Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123784
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener al actor por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 24 de septiembre de 2020;
2Tener por no presentado el escrito electrónico de la Asesora de Incapaces, de fecha 13-X-2020, reputándose inoficiosa dicha actuación y 3) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 123.784 "G. P. G. C/ V. A. K. S/ REINTEGRO DE HIJO"
I. Con la presentación del 28 de septiembre del 2020 realizada por la doctora Bosso -letrada apoderada del actor-, téngase por cumplida la intimación dispuesta el día 24 de septiembre del corriente año.
II. La doctora Puente, en su carácter de Abogada del niño I. G. y del joven T. G., deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, en sustento en la falta de definitividad de la cuestión traída a discusión, declaró mal concedidos los de nulidad e inaplicabilidad de ley articulados (v. resol. de 4-III-2020, escrito electrónico del 20-V-2020 y del 22-VI-2020 y su archivo adjunto "INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL").
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente revocó el fallo de origen que -a su turno- hizo saber a las partes que correspondía diferir el tratamiento de la petición formulada para una vez llevada a cabo la medida para mejor proveer dispuesta en el marco de los autos conexos. En tal sentido, consideró que no mediaban -en la especie- elementos que habiliten al judicante a postergar, ni revisar lo resuelto en cuanto a un modo convivencial alternativo para T. e I. con motivo de las evidentes dificultades que pesan sobre sus progenitores (v. providencia de 29-III-2019 y sent. de 19-IX-2019).
III. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la vulneración de garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (arts. 16, 18, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2, 3, 6, 8, 9, 12, 19, 24, 28 y 29, CDN; 8, CADH y la Opinión Consultiva OC-17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; v. trámite "Recurso Federal -deduce", de fecha 22-VI-2020 y adj. cit. págs. 2/3, 7/9, 25, 27/29, 33/34 y 37) .
III.1. Sostiene que la sentencia atacada resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, apartándose de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, declaró mal concedidos los remedios de inaplicabilidad de ley y nulidad, al ponderar que la decisión del a quo no era definitiva. Y agrega que -a su entender- el fallo objetado no consideró la doctrina de la propia Corte Suprema nacional que tiene como prioridad el tratamiento de los recursos extraordinarios en donde se encuentra en litigio el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Agrega que no debieron imponerse limitaciones de orden local al abordaje de las cuestiones federales que entiende planteadas en el caso, con sustento en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478; v. págs. 2 y 7/8, adjunto cit.).
Aduce, asimismo, que la decisión impugnada resulta ambigua, en tanto convalidó la sentencia del Tribunal de Alzada que, por un lado, se apartó de las garantías constitucionales que protegen el interés superior del niño y, por el otro, vulneró el principio de división de poderes que hace al sistema democrático de gobierno. Ello, al aplicar una medida de abrigo contraria -según su punto de vista- a lo dispuesto por la ley provincial 13.298, con la consecuente afectación de los derechos humanos inalienables de sus asistidos (v. págs. 7/8, adjunto cit.).
Y agrega, que dicha ambigüedad también surge de la exhortación que se hizo a los órganos intervinientes -fueros de familia y penal- a ordenar la tramitación de los expedientes y resolver en forma definitiva sobre la situación de los niños. Ello pues, solo se revictimiza a los nombrados, con nuevas pericias psicológicas, máxime considerando que el mismo organismo provincial de Niñez ya se ha expedido en contra de dichas medidas (págs. 7/10; 34/37 soporte digital cit.).
III.2. Finalmente, y en sustento de su postura, cita precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (Fallos: 329:40449; 315:1586; 331:2720; 341:1733; 324:1590; 333:1776; 341:84; 336:908; 330:2826; 329:3673 y 329:1541). Asimismo, reitera los argumentos vertidos en los remedios locales referidos a la violación a la ley o doctrina legal emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad del fallo de la Cámara, en tanto -entre otras cuestiones- hizo uso en sus considerandos de pericias psicológicas del expediente de cuidado personal, de las que no tuvieron conocimiento las partes, ni quedaron concluidas.
Reproduce, también, las denuncias de interferencia en el marco de acción del Poder Ejecutivo, así como de violación de la cosa juzgada, al hacer caso omiso -a su modo de ver- a la sentencia del Máximo Tribunal nacional de fecha 18 de diciembre de 2018. Agrega que, en dicho pronunciamiento se instó -en base a lo dictaminado por el Defensor General Adjunto- al magistrado interviniente en las actuaciones conexas, al dictado de sentencias integrales, lo que implicaría, a su entender, decisiones que protejan todos los derechos de sus defendidos, teniendo como consideración primordial su interés superior y una efectiva tutela de los mismos (v. págs. 21/34, soporte digital cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. resols. electrónicas de fecha 17-VII-2020 y 24-IX-2020) el mismo fue contestado por la letrada apoderada del señor G. (v. escritos electrónicos de fecha 3-VIII-2020 y 28-IX-2020), por la demandada (v. escrito electrónico y pdf adjunto de fecha 13-X-2020, a las 8:24:54 hs.) y por la Asesora de Incapaces (v. presentación electrónica de fecha 13-X-2020, a las 13:18:39 hs).
IV.1 Respecto a lo manifestado en el punto III.c del escrito de la accionada, estése a lo establecido en el punto 1 de la resolución registrable del 24-IX-2020 y la vía señalada en el considerando IV de dicha decisión (arts. 202 y sigs. CPCCN).
IV.2 En relación a la última contestación -Asesora- cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito referido a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2/7, v. pdf adjunto; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN).
V.1. Respecto de la vía federal incoada, corresponde señalar que las cuestiones vinculadas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a temas de hecho y prueba no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte para declarar mal concedidos los remedios locales, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en el apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros).
Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la interesada se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y del emitido por la Cámara interviniente- y a reiterar los cuestionamientos que sustentaron los recursos locales (v. págs. 21/34 soporte digital cit.).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 16, 18, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 2, 3, 6, 8, 9, 12, 19, 24, 28 y 29, CDN; 8, CADH y opiniones consultivas citadas; v. adj. cit. págs. 2/3, 7/9, 25, 27/29, 33/34 y 37), así como la simple mención de los precedentes "Strada" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490 y 311:2478; v. pág. 2) no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.742, "Vampa", resol. de 6-IX-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener al actor por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 24 de septiembre de 2020; 2) tener por no presentado el escrito electrónico de la Asesora de Incapaces, de fecha 13-X-2020, reputándose inoficiosa dicha actuación y 3) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/10/2020 16:01:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2020 19:55:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2020 12:15:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2020 13:16:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2020 09:59:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2020 13:34:26 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia