Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135956
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, perteneciente al Departamento Judicial de Bahía Blanca, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la señora María Alejandra Moris y, en consecuencia, condenó a la Municipalidad de Tres Arroyos a restituir a la accionante a su prestación laboral en la Oficina de Compras y Suministro del Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos, y a pagarle los salarios caídos de diez días del mes de febrero de 2025 (v. sent. de fecha 7-V-2025).
Para así decidir, juzgó que el traslado que dispuso la empleadora -contrariamente a lo sostenido por ésta- transgredió lo dispuesto por el art. 52 de la ley 23.551, en cuanto implicó una modificación de las condiciones de trabajo, situación que se encuentra expresamente prohibida por dicha norma respecto a los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de ese plexo normativo. Ello, agregó, siempre y cuando no medie resolución judicial previa que la excluya de la garantía, procedimiento que, en la especie, se omitió.
En este contexto, entendió que no exime a la principal del requerimiento judicial de exclusión, el hecho de que el traslado fuera dispuesto en forma genérica para todos los empleados de la oficina, por cuanto las facultades que detenta, en el sentido de las modificaciones en las condiciones de trabajo, se topan con un valladar mayor en los supuestos de trabajadores que gozan de garantías sindicales, máxime cuando, como en el caso de autos, existió expresa disconformidad por parte de la actora.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 23-V-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resol. del 8-X-2025).
En su presentación, con denuncia de absurdo y de violación de los precedentes jurisprudenciales que menciona, le objeta al juzgador de grado haber decidido que correspondía reinstalar a la trabajadora en su puesto de trabajo.
Asimismo, alega que la doctrina utilizada por el tribunal de grado como sustento de su decisión no es aplicable al caso, porque aquella refiere a un supuesto de extinción del vínculo, de mayor gravedad al caso de autos, donde solo se trata de un cambio de lugar físico.
III. El recurso no prospera.
Sabido es que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 127.638, "Torres", resol. de 7-X-2021; L. 128.894, "Lagos Villalonga", resol. de 15-VII-2022; L. 130.981, "Bravo", resol. de 26-XII-2023 y L. 129.507, "De Luca", resol. de 20-IX-2024).
Con sujeción a tales límites corresponde examinar la impugnación traída y, en ese marco, se advierte que luce insuficientemente fundada pues, insistiendo en su postura en cuanto a que no le correspondía proceder a la exclusión de tutela previo al traslado de lugar de trabajo de la accionante, la recurrente no desarrolla una sólida argumentación para rebatir las esenciales conclusiones del fallo que ataca, en tanto omite desplegar una crítica frontal a las definiciones medulares del fallo que fueran reseñadas.
En tales condiciones, la simple disconformidad que exhibe la impugnante con la solución alcanzada en la sentencia -que, en rigor, sólo refleja su opinión discrepante con lo resuelto- no resulta idónea para descalificar los fundamentos de la decisión de grado.
Como reiteradamente lo ha expresado esta Corte, es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020; L. 129.803, "Amigo", resol. de 6-XII-2023 y L. 133.139, "Porfidio", resol. de 4-VI-2025).
Es más, la lectura del embate permite nítidamente corroborar el incumplimiento de la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial -en cuanto exige enunciar, en términos claros y concretos, la mención de la ley o la doctrina que se reputa violada o aplicada erróneamente en la sentencia-, pues la quejosa no ha denunciado -en concreto- la violación ni la errónea aplicación del precepto legal en el cual el juzgador fundó el pronunciamiento.
Sobre el particular cabe recordar que, para que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley reúna los requisitos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y su doctrina, debe cumplir ante todo con el recaudo básico relativo a la indicación en términos claros y concretos de la ley o doctrina que se repute violada o erróneamente aplicada. La deficiencia que patentiza el incumplimiento de dichas cargas resulta insalvable, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio por inferencias o interpretación la omisión de las citas que debieron efectuarse para sustentar la impugnación (causas L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023 y L. 132.684, "Gómez", resol. de 29-V-2025; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:52:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/11/2025 12:27:23 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 20/11/2025 11:45:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:45:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 08:50:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/11/2025 13:26:22 hs. bajo el número RR-1908-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia