Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121658
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
La Plata, 10 de Octubre de 2018.
I. La demandada Juliana Andrea Nader, con patrocinio letrado del doctor Ricardo Bautista Albina, deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, en virtud de la falta de definitividad de la resolución atacada (arts. 278 y 292, CPCC y Acordada 1.790; v. fs. 29/45 vta. y 25/26 vta., respectivamente).
En el marco de la presente acción de reivindicación, la Cámara interviniente revocó la decisión del magistrado de origen que, a su turno, hizo lugar a la excepción temporaria opuesta, suspendiendo el trámite de los presentes autos hasta tanto se encuentren concluidas las actuaciones "Nader, Juliana Andrea contra Canel, Marta y otro. Interdicto de retener posesión" y difirió el tratamiento de las restantes excepciones para la oportunidad en que se haya reanudado el mismo. (v. fs. 3/5 vta. y 1/2 vta.).
II. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2 inc. 3 apdo. "a" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN; v. fs. 32 vta./33, 37, 40 vta./42, 43 vta./44 vta.).
Aduce, que la sentencia dictada por el a quo resulta definitiva, en tanto implica -para su parte- la pérdida en forma definitiva del derecho reconocido en los arts. 2482, 2484 y 2486 del Código Civil -hoy derogado- y 617 del Código Procesal Civil y Comercial, al admitir la prosecución del juicio petitorio aún subsistiendo el posesorio. Ello conlleva, a su entender, un conculcamiento de la garantía de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.; v. fs. 32 y vta.).
Afirma que este Tribunal, al desestimar el recurso de hecho intentado, limita el acceso a la justicia y a la revisión de un fallo que califica de injusto y apartado del derecho vigente, con flagrante violación -según su punto de vista- de las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso legal (v. fs. 32 vta./33).
Por otra parte, insiste en los agravios y reproduce los argumentos vertidos en el remedio local, referidos a la prohibición de coexistencia del juicio posesorio y el petitorio y la vulneración de lo normado en la materia por el Código Civil, el Código de rito local y el nuevo Código Civil y Comercial (v. fs. 40 vta./45).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 48), el mismo fue contestado por el apoderado de la actora (v. fs. 50/52 vta.).
IV.1. Liminarmente corresponde señalar que las cuestiones relacionadas con la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado para abrir la competencia de esta Corte y el análisis efectuado por la Cámara sobre las defensas esgrimidas y la suspensión del proceso petitorio) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal.
En estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional; circunstancia que no se advierte en la pieza recursiva en cuestión, desde que los motivos alegados para fundar la definitividad del pronunciamiento atacado -que tornaría admisible la vía extraordinaria denegada- no constituyen más que meras discrepancias de criterio con lo expresado por esta Corte para descartarla, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal.
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de apartamiento de la solución normativa y de las constancias de la causa, no se observa que se hubieran formulado motivos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la configuración de una circunstancia excepcional.
Cabe tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 329:3761 y 330:133 cit.).
En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la citada figura, sin que dichos recaudos se encuentren -como se anticipó- satisfechos en la especie.
IV.3. Resta indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14 bis, 16, 17, 18, 33 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, DUDH; 2 inc. 3° apdo. "a", PIDCP; 8.1 y 25.1, CADH; v. fs. 32 vta./33, 37, 40 vta./42, 43 vta./44 vta.) no abastecen el recurso deducido, ya que tales referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia