Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 116059
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: y en virtud de las consideraciones que anteceden: 1) Se confirma la resolución de fs. 1569/1570; 2) Se desestiman los planteos efectuados por el doctor Mariño en torno a la base regulatoria tomada en cuenta para efectuar las regulaciones de honorarios de los autos de fs. 1612 que fuera ampliado a fs. 1627; como así los formulados por los actores a fs. 1735 en relación a los honorarios de los profesionales de los co-demandados, por falta de legitimación para recurrirlos; 3) Se confirma el auto de fs. 1612 en cuanto fija en la suma de TRECE MIL CIENTO OCHENTA PESOS los honorarios del doctor Carlos Alberto Mariño (T° 32 , F° 181 C.A.S.I.) -apoderado de la parte actora- (arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 28 y conc. dec. ley 8904/77; con más el aporte legal ley 10268) .4) Se confirma el apelado auto de fs. 1612 segunda parte, con costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.); 5) Declarar la falta de legitimación activa de los actores para apelar los honorarios regulados a favor del doctor Mariño en el auto de fs. 1644, por bajos.
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXIV
Causa N° 116059; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - LA PLATA
ORTEGA MARIANA Y OT C/ ALVARO JUAN CARLOS Y OT S/ REIVINDICACION
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 26 de Noviembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Vienen la presentes actuaciones a tratar los recursos interpuestos respecto: del auto de fs. 1569/1570; del auto regulatorio de fs. 1612 primera parte, ampliado luego a fs. 1627; del auto de fs. 1612 segunda parte y del auto regulatorio de fs. 1644.
I. La resolución de fs. 1569/1570 en cuanto a la imposición de costas al co-demandado Quevedo en la declaración de negligencia de la prueba pericial contable, viene recurrida por el mismo a fs. 1572, habiendo allí fundado el recurso, que se concedió con efecto diferido a fs. 1573.
Indica el apelante que no ha sido negligente en la producción de la prueba, ya que diligenció el oficio respectivo y el perito contador contestó el mismo, que fue agregado en el cuaderno de prueba de otro co-demandado. Acompaña copia del mismo.
Se advierte que la copia de fs. 1571 sólo da cuenta de un informe del perito de que se encontraba a la espera de la contestación de un pedido de documentación para efectuar su tarea, mas ello no importa el efectivo cumplimiento de la tarea pericial, cuyo impulso correspondía al oferente.
La prueba a la postre no se realizó y el término probatorio concluyó, lo que ilustra de la inactividad del interesado, conforme lo cual las costas han sido inobjetablemente impuestas, en vista al principio objetivo de derrota (arts. 68, 69, 382 y conc. del C.P.C.C.). Corresponde confirmar el resolutorio apelado en este aspecto.
II. El auto regulatorio de fs. 1612 primera parte, ampliado luego a fs. 1627, viene apelado:
a) A fs. 1615, por bajos, por el doctor Carlos Alberto Mariño, quien también lo hace por altos en relación a los establecidos a favor de los doctores Crissio, Biancucci, Parisi y Malanga. En relación a esta última profesional el recurso se interpuso a fs. 1632.
Asimismo, se impugna la base regulatoria en tanto el valor real del imueble materia del acuerdo de fs. 799/801 y homologado oportunamente en autos es mucho más alto que el de la valuación fiscal, de la cual no se le corrió traslado. Estima el profesional la base, conforme el procedimiento establecido en el artículo 27 inciso "a" del decreto ley 8904/77.
Los recursos se concedieron a fs. 1616 y fs. 1634.
b) Asimismo, a fs. 1735 los co-actores Julio Enrique, Ludmila Yasmin y Ailin Johana Malimowcka y Mariana Ortega y Andrea Vanesa Mariño, todos patrocinados por el doctor Carlos Alberto Mariño, apelan por sus propios derechos, los honorarios regulados a favor del mentado profesional en el auto de fs. 1612 por considerarlos altos.
III. Se trata de los honorarios profesionales regulados en virtud del acuerdo celebrado entre la actora y los co-demandados Silvina Andrea Castro y Claudio Oreste Milicchio a fs. 799/781, que fuera homologado en autos y puso fin al litigio entre esas partes.
Conforme se vislumbra del punto d) de la transacción, las costas se distribuian en el orden causado (art. 68 del C.P.C.C).
Por lo tanto, carece de legitimación activa, por falta de interés, el apoderado de la parte actora para recurrir por altos los honorarios establecidos a favor de los doctores Crissio, Biancucci, Parisi y Malanga (recursos interpuestos a fs. 1615 y 1632), pues no es la accionante la que deba hacerse cargo del pago de esos emolumentos, en tanto esos profesionales representaron a los co-demandados mencionados (arg. art. precitado).
IV. En cuanto a los embates formulados por el profesional en torno a la impugnación de la base regulatoria, sus argumentos devienen tardíos en esta etapa del proceso.
En efecto, dispone el art. 27 inc. "a" de la ley arancelaria 8904: "Cuando se trate de juicios sobre bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, si no han sido tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento que se practique la regulación, incrementada en un veinte por ciento. No obstante reputándose esta inadecuada al valor real del inmueble, el profesional estimará el valor que le asigne de lo que dará traslado por cédula a quienes se encuentren obligados al pago de honorarios a regularse."
En consideración a ello, es lo cierto que existiendo en autos a fs. 1604/1609 valuaciones fiscales de los bienes al tiempo de solicitarse la correspondiente regulación de honorarios a fs. 1610 (que fuera requerida por el Juez de grado mediante auto de fs. 804, cuarto párrafo) y no habiéndose acudido por ninguno de los profesionales que intervinieron en autos a la estimación particular del valor del inmueble -único supuesto en que la ley prevé la sustanciación-, devenía procedente entonces y sin más, a la tarifación de aquellos. Es decir, no correspondía disponer la sustanciación de la valuación fiscal en modo alguno previo a regular los estipendios, pues no es un mecanismo previsto por la norma legal citada a la que acude el apelante (esta Sala Causa 92251, RSI 419/99 del 7/12/1999).
Es sobre esa pauta que los honorarios deben ser regulados -aún sin petición de parte- al dictarse la sentencia u homologado el acuerdo (art. 51 del dec. Ley 8904/77) o en su caso, después de ella si el pronunciamiento ha postergardo tal acto hasta el cumplimiento de las previsiones del artículo 27 de la ley citada. Por ello, quien desee acudir al mecanismo estimatorio que preve dicha norma, debe hacerlo saber al juzgador con anterioridad al dictado de la sentencia o al auto regulatorio (Cfme. Hitters Juan Manuel-Cairo Silvina, "Honorarios de Abogados y Procuradores", Ed. Lexis-Nexis, pág. 322, punto 27.6).
Queda en evidencia, entonces, que en autos se han regulado estipendios sobre la base de la valuación fiscal oportunamente acompañada, no siendo necesaria su sustanción, por lo que el recurso en este aspecto deviene improcedente (esta Sala Causa 120410, RSI 177/2016).
V. Liminarmente cabe señalar que tratándose de tareas profesionales llevadas a cabo con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.967 y, por ende, consumadas bajo la vigencia del régimen anterior, corresponde aplicar en la especie el decreto ley 8904/77 (arts. 3, C.C., 7, C.C.C.N.). Ello así, pues el artículo 61 de la citada ley 14.967 ha sido vetado por el artículo 1 del decreto de promulgación 522/17, por lo que, se impone el régimen del decreto ley derogado, ya que cada labor del letrado en el expediente es el presupuesto fáctico que hace nacer el derecho a la regulación. Ya la Corte de la Nación en la causa “Zambrana Serrudo René c/Derudder Hermanos S.R.L.”, (sent. del 15/8/2006 publicado, Fallos: 329:3148) precisó que “En el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación……” (esta Sala, causa 122.800, Reg. Hon. 115/17, sent. hon. del 6/11/17 mayoría del plenario dictado por esta Cámara en la causa 121.767, caratulada “E.A., M.B. c/ L. C. A. H. H. s/ divorcio por presentación unilateral” (RSD 240/17, sent. del 30-11-17). Por tanto, cabe señalar que la ley aplicable es la vigente al momento de la realización de los trabajos profesionales, ello así, porque no sólo existe el derecho del profesional a percibir sus honorarios, sino el derecho adquirido del cliente a pagar los estipendios al valor que la ley fije al momento en que el trabajo se efectivizó. De lo contrario, se estaría afectando esos derechos adquiridos que integran el patrimonio de los intervinientes (conf. Rodríguez Saiach, Luis A., “Nueva ley de Honorarios de abogados y procuradores –Ley14.967-“, TI, Editorial Gowa).
No hallando mérito el Tribunal para modificar el auto de fs. 1612 en cuanto fija en la suma de TRECE MIL CIENTO OCHENTA PESOS los honorarios del doctor Carlos Alberto Mariño (T° 32 , F° 181 C.A.S.I.) -apoderado de la parte actora-, se lo confirma (arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 28 y conc. dec. ley 8904/77; con más el aporte legal ley 10268).
VI. El auto de fs. 1612 segunda parte, en cuanto decreta la inhibición general de bienes del señor Alfredo Ernesto Quevedo, viene apelado a fs. 1626 (v. fs. 1663), recurso que fue concedido a fs. 1627.
Obra a fs. 1663/1664 el respectivo memorial que sustenta los agravios, cuyo traslado se ordenó a fs. 1666 y no mereció réplica de parte interesada.
1. En autos se decretó la inhibición general de bienes del mencionado co-demandado, a petición de la actora (v. fs. 1611) en virtud de las costas que le fueran impuestas al mismo en la sentencia dictada en autos.
En prieta síntesis, expresa el recurrente a fs. 1663/1664 que la inhibición está como un segundo escalón precautorio después del embargo, por los efectos que aquélla causa en el patrimonio del inhibido, que debe ser apreciada para su concesión con criterio restrictivo y luego de fracasar un intento de embargo. Explica que, en el caso, el inmueble materia de autos es habitado por el nombrado y su familia, que la sentencia no se encuentra firme, estando garantizado con ello los derechos que pretende cautelar el accionante. Que éste no acreditó haber efectuado gestiones tendientes a averiguar si el demandado tenía bienes o no. Considera que la medida cautelar debe levantarse.
2. En el presente caso se hizo lugar a la demanda de reivindicación interpuesta por los actores y se condenó, entre otros, al co-accionado Quevedo a restituir a los accionantes la unidad funcional del inmueble respectiva que ha sido materia del conflicto. Se le impusieron las costas del proceso al señor Quevedo (v. fs. 1587/1603). Este fallo aún no se encuentra firme.
No obstante ello, se adelanta que el recurso no puede prosperar. Al respecto, tiene dicho esta Sala que la inhibición general de bienes procede cuando se reúnen los requisitos necesarios para el embargo, es decir, se debe demostrar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, al igual, claro, que se debe brindar la correspondiente contracautela. Además, se requiere que el embargo no pueda hacerse efectivo por inexistencia de bienes del deudor o insuficiencia de los mismos o desconocimiento acerca de ellos. Surge así el carácter subsidiario de esta medida, de contenido residual, genérico y temporario, tanto que el propio artículo 228 del Código Procesal Civil y Comercial determina un supuesto de sustitución obligatoria: la inhibición debe dejarse sin efecto siempre que se presenten a embargo bienes suficientes o se otorgue caución bastante (Eduardo Néstor de Lazzari, "Medidas Cautelares 1", editorial Librería Editora Platense S.R.L., 2° edición, pág. 513, comentario art. 228 C.P.C.C.; conf. esta sala, causas 99199, sent. del 17/11/2015, RSD 154/15; 117434, sent. del 12/2/16, RSD 21/16; 119383, RSI 251/2017, sent. del 19/9/2017).
Es menester indicar que quien obtiene la traba de la medida permanece en un estado de expectativa, a la espera de que algún bien ingrese en el patrimonio del deudor o la sustitución de aquélla. Conforme se expusiera, la inhibición general de bienes deberá dejarse sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o se diere caución bastante (conf. art. 228, C.P.C.C.).
En el caso de autos, el accionante ha manifestado desconocer bienes del deudor (v. fs. 1611 punto 3) y aún cuando no se acreditan gestiones para acreditar ese extremo, lo cierto es que el demandado Quevedo no denunció un bien a efectos de que se anote embargo sobre el mismo. No puede pretender garantizar las costas con el inmueble materia de autos al que se encuentra condenado a reintegrar a los accionantes por la acción de reivindicación que fuera admitida, aun cuando la sentencia no se encuentre firme, pues justamente no tiene la titularidad dominial, ni la libre disponibilidad del mismo. Son bienes que, conforme la sentencia, pertenecerían -justamente- a la parte actora y no al accionado.
No ha ofrecido tampoco el cambio de la medida por otra que resulte menos perjudicial y que garantice suficientemente los derechos debatidos en autos (arg. arts. 203, 228, 375, C.P.C.C.).
Por ello, corresponde confirmar el apelado decisorio en este aspecto, con costas (art. 68 del C.P.C.C.).
VII. El auto regulatorio de fs. 1644 viene recurrido por los co-actores Julio Enrique, Ludmila Yasmin y Ailin Johana Malimowcka; y Mariana Ortega y Andrea Vanesa Mariño, todos patrocinados por el doctor Carlos Alberto Mariño, que apelan por su propio derecho, los honorarios regulados a favor del mentado profesional, por considerarlos bajos.
Se tratan de emolumentos regulados por la admisión de la demanda de reinvindicación respecto de los co-demandados Graciela Inés Perez y Eduardo Emilio Caccianini, que a la postre devino firme a su respecto. Las costas fueron impuestas a estos (v. fs. 1587/1603). Se ha peticionado el lanzamiento de ellos.
El doctor Mariño, beneficiario de los emolumentos de fs. 1644, expresamente los consintió a fs. 1653, efectuando los aportes previsionales e impositivos del caso.
Conforme ello, carecen de legitimación activa, por falta de interés, los actores para recurrir por bajos los honorarios establecidos a favor del doctor Mariño, pues no resultan condenados en costas ni beneficiarios de los emolumentos para considerarlos exiguos o bajos; todo ello, se señala, más allá del expreso consentimiento de los estipendios por parte del profesional nombrado.
Por lo cual, corresponde desestimar el recurso.
POR ELLO: y en virtud de las consideraciones que anteceden: 1) Se confirma la resolución de fs. 1569/1570; 2) Se desestiman los planteos efectuados por el doctor Mariño en torno a la base regulatoria tomada en cuenta para efectuar las regulaciones de honorarios de los autos de fs. 1612 que fuera ampliado a fs. 1627; como así los formulados por los actores a fs. 1735 en relación a los honorarios de los profesionales de los co-demandados, por falta de legitimación para recurrirlos; 3) Se confirma el auto de fs. 1612 en cuanto fija en la suma de TRECE MIL CIENTO OCHENTA PESOS los honorarios del doctor Carlos Alberto Mariño (T° 32 , F° 181 C.A.S.I.) -apoderado de la parte actora- (arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 28 y conc. dec. ley 8904/77; con más el aporte legal ley 10268) .4) Se confirma el apelado auto de fs. 1612 segunda parte, con costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.); 5) Declarar la falta de legitimación activa de los actores para apelar los honorarios regulados a favor del doctor Mariño en el auto de fs. 1644, por bajos. REGISTRESE. NOTIFIQUESE . Firme, vuelva los autos a despacho.
Fin de la sentencia