Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 154409
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaEn Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20.
EXPEDIENTE N ° 154409 JUZGADO N° 3
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "FIORITO COMERCIAL S.R.L. C/ HAVIAR SUSANA S/ REIVINDICACION (2)" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.-
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia del 30/12/2020. ?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. El Juez aprobó la liquidación practicada por las partes en la suma de $ 107.886 -que se corresponden a la conversión de U$S 1.438,48 según la cotización del Banco Nación al 14/7/2020- en concepto de capital e intereses correspondientes a las cuotas de los meses de marzo a julio del 2020 que surgen del acuerdo homologado el 15/7/2019 (fs. 334).
Señaló que si bien la deuda se pactó en moneda extranjera, se acordó que la demandada se desobligaba si abonaba “la cantidad de pesos necesarios para adquirir los dólares que componen cada cuota, según la cotización del día de pago publicada por el Banco de la Nación Argentina” .
En tal entendimiento rechazó la incorporación -como obligación a cargo del accionado- del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) en tanto estimó que la alícuota prevista por el art. 39 de la ley 27.541 no constituye un componente del valor de la divisa conforme su cotización oficial, sino que es un tributo a su efectiva adquisición a cargo del comprador, a percibirse en el momento de concretarse la operación cambiaria (arts. 37 y 38 de la ley 27.541, 18 del decreto 99/2019 y 4 de la Res. General de Afip nro. 4659/20).
Concluyó que el deudor cumple abonando la suma de pesos resultante de la cotización oficial, quedando a cuenta de la actora el pago del gravamen para el caso en que decida adquirir la moneda estadounidense.
II. Los agravios fueron expuestos mediante la presentación del 9/2/2021 y contestados el 23/2/21.
Alegó que lo decidido genera una disparidad en el acuerdo de partes y en el valor real del objeto de autos.
Señaló que cuando se fija un valor en dólares se hace para garantizar que la sociedad reciba lo que realmente vale su patrimonio, y que éste no se vea afectado por la variación cambiaria y la constante devaluación que sufre nuestra moneda a diario.
Consideró que la expresión incorporada en el convenio respecto a que la demandada abonaría “la cantidad de pesos necesarias para adquirir los dólares que componen cada cuota…” , hace que por sí se entienda que se deben aplicar todos los gravámenes e impuestos que se requieran para la adquisición de la moneda extranjera. Caso contrario, se estaría entregando un valor inferior.
Manifestó que autorizar al demandado a que deposite pesos al tipo de cambio oficial, en lugar de los dólares estadounidenses de acuerdo a la moneda pactada, importa una disminución en el precio de venta en su perjuicio, ya que verá reducido el recupero del valor de su propiedad al recibir un tipo de cambio muy inferior a la realidad cambiaria.
Remarcó que el cambio “oficial” no representa el valor real de la moneda, por lo que el pago calculado por dicho mecanismo no puede ser considerado equivalente a la obligación original y por eso no puede gozar de ninguno de los efectos liberatorios que dispone el Código Civil y Comercial.
Indicó que no existe una imposibilidad absoluta de acceder al mercado cambiario para cumplir en la moneda convenida y que existen diversos mecanismos que permiten hacerse de los dólares a los que no se les aplican las restricciones impuestas por la Comunicación A 6815 del BCRA.
Estimó aplicables las disposiciones contenidas en los arts. 765 y 766 del CCyC en cuanto admiten para el deudor la posibilidad de desobligarse dando el equivalente en moneda de curso legal al tiempo del vencimiento de la obligación.
Concluyó que debe convertirse el saldo adeudado en dólares a la moneda local, conforme el tipo de cambio oficial al que puede acceder el particular para hacerse de moneda extranjera en el mercado que en régimen legal actualmente se conoce como “dólar solidario”.
III. Consideración de los agravios .
1. Conforme el acuerdo arribado en autos el 15/07/2019 la demandada se comprometió a abonar a la actora la suma de U$S 30.000 con más un costo por financiación de U$S 10.000 por la adquisición del inmueble (lote) objeto de controversia.
De acuerdo a lo allí estipulado se pagarían: 12 primeras cuotas de U$S 280 (comenzando del 5 al 15 de enero de 2020 y así sucesivamente todos los meses), 12 cuotas más de U$S 330 y, las restantes 92 de U$S 340,41.
Asimismo se dejó aclarado que “el deudor también se desobliga abonando la cantidad de pesos necesarios para adquirir los dólares que componen cada cuota, según cotización del día de pago publicada por el Banco de la Nación Argentina” (v. acta de fs. 334/335).
2. Fácil resulta suponer que la especie designada para el pago del precio acordado (dólares estadounidenses) ha sido establecida en razón de que es esa la moneda en que cotiza el bien controvertido, pues los bienes inmuebles conservan de ese modo su valor constante (esta Sala en causa nro. 171.468 RSD- 162 del 10/6/2021).
Y, si bien las partes expresamente convinieron la posibilidad de que el deudor se desobligue abonando en una moneda distinta a la pactada, ésta debe representar igual garantía del crédito para su acreedor (argto. arts. 1061, 1064, 1068 y concds. del CCyC)
El hecho de haberse contemplado expresamente el tipo de cambio oficial, no basta para justificar la posición de la demandada de cancelar el crédito mediante una conversión que altera la equivalencia de las prestaciones (argto. Parellada Carlos A., “El derecho y la economía. Sus desencuentros en las obligaciones de dar moneda extranjera” , La Ley 16/11/2016, cita online: AR/DOC/3767/2020).
Tampoco hay porqué interpretar que el equivalente en moneda en curso legal al que alude el art. 765 del CCyC suponga que la conversión deba realizarse según la cotización oficial (Cám. Nac. Civ., Sala J, causa 50716 del 12/07/2021).
3. La cláusula pactada (pago en pesos de acuerdo a la cotización del día del pago publicada por el Banco Nación) no puede ser interpretado en sentido estricto, sino conforme a la intención común de las partes y al principio de la buena fe (art. 1061 del CCyC).
Entonces, si el contravalor fijado por el bien objeto de controversia se estipuló en dólares estadounidenses -por ser ésta la moneda en la que cotizan los inmuebles-, el acreedor únicamente podrá ser satisfecho si obtiene “la cantidad de pesos necesarios” para adquirir dicha moneda.
Es evidente que la conversión de los dólares a la cotización oficial no arroja una suma “equivalente” en pesos que satisfaga el interés del acreedor (Cám. Nac. Civ., Sala J, causa 50716 cit.).
No puede desconocerse que en el “precio” del dólar inciden ciertos “accesorios”, como el “impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria” y la resolución general 4815/2020 de la AFIP que dispone una percepción anticipada del impuesto a las ganancias. El primero es del 30% y el segundo del 35% (Rivera, Julio César, “Cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera: la babel de los tiempos que corren”, La Ley 16-11-2020, 2 La Ley 2020-F, cita online: AR/DOC/3691/2020).
Por lo tanto, si el actor recibiera la suma adeudada pesificada al tipo de cambio oficial lejos se encontraría de obtener la satisfacción de su acreencia, ya que su monto dista bastante del efectivamente requerido para adquirir la divisa estadounidense.
4. A su vez, debe tenerse en cuenta que tales impuestos no se encontraban vigentes al momento en que se celebró el acuerdo (15/07/2019), pues son posteriores a éste (ley 27541 del 23/09/2019 y Res. Gral. Afip 4815/2020 del 16/09/2020).
La equivalencia en la prestaciones debe tener en cuenta que no puede perjudicarse al acreedor, ni ejercerse abusivamente el derecho de sustitución (esta sala en causa 161.853 RSD 253 del 26/8/2021).
5. En virtud de lo expuesto, la conversión de la deuda en dólares tal como lo hizo la parte demandada no refleja el valor de la contraprestación a su cargo toda vez que las limitaciones vigentes ya reseñadas no permitiría adquirir la cantidad de dólares estadounidenses equivalentes a la suma adeudada (Cám. Nac. Civ., Sala F, “A. Anibal E. y ot. c/ V. Carolina M. y ots. s/ Cobro de sumas de dinero ”, agosto del 2021).
Por ello entiendo que no puede aprobarse la liquidación practicada en los términos dispuestos.
Y si bien esta Sala se ha inclinado por la aplicación de la cotización del dólar MEP o del dólar "contado con liquidación" -el que resulte más alto- en supuestos similares al aquí debatido (causas 171.468 y 161 853 cit.) recientemente se establecieron nuevas limitaciones en relación a dicha operatoria (Res. Gral. 2021-907 del 5/10/2021), por lo que ciñendo mi voto a la pretensión deducida y así sustanciada en autos, corresponde disponer que la liquidación a practicarse deberá realizarse de acuerdo a la cotización del llamado "dólar solidario" al día del efectivo pago (https://www.cronista.com/MercadosOnline/dolar.html).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo :
Corresponde: I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el accionante con los alcances indicados y modificar la sentencia debiendo practicarse una nueva liquidación en la que se calculen las cuotas adeudadas de acuerdo a la cantidad de moneda de curso legal que resulte necesaria para adquirir los dólares pactados para cada cuota, tomando para ello la cotización que se obtenga del llamado "dólar solidario" al día del pago. II.- imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento a la índole de la cuestión planteada (art. 68 y 69 del CPCC). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20.
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2021 10:55:19 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2021 11:15:46 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2021 12:26:01 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 27/10/2021 09:29:18 hs. bajo el número RS-34-2021 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia