Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127263
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.263, "Basualdo Lozano, Andrea Antonela Sabrina contra Municipalidad de Campana. Reinstalación (Sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate Campana, desestimó la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 19-VIII-2024).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-IX-2024).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen presentado electrónicamente en fecha 25-IV-2025), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado rechazó la acción promovida por Andrea Antonela Sabrina Basualdo Lozano contra la Municipalidad de Campana, mediante la cual reclamó el restablecimiento de las condiciones de trabajo que entendió alteradas y —en esencia— el pago de los haberes devengados durante el ejercicio de su actividad sindical (v. sent. de fecha 19-VIII-2024).
Para así resolver, juzgó no controvertido que las partes estuvieron unidas por una relación de empleo público enmarcado en la ley 14.656 y en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a los trabajadores municipales de Campana, y que la señora Basualdo Lozano fue electa como Secretaria de la Mujer y la Familia en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana con mandato desde octubre de 2019 a octubre de 2023. También estableció acreditado que, una vez asumido su cargo, la accionante suspendió la efectiva prestación de tareas en favor de su empleadora, contexto en el que esta última dejó de abonar los haberes mensuales, motivando el reclamo actoral.
Sentado ello, consideró que resultaba aplicable al caso la Ley de Asociaciones Sindicales que, en su art. 48, dispone que los trabajadores que dejan de prestar servicios por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, tendrán derecho a gozar de licencia automática sin goce de haberes. Refirió que esta norma garantiza la total libertad sindical y transparencia e integridad de la acción sindical, toda vez que el pago de haberes debe ser abonado durante el lapso de su mandato por la asociación gremial que representa.
A partir de allí, sostuvo que si bien el art. 53 de la convención colectiva para los trabajadores municipales de Campana establece que el dependiente afectado a tareas específicas de índole sindical gozará de licencia paga sin afectación de su salario normal y habitual durante el tiempo que se mantenga en tal afectación, dicha estipulación colisiona con una norma de carácter federal obligatoria para todas las provincias y comunas (art. 31, Const. nac.). En tal línea, refirió que una disposición de rango inferior no puede contradecir a una de categoría superior en razón del principio de supremacía del derecho federal y, por ello, entendió que el pretendido art. 53 del mencionado Convenio Colectivo es inaplicable.
Concluyó que el accionar de la Municipalidad de Campana resultó ajustado a derecho, pues —indicó— no modificó condiciones de trabajo ni vulneró garantía alguna de estabilidad sindical con relación a la actora, sino que suprimió el pago de haberes ante la no prestación de tareas, de conformidad con lo establecido en el art. 48 de la ley 23.551. En base a ello, rechazó la demanda interpuesta.
A continuación, con el fin —dijo— de zanjar la totalidad de las cuestiones traídas a debate, tuvo por admitido el hecho nuevo denunciado por la accionada, referido a que la actora se acogió al régimen de retiro voluntario estatuido por el decreto 661/17, rescindiéndose de esta forma la relación de empleo público habida entre las partes.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 3-IX-2024).
En la vía extraordinaria de nulidad, con denuncia de transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, la recurrente sostiene que el órgano de grado incumplió con las formalidades que debe guardar el pronunciamiento y, en consecuencia, sentenció sin la debida formulación del acuerdo y voto individual sobre los hechos relevantes para adoptar la decisión. En tal sentido, afirma que siendo el emisor del pronunciamiento un órgano colegiado, debió dictar el correspondiente veredicto.
Concluye, con cita de doctrina legal, que el quebrantamiento al requisito de forma impuesto por las normas de la Constitución provincial queda evidenciado y acarrea la declaración de nulidad del pronunciamiento.
III. A mi modo de ver, el medio de impugnación bajo examen no debe prosperar.
III.1. Liminarmente cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023 y L. 131.725, "Reginald Lee S.A.", sent. de 14-VII-2025).
III.2. En este marco, no acierta la recurrente al denunciar que la decisión de grado ha quebrantado el citado art. 168 de la Constitución provincial.
III.2.a. Es del caso señalar que esta Suprema Corte dictó el 2 de julio de 2024 la resolución 1.840 —registrada el 3 de julio de 2024, publicada en su página web, el 4 de julio del mismo año, y en el Boletín Oficial 29.675 (de fecha 10-VII-2024)—, que dispuso la aplicación inmediata de las normas de la ley 15.057 replicadas en su "Anexo", aun respecto de los tribunales colegiados del fuero laboral (conf. art. 2).
En tal contexto, indicó que cuando ciertos preceptos originales de dicha normativa contengan expresiones vinculadas con la actuación de un órgano unipersonal, deberá entenderse —en virtud de la realidad actual del fuero— que se refiere al tribunal o, en su caso, a los tribunales de trabajo (v. cons. 4º, resol. cit.).
III.2.b. En el capítulo V del referido Anexo se incluyen los arts. 53 a 59 que establecen las pautas para la designación y celebración de la audiencia de vista de la causa y, en lo que resulta de relevancia para resolver el recurso traído, la forma y contenido que debe guardar la sentencia definitiva.
Concretamente, el art. 57 —de aplicación al caso— establece los recaudos que el pronunciamiento debe contener.
III.2.c. En atención a que actualmente el fuero laboral provincial está conformado por los tribunales de trabajo de única instancia, la manda legal debe conjugarse con el art. 168 de la Constitución provincial, que reclama respecto de dichos órganos colegiados que los jueces que los integran den su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Y por regla, la formalidad del acuerdo es requisito para la validez del fallo, pues sin él no puede considerarse cumplida dicha disposición constitucional, en cuanto —precisamente— impone la exigencia del acuerdo previo y voto individual de los magistrados a fin de dejar establecida la mayoría de opiniones que determinará la sentencia definitiva (causa L. 115.521, "Cepeda", sent. de 26-VI-2013; e.o.), sin que la coincidencia o discrepancia pueda establecerse por vía de implicancia (causas L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 117.128, "RománÁvalos", sent. de 18-VI-2014; L. 121.535, "Rivadeneira", sent. de 27-XI-2019; e.o.).
III.2.d. Sentado ello, sin perjuicio de advertir que el órgano de grado no ha dado estricto cumplimiento con lo establecido en el inc. 4 del referido art. 57 de la ley 15.057 (conf. resol. SCBA 1.840/24), lo cierto es que de la lectura del pronunciamiento no se evidencia la falta de acuerdo y voto individual de los magistrados intervinientes respecto del tema a decidir, sin que corresponda, en razón de la normativa vigente al momento del dictado del pronunciamiento, la emisión del "veredicto" previsto por la derogada ley 11.653.
III.3. Por otro lado, a pesar de haber sido invocado, no se han desarrollado agravios respecto a la presunta transgresión al art. 171 de la Constitución provincial. No obstante, es dable advertir que el fallo de grado se encuentra fundado en expresas disposiciones legales.
III.4. Finalmente, cabe agregar que la falencia de forma advertida en el pronunciamiento no imposibilita —a mi criterio y conforme la solución que propongo— el ejercicio de la facultad revisora de esta casación.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 incs. 2 y 4 de la Constitución provincial; 47, 48 y 52 de la ley 23.551; de los convenios 87, 98, 111, 151, 154 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 1, 48, 56, 57 y 58 de la ley 14.656; decreto 784/16; 2 y 53 del Convenio Colectivo de Trabajo de los Trabajadores Municipales de Campana; ordenanza municipal 6.412/15; 6 ley 26.485; 34, 163 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 3-IX-2024).
I.1. En primer lugar, sostiene que, en virtud de los hechos que no fueron materia de controversia, el tribunal de grado eludió manifestarse respecto de la cuestión relativa a la obligatoriedad de la accionada de ocurrir a la vía sumarísima del art. 47 de la ley 23.551 para hacer cesar los efectos de la tutela sindical. Tal requisito —señala— resulta indispensable para adoptar medidas que modifiquen las condiciones de trabajo de los agentes amparados por el ejercicio de la función gremial, como lo es en el caso, suprimir el pago de la remuneración de la actora a partir del mes de diciembre de 2019.
En tal sentido, invoca violada doctrina legal de esta Suprema Corte vinculada con el deber de instar el denominado proceso de desafuero.
I.2. Refiere que el órgano de grado basó su razonamiento en lo resuelto en el precedente B. 62.971, "Mango" (sent. de 30-XI-2011), doctrina que no resulta aplicable al presente reclamo, pues —alega— al momento de su dictado no se analizaron las implicancias que se derivaron en materia de empleo público a partir de la sanción de la ley 14.656.
Explica que luego de la entrada en vigencia del Régimen Marco de Empleo Municipal, el legislador confirió a los estados municipales de la Provincia la prerrogativa a negociar colectivamente condiciones de trabajo con la organización sindical representativa de su personal dependiente, ello, conforme los lineamientos del convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo.
En tal contexto, afirma que no existe una contradicción entre el art. 53 del Convenio Colectivo aplicable, que dispone el pago de salarios durante la licencia gremial sin prestación del débito, y el art. 48 de la ley 23.551, que releva al empleador de abonar haberes cuando el dependiente deja de prestar servicios por motivos gremiales, sino que la primera tiene preeminencia sobre la segunda en tanto resulta ser una cláusula más beneficiosa nacida de la negociación colectiva. Sustenta su postura en doctrina legal de esta Corte.
Añade que el pronunciamiento es arbitrario toda vez que el juzgador de grado se apartó de la normativa vigente —ley de convenciones colectivas, ley 14.656 y la convención colectiva aplicable— sin declarar su inconstitucionalidad.
I.3. Aduce violada la doctrina de los actos propios en razón de que la accionada Municipalidad de Campana luego de someterse voluntariamente al régimen de negociación colectiva estructurado en la ley 14.656, rehúsa sin fundamento válido el cumplimiento íntegro del convenio originado a resultas de su adhesión a dicha prerrogativa.
I.4. Por último, efectúa consideraciones vinculadas al hecho nuevo admitido, manifestando que la finalización sobrevenida de la tutela no incide con el objeto del juicio.
II. El recurso no prospera.
II.1. No es de recibo el agravio inaugural por el que se postula que el tribunal de origen se abstuvo de contemplar que el empleador debió instar la acción prevista en el art. 47 de la ley 23.551.
II.1.a. En efecto, y aun soslayando el errático discurso que exhibe la crítica al confundir el amparo sindical previsto en el art. 47 de la ley especial con el procedimiento de exclusión de tutela —que tramita por la misma vía sumarísima— establecido en el art. 52 del referido ordenamiento, se advierte que la recurrente construye su crítica a partir de considerar que se acreditó en el fallo que se alteró una condición esencial de la relación de empleo público que vinculara a las partes, cuando en rigor, tal como se indicó en la reseña de antecedentes, el sentenciante meritó que el municipio accionado no modificó las condiciones de trabajo ni vulneró la garantía de estabilidad gremial de la actora, sino que su accionar se ajustó a lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Sindicales.
Siendo ello así, resultan aplicables las directrices que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando —de tal modo— por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (art. 279, CPCC; causas L. 124.375, "Urien", sent. de 20-VIII-2024; L. 120.047, "Solans", sent. de 11-VI-2025; L. 130.818, "Turnes", sent. de 9-X-2025; e.o.).
II.1.b. Y, aún desde otra óptica, no puede dejar de advertirse que es doctrina legal de esta Corte que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.634, "Armada", sent. de 2-XI-2020 y L. 128.626, "Pombiño", sent. de 20-IX-2024) que, si bien fue deducido en autos, los fundamentos que lo nutren se alejan del presente planteo.
Dicha circunstancia, robustece la insuficiencia técnica de esta parcela del recurso.
II.2. Igualmente infructuosas lucen las restantes objeciones formuladas en el embate.
De la mera lectura del pronunciamiento se advierte que el sentenciante no fundó ni apoyó su decisión en la doctrina que la interesada identifica y esgrime erróneamente aplicada (a saber, causa B. 62.971, "Mango"). De allí que el desarrollo argumental que despliega deviene inatendible.
Asimismo, se impone puntualizar que los agravios reseñados en los apartados I.2. y I.3. devienen novedosos y fruto de una reflexión tardía en tanto, contrariamente a lo que postula la impugnante, fue la accionada quien fundó su defensa en lo resuelto en aquel precedente, destacando que allí este Superior Tribunal al analizar un idéntico conflicto normativo, resolvió por la aplicación del dispositivo superior y "...ratifico el carácter ilegitimo de una erogación que, pese a estar autorizada por una norma local -Ordenanza- aparece vedada en el marco de una norma nacional de mayor jerarquía." (contestación de demanda, pág. 10), ello, en referencia a lo normado por el art. 48 de la ley 23.551.
De lo expuesto se colige que, bien pudo la interesada —y no lo hizo— introducir el argumento vinculado con la preeminencia de una norma sobre otra por contener una cláusula más beneficiosa, como aquel otro referido a la violación de la doctrina de los actos propios, en la oportunidad de contestar el traslado previsto por el art. 29 de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de fecha 1-II-2021).
En tales condiciones, y sin abrir juicio sobre el grado de acierto de lo decidido en la instancia, cobra virtualidad la doctrina que establece que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, los argumentos novedosos —fruto de una reflexión tardía— toda vez que no fueron introducidos oportunamente como objeto de decisión del tribunal de origen (causas L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 131.961, "Garrido", sent. de 27-X-2025; e.o.).
II.3. Finalmente, cabe señalar, que lo reseñado en el apartado I.4. de la presente, no tiene entidad de agravio en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. En virtud de lo expuesto, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/05/2026 09:47:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2026 11:02:17 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:32:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:19:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 12:51:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/05/2026 15:00:39 hs. bajo el número RS-56-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia