Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134206
ND
En la ciudad de La Plata, a los 8 días del mes de agosto del dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces que integran la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "FOLINO, CECILIA LAURA c/MITOLO, ANDREA Y OTRO/A s/REIVINDICACION" (causa n° 134.206), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva del 12/12/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. Sentencia. En autos se dictó sentencia: 1) Haciendo lugar a la demanda interpuesta por la Sra. Cecilia Laura FOLINO contra la Sra. Andrea MITOLO, a quien condenó a pagar las sumas equivalentes a un tercio del total de las obras realizadas, lo cual se establecerá en la etapa de ejecución de sentencia respecto del rubro enriquecimiento sin causa y pérdida de valor venal, que será determinada por el martillero y corredor público interviniente, montos que una vez determinados deberán ser depositados por la accionada dentro de los diez días, bajo apercibimiento de ejecución, más intereses; 2) Impuso las cosas a la demandada en su condición de vencida.
No es ocioso destacar que en la sentencia se consideró que el actor -titular de la U.F. TRES- demandó la reivindicación de espacios comunes en un edificio de propiedad horizontal compuesto por tres unidades funcionales, a raíz de la ejecución de obras en la U.F. UNO y se restablezca al estado anterior la U.F. mencionada, bajo apercibimiento de ejecutar las obras necesarias a costa de un tercero, o de disponerse una indemnización por los daños derivados por la inejecución, y luego de dejar sentado que se resolverá conforme la normativa vigente al momento de los hechos, esto es el C.C.C.N., otorgó los siguientes rubros:
1. DEMOLICION DE OBRAS. ENRIQUECIMIENTO ILICITO. La juez de la instancia de origen consideró que la demolición de lo construido sobre los espacios comunes podría ocasionas más perjuicios tanto a la actora (propietaria de la U.F. 3), como a terceros (posibles inquilinos o personas que hubiesen adquirido derechos sobre las nuevas construcciones).
En función de ello, por el enriquecimiento ilícito operado a raíz de las construcciones realizadas sobre espacios comunes, sobre la base de la existencia de tres unidades funcionales en el edificio en cuestión, se estimó justo fijar como indemnización un tercio del valor total de las obras realizadas por la Sra. Mitolo.
2. PERDIDA DE VALOR VENAL. En base a la prueba pericial, estima una pérdida del 30% en el valor de la unidad TRES -en la demanda se reclamó $ 90.000 por unidad “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse-, a establecerse en el trámite ejecución de sentencia.
1.2. Recurso. La sentencia es apelada por la condenada, quien expresó agravios, los que fueron contestados.
1.3. Autos. Se llamaron autos para sentencia, providencia que está firme y consentida.
II. Los agravios.
2.1. La Sra. Mitolo, en el que titula “PRIMER AGRAVIO”, considera que hubo una decisión “extra petita” y “ultra petita”, con afectación del principio de congruencia.
Luego de referirse al reclamo efectuado por la actora, dijo que el mismo quedó fijado y/o limitado el monto reclamado en la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000), con mas sus intereses, y que la condena supera dicho importe por lo que se ha resuelto “ultra petita”.
Después se expresa sobre la interpretación realizada en la sentencia en torno a los rubros reclamados, discrepando con la misma, para concluir que la actora no ha interpuesto la acción “in rem verso”.
2.2. En el que titula “SEGUNDO AGRAVIO”, insiste en la afectación del principio de congruencia, con base en que la sentencia dictada de alguna manera le ha otorgado erróneamente a la actora la acción “in rem verso” (que estima no incluida en el objeto de la demanda como acción, sino simplemente como rubro indemnizatorio), y además, a un rubro indemnizatorio por daños y perjuicios, soslayando los principios de procedencia de la acción referida y sus límites, que surgen del art. 1794 del Código Civil y Comercial (C.C.C.N.), que establece que la reparación del enriquecimiento sin causa es en la medida del beneficio, ni tampoco se ha considerado el efectivo empobrecimiento del acreedor.
Expresa que la actora ha iniciado una acción resarcitoria de daños y perjuicios y no una acción restitutoria (“in rem verso”), y solo a manera de acrecentar dicho resarcimiento, demandó como rubro indemnizatorio el enriquecimiento sin causa, contradiciendo su naturaleza jurídica, por lo que entiende que la sentencia se excedió en la medida del reclamo, concediendo no solo una acción no intentada (“in rem verso”), sino que otorgó un rubro indemnizatorio, como es la pérdida de valor venal.
Sostiene que la acción promovida es improcedente (punto III.1), con base en lo normado por el art. 1795 del C.C.C.N., que dispone que la acción de enriquecimiento no procede si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido.
Dice que esta es la postura mayoritaria de la doctrina nacional, expresada en el IV Congreso de Derecho Civil, cuando recomendó que, "No procede invocar el enriquecimiento sin causa cuando la ley otorga al empobrecido medios para ser indemnizado", y que la actora debió interponer un “interdicto de obra nueva” (arts. 613, 614 y cctes del C.P.C.C.) o la acción de obra nueva, consagrada por el art. 2242 del C.C.C.N., para lograr la suspensión y paralización inmediata y definitiva de la obra (aunque olvida u omite ponderar que desoyó las ordenes de suspensión emanadas de la autoridad municipal, tal como se destaca en la sentencia en incuestionada afirmación).
Sobre la aplicación subsidiaria o residual de la acción de enriquecimiento se vuelve a expresar en diferentes partes de la fundamentación.
2.3. En el que titula “TERCER AGRAVIO” (punto IV), considera que se aplicó incorrectamente la ley de propiedad horizontal y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a la cuantificación de la condena.
Al desarrollar dicha crítica, manifiesta que no es ajustado a derecho fijar como indemnización un tercio del valor total de las obras realizadas por la Sra. Mitolo, ya que conforme el reglamento de copropiedad la U.F. Nº 1, integrada por los polígonos 00-01 y 01-01. Polígono 00-01 tiene una superficie total para la Unidad Funcional, de noventa y seis metros, noventa y dos decímetros cuadrados (96,92 mts2), correspondiéndole un PORCENTUAL del TREINTA Y CINCO enteros con TREINTA CENTESIMOS por ciento (35,30%), con relación al valor total del inmueble que se integra. La U.F. Nº 2, integrada por los polígonos 00-02 y 01-02. Polígono 00-02 tiene una superficie total para la Unidad Funcional de ciento cincuenta y seis metros, sesenta y cuatro decímetros cuadrados (156,64.- mts2), correspondiéndole un PORCENTUAL del TREINTA Y OCHO enteros por ciento (38%), con relación al valor total del inmueble que se integra. Y la U.F. Nº 3, integrada por los polígonos 00-03 y 01-03. Polígono 00-03 tiene una superficie total para la Unidad Funcional, de noventa y dos metros, ochenta decímetros cuadrados (92,80.- mts2), correspondiéndole un PORCENTUAL de VEINTISEIS enteros con SESENTA CENTESIMOS por ciento (26,70%), con relación al valor total del inmueble que se integra.
En síntesis:
Totales de metros 346,36 m2 de las tres unidades.
Porcentajes adjudicables a cada unidad del consocio:
Total 100,00%.
Siguiendo los cálculos de dicho reglamento, la UF 3 de titularidad de la actora, es la que registra el menor porcentual en relación al total del inmueble, y es en relación a ese porcentual (26,80%) que a todo evento deberá adjudicarse el valor de las obras no autorizadas, y no la tercera parte (33%).
Culmina diciendo que aplicar lo contrario, configuraría un enriquecimiento sin causa y un abuso de derecho a favor de la actora, sin perjuicio de que también cuestiona la afectación del principio de congruencia.
2.4. En el que titula “CUARTO AGRAVIO”, cuestiona la imposición de costas, con base en que en la resolución de fecha 05/10/2018 se hizo hecho lugar a la excepción de falta de legitimación activa, opuesta por la suscripta, en forma parcial, y que por dicha excepción se condenaron costas por su orden, debiendo la actora hacerse cargo de los honorarios de su letrado en relación al incidente planteado, y no la demandada.
III. Tratamiento de los agravios.
3.1. Conforme el art. 260 del C.P.C.C., la expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Como correlato de ello, si el interesado, al fundar el recurso, no cumple con tal carga, la apelación quedará desierta y la sentencia quedará firme para él (art. 260, C.P.C.C.). Empero, y sin perjuicio de que la expresión de agravios sea admisible, todos los puntos del fallo, que en el escrito en que se funda el recurso de apelación han sido omitidos, deben estimarse consentidos (art. 261, C.P.C.C.).; SCBA, “Ac. y Sent.” 1962-I, 461 y 691; 1969-306; esta Sala, causa B. 44.233, RSD. 39/78).
3.2. Sentado ello y dando respuesta a lo requerido por la actora, destaco que la expresión de agravios vertida por la demandada, analizada en conjunto y con un criterio amplio por estar en juego el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), supera el test de suficiencia, por lo que corresponde desestimar el pedido de deserción efectuado (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.), sin perjuicio de que alguno de los agravios vertidos contenga una fundamentación insuficiente.
3.3. Superada la etapa de admisibilidad, se impone destacar que los hechos que motivan la demanda y la contestación acontecieron durante la vigencia del Código Civil y ley de propiedad horizontal 13.512, por lo que dicha normativa será la que regirá la cuestión (arts. 3, Código Civil; 7, C.C.C.N.).
En la sentencia se aplica el nuevo Código Civil y Comercial (C.C.C.N.) al análisis de los daños originados a raíz de una construcción ilegítima ocurrida con anterioridad a la vigencia de dicha normativa, con sustento en que se trata de consecuencias existentes al momento del dictado de la sentencia.
Dicho razonamiento viola lo normado por los arts. 3 del Código Civil y 7 del nuevo C.C.C.N., ya que se trata de hechos consumados y agotados bajo la vigencia de la anterior normativa, esto es el Código Civil. Es más, la demanda se promovió bajo la vigencia de este último, por lo que no sería correcto aplicar la nueva normativa, más aun cuando la misma establece recaudos para la procedencia de la acción.
Empero, en situaciones donde no operó el consumo jurídico, tal como sucede con los intereses devengados a partir de la vigencia de la nueva norma, la situación es diferente (arts. 3, Código Civil; 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
A mayor abundamiento, si el enriquecimiento se produjo con anterioridad a la vigencia de los arts. 1794 y 1795 del C.C.C.N., que introducen expresamente el instituto del enriquecimiento sin causa -que si bien subyacía en normas dispersas del derogado Código Civil, no tenía una regulación específica como ahora-, no es razonable aplicar una norma totalmente novedosa a una situación ocurrida con anterioridad, máxime cuando la demanda ya había sido presentada, ya que se trataría de una aplicación retroactiva de la norma en violación al art. 3 del Código Civil (norma vigente al momento de promoción de la demanda).
Y ello más allá de que la nueva normativa haya recogido lo que venía diciendo la jurisprudencia sobre el tema y, por ello, los efectos nocivos de la errónea aplicación del derecho se diluyan en gran parte (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
3.4. Sin perjuicio de lo expuesto, es correcto el análisis probatorio realizado por la magistrada de la instancia de origen en cuanto a que la demandada no obtuvo autorización para efectuar la obra que realizó en su unidad funcional (U.F. 1), habiendo actuado en infracción de la ley de propiedad horizontal (arts. 7, ley 13.512), lo no ha sido rebatido idóneamente por el recurrente y, por ello, arriba firme a esta Alzada (arts. 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
Tal como lo destaca la jueza de origen, con pie en la pericia realizada en autos -y arriba indiscutido-, las obras consisten en la modificación por completo de la Unidad Funcional I, generando en la planta baja un local comercial, que posee acceso principal desde la calle y un acceso secundario desde el interior del edificio, toilette, kitchenette y depósito, y también tres pisos donde se desarrollaron dos departamentos por piso, construidos en espejo, constando los mismos de un espacio único, cocina, baño y balcón. El acceso a los mismos es a través de escaleras, y para su desarrollo se ocupo a partir de los 2,4 metros de altura el espacio correspondiente al pasillo de acceso común a todas las unidades funcionales (arts. 163, 164, 260, 261, 384 y 474, C.P.C.C.).
También arriba indiscutido que: a) la Unidad Funcional 1 se modificó por completo, generando en la Planta Baja un local comercial y 3 pisos, donde se desarrollaron dos departamentos por piso, por lo que pasó de tener una superficie de 96,92 m2 a una superficie cubierta total de 341,63 m2, una superficie total semicubierta de 17,76 m2 y una superficie descubierta de 84,11 m2, sin las autorizaciones correspondientes, pese a tratarse de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, no solo porque así lo dispone el art. 7 de la ley 13.512, sino también porque se alteró el destino, toda vez que al haberse construido un local comercial en el frente de la U.F. 1, se altero lo previsto en el art. 5 del Reglamento de Copropiedad que obra a fs. 5/24, que es para vivienda familiar exclusivamente; b) que la demandada fue notificada de la orden municipal de suspensión de trabajos en el inmueble de autos el 23/10/2009, y ello no fue acatado, ya que luego de dicha fecha las obras continuaron, lo que motivó la intervención del Tribunal Municipal de Faltas (ver fs. 139 vta.), donde con fecha 11/11/2009 se dispuso la suspensión preventiva de los trabajos en la obra denunciada (ver fs. 142); c) que con fecha 30/11/2009 el Secretario de Planificación Urbana, Obras Públicas y Servicios de la Municipalidad de Lanús RESOLVIÓ proceder a la clausura preventiva de la obra, por considerar que no contaba con planos aprobados y que luego de diferentes órdenes de paralización no ha regularizado su situación, ni acató la orden de suspensión dispuesta. La clausura se llevó a cabo el 3/12/2009 (ver acta de clausura municipal de fs. 151) (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
También tengo presente que: i) las obras realizadas por la demandada no cuentan con un plano según obra aprobado por la entidad competente, donde se detallen las modificaciones de todas las unidades funcionales, ni se cuenta con un nuevo reglamento de copropiedad con las nuevas unidades funcionales y el detalle de los distintos metros cuadrados cubiertos, descubiertos y semicubiertos que corresponden a cada unidad (ver punto 1 de las explicaciones del perito ingeniero de fecha 26/5/2020), lo cual disminuye el valor de la U.F. 3 en aproximadamente un 20/30% (ver pericia y explicaciones precitadas); ii) al perito no se le brindaron elementos para analizar si la estructura con la que se ejecutó la U.F. 1 es correcta (ver pericia de fecha 25/01/2020); iii) la obra no cumple con los indicadores tanto el FOS como el FOT referente al terreno, ni con la altura mínima (según el código de edificación es de 2,60 metros) de los locales como así la ventilación mínima requerida por el código de edificación (ver pericia precitada); iv) ocupar tres (3) niveles por encima del nivel que originariamente poseía la propiedad altera la ventilación de las unidades linderas, como así también generará asentamientos diferenciales lo que provoca agrietamientos no sólo para las otras unidades funcionales sino también para los vecinos linderos a las medianeras (ver pericia y explicaciones); v) la construcción de la U.F. 1 generó una pérdida de ventilación de las unidades funcionales 2 y 3 por la ocupación del espacio aéreo. Hay grietas verticales y a 45° que se pudieron observar en la U.F. 3 que corresponden a un asentamiento diferencial en el terreno, y en este caso en particular comparto lo expresado por el perito que lo atribuye a la construcción de tres (3) niveles sobre la U.F. 1 ya que no hay otras construcciones linderas presentes (ver pericia y explicaciones referidas); y vi) se deberá realizar nuevamente un plano de PH con las modificaciones existentes, revalúo de las unidades funcionales, subdivisión de las mismas, un plano de empadronamiento de las unidades funcionales y un nuevo reglamento de copropiedad. En base a toda esta documentación deberá registrarse la propiedad en el municipio y en Arba para que todos los impuestos se vean actualizados, afectando a todas las unidades, inclusive a las unidades 2 y 3.
Con tal plataforma, corresponde analizar la procedencia de la demanda y de los rubros indemnizatorios establecidos en la sentencia apelada (arts. 163, 164, 260, 261, 266 y 384, C.P.C.C.).
3.5. El enriquecimiento sin causa, pese a no haber tenido recepción expresa en el Código Civil, ha sido considerado como una de las fuentes de las obligaciones. Se trata de un desplazamiento de valor que provoca un incremento patrimonial en determinado sujeto de derecho, a costa del patrimonio de otro, producido aparentemente de una manera conforme a derecho, pero en el fondo sin causa o justificación (Roca Sastre-Puig Brutau, “La causa en el negocio jurídico”, cit. por Bueres-Highton, “Código Civil…”, t. 2-A, 1998, Hammurabi, pág. 36). Su naturaleza gira en derredor de pensar en: un principio general del Derecho que se aplica autónomamente en empleo útil o trabajos realizados sin contraprestación o pago indebido, o una fuente autónoma de las obligaciones, o un innegable postulado de equidad según el cual nadie puede enriquecerse sin derecho en perjuicio de otro o un cuasicontrato, o bien fundado en la teoría de la causa. Esta última ha tenido un desarrollo que ha servido de base adecuada para este instituto (conf. Bueres-Highton, op. cit., pág. 36), que permite al empobrecido remover el enriquecimiento indebido y obtener de la otra parte un equivalente del valor perdido. En principio se reclama un valor -se resarce el empobrecimiento-, aunque también puede tener un contenido restitutorio, tal como cuando el enriquecimiento sin causa importó la incorporación de un bien.
Para el ejercicio de la “actio de in rem verso”, que es personal y tiene como objetivo la reintegración del equivalente de los derechos o cosas salidas del patrimonio del acreedor, es necesario que se den los siguientes requisitos: a) enriquecimiento del demandado -lo cual se cumplió con el mayor valor de la propiedad a raíz de lo construido sin permiso-; b) empobrecimiento del actor -lo cual se da a través de la desvalorización de su propiedad que ha sido determinada pericialmente y receptada por el juez en un 30%- y la invasión y ocupación permanente de ciertos espacios comunes, el cual constituye un límite para el resarcimiento y opera sobre la base del aludido enriquecimiento; c) vincul
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.