Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 72961
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia recurrida en cuánto ha sido materia de agravio, rechazando la demanda interpuesta por Emilio Ozuna en su carácter de administrador de la sucesión “Ozuna, José Dolores” contra Dulcirio Orlando Aranda, Salvadora Quintana, Graciela Ester Pogorzelek, Alberto Agustín Aranda, Verónica Soledad Arrua, Angel Omar Pogorzelek, José Emanuel Pogorzelek, Walter Alejandro Arrua y Julio César Arrua.
2APLICAR LAS COSTAS de AMBAS INSTANCIAS a la actora perdidosa.
3Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.
En General San Martín, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada con el Dr. Manuel Augusto Sirvén (Ac. Ext. N° 666 y 812 de esta Excma. Cámara), con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 72.961, caratulada: “OZUNA, EMILIO C/ ARANDA, DULCIRIO ORLANDO Y OTROS S/REIVINDICACIÓN”, y habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Scarpati y Sirvén.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Scarpati dijo:
I. Que la sentencia 687/694 que hace lugar a la demanda es apelada por Pedro Andrés Pogorzelek, Emilce Rocío Albarracín, Valeria Paola Rodriguez y Jonatan Agustín Porgozelek (fs. 697 y resolución de fs. 704) y por Salvadora Quintana (fs. 680) quienes expresan sus agravios mediante la memoria de fs. 718/721, respondida a fs. 727/272.
Adjudican diversos yerros a la sentencia, señalando en primer término la necesidad de determinar la normativa aplicable, ello frente a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, destacando la aplicabilidad de la anterior, aludiendo a las pautas de derecho transitorio y marcando que la juzgadora expresa que la normativa aplicable resulta ser la “dispuesta por el Código Civil y sus modificatorias”.
A modo de segundo agravio alude a los recaudos propios de la acción de que se trata, advirtiendo que no se ha demostrado en autos la titularidad del bien respecto de la actora, pues la documental acompañada (título provisorio y cesión) no la acreditan, careciendo por tanto la reclamante de título suficiente para el reclamo así como para deducir una usucapión saneadora, pues no tiene el plazo de posesión, ni largo ni corto.
Aduce que la accionante no tiene el dominio de la cosa objeto de esta acción, ello desde la perspectiva de cualquiera de las legislaciones de fondo, deslizando que tendría que haber iniciado una acción posesoria, en cuánto no requiere título suficiente, plasmando citas diversas relativas a la interpretación de este recaudo.
Apunta también que el reclamante nunca detentó la posesión del bien, deslizando que la prueba testimonial aportada indica que sólo la ejerció por unos días, extremo que en conjunción con la irregular documental glosada, impiden el ejercicio de esta acción.
Señala que a fs. 20 obra el título provisorio de fecha 10 de abril de 1979, que lo que juzgadora aprecia como “causa”, el que resulta un formulario no perfeccionado donde un tercero se obligó a vender a otro el lote en cuestión, venta que no se concretó, ya que éstos le cedieron sus derechos, totalmente indefinidos e irregulares, transcribiendo el tramo en que la sentenciante hace referencia a la testimonial respectiva.
Sostiene la absoluta irregularidad de tal cesión, cuestionando además que se la considere justo título, inobservando que si fuera suficiente debería haber iniciado una acción de escrituración contra sus cedentes.
Por último, a través de citas endilga a la sentencia carencia de fundamento, requiriendo finalmente el rechazo de la demanda por no resultar la reclamante titular del bien reivindicado, con la agravación de que la prueba considerada por la juzgadora (testimonial-documental) resulta insuficiente y contradictoria.
II. El recurso interpuesto por la codemandada Salvadora Quintana debe prosperar, observando que los restantes apelantes carecen de legitimación recursiva al no estar comprendidos en la sentencia respectiva, señalando al respecto que con individualización plasmada en la resolución de fs. 289 se ha sellado definitivamente la conformación de la relación procesal en el marco de la pretensión petitoria por la que se reclama la reivindicación del inmueble de autos.
Advertida esta limitación anticipo que confiero razón al medular planteo que trae la memoria en cuánto a la legitimación activa.
En tal sentido sabemos que el ejercicio de la acción reivindicatoria requiere justificar primariamente , esto es más allá de otros recaudos, el título que da derecho sobre la cosa, lo que conforma un presupuesto ineludible, apuntado que su ausencia, cuándo surge manifiesta, debe ser declarada de oficio por los jueces (arg. art. 345 inc. 3° del Cód. Proc.).
Es que el art. 2774 del Cód. Civil exige para la procedencia de esta acción que quién la deduzca tenga derecho a poseer, tanto al tiempo de la demanda cómo al de la sentencia.
Y no cabe en autos abundar sobre el criterio que aprecia que tal derecho desborda el derecho de dominio, aprehendiendo a todos los demás casos de los derechos reales que se ejercen por la posesión (Alterini, Atilio “Derechos Reales”, 2000 pág. 18 N° 4). De allí que hoy prevalezca en doctrina una concepción más amplia, ello en el marco de la terminología que utilizan los arts. 2772 y 2758 del Cód. Civil (Salvat, Tratado de Derecho Civil- Derechos Reales - Manuel Argañarás 4°edición 1959 TIII pág. 655/657).
Pero más allá de esta concepción que exorbita el derecho de dominio en cuánto a la legitimación activa de la acción reivindicatoria, nótese que en su marco se discute el “derecho a poseer”, con lo que no basta ser poseedor, sino que es indispensable ser poseedor legítimo, o lo que es lo mismo ser titular de un derecho real que se ejerce por la posesión (art. 2355 del Cód. Civil).
Por tanto, la acreditación del “derecho a poseer” sólo puede realizarse mediante la presentación de títulos, en cuánto causa válida o suficiente según el derecho y la ley para transmitir el dominio, de modo que si en un pleito por reivindicación no se ha traído el título pertinente, la sentencia no puede reposar en presunciones; y cuándo se carece de título resulta ineficaz a los efectos de la acción la prueba sobre la posesión del bien que se pretende reivindicar producida por quien ejerce la acción invocando su calidad de adquirente (CSJN Fallos 276:178. La falta de título enerva la reivindicación, pues no puede ser suplida por otro medio probatorio. Cuándo el Código exige la presentación de título que acredite el derecho a poseer del reclamante no se refiere al título en sentido instrumental, sino a la causa en que se apoya el derecho, al acto jurídico hábil para transmitir la propiedad. Se trata fundamentalmente que exigir loa acreditación del derecho a poseer, aludiendo a la causa en que se funda ese derecho.
Es que al tratarse de un juicio petitorio, donde lo debatido es el derecho, es fundamental que el accionante demuestre la causa fuente de su derecho de poseer, es decir el título, que podrá consistir en una adquisición efectuada por compra, donación, permuta u otros medios de translación.
De allí que si el demandante no acredita ab initio su derecho sobre la cosa, el poseedor no podrá ser privado de la misma, aun cuando no demuestre o ni siquiera tenga derecho sobre la misma: su posesión le es suficiente para tal fin (art. 2363 Cód. Civil). Es así que al reivindicante no le bastará con establecer la falta de derecho a la posesión por parte del demandado, pues ello tampoco prueba que él lo tiene; rigurosamente debe justificar su derecho a poseer.
En este contexto conceptual, ante la impugnada documental de fs. 20 y 21, cuyo reconocimiento desistiera el reclamante a fs. 446, no cabe más que tener por indemostrada la legitimación sustancial del reclamante en relación a la pretensión que deduce, correspondiendo por tanto el rechazo de la misma.
De este modo postulo revocar la sentencia recurrida en cuánto ha sido materia de agravio, rechazando la demanda interpuesta por Emilio Ozuna en su carácter de administrador de la sucesión “Ozuna, José Dolores” contra Dulcirio Orlando Aranda, Salvadora Quintana, Graciela Ester Pogorzelek, Alberto Agustín Aranda, Verónica Soledad Arrua, Angel Omar Pogorzelek, José Emanuel Pogorzelek, Walter Alejandro Arrua y Julio César Arrua
En cuanto a las costas de ambas instancias, han de imponerse a la actora perdidosa, difiriendo las regulaciones de honorarios para su oportunidad (arts. 68 y 274 del Cód. Proc. Y 31 decreto 8904/77).
Doy mi voto por la NEGATIVA.
El juez Sirven, por las mismas razones, adhiere.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo precedente SE RESUELVE: 1°) REVOCAR la sentencia recurrida en cuánto ha sido materia de agravio, RECHAZANDO la demanda interpuesta por Emilio Ozuna en su carácter de administrador de la sucesión “Ozuna, José Dolores” contra Dulcirio Orlando Aranda, Salvadora Quintana, Graciela Ester Pogorzelek, Alberto Agustín Aranda, Verónica Soledad Arrua, Angel Omar Pogorzelek, José Emanuel Pogorzelek, Walter Alejandro Arrua y Julio César Arrua. 2°) APLICAR LAS COSTAS de AMBAS INSTANCIAS a la actora perdidosa. 3°) DIFERIR las regulaciones de honorarios para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia