Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128884
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada sentencia del día 23/9/2020 (fs. 204/209) y se imponen las costas de Alzada a la parte actora apelante en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 128884; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - LA PLATA
SIMONDI ANA MARIA C/ HEREDEROS DE PEREZ VIOLETA ELISA S/REIVINDICACION
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128884, caratulada: "SIMONDI ANA MARIA C/ HEREDEROS DE PEREZ VIOLETA ELISA S/REIVINDICACION", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 204/209?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia admitió la defensa de falta de legitimación activa propuesta por la Defensora Oficial y rechazó en consecuencia la demanda que por reivindicación incoara Ana María SIMONDI –hoy el cesionario Gastón Lesendre- en contra de Violeta Elisa PEREZ –hoy sus herederos-; impuso las costas de la acción a la parte actora en su condición de vencida (art.68 CPC), difiriendo las regulaciones de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14967 (fs. 204/209).
2. Contra esa forma de decidir interpuso recurso de apelación el legitimado activo (fs. 212), el que fue concedido libremente (fs. 213) y fundado en esta instancia (presentación electrónica de fecha 10 de febrero de 2021). Corrido el pertinente traslado (proveído del 11 de febrero de 2021) obtuvo contestación de la contraparte (presentación electrónica del 21 de febrero de 2021). Luego, se llamó autos para sentencia (proveído del 22 de febrero de 2021)
3– El apelante centra sus agravios en el rechazo de la acción, en cuanto la sentencia atacada no lo considera facultado para ejercer la acción de reivindicación.
Argumenta que los documentos acompañados bastan para basar su legitimación activa y para pedir la restitución del bien por la vía intentada.
4. Preliminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia de los agravios opuesto por la Defensoría Oficial en el traslado del memorial del accionante (presentación electrónica del 21 de febrero de 2021).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de la parte reclamante (presentación electrónica de fecha 10 de febrero de 2021) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5– En lo tocante con la legislación aplicable, en virtud a lo dispuesto por los artículos 3 del CC y 7 del CCCN los presentes actuados –tal como lo dispuso la sentencia de grado- han de ser juzgados conforme la normativa antes vigente dado que tanto el inicio de las actuaciones como la totalidad de los hechos ventilados en la demanda y contestación fueron bajo el amparo del Código Civil velezano.
6– Como se dijo, el legitimado activo se agravia centralmente del rechazo de la acción, argumentando que con la prueba por él arrimada, se ha acreditado -contrariamente a lo dispuesto por la señora Juez de grado- su legitimación para obrar.
Acorde dispone el artículo 2758 del Código Civil, “La acción de reivindicación es una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella”.
Esa pretensión se ejerce “…cuando su titular ha sido privado absolutamente de ella, por lo que exige de aquél que se encuentra en la posesión de la cosa, se la restituya con todos sus accesorios” (conf. Bueres, Alberto J., Highton, Elena I., "Código Civil y notas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, Bs. As., 1997, pág. 811 y ss.; SCBA, C 98.552, sent. 16/03/2011).
En cuanto a los recaudos para su procedencia, conforme lo tiene resuelto nuestro Máximo Tribunal provincial, debe demostrarse: el título que da derecho a la cosa, la pérdida de la posesión, la posesión actual del reivindicado y que la cosa es susceptible de ser poseída (SCBA, C 90755, sent. del 19/08/2009; Ac. 45456, sent. del 27/12/1991; esta Sala causas 118152, sent. del 21/04/2015, RSD 28/2015, 118537, sent. del 14/04/2020, RSD 50/20).
Ahora bien, el presupuesto de la acción reivindicatoria es la prueba del dominio -si no en cabeza del actor, al menos en la de sus antecesores- y no la prueba de un título (arts. 2758, 2772, 2774, etc. del Código Civil), punto de partida al que no se opone el art. 2790, pues para el éxito de la acción de reivindicación fija una presunción de propiedad (y de posesión) que será una presunción, pero lo presumido es, además de la posesión, la propiedad (conf. Zannoni-Kemelmajer de Carlucci, "Código Civil...", t. 11, com. art. 2758, pág. 771 y com. art. 2790, pág. 948).
De allí se colige que cuando el Código Civil exige la presentación del título que acredita el derecho de poseer del actor, no se refiere al título en sentido instrumental, sino a la causa en que se apoya el derecho, al acto jurídico hábil para transmitir la propiedad (conf. SCBA Ac. 34.877 S 5-10-1985).
Esta es doctrina legal de nuestro máximo Tribunal Provincial de larga data que refiere que “El Código Civil al exigir al reivindicante la presentación del título que acredite su derecho a poseer, se refiere a la causa en la que funda el derecho de dominio y no al título en sentido documental o formal” (“acuerdos y sentencias” 1960-V-301, “acuerdos y sentencias” 1970/02/23; D.J.B.A., t. 116, pag. 204).
Por otra parte, no es indispensable acompañar las diversas y sucesivas escrituras traslativas que constituyen los antecedentes del título del reivindicante. Son suficientes las constancias asentadas por el escribano de las anteriores transmisiones, si se las individualiza debidamente (Kiper, Acción reivindicatoria; legitimación activa y prueba, J.A., 1983-IV-322; S.C.B.A. Ac. 2456, del 20-5-60, en A y S 1960-IV-100, cit. por Bueres-Highton, ob. cit. pág. 605).
Por analogía, cabe entonces otorgarle idéntica operatividad que la indicadas al escribano a las inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, ello por su grado de individualización y referencia al instrumento en el que se basa (inscripción del antecedente con detalle del negocio jurídico celebrado, fecha y notario actuante).
En el caso en estudio, -contrariamente a lo pretendido por el actor apelante y tal como lo concluyó el a quo (Juez de grado) en su decisorio– no se halla en autos prueba del dominio en cabeza de la reclamante Ana María Simondi y, por ende, del cesionario.
Muy por el contrario, se evidencia tanto de la prueba adunada como de las presentaciones postulatorias, la existencia de controversia que gira en torno a la posesión con ánimo de dueño del bien y no al dominio.
Nótese que los documentos que Simondi acompañó como prueba constan de documento privado suscripto 13 de noviembre de 1987 entre Hugo Omar Taranto y la madre de la actora que referencia la existencia de un boleto de compra venta celebrado entreéstos por la propiedad y a su vez da cuenta que recibe el poder irrevocable en favor de Ana María Simondi (fs. 35); también se acredita el poder especial irrevocable por el lapso de 5 años suscripto el 3 de noviembre de 1987 cuyo poderdante resulta ser Emilton Enrique Ramón Rodriguez DNI 5.101.604, argentino, soltero comerciante, hijo de Enrique Rodríguez y María Camila Maissonnave en favor de Ana María Simondi por el inmueble matrícula 22334 del partido de La Plata (fs. 5/6).
Ahora bien, éstos no dan cumplimiento de los requisitos dispuestos por el art. 2758 CC ni de la doctrina elaborada a partir esa legislación.
En este caso no se encuentra acto jurídico hábil para transmitir la propiedad, siempre que no se cumple con la cadena de dominio del bien. La propiedad se encuentra inscripta a nombre de Enrique Rodríguez (v. informe de dominio fs. 7/8) y el primer antecedente que Simondi presenta es el boleto de compra venta del cual surge que el vendedor no es el titular registral, sino una persona llamada Hugo Omar Taranto y no en favor de ésta sino de su madre.
Luego, del poder especial de escrituración y el informe de dominio mencionados (fs. 5/6) se desprende que –tal como lo destacó la sentencia de grado– el poderdante no es el titular registral sino su hijo. Véase que el propietario inscripto es Enrique Rodríguez, Español, casado en primeras nupcias con María Camila Maissonnave, mientras que el otorga el poder es Emilton Enrique Ramón Rodríguez, argentino, soltero, comerciante, hijo de Enrique Rodríguez y María Camila Maissonnave.
Por último, no resulta ocioso destacar que el boleto de compra venta que la misma actora acompaña a fs. 36 y vta. Es suscripto por ésta en nombre y representación de Emilton Enrique Ramón Rodríguez y no como propietaria del bien.
Conclusión necesaria de lo desarrollado es el rechazo de los agravios del actor -sin perjuicio de dejar de resalto que aquel pueda concurrir por la vía procesal correspondiente a los fines de debatir el derecho posesorio alegado (arts. 384 CPCC, 2758 CC)-, y la confirmación de la sentencia de grado, lo que dejo propuesto al acuerdo.
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la apelada sentencia del día 23/9/2020 (fs. 204/209) e imponer las costas de Alzada a la parte actora apelante en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada sentencia del día 23/9/2020 (fs. 204/209) y se imponen las costas de Alzada a la parte actora apelante en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia