Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 32773
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSE ACLARA que la regulación de honorarios del 15 de febrero del 2019, resulta parcial DEBIENDOSE regular en la instancia de origen los emolumentos respecto del segundo punto de la parte dispositiva de la sentencia del 26 de septiembre de 2017. Asimismo se modifica, la imposición de las costas por la incidencia de determinación del valor del inmueble, quedando la misma impuesta en el orden causado.
En otro orden de ideas, por la reivindicación que prospera , SE CONFIRMAN los honorarios fijados en la resolución apelada a favor del Dr. Daniel Eduardo DE VINCENTI en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000.-) y, por la negligencia resuelta con fecha 23 de Agosto de 2016 , SE ELEVAN los mismos a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000.-) ; ambas sumas con más la adición legal.-
Finalmente, SE ELEVAN los honorarios fijados a favor de la Mediadora , Dra. María Inés JORGE a la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($116.358.-) , con más la adición legal.-
Sin costas de Alzada , atento a la naturaleza de las cuestiones debatidas (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
Causa Nº MO-32773-2014 R.S. 161/2020
R.H. 92/2020
Con fecha 14 de julio del 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados "GIMENEZ RICARDO ALBERTO C/ SUAREZ GABRIELA CECILIA Y OTROS S/REIVINDICACION", Causa N º MO-32773-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. Contra el decisorio dictado el 15 de febrero del 2019, se alzaron tanto el Dr. Daniel De Vincenti, como la mediadora, la Dra. Maria Ines Jorge, interponiendo, sendos recursos de apelación, los que fueron concedidos en relación a fs. 730 y 731, siendo los mismos fundados con las presentaciones de los dias 13/3/19 y 9/9/19, confiriéndose a fs. 782 el respectivo traslado.-
2. A fs. 795 vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Planteada así la cuestión me avocaré a los agravios traídos.
a.- Agravios del Dr. De Vincenti
El recurrente en primer lugar destaca que la a quo no consideró en el auto regulatorio cuestionado el monto de condena que debe liquidarse según lo resuelto en el segundo punto de la sentencia recaída, vinculada a los daños y perjuicios reclamados por la ocupación indebida.-
La atenta lectura del decisorio hoy atacado, me lleva a coincidir en este punto con el accionante.
Veamos.
Si bien en la primer parte del mismo, se aprueba la liquidación efectuada por tal concepto, posteriormente no se observa que se haya regulado honorarios por dicha acción, solo se fijaron los respectivos emolumentos, por la reivindicación que prosperó, tomándose como base arancelaria el valor de la valuación fiscal del inmueble, incrementada en un 20%.-
A tenor de lo expuesto, solo resta señalar que la mentada regulación de honorarios fue evidentemente parcial por que se ha omitido fijar los correspondientes honorarios respecto de lo establecido en el segundo punto de los considerando de la sentencia del 26 de septiembre del 2017, debiéndose efectuar la misma en la instancia de origen una vez devueltas las presentes actuaciones.
Aclarado ello, el mencionado recurrente también critica tal decisorio, en cuanto le impone las costas por la determinación del valor del inmueble objeto de autos.
De la compulsa de autos advertimos que si bien el Dr. De Vincenti, requirió que se le regularan, oportunamente, sus honorarios teniendo en cuenta el valor real del bien (por ejemplo en la presentación del 13 de agosto del 2018), ello encuentra sustento en el convenio que fuera reconocido por el actor el 19 de septiembre de 2018 y homologado el 2 de octubre del mismo año. Ahora bien, posterior a ello y a fin de que la parte actora pudiera proceder al lanzamiento y se cumpliera con el art. 21 de la ley 6716, el Dr. De Vincenti peticionó que se fijaran los emolumentos sobre la valuación fiscal del inmueble (presentación electrónica del 11 de diciembre del 2018).
Así las cosas, no considero ajustado a derecho imponerle las costas al hoy recurrente, atento que el mismo no reviste el carácter de vencido en la contienda, conforme la directriz que emana del art. 68 del C.P.C.C.
Ello, partiendo de que se encontraba su petición original respaldada por el convenio firmado -posteriormente homologado-, variando su pedido original para facilitar la efectivización de la sentencia para beneficio de la propia actora, en claro desmedro de su expectativa por sus propios emolumentos.
Por lo cual considero que se deberá modificar la mentada imposición de costas, debiendo quedar las mismas adjudicadas en el orden causado (art. 68,2° del C.P.C.C.).-
Ello, sin costas de alzada atento a la nauturaleza del debate (art. 68, 2° p. del C.P.C.C.).-
b) Agravios de la mediadora
La Dra. María Inés Jorge, cuestiona la regulación de sus honorarios por parte de la magistrada de la instancia de origen en contraposición con lo redactado en la ley 13.951 y su decreto reglamentario. Haciendo luego particular hincapié en la tarea del mediador.
Para abordar dicho cuesltionamiento, entiendo oportuno recordar los conceptos expuestos en la causa MO-12.359-2017, R.S. 12/19:
Se decía allí que:
"En orden a dar respuesta a la cuestión planteada, cabe referenciar –de todo comienzo- la normativa específicamente aplicable al caso.-
Según establece el art. 31 de la ley 13.951, “el Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la Mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado. En el supuesto que fracasare la Mediación, el Mediador podrá ejecutar el pago de los honorarios que le corresponda ante el Juzgado que intervenga en el litigio”.
Debemos, entonces y frente a tal remisión legislativa, acudir al Decreto reglamentario.-
Su art. 27, reglamentando el art. 31 de la ley, bajo el título "Honorarios del Mediador" determina que:
“El honorario del mediador judicial será determinado sobre las siguientes pautas mínimas, debiendo abonarse el equivalente en pesos de los jus arancelarios -Ley 8904- que se establecen:
1. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos hasta la suma de pesos tres mil ($ 3.000): dos jus arancelarios. Esta retribución será considerada básica a los efectos del artículo 14 de la Ley N° 13.951.
2. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos tres mil uno ($ 3.001) y hasta seis mil ($ 6.000): cuatro jus arancelarios.
3. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos seis mil uno ($ 6.001) y hasta pesos diez mil ($ 10.000): seis jus arancelarios
4. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos diez mil uno ($ 10.001) y hasta pesos treinta mil ($ 30.000), diez jus arancelarios.
5. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos treinta mil uno ($ 30.001) y hasta pesos sesenta mil ($: 60.000), catorce jus arancelarios.
6. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos sesenta mil uno ($ 60.001) y hasta pesos cien mil ($: 100.000): veinte jus arancelarios.
7. Asuntos en los que se encuentren involucrados montos superiores a pesos cien mil ($ 100.000) el honorario se incrementará a razón de un jus por cada pesos diez mil ($ 10.000) o fracción menor, sobre el importe previsto en el inciso precedente.
8. Asuntos de monto indeterminado, catorce jus arancelarios.
A los fines de determinar la base sobre la que se aplicará la escala precedente, se tendrá en cuenta el monto del reclamo, acuerdo o sentencia, según corresponda, incluyendo capital e intereses.
En todos los casos de la escala precedente se adicionará 1 jus por cada audiencia a partir de la cuarta audiencia inclusive.
Si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiese o fracasase y el reclamante no iniciase el juicio dentro de los sesenta (60) días corridos, quien promovió la mediación deberá abonar al mediador en concepto de honorarios el equivalente de nueve jus arancelarios o la menor cantidad que corresponda en función del importe del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara posteriormente la acción y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. El plazo se contará desde el día en que se expidió el acta de finalización de la mediación.
Si el juicio fuese iniciado dentro del término mencionado, la parte deberá notificar la promoción de la acción al mediador que intervino. El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entreéstos y la suma que hubiese percibido a cuenta. Deberá notificarse al mediador la conclusión del proceso, la homologación de un acuerdo que ponga fin al juicio y la resolución que disponga el archivo o paralización de las actuaciones.
Si el reclamante desistiera de la mediación cuando el mediador tomó conocimiento de su designación, a éste le corresponderá la mitad de los honorarios a que hubiese tenido derecho”.-
Así entonces, vemos que el Decreto -al que envía la ley- fija una escala que vincula los honorarios del mediador con la cuantía del asunto, fijando ciertas "pautas mínimas" (confrontar el primer párrafo de la norma) para la determinación de tal retribución; aclaro que es la preceptiva a la que me vengo refiriendo la aplicable para determinar los honorarios de los mediadores y no el Decreto Ley 8904/77, que se ve desplazado dada la especificidad de la ley 13.951 y su Decreto reglamentario.-
Por cierto, es necesario tener en cuenta que la suma que se ha de abonar al mediador es una retribución por el trabajo que llevó a cabo; con lo cual, para la determinación de la retribución, siempre es necesario tener presente cual es la entidad de la "tarea desempeñada" (art. 31 ley 13.951) y articular el resultante de la aplicación de las escalas reglamentarias con las concretas circunstancias del caso (art. 171 in fine Const. Pcial.).-
Por lo demás, si bien asiste razón a la quejosa en relación a la no aplicación del art. 730 del CCCN, esta Sala ha dicho en causa mo19903 R.H. 27/2018 que es necesario tener en cuenta que la jurisdicción cuenta con la posibilidad que le otorga el art. 1255 del CCyCN en el caso de resultar la regulación efectuada mediante la ley arancelaria manifiestamente desproporcionada en relación a la trascendencia de las labores llevadas a cabo, actuando como válvula de escape cuando los cálculos arrojen resultados irrazonables.-
Entonces, no lleva razón la mediadora en cuanto pretende excepcionar los honorarios de los mediadores del tamiz del art. 1255 del CCyCN; normativa que, en tanto se vincula con el costo del acceso a la justicia y con la garantía del debido proceso, merece una interpretación amplia y favorable a la corrección de situaciones excesivas.-
Lo que, obviamente, siempre debe hacerse fundadamente.-
Por lo demás, elementales razones de prelación normativa, hacen que las disposiciones arancelarias locales -y la ley de mediación contiene artículos arancelarios- carezcan de potencialidad para escapar a las directivas de la ley de fondo (Código Civil, en su momento; ahora CCyCN), más aún cuando estas últimas se vinculan con el costo del acceso a la justicia (CIDH, "Cantos").-
Desde esta Sala se ha dicho que cuando el precio de los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, y que los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida (esta Sala en causa nro. 56.409 R.S. 495/09)".-
A ello cabe agregar que, desde mi punto de vista, la técnica del Decreto 2530 fue la que, en definitiva, terminó instalando ciertas circunstancias, muy controvertidas, que desembocaron en la necesidad de acudir al art. 1255 antes aludido (y, finalmente, a derogar aquel Decreto y dictar uno nuevo).-
Es que, al segmentar los procesos con montos fijos, y establecer la regulación en unidades variables (el jus) la progresiva erosión del signo monetario hizo que, a los pocos años de vigencia del Decreto, sus escalas y formas de retribución terminaran siendo distorsivas de aquellas consagradas para los primeros tiempos de su vigencia.-
De este modo, muchos procesos (la mayoría) terminaron instalándose en los tramos mas altos de las escalas previstas y tal circunstancia -insisto- fue la que obligó a acudir a las pautas del art. 1255 del CCyCN.-
Sobre este piso de marcha, entiendo que no lleva razón la mediadora cuando postula la inaplicabilidad de las reglas del art. 1255 del CCyCN a los honorarios del mediador.-
Tampoco considero que lleve razón en su planteamiento vinculado con la fijación de la base arancelaria, pues las normas aplicables al caso no confieren la posibilidad al mediador de realizar estimaciones a los fines de fijar la base arancelaria.-
Ahora bien, pasando al caso y al monto establecido, tenemos que el presente ostenta características similares al analizado por nosotros en la causa antes citada: aquí la mediación no pudo llevarse a cabo y, en esencia, las labores de la mediadora se circunscribieron a la citación de las partes, cursado de las notificaciones y labrado del acta (ver fs. 31/vta.).-
En tal sentido, entiendo que tampoco le asiste razón a la quejosa cuando sostiene que, para determinar sus estipendios, no puedan tenerse en cuenta las tareas efectivamente desempeñadas.-
Esa es la pauta rectora del art. 1255 del CCyCN (que no pueden ser traspasadas por la preceptiva local) y, por lo demás, el fundamento mismo de toda retribución: las labores llevadas a cabo.-
Pero, por otro lado, también es cierto que si la tarea de la mediadora quedó así circunscripta no fue por razones atribuibles a ella, sino por cuestiones vinculadas con el domicilio del requerido y, en definitiva, a la parte que requirió la mediación y aportó el domicilio.-
Destaco ello para que calibremos, lo mas certeramente posible, la situación".-
Tal antecedente resulta plenamente aplicable al concreto caso de autos, lo que lleva -por los fundamentos allí expuestos- al rechazo de los agravios traídos por la quejosa.
