alta y de baja ante la AFIP, la real categoría desempeñada fue la de Director General Ejecutivo, cargo creado en forma especial para cumplir sus funciones...", extremo que se mantuvo hasta producirse la desvinculación del actor (v. sent., pág. cit.).
Afirmó que en este mismo sentido se manifestaron los testigos, cuyas contestes declaraciones detalló en forma pormenorizada, siendo contundentes en ubicar al demandante en un cargo superior al del Gerente General, actuando como "mano derecha del Presidente", lo que coincidía, además, con la prueba confesional del propio actor (v. sent., pág. 8).
Resaltó, luego de transcribir los puntos relevantes de las reuniones n° 455 y 456 del Directorio, que "…el nivel de discusión al tratar el cargo en el que fuera designado el actor, da cuenta de una situación absolutamente extraordinaria y novedosa dentro del organigrama de personal correspondiente a la empresa" (sent., pág. 10).
Bajo este razonamiento, tuvo por acreditado que la categoría laboral desempeñada por el actor fue la de Director General Ejecutivo, la que no guardaba similitud con la de Jefe de Departamento de primera, ni con ninguna otra contemplada en el convenio colectivo de la actividad (v. sent., págs. 10 y 11).
II.1.b. Así las cosas, teniendo en consideración el análisis efectuado y los fundamentos desplegados por el órgano de grado, observo que la impugnación traída se dirige principalmente a objetar cuestiones vinculadas con la interpretación que efectuó el sentenciante de las postulaciones efectuadas por las partes en la demanda y la contestación, por lo que la réplica debe sustentarse no sólo en la denuncia —y condigna demostración— del vicio de absurdo en la valoración de dichos escritos constitutivos del proceso, sino también en la violación del principio de congruencia y de las normas procesales que lo receptan.
En efecto, sabido es que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 121.825, "Bigal", sent. de 25-VIII-2021; L. 125.324, "Gara", sent. de 17-X-2022 y L. 126.306, "Amarante", sent. de 30-X-2023).
No obstante, en el caso, dicha carga no fue satisfecha (art. 279, CPCC).
En esta línea de ideas, no es ocioso recordar que deviene insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, fundado —en rigor— en la presunta vulneración de dicho principio omite denunciar su transgresión y la de las normas rituales que lo receptan (causas L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 126.664, "Tejerina", sent. de 14-III-2023; e.o.).
II.1.c. En este contexto, igualmente ineficaces se exhiben las alegaciones por conducto de las cuales se denuncia el quebranto de la doctrina de los actos propios, puesto que lo manifestado en el recurso se sustenta tan sólo en el subjetivo enfoque que despliega el quejoso de las circunstancias que relata, extremo que resulta insuficiente para acreditar la violación preanunciada (art. 279 cit.)
II.1.d. En una mejor hipótesis para la impugnante —y sin que ello implique expedirse sobre el mérito de lo decidido—, aquel invoca que el órgano de grado incurrió en absurdo al valorar diferentes constancias probatorias, empero no logra descalificar las motivaciones esenciales del fallo recurrido, desde que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar las pruebas aportadas a la causa.
Ello así, pues la mencionada anomalía no queda configurada aun cuando el criterio del juzgador pudiera ser calificado como objetable o discutible. Es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo, una insostenible o grosera desinterpretación de las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.), extremos que el recurrente no logra evidenciar.
II.2. Tampoco se percibe la aludida contradicción atribuida al juzgador de origen al disponer el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) —aplicable al momento del juzgamiento de los hechos de la causa— por entender que la demandada puso a disposición del trabajador los certificados de servicios, aun cuando aquellos fueron confeccionados según un convenio colectivo que juzgó inaplicable.
En efecto, para arribar a tal decisión, el tribunal efectuó un análisis pormenorizado de las piezas postales enviadas por la accionada al trabajador, donde puso a disposición de este en dos oportunidades los referidos documentos, destacando que la presente acción judicial fue iniciada antes de transcurrido el plazo de treinta días previsto por el decreto 146/01, y que la empleadora finalmente acompañó los certificados al contestar la demanda (v. sent., pág. 12). De este modo, consideró que no medió un incumplimiento de la accionada, ya que —concluyó— dicha parte confeccionó, puso a disposición y luego acompañó los aludidos certificados "…de acuerdo a los parámetros en los que [...] consideraba que se había desarrollado la relación laboral y extinguido el vínculo" (sent., pág. cit.), sin que el actor hubiera efectuado observación alguna al evacuar e
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