Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa JU 5349 2013
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas de Azada al demandado recurrente vencido (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
Expte. n°: JU-5349-2013 VAN HORN OSVALDO JOAQUIN Y OTROS C/ LALLA JUAN CARLOS Y OTROS S/REIVINDICACION
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N° Orden: 160
Libro de Sentencia nº: 60
En la ciudad de Junín, a los 29 días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-5349-2013 caratulada: "VAN HORN OSVALDO JOAQUIN Y OTROS C/ LALLA JUAN CARLOS Y OTROS S/REIVINDICACION", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
I. A fs. 394/398 la Sra. Jueza Dra. Morando hizo lugar, con costas, a la demanda que por reivindicación entablaron Alba Carmen, Margarita Adriana, Miguel Angel y Osvaldo Joaquín Van Horn ( hijos de Alba del Rosario Paz de Van Horn, titular beneficiaria del régimen de regularización dominial ley 24.374 según escritura de relación de antecedentes art. 6° del 10/3/1998 fs. 11/14, con declaratoria de herederos inscripta en relación al inmueble fs. 20) contra Hugo Oscar, Juan Carlos y Luis Lalla, respecto del inmueble sito en Ituzaingo n°150 de Chacabuco cuyos datos catastrales y dominiales identifica, ordenando su restitución bajo apercibimiento de lanzamiento.
Para resolver de esa forma desestimó las excepciones de falta de legitimación y de prescripción opuestas, señalando que los actores han justificado la titularidad del dominio en su cabeza; que la escritura de relación inscripta hace plena fe - habida cuenta la fugaz suerte del incidente de redargución de falsedad que entablaron en el que se decretó la caducidad de instancia- , debiendo tenerse por acreditada la posesión de la Sra. Alba del Rosario Paz al menos hasta la fecha de la constatación el 10 de marzo de 1998; que la misma falleció el 3 de julio de 2009 en ese mismo inmueble y que la documentación que agregaron llega hasta la fecha de inicio de la posesión de aquella en el año 1983.
Apeló Hugo Oscar Lalla (ver fs. 399) expresando sus agravios a fs. 408/411.
El cuestionamiento se centra en que la sentenciante no se ha pronunciado sobre la validez de lo que denomina "transmisión de dominio mediante la ley Pierri", argumentando que, conforme declaraciones testimoniales que transcribe, la posesión de los demandados se ha mantenido en forma permanente y continua desde 1969, por lo que resulta insuficiente un título que les resulta inoponible aunque esté inscripto posterior a esa posesión (art. 2789 CC). Señala que el procedimiento de la ley 24374 subrepticia y unilateralmente iniciado falseando la realidad no satisface en el caso la procedencia de la acción reivindicatoria, citando en su apoyó el fallo de este tribunal recaido en autos 4859-2007 "Torrez Humberto Oscar c/ Torres Mario Pascual y ot. s/ Reivindicación" del 19/2/2013, que a los fines de su conocimiento señalo aparece publicado en Online: AR/JUR/191/2013 y ED 05/11/2013, 1.
Ejerció su derecho a réplica, resistiendo la impugnación, el apoderado de los actores Dr. Memoli a través de la presentación electrónica de fecha 13/6/2019.
Firme el llamado de autos para sentencia de fs. 413, las actuaciones están en condiciones de ser resueltas (art. 263 del CPCC)
II. Conocidas son las discusiones interpretativas - y críticas- a que ha dado lugar la ley 24.374 de régimen de regularización dominial, particularmente en cuanto a los derechos del beneficiario del acta de relación de antecedentes art. 6° inscripta pendiente el plazo decenal desde su registración (que va desde quienes sostienen que se trata de un pseudo derecho real de dominio, un dominio imperfecto a quienes le niegan la condición de justo título v. Gurfinkel de Wendy Derechos Reales To. I p. 469 y ss y Saucedo en esa misma obra to. II p. 1509 y ss ; Kiper Juicio de escrituración p. 167 y ss; Mariani de Vidal-Abella Derechos reales en el Código Civil y Comercial To. 2 p. 299 y ss; Norberto M. Abeledo "El justo título" Rev. del Notariado 854,59) y en lo que hace a los alcances del art. 8° sustituido por la ley 25.797 al establecer la conversión de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido dicho plazo, independientemente de la escritura de consolidación (decreto 181/06 Pcia. de Bs. As. y DTR 2/2011). Sobre ello, y en el sentido de que la adquisición por un procedimiento administrativo-notarial-registral no tiene el alcance de operar con total independencia de la relación real base de la usucapión, prescindiendo de la realidad extrarregitral, cual se tratara de una prescripción liberatoria o lisa y llanamente tabular, me expedí en el mencionado precedente respecto de un pronunciamiento dictado por la misma sentenciante de grado.
Sin embargo, la plataforma fáctico-probatoria de ambos procesos resulta muy diferente, por lo que más allá de la insuficiencia del análisis efectuado del título como causa idónea ad transferendum dominium como presupuesto de la acción reivindicatoria (arts. 2758, 2774, 2789 a 2792 del CCivil aquí aplicable art. 7 CCyCN; Alterini Acciones reales p. 100), adelanto he de coincidir con la solución que adoptó.
Es que a diferencia de los hechos acreditados en aquel proceso relativos a la propia admisión del titular inscripto en cuanto a la inexactitud de los antecedentes relacionados y a actos cumplidos por el demandado a los que se asignaron efectos de una oposición de quien se consideraba con derecho en los términos del art. 8, aquí no sólo no se ha demostrado un falseamiento del procedimiento sino que lejos de haberse articulado una acción para enervar en tiempo oportuno la adquisición por prescripción decenal a partir de la registración de ese acta, expresamente se ha admitido que la Sra. Paz habitó el inmueble hasta su fallecimiento en el año 2009 , es decir ya expirado el plazo para la adquisición del dominio (arts. 2524 inc. 7 y 3999 CC).
Mencionaba en aquella sentencia, citando el trabajo "Titulación de contenido social y regularización dominial en la República Argentina" publicado en Revista Notarial n° 959 año 2008 p. 434 que los pocos casos de oposición y judicialidad, en su mayoría "se refieren a conflictos entre familiares respecto del derecho esgrimido sobre el inmueble por el beneficiario" Indudablemente este es el caso en que hijos del conviviente de la poseedora, fallecidos ambos, se alzan contra los alcances de aquel procedimiento, aduciendo un acto de hospitalidad de su parte como poseedores hacia aquella, pretendiendo enervar los elementos que dieron lugar a aquella acta de constatación de posesión y la continuidad de la causa de su detentación (arts. 2353,2354 CC) no solo extemporáneamente sino también en forma inconducente para desbaratar la hipótesis igualmente factible de habitación conjunta permitida por la Sra.Paz por la familiaridad en el trato que los ligaba.
Además, como bien apuntó en este punto la Sra. Jueza, la prueba documental se remonta a años anteriores a la posesión denunciada por la Sra. Paz, sin que se hayan aportado elementos que permitan concluir una interversión del título por parte de los demandados (art. 2458 del CC) y por ende menos aún que desde que ello aconteciera transcurriera el plazo vicenal prescriptivo (arts. 4015, 4016CC) para enervar la acción reivindicatoria de los herederos de quien convirtió su derecho en dominio.
En base a los fundamentos expuestos doy mi voto POR LA AFIRMATIVA .-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
CONFIRMAR la sentencia apelada. Con costas de Azada al demandado recurrente vencido (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
ASI LO VOTO .-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 29 de Agosto de 2019.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve:
CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de Azada al demandado recurrente vencido (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley arancelaria).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia