Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129760
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.760, "Garrett, Mark Theis contra Municipalidad de San Antonio de Areco. Reinstalación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la pretensión deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 25-VIII-2022).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 9-IX-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 5-V-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda promovida por Mark Theis Garrett contra la Municipalidad de San Antonio de Areco, en cuanto le reclamó —con sustento en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551— la reinstalación en su puesto de trabajo, el pago de salarios caídos y la reparación del daño moral. Asimismo, solicitó se declare que la accionada incurrió en práctica desleal —art. 53 incs. "i" y "j" de la ley citada— y se apliquen las multas respectivas.
Para así decidir, tras señalar que no era materia de controversia que el señor Garrett se desempeñó como médico traumatólogo en el Hospital Municipal Emilio Zerboni, estimó probado que el 1 de julio de 2016 —en razón de haberse demorado el accionante cuatro horas en atender a un paciente en momentos en que se encontraba cubriendo guardias pasivas— se le inició un sumario administrativo.
Luego, consideró acreditado que, a partir del 3 de agosto de 2016, con motivo de una queja formulada por el familiar de otro paciente, se dispuso el cese del actor en la realización de dichas guardias.
Mediante la documentación obrante a fs. 2 y el informe contestado por el municipio demandado —ver fs. 268/269—, tuvo por verificado que el día 17 de agosto de 2016 se le notificó a la accionada la designación del señor Garrett en el cargo de presidente y delegado congresal titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (v. vered., cuarta cuestión).
Declaró probado, también, que mediante decreto 1.257 del 28 de octubre de 2016, la Municipalidad declaró innecesarios los servicios y tareas del actor, reservándose facultades disciplinarias para cambiar el motivo de su cesantía, y que —finalmente— el 12 de abril de 2017 modificó la causal del cese, fundándola en el incumplimiento de las obligaciones determinadas por el trabajador, abandono del servicio sin causa justificada durante el transcurso de su guardia pasiva, incumplimiento intencional de órdenes legalmente impartidas y falta grave que afecta el prestigio de la Administración municipal (art. 107 incs. 1, 4, 6 y 19 de la ley 14.656 y 98 incs. "a", "d", "f" y "j" de la ordenanza 3.955/14).
Ya en la etapa de sentencia precisó que el accionante integraba la planta transitoria de la accionada, en razón de que la ley 10.471 —modificada por la ley 10.528— regulatoria de la carrera profesional hospitalaria, establece una serie de requisitos que no se cumplen por el mero transcurso del tiempo, recaudos que juzgó no verificados bajo la órbita del Municipio de San Antonio de Areco.
En lo atingente al desempeño gremial del actor, juzgó —en esencia— que, si bien se comprobó la notificación de su desempeño gremial a la accionada el 17 de agosto de 2016, ello tornaba inoponible la tutela esgrimida frente al expediente administrativo iniciado por la demandada en julio de 2016 y a la desafectación de guardias pasivas dispuesta el 3 de agosto 2016, por tratarse de hechos anteriores a la mencionada comunicación.
En síntesis, concluyó que, como al momento de inicio de las actuaciones disciplinarias destinadas a esclarecer los hechos antes mencionados, el accionante no gozaba de las garantías sindicales —ni se hallaba comprobada la publicidad y las notificaciones de la convocatoria a elecciones, ni su postulación a dicho tiempo— correspondía rechazar la demanda en todas sus partes.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 9-IX-2022).
Con relación al primero, que articula en subsidio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncia violación del art. 171 de la Constitución provincial.
Postula que la decisión en crisis no ha sido fundada en el texto de la normativa a la que hace referencia, ni en los principios jurídicos de la legislación vigente y generales del derecho, ni en aquellos postulados específicos que rigen en la materia laboral, tales como el protectorio, de libertad sindical y prohibición de toda discriminación.
III. En línea con lo dictaminado por el señor Procurador General, entiendo que el recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, pongo de relieve que, sin perjuicio de la defectuosa técnica observada en la formulación subsidiaria del presente medio de impugnación extraordinario, si —como en el caso— el mismo cuenta con fundamentación autónoma, corresponde ingresar en su tratamiento (causas L. 117.905, "Sindicato", sent. de 15-IV-2015 y L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, cabe memorar que, conforme ha declarado reiteradamente esta Corte, la violación del art. 171 de la Constitución local se configura cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aparezca como dictado sin otro fundamento visible que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.117, "Gigliotti", sent. de 10-VIII-2020; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-X-2020 y L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022).
De ello se colige que la impugnación bajo examen resulta improcedente, por cuanto la lectura del fallo da cuenta de que este se halla fundado en expresas disposiciones legales.
Por lo demás, el quebrantamiento de las garantías consagradas en el art. 171 de la Constitución provincial solo se configura cuando el pronunciamiento carece de todo basamento jurídico, sin que corresponda examinar la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación propio del conducto extraordinario bajo examen (causas L. 120.242, "Cantoni", sent. de 10-II-2020; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021 y L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022).
IV. Por dichos motivos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad. Con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Soria , la señora Jueza doctora Budiño y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la legitimada activa denuncia violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 47, 48 y 52 de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592; 386, 387 y 390 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal que cita.
Argumenta que mediante la documentación acompañada con la demanda quedó acreditado que el señor Garrett resultó electo miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales Municipales de San Antonio de Areco, con mandato desde el 19 de julio de 2016 hasta el 19 de julio de 2018, cuya tutela sindical vencía el año posterior.
Añade que el acto eleccionario se realizó en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la ley 23.551, el decreto 467/88 y el estatuto de la entidad gremial.
Destaca que la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires comunicó formalmente el resultado de los comicios a la autoridad de aplicación y a la empleadora el 16 de agosto de 2016, conforme surge de la prueba documental acompañada con el libelo de inicio, y de la contestación del oficio emanado de la accionada. Añade que esta última siempre estuvo en pleno conocimiento de la actividad gremial del accionante y de la representación sindical que ejercía.
En razón de lo expuesto, aduce que desde julio de 2016 el promotor del pleito se encuentra amparado por la tutela sindical prevista en los arts. 48 y concordantes de la ley 23.551.
Refiere que los testigos que prestaron declaración en la audiencia de vista de la causa manifestaron que la empleadora estaba en conocimiento de que el actor era miembro de la comisión directiva de la referida asociación sindical.
Arguye que el despido constituyó el acto discriminatorio final y culminante de una serie de actitudes y acciones persecutorias, cuya causa innegable fue la actividad gremial del señor Garrett.
Cuestiona el carácter de trabajador de planta transitoria que le atribuyó el tribunal de grado. En este sentido, entiende demostrado que el actor ingresó a laborar para el municipio demandado en abril de 2004, prestando tareas de médico traumatólogo de planta y guardia pasiva en el Hospital Municipal Emilio Zerboni.
Reitera —una vez más— que quedó acreditada su designación en el cargo gremial y la posterior notificación a la patronal, quien —expone el quejoso— consintió su desempeño gremial, por lo que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por los arts. 48 y 49 de la ley 23.551 para acceder a la estabilidad sindical.
Argumenta que notificada la patronal del resultado de los comicios no formuló las impugnaciones ante la autoridad competente tendiente a invalidarlos, pues se limitó a objetar tardíamente su legitimidad una vez promovida la demanda por violación de la estabilidad sindical que la ley 23.551 garantiza. Apoya su argumentación en diversos precedentes de esta Corte.
Postula que la oposición afincada en el carácter temporario del vínculo, formulada recién en la réplica a la demanda, además de extemporánea, trasluce una contradicción insalvable en la actuación de la demandada, dada su previa y relevante conducta anterior, que no puede ser admitida.
Sin mengua de lo dicho, aduce que el señor Garrett es trabajador de planta permanente desde febrero de 2011, por lo que se encuentra amparado —además— por la estabilidad del empleo público.
Resalta que no ha mediado resolución judicial previa que excluya al actor de la garantía de la tutela sindical prevista en la ley 23.551, por lo que la demandada carecía de facultades para disponer el despido. Arguye que solo podía desactivar la cobertura sindical del actor promoviendo la acción sumarísima del art. 52 de la ley 23.551, y no lo hizo.
En suma, postula que gozaba al momento del despido de tutela sindical (arts. 47, 48 y 52, ley cit.), por lo que el mismo es nulo, correspondiendo —en consecuencia— se ordene su reinstalación. Agrega que por aplicación de la ley 23.592 se arriba a idéntico resultado.
II. El recurso prospera.
II.1. Asiste razón al impugnante cuando sostiene que al haberse desestimado la acción de reinstalación fundada en la ley 23.551, el tribunal de grado aplicó erróneamente los arts. 48 y 52 del referido cuerpo legal.
Al respecto, arriba firme a esta instancia que el señor Garrett se desempeñó como médico traumatólogo en un hospital comunal, y que el 17 de agosto de 2016 la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires notificó al municipio empleador su designación en el cargo de presidente y delegado congresal titular de la seccional San Antonio de Areco, con mandato desde el 19 de julio de 2016 hasta el 19 de julio de 2018 (v. vered., cuarta cuestión).
También luce incontrovertido que la demandada prescindió de los servicios del accionante el día 28 de octubre de 2016 (v. vered., quinta cuestión), es decir, luego de transcurridos más de tres meses desde su nombramiento en funciones gremiales, encontrándose en conocimiento de tal designación, sin formular impugnación alguna ante la autoridad de aplicación de la ley 23.551 (art. 56).
De lo expuesto se colige que el actor, al momento de disponerse su cese, se encontraba amparado por la tutela gremial prevista en dicha normativa, sin que la comuna accionada hubiera iniciado, a tal efecto, el proceso de exclusión de tutela sindical previsto en el art. 52 de la ley citada.
Desde esta plataforma fáctica, la situación configura objetivamente una violación de la garantía sindical, y da lugar —como bien sostiene el recurrente— a la reclamada reincorporación en su puesto de trabajo, sin que resulte relevante para arribar a tal conclusión, el carácter temporario del vínculo de empleo público que pudo haber ligado a las partes (aspecto este sobre el que volveré seguidamente) o, en su caso, que los hechos que motivaron la cesantía hayan sido cometidos con anterioridad a su designación como representante gremial (v., en este sentido, lo que se desprende de la causa L. 124.445, "Morini", sent. de 18-V-2021).
En suma, con arreglo al régimen legal vigente, la empleadora debió, antes de disponer la extinción del vínculo, requerir la exclusión de la tutela sindical en juicio sumarísimo ante la justicia del trabajo competente. En este sentido, es sabido que no habiéndose requerido por el empleador tal medida, la situación configura objetivamente (esto es, sin posibilidad de ingresar a indagar su razonabilidad, ni su eventual justificación sustancial) una violación de la garantía sindical (causas L. 120.000, "Terrasa", sent. de 11-IV-2018 y L. 119.423, "Consorcio Edificio Gran Emilia", sent. de 4-VII-2018).
De modo que, en el caso, la finalización del vínculo del actor deviene nula, y —como consecuencia de ello— corresponde su reinstalación en el cargo que revistaba al momento del dictado del acto administrativo con arreglo al cual se dispuso la cesantía, no quedando enervada esta solución por la circunstancia de que las actuaciones sumariales o el acaecimiento de los hechos motivantes resultaran anteriores a la designación.
II.2. Ahora bien, por aplicación del postulado de la apelación adhesiva, deben tenerse en cuenta en esta instancia extraordinaria, los argumentos esgrimidos por la demandada en la réplica sobre la cuestión debatida.
En dicha oportunidad procesal la accionada se opuso al progreso de la pretensión principal argumentando que la eventual designación gremial por este invocada —que negó expresamente— carecía de aptitud para transformar un vínculo jurídico agotado y no alcanzado por la norma (v. fs. 279).
Sobre el particular, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que los empleados públicos de planta temporaria o "contratados" por los municipios que están amparados por la estabilidad sindical reglada en la ley 23.551, tienen derecho a solicitar la reinstalación en sus puestos de trabajo en caso de haber sido cesanteados o dados de baja sin haberse sustanciado el proceso de exclusión de tutela contemplado en el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales (causas L. 108.222, "Márquez", sent. de 28-VIII-2013; L. 113.787, "Sarasibar", sent. de 12-VI-2013 y L. 114.103, "Ramírez Hernández", sent. de 27-VIII-2014; e.o.).
II.3. Por lo demás, se impone señalar que esta Suprema Corte ha resuelto que acreditada la designación del trabajador para un cargo gremial y la comunicación al empleador, la oposición a la validez de su elección debe ser inmediata a la notificación del resultado del acto comicial, resultando tardía la impugnación formulada en el responde del juicio iniciado por el trabajador en reclamo de los derechos que le corresponden por transgresión de la estabilidad sindical (causas L. 113.787 y L. 108.222, cits. y L. 124.445, "Morini", sent. de 18-V-2021).
Más aún, este Tribunal ha establecido que incluso de no haberse cumplido en su integridad las prescripciones que reglan el acto eleccionario, igualmente goza de estabilidad sindical (art. 48, ley 23.551) el delegado gremial cuya designación fue comunicada al empleador antes de que se perfeccione su despido, si el principal no impugnó oportuna e idóneamente el mismo (conf. causas L. 114.103 y L. 124.445, cits.).
II.4. Lo dicho es suficiente para dar respuesta a los cuestionamientos que porta la impugnación ensayada, por lo que no habré de ingresar en otro orden de consideraciones.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia atacada en cuanto rechazó la acción de reinstalación fundada en el art. 52 de la ley 23.551, cuya procedencia se declara. Los autos deben remitirse al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración y, renovando —en su caso— los actos procesales que estime pertinentes, se pronuncie respecto de los demás reclamos que porta la demanda.
Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 24, ley 15.057 —resol. SCBA 1.840/24— y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la segunda cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso merece una favorable recepción, conforme a los fundamentos que seguidamente habré de exponer.
I.1. En primer lugar, ocupa señalar que lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto juzgó acreditado "el cargo en planta transitoria" del actor, debe quedar firme a tenor de la insuficiencia del agravio traído.
Es que, más allá de lo opinable que pueda resultar, el recurrente no se hace cargo de impugnar idóneamente los argumentos blandidos por el a quo para arribar a aquella definición, logrados a partir de la interpretación que realizó del art. 5 de la ley local 10.471 a la luz de los datos fácticos que relevó en torno al ingreso del trabajador.
Lejos de construir una crítica idónea sobre aquel extremo, se limita a destacar —en su versión— ciertos hechos que a su entender avalarían su tesitura, en ese contexto, alega también la presencia de una eventual conducta tardía por parte de la accionada, pero todo ello, sin denuncia alguna orientada a evidenciar la eventual configuración del vicio del absurdo y en un discurso carente en sustancia de expresiones que intenten fundarse en la prueba obrante en autos.
Y debe recordarse que tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si el recurrente se desentiende de los argumentos que vertebraron la sentencia recurrida y soslaya la crítica frontal, razonada y seria de todas sus motivaciones (conf. causas L. 118.019, "Milani", sent. de 28-IX-2016; L. 124.992, "Segovia", sent. de 30-IX-2021 y L. 122.881, "Maños", sent. de 30-XII-2021).
I.2. Sentado lo anterior, corresponde analizar aquellos aspectos del recurso íntimamente vinculados con la tutela sindical contemplada en la ley 23.551.
I.2.a. No he contribuido con mi opinión a conformar la mayoría del Tribunal en el pronunciamiento dictado en la causa L. 102.254, "Mansilla" (sent. de 6-IV-2011) y reiterado —entre otras— en L. 113.787, "Sarasibar" (sent. de 12-VI-2013) y en L. 108.222, "Márquez" (sent. de 28-VIII-2013), en cuyas consideraciones se funda en gran medida —con expresa cita de las dos últimas— el voto que inaugura este acuerdo.
En tales precedentes, la municipalidad que en cada caso fue demandada, había dispuesto el cese del agente (que poseía un cargo gremial) por la finalización del plazo del contrato temporario que lo vinculaba con esa Administración, sin iniciar el proceso de exclusión de tutela sindical.
En sede laboral, los tribunales intervinientes interpretaron,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.