Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 166757
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada el día 21-3-2018 a fs. 865 y confirmar la sentencia de fs. 856/861 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas a los apelantes habida cuenta el principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N ° 77-S FOLIO N° 414/7
EXPEDIENTE N° 166757 JUZGADO N ° 1
En la ciudad de Mar del Plata, a los 1 días del mes de abril de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "MARTIN, JUAN CARLOS Y OTRO C/ HEREDEROS DE MACHADO PEDRO HECTOR Y OTROS S/ REIVINDICACIÓN " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el 20-2-2018 a fs. 856/861?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:
I. En el fallo apelado el Sr. Juez a quo rechazó el planteo formulado por la parte demandada referido a la inexistencia de las presentaciones efectuadas por el Dr. Macrelli a fs. 99, 109, 186, 191, 199, 206, 210, 216, 223, 228, 231 y 241 por carecer de la firma de los patrocinados y sólo haber sido suscriptas por el letrado.
Para así decidir, estableció en primer lugar que para resolver el caso correspondía aplicar el anterior Código Civil (en adelante ley 340).
Manifestó que los escritos de fs. 99, 109, 199, 210, 216, 223, 228, 231 y 241 son de "mero trámite" conforme lo establecido por art. 56 inc. "c" de la ley 5.177 reformado por la ley 13.419 y el Acuerdo n° 3842 de la S.C.B.A. del 8-3-2017, por lo que el letrado se encontraba habilitado para presentarlos con su sola firma.
En relación a los escritos de fs. 186/189, 191/192 y 206/207, expuso que si bien no son de mero trámite ni medió una intimación del juez para reparar el defecto que contenían (art. 2 del Ac. 3842 de la S.C.B.A.), lo cierto es que el poder adjuntado a fs. 243/245 implicó la subsanación de las referidas presentaciones, a la par que el escrito de fs. 206/207 no causó efecto ni beneficio alguno a la parte actora.
Agregó que el planteo de inexistencia fue efectuado mucho tiempo después de conocer las deficiencias de las presentaciones cuestionadas y una vez dictada la sentencia definitiva, por lo que la realización de actos tendientes a obstaculizar el curso normal del proceso ponía en evidencia una actitud reñida con el deber de buena fe y lealtad procesal.
Impuso las costas en el orden causado por los fundamentos antedichos y por ser una cuestión dudosa de derecho.
Seguidamente, rechazó el planteo de nulidad del art. 48 del C.P.C. articulado por la parte demandada con costas, toda vez que la cuestionada invocación de fs. 204 por parte del Dr. Macrelli, fue ratificada en término a fs. 218.
II. El 21-3-2018 a fs. 865 apeló la parte demandada.
En el memorial presentado el día 5-4-2018 a fs. 867/869 alegó, en primer término, que no correspondía aplicar retroactivamente la Ac. 3842 de la S.C.B.A. del 8-3-2017 para establecer qué escritos son de mero trámite y cuáles no, toda vez que sus efectos operan después de la fecha de su promulgación.
Afirmó que al tratarse de actos inexistentes por carecer de algún elemento esencial, éstos no son confirmables ni prescriptibles, no producen efecto alguno, pueden ser declarados de oficio y planteados en cualquier etapa del proceso, todo lo que los diferencia de los actos nulos.
Manifestó que la interpretación del juez en relación a que el poder agregado con posterioridad saneó las presentaciones cuestionadas, soslaya los principios elementales del derecho y la seguridad jurídica en los procesos, pues no puede convalidarse actos inexistentes.
Se quejó de la advertencia del juzgador en torno a la oportunidad del planteo por considerar que limitaba su labor defensiva.
Por todo ello, solicitó se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. La parte actora contestó los agravios el día 23-4-2018 a fs. 871/874. Pidió el rechazo del recurso de apelación articulado con costas a los apelantes, conforme los argumentos de hecho y de derecho esbozados, a cuyos términos me remito por razones de economía procesal (art. 34 inc. 5° del C.P.C).
IV. ANTECEDENTES:
a) Este proceso fue iniciado el día 30-5-2008 por los Sres. Juan C. Martín y Susana B. Martín con el patrocinio letrado del Dr. Roberto J. Macrelli, con el objeto de reivindicar la posesión de un inmueble contra los Sres. Pedro H. Machado, Elsa E. Medero, Paula V. Machado y Marcelo S. Machado (v. fs. 52/57).
b) Los demandados se presentaron con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo Andriotti Romanin a resistir la pretensión entablada en su contra (v. fs. 159/165 y 171/175)
c) Abierto el juicio a prueba en el año 2013 (fs. 322) y habiéndose producido la ofrecida por las partes en los respectivos cuadernos formados al efecto (v. fs. 324/236 y 328/330), con fecha 10-4-2017 se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda, condenándose a los accionados a reintegrar la posesión del inmueble en cuestión (v. fs. 814/821).
d) Luego de la renuncia al patrocinio formulada por el Dr. Eduardo Andriotti Romanin, los demandados se presentaron el día 6-10-2017 (fs. 850/851) con el nuevo patrocinio de la letrada Claudia Marisa Ferrufino a peticionar la declaración de inexistencia de una serie de escritos que habían sido firmados exclusivamente por el Dr. Macrelli (sin firma de los patrocinados, desde fs. 99 a fs. 241, abarcativo del período que va del 19-5-2010 a 11-11-2011), aclarando que el poder general judicial adjuntado a fs. 246 otorgado el 14-11-2011 no podía convalidar dichos actos inexistentes.
e) Así fue como el juez, traslado mediante, rechazó el incidente que ahora viene a revisión.
f) Cabe mencionar, por último, que la sentencia fondal adquirió firmeza conforme el pronunciamiento recientemente dictado por este Tribunal a fs. 884/885 (RSD 286 del 11-12-2018)
V. TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS.
La firma de las partes constituye condición esencial para la existencia del acto, por lo que los escritos judiciales deben contener -si se litiga por derecho propio-, la firma del peticionario y la de su letrado patrocinante (arts. 951, 1012 y cctes. de la ley 340; 7 del CCyC; 118 inc. 3° del C.P.C.; esta Sala en causa n° 155.813 RSD 131 del 28-4-2014)
La C.S.J.N. ha señalado que aquéllos que fueran presentados sin el cumplimiento de tal recaudo carecen de toda eficacia. Es así que tanto en el supuesto de falta de firma, como en el de firma falsa, corresponde declarar la inexistencia del escrito y, sobre todo, diferenciar tal declaración de la sanción de nulidad, puesto que el acto inexistente no es susceptible de ser ratificado o confirmado, tampoco prescribe, ni produce efecto alguno a su respecto ni de los actos jurídicos posteriores que se encuentran directamente relacionados o derivan de aquél, ya no se le puede otorgar ningún grado de validez, eficacia u oponibilidad (Fallos: 303:1099; 311:1632; 317:767; 328:790)
De igual modo lo ha hecho reiteradamente la S.C.B.A. (vg. Ac. 1975 S. del 5-11-2003, Ac. 97.288 S. del 4-11-2009; entre otros)
Aclaro que aún cuando en el caso no se trata de un justiciable que no firmó los escritos, sino de piezas que fueron presentadas por el letrado sin indicar en qué carácter lo hacía, sin invocar los beneficios del art. 48 del C.P.C. y sin acompañar la firma de su cliente, es el criterio expuesto precedentemente el que resultaría aplicable conforme la doctrina legal indicada (art. 161 inc. 3° a) de la Const. Prov. de Bs. As.).
Sin embargo, este principio -como toda norma- debe aplicarse ante una utilización regular del instituto.
Ello, en el convencimiento que la ley no se agota en las circunstancias generales que en forma expresa ella tematiza como contenidos dogmáticos, más bien comprende también circunstancias generales implícitas. Unas y otras, están dadas para que el juez las impute entre sí y con respecto a las circunstancias particulares del caso y no pueden dejar de ser valoradas a la hora de interpretar las conductas en interferencia (arts. 2, 9, 10 y sstes.del CCyC; esta Sala en causa n° 166.345 RSD 309 del 27-12-2018)
Con base en los parámetros antedichos, en mi modo de ver, la doctrina de la inexistencia de los actos jurídicos no es aplicable al caso, pues sostener que el pedido de declaración de la inexistencia no tiene límite temporal no puede ser llevado al extremo de permitir la especulación de su planteo a las resultas de la sentencia definitiva.
Sobre todo cuando los incidentistas, pese a que muchos años después obtuvieron una sentencia desfavorable a los intereses que proclamaron a lo largo del juicio, no sufrieron menoscabo alguno durante el período abarcativo de los pretensos actos procesales inexistentes (desde el 19-5-2010 al 11-11-2011), no fueron perjudicaron en el acceso a la justicia, en su derecho de defensa ni fueron limitados en su actividad probatoria.
Los accionados conocieron con quién litigaban, quién era el legitimado activo y quién su representante legal; y prueba de ello es el escrito que obra a fs. 184 en la cual el día 24-2-2011 los letrados que patrocinaban a ambas partes, Dres. Macrelli y Andreotti Romanin, se presentaron alegando ser "Abogados" y, sin mayores aclaraciones, solicitaron que se fije una audiencia de conciliación a los fines de acercar las posiciones de las partes, pretensión que mereció el despacho favorable de fs. 185.
Durante estos diez años que lleva el juicio los demandados tuvieron más de una ocasión de advertir la falencia apuntada en un plazo razonable, a lo que cabe agregar que en el incidente articulado no expusieron las razones por las que consideraron oportuno, tan tardío planteo.
A su vez, la existencia de un poder general para juicios otorgado por los accionantes a favor del Dr. Macrelli (v. fs. 243/245 y 254/255) , presentado con posterioridad a la fecha de los escritos cuestionados (arts. 1935, 1936 del CC, conf. ley 340) y agregado a la causa casi siete años antes de haber planteado los demandados este incidente, me convence de que han contravenido la finalidad para la cual ha sido concebida la institución -declaración de inexistencia de acto jurídico- a través de la utilización disfuncional de las prerrogativas otorgadas por el ordenamiento procesal, procurando ocasionar un injustificado perjuicio procesal, con afrenta de los imperativos de probidad, lealtad, buena fe y la doctrina de los actos propios, circunstancias que tornan ostensible su carácter abusivo (conf. Peyrano, Jorge "Abuso del proceso y conducta procesal abusiva", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, n° 16, Rubinzal- Culzoni, 1998, ps. 67 y sstes.).
Y aunque nada obsta a que la sustitución del letrado patrocinante de los demandados realizada el día 4-5-2017 a fs. 837 venga acompañada de un viraje en la estrategia procesal, ello no puede autorizar al nuevo letrado a desentenderse de las constancias de la causa y de lo actuado por la parte con el anterior asesoramiento profesional pues, de ser así, haría incurrir a ésta en una conducta contraria a los actos propios jurídicamente relevantes. (esta Sala en causa n° 150.238 RSD 152 del 7-6-2012, del voto del Dr. Loustaunau)
Máxime cuando la nueva letrada se presentó en la causa luego del dictado de la sentencia de primera instancia, de resultado adverso a los intereses de sus clientes.
La postura de los incidentistas se ubica así en la doctrina de los propios actos con innegable efecto vinculante, habida cuenta que nadie puede enervar la eficacia de actos anteriores jurídicamente relevantes en tanto “ Es inadmisible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces ” (S.C.B.A, Acs. 33.658, 33.130, 34.675, 38.433, entre otros).
Una interpretación contraria, a mi juicio, conllevaría a extender la doctrina de la inexistencia de los actos procesales como los cuestionados, a límites desproporcionados (arts. 1071 de la ley 340; y 2, 9 y 10 del CCyC) afectando severamente la seguridad jurídica, valor fundamental que si bien no es absoluto posee raigambre constitucional y no puede ser desatendido por la magistratura en su tarea hermenéutica (art. 17 de la C.N.; C.S.J.N., Fallos 291:493; 299:373; 308:139, S.C.B.A. en causa n° 97.288 in re “ Chiappetta, y otros. Acción declarativa ” S. del 4-11-2009).
Con todo, concluyo que la sentencia del juez es razonable al haber interpretado las normas en función de sus finalidades y al haber considerado las circunstancias concretas del caso y la conducta procesal de las partes.
Por lo tanto, el agravio referido a la retroactividad de la Ac. 3842 de la S.C.B.A. para establecer qué escritos son de mero trámite y cuáles no, no será abordado por cuanto la materia aparece desplazada por el razonamiento anterior que declaró inaplicable al caso de autos la teoría de la inexistencia de actos jurídicos (argto. S.C.B.A. Acs. 89.081 del 3-3-2010, 97.842 del 3-11-2010; Rcs. 116.768 del 4-7-2012; 108.141 S. del 4-5-2011; 118.201 del 5-3-2014, entre otras)
Finalmente, no es de recibo el último agravio alegado. La conducta llevada a cabo por los demandados al plantear el incidente si bien fue formalmente admisible, fue también contraria al espíritu de la norma que invocaron por ser sustancialmente improcedente, por lo que si mi voto es compartido, deberá confirmarse la sentencia apelada en su totalidad, rechazándose el recurso articulado en su contra, con costas a los vencidos conforme el principio objetivo de la derrota (arts. 68, 69, 242, 245 y cctes, del C.P.C.)
ASÍ LO VOTO.
EL SR. JUEZ DR. ROBERTO J. LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI DIJO:
Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada el día 21-3-2018 a fs. 865 y confirmar la sentencia de fs. 856/861, con costas a los apelantes habida cuenta el principio objetivo de la derrota (arts. 68, 69, 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
EL SR. JUEZ DR. ROBERTO J. LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada el día 21-3-2018 a fs. 865 y confirmar la sentencia de fs. 856/861 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II.- Imponer las costas a los apelantes habida cuenta el principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
ALEXIS A. FERRAIRONE
SECRETARIO
Fin de la sentencia