Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 41640
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA. Rechazar el planteo de caducidad de segunda instancia b. No imponer costas.
San Isidro, 27 de Febrero de 2020.
I. El día 3-12-2019 fueron recibidas las presentes actuaciones a los fines de tratar el pedido de caducidad de segunda instancia solicitado por los demandados (24-9-2019), respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 727 por el actor(28-5-2018), concedido a fs. 728 (29-5-2018).
II. Con fecha 17-5-2018 fueron libradas las tres cédulas de notificación de la sentencia dictada a fs. 709/712.
El 28-5-2018, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda por reivindicación incoada por Félix Teodoro Sotelo contra Donato Antonio Penayo y Gladys Andrea Salinas, notificada a las partes actora y demandada el 24-5-2018 (fs 726 y 730 respectivamente). Respecto de la cédula librada a "ocupantes y/o intrusos", obra sin notificar a fs. 732, con fecha 4-6-2018.
Luego de ello, consta en el sistema informático Augusta, la paralización realizada durante la feria judicial de Enero de 2019(16-1-2019).
La demandada solicitó la extracción del respectivo legajo (24-6-2019), a lo que se proveyó que ya se encontraba anotado para extraer (26-6-2019).
Seguidamente, la accionada pidió copias certificadas de la sentencia (29-8-2019), a los fines de regularizar dominialmente el inmueble en cuestión, las cuales fueron expedidas a esos efectos, obrando su retiro a fs. 734.
Posteriormente, al pedido regulación de honorarios realizado por el letrado Dossi (18-9-2019), se proveyó que aún no se encontraba firme la sentencia (18-9-2019), Ello así, los letrados plantearon la caducidad de segunda instancia (24-9-2019).
En consecuencia, se cursó la intimación prevista en el artículo 315 del CPCC, para que el actor manifestase su intención de proseguir con el trámite de las actuaciones (26-9-2019), notificada mediante cédula electrónica (1-10-2019).
Esta intimación fue contestada por el actor solicitando, en dos ocasiones, la elevación de las actuaciones a esta Alzada (2-10-2019 y 21-10-2019).
El Magistrado dispuso que debía estarse al informe de la cédula obrante a fs. 732, donde se encontraba foliada la cédula a "ocupantes y/o intrusos" sin notificar, dejando sin efecto el despacho erróneo del 4-10-2019, en donde se hacía saber que aún no se había cumplido el plazo de la intimación dispuesta el 26-9-2019 (22-10-2019).
III. La caducidad de instancia, como instituto que sanciona la inactividad de la parte a cuyo cargo se pone el impulso del proceso, es una medida excepcional y como tal, debe ser interpretada en forma restrictiva (conf. S.C.J.B.A., Ac. 228.360 del 24/06/80, causas nº 100.170, 96.798 y 97.403). La solución en cuanto a la aplicación del instituto debe estar orientada, en consecuencia, a mantener vivo el proceso (conf. S.C.J.B.A., Ac. 34.901 del 10/11/85, causas nº 74.631 r.s.d. 453/97 y D-18.929-01 r.i. 201/13).
La carga de impulsar el proceso incumbe a la parte que interpuso la demanda, contrademandó, articuló el incidente o dedujo el recurso (conf. Morello, Augusto Mario, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados”, Librería Editora Platense-Abeledo Perrot, Tº IV-A, p. 91; Causas citadas).
Para considerar a un acto como interruptivo del plazo de caducidad, debe demostrarse una actividad útil, impulsada por la parte o por la persona que acredita una representación o un mandato (art. 46 y 47, C.P.C.C, S.C.B.A, Ac. 57960 S 16-12-1997).
De este modo, constituyen actos impulsorios las peticiones de las partes o resoluciones de los tribunales que sean útiles o idóneas para impulsar la marcha del proceso, y no cualquier presentación inoperante, inoficiosa o que sólo persiga mantener vivo el litigio sin provocar su avance a través de sucesivos estadios procedimentales (Morello, Augusto Mario, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Comentados y Anotados", Tomo IV-A, Librería Editora Platense- Abeledo Perrot, pág. 122).
Esta Sala tiene dicho, que la apertura de la segunda instancia se produce con la concesión del recurso, y que al apelante le compete mantener vivo el proceso a su respecto a fin de no perder ese derecho, lo que ocurre si no activa en el plazo de tres meses (art. 310 inc. 2º del CPCC; CACC, San Isidro, Sala I, Causa n° 252/7, sent. del 24-8-2015, entre otras).
Resulta oportuno poner de relieve, que los plazos de caducidad de segunda instancia se computan desde el momento en que el recurso es concedido, pues desde ese instante queda abierta la nueva etapa procesal (conf. CSJN, fallos 242.205; CN Civ. Sala B, L.L. 92.107; CACC, San Isidro, Sala I, Causa n° 1049/2016, sent. del 4-5-2017).
IV. En lo que atañe al caso concreto, es menester realizar un análisis acerca de los hechos acaecidos durante el trámite del expediente y ponderar la imputabilidad o no del recurrente respecto de la inactividad del proceso.
Los presentes autos tramitan bajo el proceso ordinario y han tenido dictado de sentencia el día 14-5-2019 (fs. 709/712), en la cual se rechazó la demanda contra Donato Antonio Penayo, Gladys Andrea Salinas y/u ocupantes e intrusos.
En la cuestión de marras, es necesario destacar que la cédula dirigida a "ocupantes y/o intrusos" fue devuelta sin notificar (fs. 732) y que fue agregada al expediente sin providencia alguna que hiciere saber a las partes tal situación.
Siendo que Gladys Andrea Salinas y Donato Antonio Penayo, fueron las únicas partes demandadas en autos, quienes se notificaron de la sentencia el 24-5-2018 (fs. 730) y sin perjuicio de lo expuesto en la resolución de fs. 709/712 respecto a ocupantes y/o intrusos, resulta oportuno poner de relieve que la litis no se encontraría trabada con relación a los inquilinos y subinquilinos. Por consiguiente, el expediente se encontraba en condiciones de ser elevado a esta Alzada, ya que no había nada más que notificar, responsabilidad que recae sobre el Oficial 1° (art. 251 CPCC).
Cabe resaltar, que la caducidad de la instancia sólo puede consumarse cuando la parte que debe impulsar el curso del proceso no lo hace durante el plazo que determina la ley; y por lo tanto no puede ser responsabilizada por la omisión de una actividad que es inherente a los deberes del órgano jurisdiccional, o a los funcionarios auxiliares del mismo (Morello, G.L. Sosa y R. Berizonce; "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Comentados y anotados"; Tomo IV-A; Editorial Abeledo-Perrot, año 2009, pág. 163).
La notificación de la sentencia debe ser cumplida de oficio por el órgano jurisdiccional y la omisión de practicarla no puede ser imputada a la parte ya que la facultad que tiene éste para instar su realización no puede imponérsele como carga (SCBA, Ac. y Sent, 1979, v. I, p. 920). El precepto en análisis estatuye un claro deber del órgano que excluye toda carga de partes. Si bien es cierto que éstas han de colaborar en la tarea del juez, en la hipótesis tal colaboración, espontánea, por definición, no puede ser erigida en una carga que la ley procesal no impone por lo que, tampoco, pueden achacarse a las partes las consecuencias desfavorables de una omisión del propio órgano (Morello, G.L. Sosa y R. Berizonce; Tomo V-B; pág. 561).
En virtud de lo expuesto, entendiendo que en estos casos debe preferirse una interpretación que garantice la doble instancia, ponderando que la demora en elevar el expediente no resulta atribuible al actor, quién contestó la intimación de fecha 26-9-2019, corresponde desestimar el pedido de caducidad de segunda instancia interpuesto por la demandada (arts. 313 inc. 3 y 315 CPCC).
No se imponen costas atento la naturaleza de la cuestión resuelta (art. 68 y 69 del CPCC).
V. Por todo ello este Tribunal, Resuelve:
a. Rechazar el planteo de caducidad de segunda instancia
b. No imponer costas.
Regístrese y devuélvase.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia