Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167647
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N ° 167647. JUZGADO N ° 14.
"SALVUCCI ENRIQUE ALBINO C/ RINALDI SERGIO JAVIER S/REIVINDICACION Y RECONVENCION POR ESCRITURACION".
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " SALVUCCI ENRIQUE ALBINO C/ RINALDI SERGIO JAVIER S/REIVINDICACION Y RECONVENCION POR ESCRITURACION " traídas a despacho a fin de resolver los recurso de apelación deducidos contra la resolución de fecha 18-10-2021.
I. En el auto cuestionado el Juez:
1. Fijó la base regulatoria para la acción de reinvidicación y la reconvención por escrituración en la suma de $5.500.000, de acuerdo a lo informado por el perito tasador y de conformidad con el mecanismo establecido por el art. 27 inc. "a" de la normativa arancelaria. A su vez, impuso las costas por la incidencia a la parte actora por considerarla vencida.
2. Determinó el pie tarifario para la incidencia suscitada en torno a la base regulatoria en la suma de $410.000 por ser la diferencia entre lo propuesto por la actora (u$60.000, que a la fecha del dictado de la resolución equivalían a $5.910.000) y el monto finalmente adoptado ($5.500.000).
3. Estableció la base regulatoria para la pretensión resarcitoria en la suma de $987.954,53.
4. Partiendo de esos montos, reguló honorarios a los profesionales intervinientes por las tres acciones y por las incidencias suscitadas a lo largo del proceso.
5. Por último, reguló honorarios a los letrados y al perito tasador por la incidencia relativa a la determinación de la base regulatoria por las acciones de reivindicación y escrituración.
II. Contra tal resolución se interpusieron los siguientes recursos:
1. En fecha 22-10-2021 apelaron los Dres. Cifuentes y Fernández. Los agravios se pueden sintetizar de la siguiente forma:
a) En interés de su representado (Enrique Salvucci) cuestionaron por altos todos los honorarios que estuvieran a su cargo (letrados, perito y mediadora) y en nombre propio apelaron las regulaciones por considerarlas bajas.
b) Indicaron que la imposición de costas por la incidencia en la determinación de la base regulatoria era errónea. Así, manifestaron que su parte propuso como pie tarifario la suma de u$60.000 que, al momento de la resolución, equivalían a $5.895.000 y que la parte demandada había propuesto el monto de la valuación fiscal, es decir: $788.985,60.
Señalaron que las costas debían ser soportadas por la parte cuya propuesta distara más de la base finalmente adoptada. Manifestaron que la diferencia entre su propuesta y la tasación del martillero ($5.895.000 - $5.500.000 = $395.000) era inferior a la de la parte demandada. ($5.500.000 - $788.985,50 = $4.711.015) y que esta última debía cargar con las costas de la incidencia.
c) Como consecuencia del cambio en la imposición de costas solicitado, consideraron erróneo el monto adoptado como base regulatoria de tal incidencia. Señalaron que debía utilizarse la diferencia entre la propuesta de la demandada y lo manifestado por el perito tasador ($4.711.015) y no la diferencia entre su propuesta y lo informado por el perito ($395.000).
d) Por último, manifestaron que la base regulatoria adoptada para la acción resarcitoria no era correcta pues, de acuerdo a lo normado por el art. 23 del Decreto-Ley 8904/77 no se debían incluir intereses en los supuestos de demanda rechazada.
El recurso no mereció réplica de la contraria.
2. En fecha 25-10-2021 la parte demandada apeló la resolución. Presentó los siguientes agravios:
a) Cuestionó los honorarios regulados a los representantes de la actora y a la mediadora por considerarlos altos.
b) Indicó que la base regulatoria adoptada para las acciones de reivindicación y reconvención por escrituración era errónea. Manifestó que la perito no tuvo en consideración las condiciones del inmueble, que su parte se vio privada de aportar constancias de ofertas u operaciones inmobiliarias concretadas de la zona y que el dictamen carecía de precisión.
El recurso mereció respuesta de la actora en la presentación electrónica del 05-11-2021.
III. Consideración de los agravios.
Como punto de partida abordaremos el tratamiento de los agravios referidos a la imposición de costas por la incidencia de fecha 18-10-2021 y a las bases regulatorias para, en caso de subsistir, analizar las regulaciones de honorarios.
1. Recurso de la actora contra la imposición de costas y la base regulatoria de la incidencia del 18-10-2021:
El recurso prospera.
a) La Suprema Corte ha dispuesto que el procedimiento estimatorio del art. 27 inc. “a” de la LHP no constituye un verdadero incidente al que le resulte aplicable la norma del art. 69 del CPCC, sino una mera cuestión generadora de un único gasto: la pericia, por lo que tal expendio se le impondrá al vencido (Ac. 38.640 del 20/03/1990 citado por Hitters Juan Manuel, Cairo Silvina en “Honorarios de Abogados y Procuradores, Lexis Nexis, 1º ed., Bs. As., 2007, pág. 326).
La citada norma edicta que “(…) si el valor que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que el fiscal o el que hubiere propuesto el obligado, las costas de la pericia serán soportadas por este último, de lo contrario serán a cargo del profesional ”.
Consecuentemente, las costas deberán ser soportadas por aquella parte cuya propuesta diste más del valor que fije el magistrado como base regulatoria (argto. art. 27 inc. a Decreto-Ley 8904/77).
b) En el caso, la propuesta de la parte actora ascendió a u$60.000 que, de acuerdo a lo indicado por el juez a la fecha del auto regulatorio, equivalían a $5.910.000, mientras que la demandada sostuvo que la base regulatoria debía ser la valuación fiscal del inmueble que, en virtud de la presentación electrónica de fecha 05-11-2020, ascendía a $788.985,60.
Así, la diferencia entre lo manifestado por la actora y lo decidido por el magistrado fue de $410.000 ($5.910.000 - $5.500.000), mientras que el contraste con lo ofrecido por el demandado fue de $4.711.014,40 ($5.500.000 - $788.985,60).
Por ende, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y lo normado por el art. 27 de la LHP, asiste razón al apelante al indicar que las costas deben ser soportadas por la parte demandada en razón de existir mayor diferencia entre su propuesta y la adoptada por el juez, por lo que cabe admitir el recurso en lo que ha sido materia de análisis (arts. 27 inc. “a” Decreto-Ley 8904/77 y ley 14.967).
c) Como consecuencia de lo dispuesto precedentemente, también debe ser receptado al agravio relativo a la adopción de una base regulatoria errónea para la incidencia resuelta el 18-10-2021. Repárese que el magistrado merituó los trabajos de los profesionales partiendo de la diferencia habida entre lo propuesto por la parte actora y lo informado por el perito tasador ($410.000), cuando, en realidad, debió calcular las retribuciones tomando como pie tarifario la diferencia entre lo indicado por la parte demandada y lo consignado por el perito ($4.711.014,40).
Por lo tanto, corresponde dejar sin efecto la resolución bajo análisis en su parte pertinente, debiendo dictarse un nuevo auto regulatorio para la incidencia suscitada el 18-11-2021 y ponderando, en esta nueva oportunidad, que la demandada debe cargar con las costas y que la base regulatoria estará dada por la diferencia entre su propuesta y la efectivamente adoptada para las acciones reivindicación y reconvención por escrituración (art. 27 inc. “a” Decreto-Ley 8904/77 y ley 14.967).
Como consecuencia, al resultar materia desplazada por haber sido dejada sin efecto la regulación de honorarios, las apelaciones contra el quantum de las retribuciones por esa incidencia han caído en abstracto.
d) Por último, en virtud de los principios de celeridad, economía procesal, sumado a la doctrina de la Corte Federal en los casos de "probabilidad de reiteración" (fallos 316:749; 310:819, entre otros) que se configura en autos ante la necesidad de efectuar una nueva regulación, se hace saber al magistrado que no corresponde regular honorarios a los letrados por la incidencia del art. 27 inc. “a” LHP, suscitada en torno a la base regulatoria, sino solo al perito interviniente.
Así lo ha dispuesto la SCBA –como se indicara el apartado III.1.a- al sostener que la única erogación generada por la incidencia es la pericia.
Es que, en palabras de Hitters “ La remuneración del trabajo abogadil, por su parte, está satisfecha e incluida en la regulación general por la tarea desarrollada en el proceso (…) El procedimiento estimatorio solamente genera el gasto de la peritación” (Hitters Juan Manuel, Cairo Silvina en “Honorarios de Abogados y Procuradores, Lexis Nexis, 1º ed., Bs. As., 2007, pág. 326).
Por lo tanto, el nuevo auto regulatorio por tal incidencia deberá únicamente fijar retribuciones a la perito Guzman (argto. Art. 27 inc. “a”, y esta Sala c. 135.019 del 18-02-2021).
2. Recurso de la actora contra la base regulatoria por la acción resarcitoria.
a) El embate prospera.
Con anterioridad hemos sostenido que " El Decreto 8904/77 fue suplantado por la ley 14.967 que constituye la nueva reglamentación arancelaria a partir del 21 de octubre de 2017. En cuanto a su aplicación en el tiempo, debemos remitirnos al artículo 7 del Código Civil y Comercial, que establece dos reglas básicas: en primer lugar, la inmediata eficacia de la nueva ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; en segundo, la irretroactividad de la ley, salvo disposición en contrario del legislador y en tanto no se afecten derechos amparados por garantías constitucionales." (c. 166.136 RR-23-2022 del 16-02-2022).
En efecto, la nueva norma toma a la relación o situación jurídica en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, no pudiendo aplicarse a trabajos devengados durante la vigencia de la ley anterior (arg. art. 7 del CCyC).
b) En el caso, la ley que rige la cuestión -más allá de la distinción a realizarse a la hora de calificar la ley aplicable en función de las tareas cumplidas (conf. "Morcillo" Res. SCBA I-73016 del 08/11/2017)- resulta ser la N° 14.967, pues la incidencia en torno a la base regulatoria tuvo lugar con posterioridad a su entrada en vigencia (esta Sala causas nro. 170.420 RSI 350 del 05.11.2020 y 173.353 RSI 149 del 23.11.2021).
El tercer apartado del art. 23 de tal cuerpo normativo, que resulta aplicable a las presentes actuaciones, dispone que "Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor o monto del pleito el total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión." -el resaltado nos pertenece-.
c) De las constancias de la causa surge que, ni en la demanda ni en los escritos presentados hasta la traba de la litis, se ha reclamado la inclusión de intereses o la actualización de la suma reclamada en concepto de indemnización.
El escrito postulatorio reclama, en relación a ese rubro, una suma de "$2.000 mensuales, o lo que en más o en menos surja de la pericia a realizarse en la causa, en concepto de privación del uso del bien desde el inicio de la ilegitima ocupación y hasta el momento del efectivo recupero, costas y costos" (sic).
A su vez, en el escrito de apelación la recurrente remarcó esta situación al indicar que " nuestra pretensión indemnizatoria no incluía intereses, por tanto la base regulatoria por esta acción, cualquiera fuera la ley de honorarios vigente, solo debe integrarse con el importe de esta".
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo reclamado en la demanda y lo manifestado al apelar la resolución del 18-10-2021, y a la luz de la normativa arancelaria vigente al momento de fijarse la base regulatoria -ley 14.967-, el pie tarifario para calcular los honorarios por la acción indemnizatoria no debió adicionar intereses, por no haber sido incluidos en la pretensión (art. 23 apartado 3ro ley 14.967).
Corresponde, entonces, hacer lugar a la porción del recurso bajo análisis y dejar sin efecto la base regulatoria fijada en la resolución del 18-10-2021 para la acción resarcitoria y su regulación de honorarios (art. 23 ley 14.967, art. 7 CCyC). Como consecuencia, al resultar materia desplazada, las apelaciones contra el quantum de las retribuciones por esa acción han caído en abstracto.
3. Recurso de la parte demandada contra la base regulatoria por las acciones de reivindicación y reconvención por escrituración:
a) Se ha señalado que “ el aprecio integral del art. 27 inc. a) indica que, producida una disidencia, en cuanto al valor del bien inmueble objeto del pleito, entre el profesional implicado y el obligado al pago de los honorarios, ha de ser el juez quien, mediando ya la tasación pericial allí mismo prevista, determine en definitiva ese buscado valor (art. 474 del C.P.C.C.) (...) " (conf. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás, causa nro. 12.012 del 14/07/2015).
Así, en su tarea de establecer una base tarifaria que guarde adecuada proporcionalidad con los "reales" valores económicos disputados en el proceso, el magistrado deberá meritar la eficacia probatoria de la pericia realizada, teniendo en cuenta la competencia del experto, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y los principios científicos en que se fundan, bajo el amparo de las reglas de la sana crítica y demás elementos que surjan de la causa (conf. Jorge Kielmanovich, “Teoría de la prueba y medios probatorios”, Rubinzal Culzoni, p.581/582; esta Sala, causa nro. 134.237, RSI 80-138 del 12/02/2012; causa nro. 115.716, RSD 654-4544 del 11/12/08).
El juez sólo puede apartarse del dictamen pericial cuando se expresen razones de entidad suficiente que justifiquen esa decisión, es por ello, que se debe fundar su discrepancia en elementos de juicio objetivos, que permitan desvirtuar la opinión del experto (argto. Roland Arazi, "La prueba en el Proceso Civil", Editorial Rubinzal Culzoni, 2008, Santa Fe, pág. 292).
b) Bajo tal tesitura, para que el juez recepte su postura, la recurrente debió acompañar los elementos de convicción necesarios para desvirtuar la pericia realizada por la profesional, habida cuenta que " cuando los datos del experto no son compartidos por el litigante, queda a cargo de éste la prueba de la inexactitud de lo informado. Son insuficientes las meras objeciones , es necesario algo más que disentir, es menester probar, arrimar evidencias capaces de convencer al juez que lo dicho por el especialista es incorrecto, que sus conclusiones son erradas o que los datos proporcionados como sostén de sus afirmaciones son equivocados " (Meoqui Sebastián, comentario al artículo 474 en "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", López Mesa - Rosales Cuello, La Ley, Edición 2014, Tomo IV, pág. 473/4, con cita de fallo de la Cám 1° civ. y Com. de La Plata, Sala I del 10/10/19959)
En ese orden de ideas, los argumentos vertidos por la recurrente –que, a su vez, no cuestionó la pericia al corrérsele traslado ni requirió explicaciones- no pasan de ser simples discrepancias y no poseen la entidad suficiente para desvirtuar la pericia realizada por el experto o lo resuelto por el magistrado en la decisión en crisis (argto. esta Sala en c. 152.496 del 27-05-2021).
Por lo tanto, corresponde rechazar el recurso en relación a lo que ha sido materia de análisis y confirmar la base regulatoria para las acciones de reivindicación y reconvención por escrituración en la suma de $5.500.000 (art. 27 inc. “a” ley 14.967).
4. Apelación contra los honorarios de la mediadora:
Los honorarios de la mediadora se deben regular de acuerdo a lo establecido en el decreto 2530/2010.
a) El decreto 600/21, reglamentario de la ley 13.951 no debe ser aplicado a este caso por tratarse de trabajos realizados con anterioridad a su entrada en vigencia (art. 5: 1 de febrero de 2019; art. 7 del CCyC, esta Sala, causa nro. 167.168 “Mastrangelo, Ezequiel David c/ Rivera, Mariano Anibal y otros s/ Daños y Perjuicios” RSD 106 del 28/03/2019; doct. S.C.J.B.A in re "Morcillo”, Ac. 73.016 del 8-11-2017).
Este es el criterio de la CSJN en un caso análogo respecto de la aplicación temporal de la ley de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia nacional y federal n° 27.423 en la causa "Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones Provincia s/ acción declarativa" (n° 32/2009 (45-E)/CS1, fallo del 04/09/2018).
b) El decreto 2530/2010 fijó las pautas mínimas para la determinación de los emolumentos de los mediadores, estableciendo una escala de jus arancelarios en función del valor económico del litigio (art. 27).
No obstante, y al igual que en todos los casos de determinación de honorarios profesionales, son aplicables los principios de remuneración adecuada, justa, y proporcional, que obligan tomar en cuenta el monto, la labor efectivamente desarrollada, y los otros honorarios ya regulados o a regularse (esta Sala, causas nro. 160.441 RSI del 26/04/2016; 160.359 RSI 267 del 30/06/2016; 157.550 RSI del 18/10/2016).
El artículo 1255 del Código Civil y Comercial –análogo al anterior art. 1627 del Código Civil–, otorga a los magistrados la potestad de disminuir los honorarios e incluso ir por debajo de las escalas arancelarias cuando se evidencie una injustificada desproporción en las regulaciones, norma que resulta aplicable a todos los servicios profesionales, sin distingos (Sala II, causa nro. 135.310, RSI 327-567 del 09/08/2012; SCBA C 92207 del 10/08/2011, entre otras; argto. Juan Manuel Hitters - Silvina Cairo, Honorarios de Abogados y Procuradores, 1era. Edición, Buenos Aires: LexisNexis, 2007, pág. 232).
Esta profesional no es parte del proceso judicial, sino que su función se desarrolla en una instancia previa. No asesora jurídicamente -para eso los litigantes cuentan con el patrocinio de sus respectivos letrados-, sino que cumple una función distinta a la judicial, por lo que no reviste el carácter de un auxiliar de justicia (Testa, Graciela Mabel, "Ni peritos, ni auxiliares de justicia: mediadores", La Ley, cita en-línea: AR/DOC/1172/2013; esta Sala, causa nro. 160.181, RSI 154-279 del 07/04/2016).
La importancia de su actuación habrá de ser ameritada al establecer las retribuciones de los profesionales que tuvieron participación en el proceso, considerando que, mientras la mediadora se desempeña en la fase pre-judicial, los letrados de las partes intervienen en todas las etapas del proceso, desde su comienzo hasta su finalización.
c) En el caso, la base arancelaria es de $5.500.000 para la acción de reivindicación y $987.957,53 para la acción resarcitoria. En virtud de ello, los honorarios fijados a favor de la profesional ascendieron a las cantidades de 121.72 y 31.31 Jus respectivamente -conforme valor Decreto-Ley 8904/77-, mientras que los de los letrados representantes de la parte vencedora, fueron regulados en un total de $1.100.000 por la acción reivindicatoria y $197.589 por la indemnizatoria.
La intervención de la mediadora en esta causa se limitó a la participación en la audiencia celebrada el 1-12-2014, en la que se procedió a cerrar la etapa de mediación sin arribar a acuerdo alguno.
De esta forma, sopesando la retribución resultante del Decreto 2530/2010 y la importancia de la labor cumplida, estimamos que los honorarios regulados a la Dra. Speranza por el magistrado de la instancia anterior resultan elevados y deben ser reducidos.
En consecuencia, corresponde admitir el recurso articulado la demandada en lo que ha sido materia de análisis.
a) En virtud de lo resuelto por la SCBA en los autos “Morcillo” (Res. I-73016 del 08/11/2017), y la CSJN en la causa "Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones Provincia s/ acción declarativa" ( n° 32/2009 (45-E)/CS1, fallo del 04/09/2018), siendo que el laboreo realizado en la presente fue efectuado en parte durante la vigencia de la ley de aranceles deroga
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