Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130508
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.508, "López Paunero, Juan Andrés contra Omar Barrera SRL. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda promovida, con costas a cargo de la accionada (v. pronunciamiento de fecha 16-XII-2022).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 8-II-2023 y 9-II-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación al interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró la nulidad del despido del señor Juan Andrés López Paunero, que tuvo por notificado el día 11 de marzo de 2013, y ordenó a Omar Aníbal Barrera a reincorporarlo en su puesto de trabajo en las mismas condiciones existentes al momento del distracto, bajo apercibimiento de aplicarle sanciones conminatorias de carácter pecuniario. Asimismo, lo condenó a abonarle los salarios caídos y el daño moral derivado de la cesantía, que calificó de discriminatoria (v. sent. de fecha 16-XII-2022).
En lo que interesa describir, en el veredicto, el órgano de origen juzgó acreditado que el actor laboró cumpliendo tareas en la categoría de operario (conf. CCT 260/75), desde el 15 de septiembre de 2006. También tuvo por probado que la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida al mes de diciembre de 2012 ascendió a la suma de $4.844,80 (v. vered., pág. 2).
Luego, tras analizar las declaraciones testimoniales de fs. 31/33, las cartas-documento remitidas a la Unión Obrera Metalúrgica y los expedientes administrativos 1-2015-1558107-2013 (v. fs. 217/242) y 0021521-0023721-13-00 (v. fs. 246/252), iniciados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, juzgó demostrado que el señor López Paunero había realizado actividad sindical desde febrero de 2013 a los fines de ser postulado como delegado de personal, avalado por sus compañeros de trabajo, y que el demandado poseía conocimiento de tales circunstancias (v. vered., págs. 2/5).
Con pie en ello, notificado el actor del despido directo sin expresión de causa y denunciada dicha cesantía como acto discriminatorio por parte de aquel, destacó el sentenciante que correspondía al demandado acreditar que la decisión rescisoria no había obedecido a cuestiones derivadas de la referida actividad gremial ejercida. En ese contexto, ante la orfandad probatoria en que incurrió, el órgano interviniente formó su convicción acerca de que la desvinculación del señor López Paunero se había producido por realizar quehaceres de índole sindical (v. vered., pág. 6).
A su vez, agregó que el hecho de que este último se encontrara gozando de licencia por haber sufrido un accidente de trabajo no le impidió ejercer el derecho que invocó, más aún cuando el distracto se produjo en ese período (v. vered., pág. 7).
Ya en la etapa de sentencia, con apoyo en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Vizzoti" (sent. de 14-IX-2004) y "Álvarez" (sent. de 7-XII-2010), sostuvo que siendo el trabajador un sujeto de preferente tutela, resultaba plenamente aplicable la ley 23.592 al caso de autos, máxime cuando —dijo— se probó que el reclamante se encontraba ejerciendo actividad gremial de la que fue impedido como consecuencia del despido sin causa que le fue comunicado.
Sobre esos lindes, considerando que el empleador no había producido prueba útil tendiente a acreditar que la actividad gremial desplegada por el actor no había sido el motivo del distracto, con sustento en la normativa citada, que —según ponderó— fue invocada en la demanda al reclamarse la nulidad del despido, juzgó que la acción debía prosperar, en tanto la desvinculación podía calificarse como acto discriminatorio.
En ese marco, declaró nulo el despido y ordenó la reincorporación del dependiente a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía con anterioridad al 11 de marzo de 2013.
Asimismo, condenó al demandado a abonar al actor los salarios caídos desde esa fecha hasta el momento de su efectiva reinstalación, los que, en virtud de lo resuelto en el veredicto, determinó que debían computarse conforme la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el actor al mes de diciembre de 2012 (es decir: $4.844,80), arribando al monto total de $567.622,60 ($4.844,80 x 117 meses y 5 días, hasta el 16 de diciembre de 2022). A dicha suma le adicionó el sueldo anual complementario caído por el lapso de nueve períodos ($43.603) y el daño moral reclamado ($30.000). Finalmente, fijó el importe de condena en $641.225,60, con más intereses (v. sent., pág. 9).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional; 48, 49, 50 y 52 de la ley 23.551 y 1 de la ley 23.592 (v. presentación electrónica de 9-II-2023).
II.1. Objeta la decisión del tribunal de grado con arreglo a la cual se resolvió la nulidad del despido y se ordenó la reinstalación del accionante.
Afirma que el juzgador incurrió en una absurda valoración de la prueba, por cuanto de ella surge que el propio sindicato no había recibido lista ni indicación alguna de candidatos a delegados de personal de la empresa. En este sentido, alega que ni siquiera se había iniciado el trámite para celebrar elecciones de representantes sindicales, ni presentado listas de candidatos correspondientes para su oficialización.
Manifiesta que no surge de la sentencia de autos en qué medios de prueba el tribunal actuante fundó su decisión.
Sostiene que la mera manifestación del actor de su intención de presentarse como candidato a delegado gremial no acarrea ningún efecto legal si ello no está acompañado de las formalidades exigidas por la ley 23.551 para las elecciones en las asociaciones sindicales. A tal fin enuncia: la efectiva postulación para ocupar un cargo, la designación y la comunicación fehaciente al empleador.
Controvierte la conclusión de la sentencia de origen por conducto de la cual se tuvo por demostrada que el operario desarrollaba actividad sindical al momento del despido, toda vez que —sostiene— del análisis de las constancias de autos no se desprenden verificadas tales afirmaciones, ni —a todo evento— que el demandado hubiera tenido conocimiento de dicha actividad. En este marco, invoca la errónea interpretación de la citada ley 23.551.
II.2. Se agravia de la definición con arreglo a la cual el juzgador de grado concluyó que la rescisión de la relación laboral obedeció a una conducta discriminatoria hacia el trabajador.
Argumenta que no se ha acreditado en autos que el despido dispuesto revista dicho carácter.
Con apoyo en el precedente "De Luca c/ Banco Francés" (sent. de 25-XI-1969) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entiende que la decisión del tribunal de origen resulta violatoria de la libertad de contratar y del derecho de propiedad de la empleadora (arts. 14 y 17, Const. nac.).
Expresa que, en el caso, el juzgador fundó su opinión en la ley 23.592 sin efectuar un análisis exhaustivo de la solución proclamada en su art. 1, ni un examen pormenorizado del conjunto de las normas del derecho laboral.
Plantea, también, que aquel soslayó considerar que el referido plexo legal fue dictado para ser aplicado a actos discriminatorios en general, sin determinar su origen ni la normativa aplicable a un hecho de esa naturaleza.
En tal sentido, advierte que en la especie se determinó una sanción que no está impuesta siquiera en la Ley de Contrato de Trabajo para ninguna de las hipótesis consideradas como despido discriminatorio, imponiéndose de modo contrario a derecho la reinstalación del actor en su puesto laboral.
III. El recurso, a mi juicio, debe prosperar por los siguientes fundamentos.
A los fines de dar tratamiento a la réplica, dados los ribetes del caso que se trae a estudio, expondré mi abordaje y respuesta de modo integral, en lo que sigue.
III.1.a. Es sabido que establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituye una cuestión de índole fáctica reservada a la instancia ordinaria y marginada de la casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 8-II-2021; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021 y L. 129.247, "Lopez", sent. de 3-VI-2024). También es por todos conocido que es una potestad privativa del tribunal de origen la labor dirigida a determinar si al momento del despido el empleador conocía la actividad sindical eventualmente desplegada por el trabajador (causas L. 104.338, "Careri", sent. de 12-XII-2012 y L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022). De modo que, para descalificar tal faena, es necesario denunciar y acreditar la existencia de dicho vicio invalidante.
III.1.b. Pues, en el caso, a mi modo de ver, la recurrente logra demostrarlo.
Ante todo, advierto, que el tribunal de grado soslayó analizar debidamente las constancias de la causa al momento de fijar la fecha del distracto el día 11 de marzo de 2013. En efecto, de la lectura de la demanda se avizora que es el propio accionante quien expuso que se notificó de su despido el 8 de marzo de 2013 (v. fs. 29 y 41), cuando —hallándose en goce de licencia por enfermedad y bajo tratamiento médico— se apersonó a la sede de la empresa para percibir su salario del mes de febrero y le fue negado con dicha comunicación (en referencia a las anteriores misivas que le habían sido enviadas a su domicilio).
De allí que, luce evidente el yerro en el que incurrió el tribunal de grado al atribuirle al accionante el ejercicio de derechos sindicales con anterioridad al momento de la extinción de la relación laboral.
Me afirmo en esa conclusión por cuanto del riguroso estudio de las pruebas agregadas al expediente que, por vía de excepción compete realizar a esta Corte, dada la denuncia y presencia del señalado vicio invalidante, no se desprende que, previo a la comunicación de su despido, el trabajador hubiera realizado actividad sindical alguna, ni hubiera comunicado a su empleador su postulación al cargo de delegado gremial.
Al respecto, cabe señalar que los avales acompañados a fs. 22/24 carecen de fecha y se hallan insertos en el expediente iniciado ante el Ministerio de Trabajo en abril de 2013 (v. fs. 217 y sigs.), la carta-documento por medio de la cual solicitó a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) su postulación al cargo de delegado data justamente del 8 de marzo de 2013 (v. fs. 10 y 40/41), y no obra comunicación semejante al empleador en los términos del art. 49 de la ley 23.551. Asimismo, las presentaciones ante la delegación del sindicato datan del 20 de marzo de 2013 (v. fs. 25).
Tampoco encuentro que, según las referencias realizadas por el órgano de grado respecto de las declaraciones testimoniales, sea posible afirmar que antes de la extinción del vínculo laboral, el señor López Paunero hubiera sido seleccionado como delegado o ejercido funciones sindicales en los términos de la ley 23.551.
Todos estos extremos fácticos me conducen a concluir que, en el caso, no puede atribuírsele al actor actividad sindical alguna con anterioridad al despido, a punto tal de juzgar que el distracto obedeció a una motivación discriminatoria fundada en el ejercicio de dicha actividad, al cabo, inexistente, según da cuenta la prueba arrimada a la causa, cuya errónea valoración por parte del tribunal de origen ha acertado en poner en evidencia el recurrente.
III.1.c. En estas condiciones, corresponde hacer lugar al recurso por los fundamentos expuestos y revocar la conclusión atingente al carácter discriminatorio que el tribunal de grado le reconoció al despido del accionante, correspondiendo —a su vez y como lógica derivación de ello— dejar sin efecto la decisión de origen en cuanto dispuso, en cumplimiento de las previsiones del art. 1 de la ley 23.592, la nulidad del distracto decidido por el accionado, la reincorporación del actor a su puesto de trabajo, el pago de los salarios caídos, y la reparación en concepto de daño moral, cuyo rechazo debe disponerse.
III.2. Sin perjuicio de lo expuesto, considero que, en el caso, aún en la hipótesis de haberse juzgado verificado un acto de naturaleza discriminatoria por parte del empleador, ello no puede conducir, previa declaración de nulidad de la cesantía, a la reinstalación del trabajador a su puesto laboral. Me explicaré seguidamente.
III.2.a. No se me escapa que, respecto a esta temática, esta Suprema Corte ha forjado su doctrina legal —en cuya elaboración no participé— en la causa L. 97.804, "Villalba", sentencia de 22-XII-2010 (reiterada posteriormente en L. 104.378, "S., C.", sent. de 8-VIII-2012; L. 113.329, "Auzoategui", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015; e.o.), en la cual confirmó la decisión de grado en cuanto había dispuesto, en cumplimiento de las previsiones del art. 1 de la ley 23.592, la nulidad del despido, y, por ende, la reincorporación del actor a su puesto de trabajo.
Tampoco desconozco lo resuelto, en igual sentido, por mayoría, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.1023.XLIII "Álvarez, Maximiliano y otros c/Cencosud S.A. s/Acción de amparo" (sent. de 7-XII-2010).
III.2.b. Sin embargo, mi opinión sobre la temática resulta coincidente con la postura asumida en este último caso por los miembros de la Corte federal que integraron la minoría (v. voto de los doctores Ricardo L. Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco y Carmen M. Argibay), y que habré de reproducir, en lo pertinente, a continuación.
Allí se comenzó por recordar que, como pauta interpretativa, la exégesis de la Constitución no debe efectuarse de tal modo que queden frente a frente los derechos y deberes por ella enumerados, para que se destruyan recíprocamente, sino que debe procurarse su armonía dentro del espíritu que les dio vida, de modo de respetar la unidad sistemática de la carta fundamental (cons. 4°, voto cit.).
Tras analizar los alcances, objetivos y normativa aplicable de los principios de igualdad y no discriminación en el marco de la relación laboral y la libertad de contratar del empleador, se precisó que en el ámbito del contrato de trabajo esta última se encuentra reglamentada por normas de carácter imperativo que generan restricciones al contenido de la relación laboral, pero que no alcanza, salvo en casos excepcionales, a la facultad de contratar o de no hacerlo y, en su caso, de elegir con quien. En tal sentido, se expuso que la garantía constitucional a la libertad de contratar incluye su aspecto negativo, es decir, la libertad de no contratar, la cual deriva de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho y del derecho a ejercer una industria lícita (arts. 14 y 19, Const. nac.; cons. 8°, voto cit.).
Se especificó que la propia Corte federal señaló en otros precedentes que no se puede obligar a un empleador —contra su voluntad— a seguir manteniendo en su puesto a empleados que no gozan de la confianza que debe presidir toda relación de dependencia; así como también, que una vez rota la relación laboral a raíz de un despido injusto se debe reconocer al trabajador el derecho a reclamar una indemnización razonablemente proporcionada al perjuicio sufrido (conf. doctr. de Fallos: 273:87, De Luca; 306:1208, Figueroa y 321:3081, Agnese; cons. 9°, voto cit.).
A partir de lo señalado, y una vez definida la aplicación de la ley 23.592 a la relación de trabajo privada, analizó el alcance del remedio previsto ante la configuración de la hipótesis establecida en su art. 1, esto es que se "deje sin efecto" el acto discriminatorio y se le resarzan los daños y perjuicios sufridos.
A tal fin, los mencionados magistrados distinguieron aquellos actos adoptados en el ámbito laboral cuyos efectos se proyectan sobre la relación sin extinguirla, de los orientados a ponerle fin. En tal sentido, cuestionaron si —tal como sucedió en su caso, de similares características al aquí presente— cuando el acto discriminatorio se endereza a dar por terminado el vínculo, corresponde establecer si es pertinente ordenar la continuación forzosa del contrato laboral. En ese contexto, mediante el ejercicio de compatibilización entre el derecho del trabajador a no ser despedido por motivos discriminatorios y la libertad de contratar del empleador, expusieron que, si bien la legislación regulatoria del contrato de trabajo tutela el derecho a no sufrir discriminaciones prohibidas, lo hace dentro de ciertos límites que tienden a armonizar los derechos de ambas partes (cons. 14°, voto cit.).
En ese marco, describieron distintas soluciones que contiene la legislación específica (arts. 178 y 182, LCT; 48 y 50, ley 23.551) para el supuesto de despidos discriminatorios, las cuales —indicaron— implican una protección más intensa para el trabajador que la otorgada para el supuesto general de despido sin justa causa, pero que no llega a suprimir por completo la posibilidad de que el empleador ponga fin a la relación laboral. Al respecto, puntualizaron que los remedios elegidos consisten, para algunos casos, en elevar considerablemente el costo que debe afrontar el empleador por la decisión de despedir sin causa al trabajador o la cancelación por tiempo determinado de la posibilidad de despido directo sin causa. Seguidamente, destacaron que incluso en esos supuestos de específica entidad y trascendencia sindical, se reflejaba la presunción de que el despido discriminatorio tiene validez por un plazo determinado (por ej.: arts. 177, 178 y 181, LCT; 48 y 49, ley 23.551) y fuera de esos márgenes temporales, recupera vigencia el régimen general previsto en la Ley de Contrato de Trabajo sobre el despido sin justa causa.
Por otro lado, agregaron que, en el ámbito privado, rige la llamada estabilidad impropia o relativa del empleo que, sin desconocer la vocación de permanencia o continuidad del contrato de trabajo, admite la extinción por despido mediante el pago de una indemnización (art. 14 bis, Const. nac.; causa CSJN "Madorrán" Fallos: 330:1989; cons. 15°, voto cit.).
En virtud de todo ello, concluyeron que, a modo de conciliar los derechos de una y otra parte del contrato de trabajo, cuando el legislador ha querido sancionar despidos discriminatorios con la reinstalación del trabajador lo hizo en forma expresa y siempre que el despido sin causa tuviera lugar dentro de un plazo cuyo inicio y culminación se encontrara determinado por la ley respectiva; todo lo cual —señalaron— no sucede con la ley 23.592 que, en razón de su carácter general y transversal a todas las ramas del derecho, requiere de una aplicación apropiada que no distorsione el equilibrio de derechos al que responde cada sector del ordenamiento jurídico, sea público o privado. Por lo tanto, las consecuencias jurídicas que debe tener la comprobación de un acto discriminatorio han de ser definidas en consideración del contexto que ofrece la relación de trabajo privada y el principio de estabilidad impropia que gobierna el derecho laboral argentino que —como advirtieron— contempla una reparación agravada para estos supuestos y no incluye la reinstalación forzosa del trabajador en la relación laboral, salvo previsión expresa y siempre por un plazo determinado (cons. 16°, voto cit.).
Bajo esos l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.