Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130091
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.091, "Moreno, Andrés Javier contra International Flavors and Fragrances S.R.L. Reinstalación (Sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño .
El Tribunal de Trabajo n°3 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la legitimada pasiva (v. sent. de fecha 30-VI-2022).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-VII-2022), finalmente concedido por el tribunal de origen (v. resol. de fecha 11-III-2024), tras subsanar la ausencia de liquidación prevista en el art. 48 de la ley 11.653 -aplicable al caso-, conforme le fuera ordenado por esta Corte (v. resolución de fecha 10-IV-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado interviniente declaró la nulidad del despido del señor Andrés Javier Moreno y condenó a International Flavors and Fragrances S.R.L. a reincorporarlo en su puesto de trabajo en las mismas condiciones existentes al momento del distracto, bajo apercibimiento de aplicar astreintes. Admitió también los reclamos por el pago de la indemnización por daño moral y salarios caídos.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó no controvertido que el accionante se desempeñó bajo las órdenes de la demandada, desde el 15 de febrero de 2016, realizando tareas conforme la categoría de "operador A1" del CCT 77/89.
Luego, con apoyo en la prueba documental acompañada por las partes y en el intercambio telegráfico, tuvo por acreditado que el vínculo laboral se extinguió el 5 de agosto de 2020 cuando le fue notificado al trabajador, mediante acta notarial, el despido directo dispuesto por la empleadora con motivo del supuesto hecho ocurrido el 17 de julio de 2020, oportunidad en que el señor Moreno habría sido sorprendido fumando un cigarrillo de marihuana en el establecimiento de la empresa.
En este orden, tras ponderar las declaraciones testimoniales recibidas en la causa, juzgó que no resultó probada la circunstancia concreta que motivó el despido, dado que, si bien los testigos manifestaron haber sentido el "olor" característico de aquella sustancia, ninguno había presenciado o visto al actor en la circunstancia indicada por la accionada.
En este sentido, destacó que la declaración del señor Balsamo, en cuanto sostuvo haber percibido el referido "aroma" porque los vestuarios estaban frente a su oficina, resultaba -al menos- contradictoria, puesto que era difícil pensar que la oficina de un empleado jerárquico estuviera ubicada frente a los vestuarios, y que, si ello fuera así, estaba lejos de los materiales inflamables, hecho alegado por la demandada para decidir la desvinculación.
Ponderó que aun cuando el otro testigo, identificado como Nieva, expresó que el accionante había reconocido el hecho que se le atribuyó ante el grupo de trabajadores, convocado a fin de obtener información sobre lo sucedido por el coordinador Gorosito, este -destacó- no fue citado a prestar declaración, y nadie lo había visto fumando.
Con todos los testimonios recibidos, concluyó que la causal invocada para disponer el despido no había sido acreditada, al tiempo que restó valor probatorio a la mención efectuada acerca del reconocimiento del hecho imputado al aquí accionante, toda vez que, en su visión, la indicada exposición podría haber sido inducida y no resultaba prueba contundente.
En ese orden, resaltó la falta de claridad sobre el contexto en el que el dependiente supuestamente habría admitido la conducta que le fuera atribuida y ante quién lo hizo, como también que en el informe médico acompañado por la propia accionada se indicaba que el trabajador no era adicto (v. documento de fecha 5-IV-2022).
Expresó que no podía dejar de advertir que los testigos eran dependientes de la demandada y que el distracto había sido decidido por acta notarial, no por carta-documento, el 5 de agosto de 2020, esto es, diecinueve días después del supuesto hecho, cuando se trataba de un comportamiento que no requería de una investigación exhaustiva.
Sobre esa base, consideró injustificada la extinción del vínculo dispuesta por la empleadora. Refirió que, aunque dicha conclusión sellaba la suerte del pleito, no podía dejar de evaluar los requisitos vinculados a la tempestividad y la proporcionalidad de la sanción.
Respecto del primero, entendió que la medida rescisoria fue extemporánea, toda vez que el hecho en cuestión no ameritaba un extenso sumario interno, ya que podía ser comprobado en el momento. Señaló que el despido debía fundarse en hechos presentes y no pretéritos, y que, si bien este recaudo podía ser valorado con menor rigidez cuando su evaluación requería de cierto tiempo, en el caso, el supuesto acontecimiento no ameritaba una investigación o corroboración de una complejidad tal que implicara demorar la decisión durante diecinueve días.
Por otra parte, afirmó que, relacionada directamente la validez del distracto con su proporcionalidad como medida disciplinaria, surgía de la pericia contable que el trabajador había tenido una suspensión de un día (el 17 de octubre de 2017) y un apercibimiento (el 15 de marzo de 2019), lo que llevaba a preguntarse si el hecho, finalmente no acreditado, justificaba la sanción más grave.
Concluyó entonces el tribunal que el despido devino incausado (conf. arts. 242, 245, Ley de Contrato de Trabajo), y que, por la fecha en que ocurrió, se trataba además de una medida prohibida por el decreto de necesidad y urgencia 329/20, prorrogado por los decretos 487/20 y 624/20.
En consecuencia, habida cuenta que el evocado decreto establecía que los despidos sin causa no producían efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales y sus condiciones, ordenó la reinstalación del trabajador en su puesto laboral habitual, de la suma que indicó en concepto de daño moral y de los salarios caídos.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de las normas que identifica (v. escrito electrónico de fecha 14-VII-2022).
II.1. En primer lugar, plantea que el decreto de necesidad y urgencia 329/20 representa una clara violación a los arts. 4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 31, 75 inc. 2, 12, 22 y 23, 99 inc. 3, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial, por lo que solicita se declare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de autos.
II.2. Desde otroángulo, denuncia que el órgano de grado incurrió en una absurda valoración de la prueba al considerar no acreditado el hecho que motivó el despido, el que -afirma- no fue controvertido ni desconocido por la parte actora (v. rec., pág. 6).
Alega que la conducta imputada al trabajador -haber fumado un cigarrillo de marihuana en el horario laboral y en el establecimiento de la accionada- fue admitida por éste en una nota que firmó de su puño y letra en el marco del sumario interno iniciado por la empresa, así como en la visita médica a la que concurrió -cuyo informe posteriormente reconoció en la audiencia de vista de la causa-, y ante todos sus compañeros de trabajo, según lo declarado por el testigo Nieva.
Reprocha la valoración que el sentenciante efectuó de las declaraciones antes mencionadas por estar "en contradicción con los más elementales principios jurídicos de la sana crítica" (v. rec., pág. 9). En especial, refiere que le causa agravio que haya "desechado" la brindada por uno de los testigos (Bálsamo) "quien relató los hechos en tiempo y espacio y de acuerdo a lo percibido por sus cinco sentidos" (v. rec., pág.10).
Asimismo, cuestiona las conclusiones arribadas por el juzgador de grado respecto de la contemporaneidad y proporcionalidad de la sanción empleada.
Señala que la accionada tenía la responsabilidad de comprobar el hecho en el momento, lo que surge de las declaraciones testimoniales y del descargo del señor Moreno, además de las visitas médicas realizadas para resguardar su salud, en las cuales el dependiente admitió lo sucedido, pero -afirma- parecería que ello no hizo más que afectar sus propios intereses y derechos en una ulterior acción. Es decir, en el caso de que -a contrario de lo ocurrido- no se hubiera labrado un sumario, el tribunal hubiese entendido que el mismo era necesario y que su parte había decidido ligeramente despedir al actor.
Con respecto a la proporcionalidad, se pregunta qué sanción podría caber a un trabajador que fue encontrado consumiendo una sustancia prohibida en una planta química, poniendo en riesgo con su accionar a todo el personal de la empresa. A su vez, se interroga sobre cómo podría ser calificado aquel empleador que consiente un hecho ilícito y cuál sería entonces una conducta pasible de despido con justa causa.
Señala que la empresa cumplió con los evocados recaudos previo a disponer el despido, y que el hecho que lo motivó fue admitido por el propio actor, es decir que resultó acreditado.
II.3. Finamente manifiesta que, para el hipotético caso de confirmarse la sentencia de grado, el despido dispuesto debía surtir efectos desde el 1 de enero del 2022, primer día posterior a la pérdida de vigencia de la norma actuada en el fallo. A todo evento, reitera su voluntad rescisoria a partir de tal fecha, por lo que -aduce- la pretensión de reinstalación del trabajador deviene abstracta.
III. El recurso no prospera.
Por razones de método, en su tratamiento, habré de alterar el orden en que el interesado ha expuesto los agravios.
III.1. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que valorar el intercambio telegráfico, interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis , constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en su interpretación, así como violación al principio de congruencia (causas L. 117.923, "Chiroli", sent. de 25-X-2017; L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019; L. 121.594, "Veiga", sent. de 25-VIII-2021; L. 129.535, "Polak", resol. de 26-IV-2023 y L. 127.069, "Herrera", resol. de 3-VI-2024).
También se ha sostenido que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral a fin de establecer la existencia o no de injuria, la apreciación de la entidad de las causales invocadas para disponer una cesantía y la valoración del material probatorio, fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de la instancia de grado. Sus conclusiones no son revisables en casación, salvo que se acredite la existencia de absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas producidas, o que la injuria fue apreciada sin la prudencia que la ley exige (art. 242, Ley de Contrato de Trabajo; causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 124.992, "Segovia", sent. de 30-IX-2021; L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022; e. o.).
III.2. Bajo tales premisas y con sujeción a los términos de la impugnación, es posible anticipar la ineficacia del embate.
III.2.a. La crítica afincada en la falta de controversia entre las partes sobre el hecho que motivó el despido deviene inatendible, toda vez que la impugnante debió denunciar absurdo en la interpretación de los escritos de constitución del proceso e infracción al postulado de la congruencia; cargas éstas que omitió satisfacer y que definen la suerte adversa de este tramo del embate (causas L. 121.810, "Varga", sent. de 20-VII-2020; L. 128.658, "Mamani", sent. de 25-X-2023; L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XI-2024).
III.2.b. Luego, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que llevó a los magistrados de grado a considerar no acreditada la causal invocada por la accionada para justificar su despido directo, la quejosa efectúa un nuevo análisis de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa según su propio y personal criterio valorativo, sistema este que reiteradamente se ha considerado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; L. 128.206, "Conti", sent. de 30-XII-2024; L. 130.006, "Calafate", sent. de 15-IV-2025).
La divergencia que expresa acerca de la idoneidad y aptitud probatoria de las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa no alcanza para modificar la solución arribada por los jueces del tribunal de grado.
Ello así pues, en el marco del régimen procesal de la ley 11.653 -aplicable a la época del dictado del fallo-, reiteradamente ha dicho esta Suprema Corte que el examen y ponderación de la prueba testimonial es asunto reservado a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de apreciación en conciencia, tanto en lo que concierne al mérito y habilidad de las exposiciones, como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, salvo el supuesto extremo de absurdo (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 127.848 "Tumini", sent. de 27-III-2023; L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A.", sent. de 30-IV-2024; e. o.).
Además, el interesado no ejerció la facultad contemplada en el art. 46 de la ley 11.653 (texto según ley 14.740), aplicable al caso (causas L. 116.908, "C., G. J.", sent. de 3-IX-2014; L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016 y L. 123.542 "Atalaya" 15-VI-2022).
Cabe aquí recordar que aquella apreciación opinable o discutible no conlleva el vicio de absurdo, ya que la verificación de este último requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias obrantes en la litis (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021; L. 126.869, "E., M. E", sent. de 16-XII-2024 y L. 130.254, "Salina", sent. de 15-IV-2025; e. o.), extremo que -a la luz de lo expresado- no se evidencia en la especie.
III.2.c. En este contexto, sin perjuicio de que lo expuesto es suficiente para sellar la suerte adversa del embate examinado, cabe señalar que -aún en una mejor hipótesis para el recurrente-, tampoco logra desvirtuar los argumentos esgrimidos por el juzgador de grado para determinar la falta de proporcionalidad y contemporaneidad entre el hecho y la medida dispuesta por el principal.
III.3. El agravio que cuestiona la aplicación al caso del decreto 329/20 tampoco es de recibo.
III.3.a. Esta Suprema Corte ha declarado que el planteo por el que se impugna la constitucionalidad de una norma legal o reglamentaria debe ser introducido en la primera oportunidad procesal viable al efecto, con la posibilidad de garantizar audiencia suficiente a la contraparte (causas L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023). Pues, de ese modo, se habilita la potestad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución nacional, permitiendo el control judicial difuso que todos los tribunales de justicia están llamados a ejercer (art. 31, Const. cit,).
III.3.b. En la especie, el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 329/20 no puede ser atendido.
Cabe advertir la norma ahora impugnada ya se encontraba vigente al momento de contestar la demanda (fechada en 31-XII-2020), situación que deja en evidencia que el cuestionamiento de índole constitucional que propone el quejoso en esta instancia resulta extemporáneo (causa L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025).
III.3.c. Cierto es que el examen de la tempestividad de la articulación constitucional exige ponderar las circunstancias que concurren en cada caso, lo cual puede determinar una mayor flexibilidad a efectos de evitar un crudo ritualismo.
Empero, merced al derrotero procesal ya mencionado, y en ausencia de argumentos que permitan arribar a una solución contraria, el planteo traído se exhibe como el producto de una reflexión tardía que no puede ser abordada en esta instancia extraordinaria (causas L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023 y L. 126.076, "Benítez", sents. de 27-VI-2023; e. o.).
Ello, sin que se observen motivos suficientes que puedan dar sustento bastante a la pretendida existencia de un agravio constitucional que permita exceptuar al órgano de grado de efectuar una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, como lo es la declaración de invalidez constitucional de una ley o un decreto, la cual constituye un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (conf. mi voto en causa L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023). De allí que, por las razones expuestas, corresponda su rechazo.
III.4. Sentado ello, la petición del interesado respecto a que el despido dispuesto deba surtir efectos desde el primer día posterior a la pérdida de vigencia del citado decreto 329/20, no fue oportunamente sometida a consideración de los jueces de la instancia de origen.
De allí que cobra virtualidad la doctrina legal que establece que los argumentos que no fueron sometidos oportunamente a decisión de los magistrados de la instancia ordinaria, constituyen una cuestión novedosa, no susceptible de ser evaluada en esta sede extraordinaria (causas L. 120.409, "Martínez Rodríguez", sent. de 11-VII-2018; L. 121.754, "C., V. P.", sent. de 12-II-2020 y L. 128.676, "Romero", sent. de 24-II-2025).
En efecto, tal como señala el propio impugnante en el recurso bajo examen, dicha norma perdió vigencia el 1 de enero de 2022, esto es, con anterioridad al dictado de la sentencia impugnada, fechada el 29 de junio de 2022. Sin embargo, el planteo que aquí desarrolla -reitero- no fue oportunamente articulado.
En razón de lo expuesto, y sin abrir juicio sobre las alegaciones introducidas por la recurrente ante esta instancia casatoria, se advierte que la crítica, estructurada sobre un desarrollo argumental novedoso, no puede ser -como tal- abordada por este Superior Tribunal.
III.5. En definitiva, circunscripta la facultad revisora de esta Corte al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020; L. 127.638, "Torres", resol. de 7-X-2021 y L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023), la insuficiencia del remedio interpuesto impide revisar el grado de acierto o desacierto de lo decidido.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en su voto.
Solamente
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