En efecto: la suma que correspondería frente a la aplicación estricta del Decreto reglamentario se torna evidentemente desproporcionada con la labor llevada a cabo, como lo es la participación en la audiciencia celebrada el 9 de diciembre del 2014.-
Consecuentemente, y a tenor de lo que llevo dicho, deberán rechazarse los agravios de la mediadora que apuntan a la determinación de los estipendios exclusivamente conforme el Decreto reglamentario 2530 y con abstracción de las previsiones del art. 1255 del CCyCN.-
Consecuentemente, las reglas del art. 1255 en cuestión devienen plenamente aplicables a supuestos como los de autos.-
En cuanto al monto de los estipendios apelados, atento la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos, tomando como base regulatoria - por la reivindicación que prospera - la suma de - $1.184.065,20 -, conforme lo resuelto en la presente, y lo preceptuado por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27 inc. a), 28, 47 y ccdtes. del Dec. Ley 8.904/77, no habiendo mérito para modificar los honorarios fijados en la resolucón apelada a favor del Dr. Daniel Eduardo DE VINCENTI, propongo se los confirme en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000.-); y, por la negligencia resuelta con fecha 23 de Agosto de 2016, resultando reducidos los honorarios fijados a favor del letrado mencionado, propongo se los eleve a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000.-); ambas sumas con más la adición legal.-
Asimismo, atento la entidad de las labores llevadas a cabo en autos y que concluyeran con el acta de fecha 9 de Diciembre de 2014, tomando como base regulatoria la suma de $1.184.065,20.- , de conformidad con lo preceptuado por el art. 27, inc. 7, del Dec. 2.530/10, reglamentario del art. 31 de la Ley 13.951 (vigente al momento de efectuarse los trabajos -esta Sala causa nro. MO-12359-2017, R.S. 12/19-), y lo dispuesto por el art. 1.627 del Código Civil (actual art. 1.255 C.C.C.N.), resultando reducidos los honorarios fijados a favor de la Mediadora, Dra. María Inés JORGE, propongo se los eleve a la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($116.358.-) a la fecha de la resolución, con más la adición legal.
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA .-
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. JORDA.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE ACLARA que la regulación de honorarios del 15 de febrero del 2019, resulta parcial DEBIENDOSE regular en la instancia de origen los emolumentos respecto del segundo punto de la parte dispositiva de la sentencia del 26 de septiembre de 2017. Asimismo SE MODIFICA, la imposición de las costas por la incidencia de determinación del valor del inmueble, quedando la misma impuesta en el orden causado.
En otro orden de ideas, por la reivindicación que prospera , SE CONFIRMAN los honorarios fijados en la resolución apelada a favor del Dr. Daniel Eduardo DE VINCENTI en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000.-) y, por la negligencia resuelta con fecha 23 de Agosto de 2016 , SE ELEVAN los mismos a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000.-) ; ambas sumas con más la adición legal.-
Finalmente, SE ELEVAN los honorarios fijados a favor de la Mediadora , Dra. María Inés JORGE a la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($116.358.-) , con más la adición legal.-
Sin costas de Alzada , atento a la naturaleza de las cuestiones debatidas (art. 68, 2° del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2020 10:11:29 - JORDÁ Roberto Camilo -
Funcionario Firmante: 14/07/2020 10:11:39 - GALLO José Luis -
Funcionario Firmante: 14/07/2020 10:12:02 - QUADRI Gabriel Hernan -
Fin de la sentencia