Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124064
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.289, "Barrios, Jorge Daniel contra Dirección Provincial de Actividades Portuarias. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. sent. de fecha 25-III-2024).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 19-IV-2024).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En lo que interesa, el actor Jorge Daniel Barrios promovió acción sumarísima contra la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, peticionando en los términos del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo el restablecimiento de las condiciones laborales alteradas y la abstención de introducir modificaciones en el contrato de trabajo, en especial en orden al lugar de trabajo; denunciando la existencia de un ejercicio abusivo del ius variandi. Solicitó también, el dictado de una medida cautelar de "no innovar" (fs. 6/11).
En su presentación, manifestó residir en la localidad de Banfield y ser empleado de la mentada Dirección, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo 164/75, ejerciendo sus funciones en el Puerto de Dock Sud a partir del año 1985.
Relató que el día 12 de abril de 2019 al presentarse a realizar sus tareas le fue impedido el ingreso al lugar de trabajo; asimismo, que personal de seguridad del establecimiento le informó que se encontraba en un listado de trabajadores a quienes les habían cambiado el destino laboral, y que en lo sucesivo debía concurrir a prestar tareas en el puerto de la ciudad de Ensenada.
Afirmó que dicho traslado fue dispuesto intempestiva y arbitrariamente, infringiendo los arts. 66 y 78 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aseveró que en el Puerto de Dock Sud cumplían funciones más de cincuenta empleados y que la mayoría aún prestaban tareas allí. Detalló los gravámenes que le generaba tal medida y destacó el desconocimiento del motivo que condujo a la elección del personal afectado; denunció como agravante que en la nueva locación no le habían sido asignadas tareas concretas. Señaló que con posterioridad a ello recibió una misiva en la que le comunicaron el cambio de destino, con expresión de genéricos motivos.
Relató que su traslado se dispuso en un contexto de transformación del Puerto de Dock Sud en un Consorcio de Gestión implementado mediante el decreto 13/19, en cuyo marco los empleados de la Subsecretaría de Actividades Portuarias de aquel lugar pasarían a depender de la nueva entidad con íntegro mantenimiento de sus condiciones laborales. Esgrimió que, de acuerdo con el acta de transferencia, el traspaso se llevaría a cabo el día 1 de julio del 2019, resultando ilegítimo el traslado a la ciudad de Ensenada con anterioridad, puesto que aún se hallaba bajo la dependencia de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias.
I.2. El tribunal de grado, confirió traslado de la demanda, asimismo, acogió la medida cautelar peticionada (v. fs. 14, 15 y 15 y vta.).
I.3. En su contestación de demanda de fecha 21 de mayo de 2019, la Fiscalía de Estado, luego de efectuar ciertas negativas, argumentó que la pretensión del actor de continuar prestando tareas en el ámbito del Puerto de Dock Sud en su condición de agente de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias, devenía inadmisible.
Alegó que la medida adoptada por su representada se ajustó al marco jurídico aplicable, sin vulnerar los derechos de los dependientes. Sostuvo que mediante el decreto 136/19 se creó el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, ente público no estatal encargado de llevar adelante la administración y explotación del puerto, y que —a tal fin— se le transferirían los trabajadores que prestaran su conformidad y se reubicaría transitoriamente al resto en el lugar más próximo, respetando las condiciones laborales y evitando causar perjuicios. Aclaró que el traslado se trató de una medida de alcance general que excedía la situación del actor, enmarcada en el diseño de políticas públicas relativas a los puertos provinciales, cuya implementación se efectuaba con resguardo de los derechos de los trabajadores.
I.4. Luego que esta Corte —precedido ello por la impugnación respectiva deducida por la demandada— declarase la nulidad de la resolución de fs. 15 y vta. que receptó la medida cautelar por carecer de la firma de uno de los magistrados integrantes del tribunal (v. fs. 90/91 vta.), fue dictada en la instancia una nueva resolución acogiéndose favorablemente la medida cautelar en cuestión y ordenándose a la accionada que se abstuviera de modificar el lugar de trabajo del actor, intimándosela para que en el plazo de cinco días lo restableciera en el lugar normal y habitual, manteniendo las condiciones de trabajo gozadas hasta el día 1 de abril de 2019 hasta que se dictase sentencia definitiva, bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias (v. resol. de fecha 18-VIII-2020; fs. 99/93 vta.).
I.5. Después de haberse desestimado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada, y la queja respectiva (v. presentación de 15-IX-2020; pronunciamiento de fecha 9-XI-2020; presentación electrónica de fecha 19-XI-2020 y resol. de 8-II-2021); remitidos los autos al órgano de origen, y habiendo peticionado la actora como consecuencia del incumplimiento de la medida cautelar que se ordenara el pago de astreintes (v. presentación de fecha 14-IX-2020), el juzgador de grado acogió el pedimento, y por otro lado, además admitió como hecho nuevo lo denunciado por la accionada en el escrito del día 5 de septiembre del 2021 en orden a la propuesta que habría comunicado al actor para ser transferido al nuevo Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, ello, sin omitir la oposición de la actora formulada el día 21 de octubre de aquel mismo (v. resol. de 1-XII-2022).
Esta última decisión fue objetada por la Fiscalía de Estado mediante un nuevo recurso de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 22-XII-2022), que denegado por el tribunal de trabajo por carecer el pronunciamiento impugnado de la nota de definitividad (v. resol. de 13-II-2023), dio lugar a la articulación de una queja, que —a su turno— fue rechazada por esta Suprema Corte (v. presentación electrónica de 1-III-2023 y resol de fecha 20-IX-2023).
I.6. Nuevamente las actuaciones en la instancia, ya en su veredicto, el tribunal de grado juzgó que no existía controversia respecto a que el actor —domiciliado en la localidad de Banfield—, prestó tareas bajo dependencia de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias en el Puerto de Dock Sud, desde el día 6 de junio de 1985. A su vez, que el decreto provincial 13/19 dispuso que la administración y explotación del Puerto de Dock Sud se encontraría a partir del 12 de abril de 2019, a cargo de un ente público no estatal denominado "Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud", ordenándose en dicho acto la reorganización del personal dependiente (v. vered. de fecha 25-III-2024).
Teniendo en consideración lo alegado por las partes, y las comunicaciones postales cursadas, consideró probado que la decisión de trasladar al actor a la localidad de Ensenada a partir del día 15 de abril de 2019 fue notificada por la demandada.
Por otro lado, juzgó no acreditado que todos los trabajadores que realizaban funciones en aquel puerto hubiesen sido transferidos provisoria o definitivamente a otros lugares de trabajo; todo ello —señaló— sin perjuicio que los cambios de las condiciones del contrato de trabajo del actor se hicieron en el contexto de la creación del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud; tampoco tuvo por cierto que el actor hubiera comenzado a prestar tareas en la localidad de Ensenada ni que hubiera aceptado ser transferido en calidad de dependiente del mentado consorcio. Tampoco consideró verificado que la accionada hubiese compensado los costos y tiempo de transporte causados por los cambios de las condiciones de trabajo impuestas al reclamante; o que lo hubiese intimado para que manifieste expresamente su voluntad respecto a ser transferido —o no— al consorcio mencionado, ponderando que el emplazamiento realizado a aquel en tal sentido había sido efectuado por un tercero ajeno a los autos (el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud).
En la sentencia, señaló que la presente causa guardaba estrecha similitud con el precedente de esta Corte identificado como L. 123.979, "Zarzuelo" (sent. de 27-II-2023). En dicho contexto, entendió que, pese a que la demandada fundó su accionar en el decreto provincial 13/19, la medida adoptada, en lo que respecta al actor, excedió el ámbito del ius variandi.
Meritó que, si bien la empleadora notificó formalmente la decisión al reclamante, dicha comunicación, atendiendo a lo dispuesto en el art. 4 de aquel decreto, había resultado intempestiva. Añadió, que el trabajador tampoco fue emplazado —en los términos establecidos en la cláusula primera del Acta de Transferencia de Personal al Consorcio— a fin de que manifieste su decisión acerca de la transferencia mencionada; ello, desde que la comunicación a la cual la demandada pretendía asignarle efectos jurídicos resultó remitida por un ente público no estatal (como se dijo, ajeno a las presentes).
Juzgó que el accionar del empleador constituyó una violación al deber de colaboración y solidaridad en exceso del ius variandi (arts. 62 y 66, Ley de Contrato de Trabajo). Y en relación al supuesto carácter general de la decisión adoptada por la empleadora y que fuera alegado por ésta, aclaró que más allá de no hallarse acreditado dicho alcance, aquella circunstancia no la hubiera tornado de por sí lícita.
Dicho ello, y atendiendo a lo resuelto por esta Corte en la citada causa L. 123.979, "Zarzuelo", en lo principal, sostuvo que correspondía readecuar la decisión del caso a lo allí resuelto. Con ello, afirmó que la actitud asumida por la Dirección Provincial accionada le otorgaba derecho al trabajador a exigir el restablecimiento de las condiciones preexistentes, en consecuencia, ordenó el cese del cambio dispuesto y el restablecimiento de las condiciones laborales del accionante que se vieron afectadas, debiendo abstenerse la empleadora de modificar elementos del núcleo del contrato de trabajo, en especial el lugar y tareas, debiendo mantener al trabajador en las oficinas de la demandada que siguen funcionando en el Puerto de Dock Sud, en favor de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias.
Así, juzgó que correspondía transformar en definitiva la medida cautelar dispuesta.
II. Una vez más, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 31, 75 incs. 12, 22 y 23, 99 inc. 3, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 62, 66, 68 y concordantes. de la ley 20.744; 44 inc. "d", 47, 63 y concordantes. de la ley 11.653 y 34 inc. 4, 68, 163 incs. 5 y 6, 266 in fine, 363, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 19-IV-2024).
Denunciando la configuración del vicio de absurdo, objeta que el a quo pese a señalar que la accionada obró legítimamente conforme el decreto 13/19, estableciera que su actitud frente al actor resultó jurídicamente reprochable.
Manifiesta que la conclusión del tribunal que indicó que la demandada no probó que todos los trabajadores de la Dirección provincial de Actividades Portuarias de Dock Sud fueran transferidos provisoria o definitivamente, a otros lugares de trabajo, es fruto de una errada apreciación del caso —en sustancia, de las posiciones asumidas por los litigantes en sus escritos introductorios— y de la aplicación de las reglas que rigen el onus probandi, al asignarle —a su juicio— ilegítimamente la carga de acreditar hechos o afirmaciones que correspondían a la otra parte, vulnerando el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial. En ese discurso, destaca que —contrariamente a lo resuelto—, la parte actora no acreditó los extremos con los que fundó su pretensión.
Además, alega que en el veredicto se dijo que no se acreditó que la accionada hubiera ofrecido al actor compensar o, en su caso, compensara efectivamente, el costo y tiempo de transporte, causados por los cambios, sin embargo, destaca que esa manifestación resultó neutralizada por aquella otra establecida en la sentencia en contradicción, según la cual consideró que no constaba en autos que el actor hubiera comenzado a prestar tareas en la localidad de Ensenada.
Asegura que el tribunal incurrió en otro yerro, en tanto si bien juzgó en el veredicto que no resultaba un hecho controvertido que por el decreto 13/19 se dispuso a partir del 12 de abril de 2019 que la administración y explotación del Puerto de Dock Sud iba a estar a cargo del mencionado Consorcio de Gestión, impuso a su parte reinstalar al trabajador en las oficinas de aquel lugar, obligación que es de imposible cumplimiento.
Refiere que, ante lo solicitado en la demanda, en su contestación la demandada negó que sus oficinas siguieran funcionando en el Puerto de Dock Sud, adjuntando prueba al respecto, que aduce, fue reconocida por la contraria. Agrega, que el actor tampoco aceptó ser transferido para prestar tareas bajo la dependencia del Consorcio.
Entiende que, sobre esa base fáctica, el a quo sostuvo que el fundamento del accionar de la demandada fue legítimo (sustentado en el decreto antes citado), no obstante, juzgó que correspondía hacer lugar al reclamo en razón de entender configurado un exceso del ius variandi, y en ese discurso, dijo que compartía lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 123.979, "Zarzuelo" (sent. de 27-II-2023), cuando en este precedente —explica— no se impuso una solución definitiva al conflicto. Adiciona que, contrariamente a lo fallado en el caso, en precedentes análogos, el tribunal del trabajo actuante acertadamente advirtió la imposibilidad del restablecimiento de las condiciones preexistentes peticionada por el actor.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que determinar si se ha configurado —o no— el ejercicio abusivo del ius variandi, es materia reservada al tribunal de grado y la conclusión que al respecto este exponga solo puede revisarse en sede extraordinaria si se acredita la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-II-2023; L. 124.375, "Urien", sent. de 20-VIII-2024; e.o.).
La configuración del absurdo requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024; L. 130.127, "Botbol", sent. de 16-XII-2024; L. 129.380, "Sartorelli", sent. de 8-II-2025; e.o.).
III.1.b. Con sujeción a los términos de la impugnación, es posible anticipar la ineficacia de los embates que trae el recurrente a los fines de derribar aquella definición que encontró que en la especie se había hecho un uso ilícito del ius variandi.
III.1.b.i. Como hubo de describirse, surge del pronunciamiento de grado que si bien el tribunal laboral expresó que la demandada había fundado su accionar "legítimamente" en lo ordenado en el decreto provincial 13/19, sostuvo que la medida adoptada, en lo que concernía al concreto caso del demandante de autos, excedía el ámbito del ius variandi, pues significaba una modificación de los términos contractuales que afectaba la indemnidad de dicho trabajador, quien habría de ser trasladado de su lugar de trabajo en el Puerto de Dock Sud hacia el ubicado en la localidad de Ensenada. Y es en ese marco que valoró especialmente que la intempestiva modificación no había sido notificada formalmente al accionante con la debida anticipación, ello, considerando la distancia entre el nuevo sitio en el que debía cumplir sus labores y el anterior; y resultando que —además— la medida no había sido dispuesta para la totalidad de los trabajadores que se desempeñaban en el primigenio lugar; todavía, señaló que tampoco se hallaba acreditado que la demandada hubiera emplazado al trabajador a fin de que manifieste su voluntad de ser transferido al Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud o su negativa.
Luego, y más allá de ciertas expresiones que empleó el tribunal de la instancia y que fueron tomadas por el recurrente para edificar su discurso, no se logra acreditar la configuración del excepcional yerro que al respecto se ha denunciado en este segmento de la impugnación. Es que el sentenciante hubo de valorar legítimo el fundamento empleado por la accionada en su proceder —en tanto encontraba sostén en aquel decreto local—, sin embargo, no se observa que ello puede valer como un impedimento lógico, como un señalamiento que colisione con la ponderación que luego realizó detallando los incumplimientos en los que aquella —así juzgó— hubo de incurrir a la hora de implementar el cuestionado cambio en el puntual marco contractual que la vinculaba con el señor Barrios y según las particulares circunstancias fácticas de las que da cuenta el veredicto de autos.
En rigor, la crítica esgrimida por el recurrente solo se traduce en una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, técnica ineficaz a los fines pretendidos (causas L. 119.766, "Pantano", sent. de 13-X-2020; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023 y L. 128.498, "T., O. A.", sent. de 28-X-2024).
III.1.b.ii. De suyo, tampoco evidencia el quejoso la alegada violación de la regla relativa con la carga de la prueba, ni ciertamente, una absurda ponderación de los escritos constitutivos del proceso.
Ningún argumento directo y eficaz trae dirigido a reflexionar acerca de aquella aseveración volcada en la defensa ensayada por la accionada al contestar la demanda, en la que afirmó que el traslado del trabajador había obedecido a una "medida de alcance general", y que, en consecuencia, el supuesto de autos encuadraría en la excepción prevista en el segundo párrafo del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo —en su texto aplicable al caso— (v. fs. 49 del mencionado escrito).
En este contexto, no se verifica la alegada transgresión cuando el sentenciante sostuvo —sin otro agregado— que no había quedado demostrado "...que todos los trabajadores de la Dirección Provincial de Actividades Portuarias del Dock Sud fueran transferidos provisoria o definitivamente, a otros lugares de trabajo" (v. vered. pto. 3).
Cabe recordar que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial solo se viola cuando el juez atribuye a una de las partes la carga de probar hechos cuya acreditación correspondía a la otra (causas L. 125.639, "Mendoza", sent. de 1-VIII-2023; L. 126.500, "Astrain", sent. de 3-VI-2024; L. 129.381, "Rojas", sent. de 15-X-2024; e.o.), yerro que, vale recalcar, no logra ser acreditado en la especie.
III.1.c. Otro tanto cabe decir en lo tocante a la impugnación anidada en la compensación vinculada con el cambio en las condiciones de trabajo.
La recurrente soslaya que en esta cuestión el tribunal principió por señalar que no lucía acredi
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